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Tensión en comunidades aborígenes y criollas
Por Fuente: Diario Norte -
Thursday, Jan. 23, 2014 at 4:08 PM
Las ya históricas disputas y tensiones en las poblaciones aborígenes y criollas por las tierras del Interfluvio, o el caso de Machagai, donde 120 familias qom tomaron tierras del ferrocarril reclamando ayuda para pequeños productores y campesinos, ponen en escena una vez más los problemas de las comunidades originarias para acceder a sus derechos básicos, especialmente en lo que atañe a sus territorios.
La Constitución de 1994 ha trazado una directriz destinada a reconocer sus derechos y a reparar las lesiones históricas y contemporáneas infligidas, pero esta disposición todavía no se ha reflejado en políticas públicas adecuadas.
La carta magna no sólo afirma que los indígenas existen desde antes que se crearan los Estados sino que los reconoce en su calidad de pueblos. Esto quiere decir que se trata de formaciones humanas que poseen instituciones sociales, económicas y políticas propias, autónomas de cualquier formación sociopolítica posterior.
No se trata de restos de una sociedad del pasado, sino de una sociedad con capacidad de conducir su vida y adoptar decisiones en forma autónoma. Se trata de un hecho reparatorio.
Los constituyentes han querido restaurar esa sociedad que fue forzada a adaptarse a otra y, por tanto, brindar la debida protección para que estos pueblos puedan desarrollarse de acuerdo a su cultura, pero en libertad. El reconocimiento señala obligaciones de los no indígenas y la principal es el respeto que se debe tener hacia su diferencia, para permitir su desenvolvimiento autónomo.
Cualquier conflicto de demanda de tierras indígenas se resuelve partiendo del reconocimiento expreso que deben hacer los gobiernos del derecho que los pueblos indígenas tienen al territorio sobre el área reclamada.
El primer paso es que se establezca con claridad que el derecho indígena -como lo establece la Constitución- es un derecho preexistente. Esto no significa que vayan a reclamar la totalidad de lo que es hoy el territorio nacional, o que busquen expulsar a los pobladores que se establecieron en los dominios indígenas en la época colonial. Lo que demandan es una reparación de la injusticia histórica de que han sido objeto.
Necesitan una clara señal de los Estados que los reivindique como sociedades plenas y les provea los medios efectivos de protección de sus identidades. Esta seguridad se alcanzará, como primer paso, con la propiedad del territorio.
Una muestra más que evidente de que en esta materia hasta las disposiciones constitucionales han quedado en letra muerta y expresiones de deseo son la de las tierras del Teuco Bermejito.
Ese territorio, conocido como la Mesopotamia chaqueña, un total de 150.000 hectáreas, fue cedido a sus legítimos dueños por el decreto nacional del presidente Marcelo T. de Alvear del 19 de febrero de 1924.
Sesenta y siete años después, el 13 de febrero de 199, el entonces gobernador Danilo Baroni, por decreto 116 -91, encomienda al Instituto de Colonización, al Instituto del Aborigen y a las entidades comunitarias nativas a realizar un relevamiento poblacional para determinar el real estado de ocupación de esas 150.000 hectáreas.
Cerca de una década después el gobierno provincial a través del gobernador Ángel Rozas entregó el título definitivo de las 150.000 hectáreas en un acto que se realizó ante una multitud en la ciudad de Castelli. Lo recibió el entonces presidente de la Asociación Meguexosochi, Juan Leiva. Una copia le había sido entregada en Resistencia el 3 de junio del mismo año.
Desde entonces ha pasado mucho tiempo y son muy pocos los que tienen regularizado el terreno, más teniendo en cuenta que existen muchos criollos residentes en el lugar desde hace mucho tiempo que reclaman sus también legítimos derechos.
Hoy esas 150.000 hectáreas siguen siendo motivo de disputa y de conflictos, mientras se constituyen en botín de inescrupulosos que, con engaños, arrasan con las últimas reservas del bosque nativo.
La lucha por la tierra se ha convertido en un elemento clave: los pueblos aborígenes están destinados a la desaparición si pierden sus tierras ancestrales.
La solución del conflicto demanda estrategias y decisiones acertadas del gobierno, que debe actuar en la búsqueda de consensos para que -de ese modo- se logre una justa y equitativa solución, que satisfaga a todos los sectores, que fueron colocados en situación de virtual confrontación por la negligencia, ligereza y corrupción de funcionarios y empresarios forestales que se enriquecen arrasando el monte perteneciente a históricos habitantes criollos y comunidades indígenas.
No es un problema de fácil resolución, pero el tiempo transcurrido es demasiado para encontrar una salida, sobre todo si se quiere cumplir con la Constitución y los decretos.
www.diarionorte.com/article/101652/tension-en-comunidades-aborigenes-y-criollas