Para el INAI, “Yahaveré es la punta de lanza de un proceso nacional y latinoamericano”
Por Memorandu / Corrientes - Monday, Dec. 16, 2013 at 2:30 PM

Referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) destacaron la importancia del otorgamiento de la personería jurídica a la comunidad guaraní Yahaveré, en diálogo con Momarandú.

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Sebastián Demicheli, Coordinador Nacional de Gestión Territorial y Ana Belén Díaz, responsable del área de Gestión Territorial de la Dirección de tierras y personerías jurídicas, ambos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dialogaron con Momarandú y analizaron distintos aspectos de la comunidad guaraní Yahaveré, la primera de este tipo en la provincia.

“Entendemos este proceso con Yahaveré como un paso más en el proceso de autorreconocimiento del pueblo guaraní en la provincia y es la punta de lanza de este proceso que, de alguna forma, viene a poner en contexto el proceso nacional y latinoamericano que se viene dando con la cuestión indígena”, expresó Demicheli. En tanto que Díaz destacó que “habría un proceso de organización similar Paraje Ñupuy, y seguramente en lo sucesivo tendremos noticias de otros procesos que se inicien en Corrientes”.

Se trata de diecisiete familias de la localidad de Yahaveré, ahora coordinadas por el cacique o “Karaí” Hernán Sotelo, quienes tras luchar durante casi una década por sus tierras decidieron constituirse como comunidad indígena guaraní. En ese marco, la personería jurídica que oficializa legalmente su situación fue otorgada por el INAI en Agosto, aunque los pobladores decidieron realizar un acto público el viernes 29 de noviembre para presentarse públicamente.

“La personería jurídica es declarativa, no constitutiva. Esto quiere decir que la comunidad existe, tenga o no su personería. Eso no modifica una situación de hecho que tiene que ver con que exista una organización comunitaria, con proximidad territorial y pautas culturales propias. Aunque en situaciones de conflicto y ante la necesidad de defensa no es lo mismo que una comunidad tenga o no inscripta su personería”, explicó Ana Belén Díaz, quien acompañó el proceso de la comunidad desde el inicio de los trámites.

La situación legal de la comunidad cobra particular relevancia al tener en cuenta el conflicto que mantienen a nivel territorial con la empresa Roemmers y la Estancia San Eugenio, que incluyó la construcción de un terraplén ilegal, ocupación de tierras fiscales por parte de la empresa y el despoblamiento de la zona debido a presiones y alambrado de las tierras.

En ese marco, el INAI, a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) otorgó el estatus jurídico necesario para la defensa de los territorios. “Esto significa que la comunidad va a poder efectivizar las defensas que estaban siendo obviadas por los tribunales locales”, amplió Demicheli.

Para esto, desde el Instituto realizaron distintas investigaciones con el fin de determinar la extensión del territorio que ocupa la comunidad. Díaz brinda más detalles: “Nos basamos en un concepto y una metodología que tiene que ver con los usos y prácticas que la comunidad desarrolla en el territorio. Sólo podemos saber cúal es el territorio comunitario a partir del trabajo con los pobladores”. Esto surge a partir de la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, que ordena al estado nacional la demarcación de los territorios de ocupación actual tradicional y pública de las comunidades.

Esto es parte de un proceso más complejo, que incluye proyectos de fortalecimiento jurídico y de relevamiento. Al respecto, Demicheli aclara que “no se consideran las llamadas tierras ancestrales, porque el objetivo de la ley es detener los desalojos, no discutir lo que fue perdido en otros gobiernos o procesos históricos”. Dicha ley suspende los desalojos durante su vigencia hasta 2017, lo que implica que la comunidad no puede ser desalojada por ninguna acción.

La “validez” de la comunidad indígena como tal fue duramente cuestionada por los sectores empresariales y hasta por el mismo Douglas Thompkins, el ecologista conservacionista estadounidense instalado en los Esteros del Iberá, quien los trató de “grupito que se define a sí mismo como indígenas” y cuestionó la validez de su cultura porque usan celulares, van a la escuela y hablan también en español.

Al respecto, Díaz se refirió acerca de las pautas que según el Instituto determinan la consolidación de una comunidad indígena como tal. “Nos basamos en el principio del autorreconocimiento. Esto quiere decir que nadie puede medir cuán guaraní es una persona o una comunidad”. Dichos principios surgen del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a estándares internacionales sobre pueblos indígenas, al que Argentina adhiere desde 1992.

Para la inscripción como comunidad indígena ante el INAI hay una serie de requisitos mínimos: la existencia de un grupo de familias, designación de autoridades nombradas democráticamente y un estatuto o pautas de organización, “que es lo más parecido a los principios de las comunidades”, explica Díaz y añade que “tiene que haber alguna referencia a su historia, es algo meramente declarativo, también cuando hay rasgos de lengua se toman en cuenta”. Iniciaron con unas 850 comunidades hoy son más de 1600 las reconocidas por la Institución.

Pero ¿Cómo es posible que Corrientes haya sido la única provincia argentina que no contaba con ninguna comunidad indígena oficializada?. En una cultura signada por lo guaraní, Demicheli expresa que, para buscar las razones “hay que ir a la historia. En todo el país hubo una política de invisibilización de los pueblos indígenas a tal punto que cuando se sancionó el código civil ni siquiera se los nombraba como parte de lo que es el territorio comunitario cuando más del 50% del país estaba ocupado por comunidades indígenas, y siguió ocurriendo en los sucesivos gobiernos”.

Y agrega que “dentro de corrientes esto tiene que ver, por ejemplo, con la historia del Comandante Andresito y el rol que cumplió en todo el nordeste, que muestra cómo los sectores que más concentraron el poder tuvieron control sobre las personas, inclusive en su derecho a la identidad.

Eso llevó a que sea invisibilizado el pueblo guaraní en corrientes, teniendo en Chaco varios pueblos y en Misiones la nación Mbya guaraní. No tiene otra explicación que la política y de una voluntad histórica de los sectores de poder y de gobierno de invisibilizarlos, aún ignorando la misma realidad latente. Entendemos que Yahaveré es la primera comunidad de una secuencia de procesos organizativos.”

Para ambos referentes del INAI, el proceso de Yahaveré hace referencia a otro más complejo: el de autorreconocimiento, identidad y revisionismo histórico actual. Y el rol que los pueblos originarios ocupan en este marco. “Muchas veces nos hacen creer que vinimos de los barcos, desconociendo el rol que han tenido los pueblos indígenas no sólo en la protección de las fronteras sino también en la cultura. Persiste esta mirada folclorista de los pueblos y sus dirigentes como sujetos pasivos, y no como actores políticos con posturas definidas”.

Como síntesis, destacaron la importancia de los aportes de los pueblos originarios organizados, de cara a un nuevo modelo regional. “Bolivia toma el concepto del buen vivir y entendemos que esos conceptos tienen que ser incorporados desde las políticas públicas argentinas”

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