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Democracia en la fábrica: la madre de todas las batallas
Por Matías Cremonte -
Wednesday, Dec. 25, 2013 at 12:28 PM
Por Matías Cremonte, especial para CTA Rosario.
«A 30 años de la recuperación de la democracia, desde la Central de Trabajadores
de la Argentina Regional Rosario creemos importante pensar este trayecto desde
una perspectiva de clase. Convocando a referentes de diversas áreas, nos proponemos
reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida social en nuestro país, a modo
de balance, marcando las deudas y definiendo los desafíos que debemos abordar
colectivamente. Las trabajadoras y trabajadores necesitamos establecer un diagnóstico
claro en torno a la concentración y extranjerización de la riqueza y de la tierra,
al agotamiento de los actuales mecanismos de representación de esta democracia
que, sin lugar a dudas debe ser cada vez más participativa y con el centro de
gravedad puesto en quienes vivimos del trabajo propio. Cada artículo nos dejará
señales que aportarán a la construcción de nuestro programa político, cuyo objeto
esencial es la emancipación del pueblo a través de la organización, la solidaridad
de clase y la lucha»
Gustavo Teres
Secretario General de la CTA Regional Rosario
Democracia en la fábrica: la madre de todas las batallas
Por Matías Cremonte, especial para CTA Rosario.
La relación de trabajo es una relación de poder, en la que uno manda y otro
obedece. En rigor, a lo largo de la historia de la humanidad, el “poder” es
lo que atraviesa el vínculo por el cual el trabajo del hombre es apropiado por
otro hombre.
Desde la esclavitud hasta el “trabajo libre” del sistema capitalista, pasando
por los regímenes estatutarios de la Edad Media, para que unos trabajen en beneficio
de otros, fue necesaria la imposición, sea mediante la fuerza física, o a través
de las leyes.
La democracia política, inspirada en los principios de libertad, igualdad
y fraternidad, se negó a ingresar a los lugares de trabajo. Dentro del taller
o la oficina siguió rigiendo la monarquía. La libertad de contratar,
que supone la voluntad de las partes para comprometerse en algo, no existe en
el contrato de trabajo. Un jurista francés lo explica claramente: “mientras
en el contrato civil la voluntad se compromete, en la relación de trabajo la
misma se somete”(1) .
Karl Korsch, eminente laboralista alemán, en 1922 lo explicó más crudamente:
“La libertad e igualdad de derecho de los contratantes se muestra como el
simple disfraz ideológico de la violencia brutal y descarnada que posee la relación
de dominio en la que, bajo la vigencia ilimitada del principio del ´contrato
de libre trabajo´, cae inevitablemente el trabajador, apenas ha cruzado la puerta
de la fábrica”(2) .
Pero justamente las condiciones de explotación que supuso la instauración
del sistema del trabajo libre en el capitalismo fueron las que llevaron a los
trabajadores a organizarse, a formar sindicatos.
En primer término, y haciendo un vuelo bastante superficial del tema, esto dio
lugar al nacimiento de un nuevo derecho, el Derecho del Trabajo.
Esta rama jurídica especialísima, sin cuestionar esencialmente el sistema capitalista,
surge para limitar el poder del patrón. Por ejemplo, al imponer salarios mínimos,
impone un límite por debajo del cual no se puede explotar al trabajador, o al
fijar la jornada de ocho horas diarias, que implica un límite máximo de tiempo
durante el cual se puede apropiar la fuerza de trabajo.
Pero en segundo término, la irrupción del movimiento obrero puso en
cuestión el poder de mando dentro de la fábrica, y esto fue así, en gran medida,
a través de la figura del delegado de los trabajadores.
En Argentina, si bien hay antecedentes de la existencia de delegados de personal
hacia los años ’20, fue sobre todo en los años ’30 y ’40 que esta figura se
generalizó, alcanzando tanto poder en los años ’50, que llevó a las patronales
a elevar su queja ante el presidente Perón: “es inaceptable que un delegado
toque su silbato y paralice toda una fábrica”(3) .
Desde entonces, las luchas entre capital y trabajo tienen su sentido más esencial
en la disputa de ese poder. Un análisis histórico permite afirmar que los
períodos de mayor participación de los trabajadores en el producto bruto coinciden,
no por casualidad, con los períodos de mayor fortaleza de los cuerpos de delegados
y viceversa.
Son años en los que además, el nivel de vida de los trabajadores era realmente
digno, los salarios permitían una vida cómoda, se accedía a una vivienda, los
hijos de los trabajadores iban a la universidad. Aún a sabiendas del simplismo
de la afirmación, no es erróneo decir que esa masa salarial era ganancia que
los empresarios dejaban de acumular, en períodos donde la tasa de rentabilidad
empezaba a decaer.
No es casual entonces que el principal objetivo de las patronales fuera
desarticular la figura del delegado de los trabajadores.
Desde el golpe militar de 1955, la represión estuvo dirigida en ese sentido,
pero a pesar de su brutalidad, al asumir el gobierno de Frondizi en 1958, el
objetivo no se había cumplido.
El Subsecretario de Trabajo de Frondizi, declaró que encontró “anarquía,
abusos y extralimitaciones de todo orden en los obreros. Los empresarios habían
perdido el comando de las fábricas, todo lo disponían las comisiones internas;
mandaban los que tenían que obedecer (…) los empresarios deben retomar el control
de las fábricas”.
Pero a pesar de la merma de su poder dentro de la fábrica y de la persecución
de la que fueran objeto, las comisiones internas fueron gestoras y protagonistas
imprescindibles de los planes de lucha de los años 63 y 64, que incluyó la toma
concertada de 800 establecimientos a la vez. El 21 de mayo del 64,
y hasta el 24 de junio de se tomaron 11.000 establecimientos, operativo en el
que participaron 4 millones de trabajadores.
Según informes de los servicios de inteligencia, “la ocupación simultánea
de los establecimientos sólo podía ser llevada a cabo por las bases y sus representes
inmediatos”.
Ello se reflejó también en las insurrecciones populares de fines de la década
del ’60, como el Cordobazo y los dos Rosariazos, entre muchos otros. Es también
un período de ruptura de las bases con las cúpulas sindicales(4),
e implica que en 1974 se alcance uno de los momentos históricos de mayor participación
de la clase trabajadora en el producto bruto, es decir, de salarios altos.
La movilización social de aquellos años, encabezada principalmente por
el movimiento obrero, determinó que el Capital asumiera que no era posible recuperar
el poder dentro de las fábricas –como presupuesto para aumentar su tasa de ganancia-,
mientras de mantuvieran esos niveles de participación y conciencia de clase.
Por eso se planificó y llevó a cabo el golpe militar de 1976.
Esta es la etapa donde se modifica de raíz el sistema productivo argentino,
coincidentemente con la preeminencia que toma a nivel mundial el capital financiero.
Con el objetivo de implantar un plan económico que le dé más rentabilidad a
las grandes empresas, la dictadura militar tiene claro que tiene que
destruir el poder de los trabajadores y sus representantes(5).
Es sabido que la primera norma que se modifica es la Ley de Contrato
de Trabajo, pero inmediatamente se prohíben las huelgas y asambleas,
se intervienen los sindicatos, se eliminan los fueros sindicales, etc.
Los miembros de comisiones internas, delegados y activistas sindicales fueron
los blancos más buscados por las fuerzas represivas, con la complicidad de muchas
patronales: muchos delegados fueron secuestrados en la puerta de las fábricas,
y hasta en algunos establecimientos y plantas industriales se montaron centros
clandestinos de detención.
Así, no sólo se descabezaba las bases y se tomaban represalias por el accionar
anterior de los delegados, sino que se aleccionaba a los trabajadores en general
para evitar su participación sindical.
En 1982 la participación de los trabajadores en el producto bruto era
ya del 22 %, es decir, en menos de 8 años se redujo a menos de la mitad (de
48 en el 74 a 22 en el 82). Lo cual coincide, en línea con lo que venimos
desarrollando acerca de la implicancia de la representación en la empresa con
la distribución de la riqueza, con la prácticamente eliminación de las comisiones
internas.
Luego, como consecuencia de esa derrota y la debilidad que significó, vino el
broche de oro en esta tareas, llevada a cabo por los gobiernos siguientes, ya
democráticos, que fue la denominada “reconversión productiva”, que implicó tercerizaciones,
privatizaciones, polivalencia funcional y precariedad laboral.
La dictadura militar primero, y el neoliberalismo después, tal vez en su mayor
“triunfo”, lograron hacer desaparecer de la conciencia de los trabajadores el
valor de su fuerza de trabajo –y por ende, de luchar por salarios dignos- y
de la importancia de organizarse dentro de las fábricas.
Por supuesto, hubo grandes luchas obreras y resistencia de parte de los trabajadores
y algunas expresiones sindicales, pero no fue suficiente para detener esa debacle.
Primero a través de la dictadura militar y luego mediante el neoliberalismo,
la destrucción del poder de los delegados en los lugares de trabajo determinó
la vuelta al poder absoluto del patrón, tal como describíamos al comienzo
del presente artículo.
Es por ello que, la deuda de la democracia, empieza por ahí. Sin poder
dentro de la fábrica, es muy difícil revertir la tercerización, la precarización
laboral, los salarios bajos, etc.
Pero es por eso mismo también, que las experiencias mediante las cuales
se ha logrado revertir ese resultado, comenzó con la organización de los trabajadores
dentro de la fábrica.
Pongamos como ejemplo la actualidad de los trabajadores aceiteros, que tuvo
en Rosario su punto de partida, pero hoy ya se generalizó a todo el país, en
virtud de que un conjunto de obreros combativos y concientes hoy conducen la
Federación de Trabajadores Aceiteros(6).
Eligiendo delegados en cada fábrica, haciendo asambleas, y peleando por sus
salarios, llegaron a ponerse al hombro una tarea esencial de la etapa:
colaborar en la recuperación de la conciencia del valor de la fuerza de trabajo
de los trabajadores, perdida en el derrotero histórico que comentamos más arriba.
Los aceiteros lograron, a través de la organización y la huelga, conseguir que
sus salarios sean realmente los que marca el art. 14 bis de la Constitución
Nacional y el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: “la menor remuneración
que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada
legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones
y previsión”(7) . Solidariamente, se encargan cada año,
además, de hacerles saber al conjunto de la clase trabajadora cuánto es ese
valor. Esta es una batalla esencial del momento, que afortunadamente la dan
los obreros aceiteros, con su ejemplo de lucha, pero también, y esto es lo determinante,
a través del triunfo de las mismas.
Detrás de Cremonte, el cuadro homenaje a Horacio Zamboni, laboralista, militante,
formador de dirigentes y defensor del salario mínimo, vital y móvil
En ese contexto se inscribe la lucha por la libertad y la democracia
sindical que encara la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como herramienta
fundamental para recuperar el poder dentro de la fábrica. Esta demanda
está dirigida, sobre todo, a los propios trabajadores. No es una ley la que
desarrollará las fuerzas que logren revertir tantos años de retroceso en ese
sentido.
Pero eso no quita que la el marco legal vigente en materia de modelo sindical
y de elecciones de delegados en los lugares de trabajo no ayuda. Es realmente
trágico el dato emanado del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, según
el cual sólo en el 12,7 % de los establecimientos los trabajadores cuentan con
delegados que los representen ante el empleador y, vale la pena recordarlo,
ante los sindicatos también.
Tampoco será a través de fallos judiciales que se lograrán los cambios. Pero
una serie de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en años recientes, pueden ayudar.
Uno de ellos, “ATE c/Ministerio de Trabajo”, declara inconstitucional
la norma que dispone que sólo el sindicato con personería gremial está habilitado
para convocar a elecciones de delegados. Si el fallo de la Corte impulsa
la elección de delegados de base y promueve la organización de los trabajadores
en el restante 87,3 % de los establecimientos, salvo los empresarios, todos
debemos estar satisfechos.
El modelo sindical argentino dispuesto por la ley 23.551 es un obstáculo
para ello, y que por lo tanto, la importancia del fallo de la Corte es trascendental.
En efecto, el único sindicato que puede convocar a elecciones de delegados es
el que tiene personería gremial, otorgada por el Estado. Así, si todas las actividades
están abarcadas por el ámbito de actuación de algún sindicato, y sin perjuicio
de ello, sólo existen delegados electos en una escasísima porción de éstas,
es porque los sindicatos existentes con personería gremial no convocan a elecciones,
y/o porque los que existen y no cuentan con esta personería, no tienen derecho
a elegir delegados. Éstos últimos son los sindicatos denominados “simplemente
inscriptos”, es decir, reconocidos legalmente por el Estado como tales, pero
prácticamente sin derechos realmente sindicales.
Es allí donde impacta certeramente el fallo de la Corte, ya que con este criterio,
ahora todos podrían convocar a elecciones de delegados.
Estos pasos, pequeños algunos, grandes otros, pero todos hacia adelante,
son los necesarios para recuperar lo perdido, lo robado: conciencia del valor
de la fuerza de trabajo; conciencia del derecho a organizarse; conciencia del
poder de las asambleas y de la democracia obrera; conciencia de la importancia
de elegir delegados.
La madre de todas las batallas es entonces la que implique la recuperación del
poder de los trabajadores en los lugares de trabajo. Cuando ello se generalice,
la democracia habrá entrado en las fábricas, y ahí, otro gallo cantará.
Equipo de Comunicación CTA Rosario
Fotos: Sofía Alberti e Indymedia Rosario
(1)SUPIOT, Alain, ¿Porqué un derecho del trabajo?,
intervención en el coloquio “Le droit du travail, un droit a part”, celebrado
el 2 de febrero de 1990, en París, por la Escuela Nacional de la Magistratura
y la Asociación Francesa de Derecho del Trabajo. Traducido por el Prof. José
Luis Gil y Gil, Universidad de Alcalá de Henares, pág. 18.
(2)KORSCH, Karl, Lucha de clases y derecho
del trabajo, Ariel, Barcelona, 1980, pág. 17.
(3)Expresión de José Ben Gelbard, presidente
de la Confederación General Económica (CGE) en el Congreso de la Productividad,
realizado en abril de 1955.
(4)Es interesante para comprender esta situación
leer “¿Quién mató a Rosendo?”, de Rodolfo Walsh, o ver la película “Los traidores”,
de Raimundo Gleyzer.
(5)Al cumplirse el primer aniversario del Golpe
de Estado, Rodolfo Walsh escribió su famosa carta abierta a la Junta Militar,
en la que luego de denunciar los atropellos a los derechos humanos y a las libertades
democráticas, afirmó: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado,
no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino
ni las peores violaciones a los derechos humanos en que ustedes incurren. En
la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de
sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos
con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de
los trabajadores al 40 %, disminuido su participación en el ingreso nacional
al 30 %, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero
para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que
no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos
mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma
de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando
horarios, elevando la desocupación al record del 9 % prometiendo aumentarla
con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones e producción a los
comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar
los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados
que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron…”. El 24/3/77,
inmediatamente de despachar esta carta, Walsh fue asesinado por las fuerzas
de seguridad del Estado.
(6)El nombre completo es Federación de Trabajadores
del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República
Argentina, y su Secretario General, Daniel Yofra, de Rosario.
(7)Cualquier obrero aceitero o dirigente de
la Federación no dudará en sindicar al abogado rosarino Horacio Zamboni como
el “depertador de sus conciencias”.
www.ctarosario.org.ar/article1618.html