La Plata | Continúa el juicio por el CCD “La Cacha”
Por Indymedia Derechos Humanos - Monday, Feb. 17, 2014 at 11:21 PM

La semana pasada, luego de finalizadas las declaraciones indagatorias de los imputados, comenzaron a escucharse, en las audiencias del juicio por el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha”, los relatos de los testigos. El proceso se lleva adelante después de 10 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, con un saldo de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en esta causa. El Juez Manuel Blanco, quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción, decidió fragmentar la causa y elevar a juicio sólo una parte. “La Cacha”, lugar reconocido como uno de los CCD más sofisticados de la dictadura por la participación conjunta que tuvieron el Ejército, la Marina, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), llega a juicio con sólo 21 genocidas sentados en el banquillo. Varios de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos que estuvieron en ese CCD durante el año 1977 quedaron afuera del juicio, así como también la totalidad de quienes pasaron por “La Cacha” durante el año 1978.

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El viernes 14 de febrero se realizó la cuarta audiencia del año, en La Plata, por el juicio que se lleva adelante contra 21 represores por delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. Declararon Miguel Angel Bellomo (ex policía de la provincia de Buenos Aires) y los sobrevivientes María Laura Bretal, Carlos Roesler y Viviana Rodríguez.

María Laura Bretal enumeró, frente al Tribunal, todas las ocasiones en las que había brindado testimonio, sumando ya casi diez declaraciones. Pese a esto, su secuestro y su cautiverio todavía no fueron tomados como caso en ninguno de los juicios. En este juicio María Laura declara, una vez más, como testigo por los compañeros y compañeras con quienes estuvo detenida en La Cacha. En este juicio, nuevamente, no es caso. Lo mismo sucede con todos los que estuvieron en ese Centro Clandestino durante el año 1978 y con algunos casos del año 1977.

A fines del año pasado comenzó en La Plata el juicio por el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata (integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega) realizó la lectura de la elevación a juicio, luego de lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles 4 de febrero.

El comienzo del juicio se dio 35 años después de que los genocidas decidieron comenzar el desmantelamiento de “La Cacha” y 10 años después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, con un saldo de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en esta causa.

Según los trabajos de reconstrucción de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y al menos 9 niños nacieron durante el cautiverio de sus madres.

Sin embargo, a comienzos de 2012, el juez Manuel Blanco (encargado de la instrucción esta causa, y denunciado por graves irregularidades registradas en todas las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en su juzgado) clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo sólo a 17 genocidas por 137 casos, dejando afuera algunos casos del año 1977 y excluyendo, también, la totalidad de los casos del año 1978. En mayo de 2012, falleció Alejandro Agustín Arias Duval, quien fue jefe del Destacamento 101 de Inteligencia (comunicado de prensa de HIJOS La Plata). A los pocos meses falleció Ibérico Saint Jean, uno de los gobernadores de facto de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura (“Murió un genocida imputado en la causa Circuito Camps”, por Josefina ((i)) ). A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos, en noviembre del ’76, de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Horacio Elizardo Luján, Eduardo Gargano y Julio César Garachico (uno de los represores mencionados por Jorge Julio López en su testimonio).

Los organismos de de derechos humanos querellantes continúan denunciando que este tipo de juicios son un ejemplo más de la impunidad que genera la fragmentación de los juicios y la dilación de los tiempos de instrucción.

“Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012”, señalan, en un comunicado, los organismos integrantes de la querella unificada de Justicia Ya La Plata.

La audiencia del miércoles anterior, 12 de febrero, había finalizado en un clima enrarecido por las continuas interrupciones de la defensa de los genocidas, en particular del abogado Juan José Losino, que representa al represor Claudio Raúl Grande, quien trabajó como personal civil de inteligencia del Destacamento 101 y es uno de los 21 imputados del juicio. Ante esta situación la fiscalía y parte de las querellas plantearon la necesidad de que el Tribunal tomara medidas tendientes a evitar la revictimización de testigos. En este sentido, se dio lectura a un informe presentado por el colectivo profesional de asistencia a las víctimas CODESEDH (Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos), detallando la “modalidad agresiva de algunos defensores” y las nocivas consecuencias de esto para los testigos y para el desarrollo del juicio.

Sin embargo, la audiencia del viernes no fue la excepción a ese accionar. El clima generado, nuevamente, por la defensa del represor Claudio Grande llevó a que el testigo Miguel Ángel Bellomo solicitara retirarse de la sala para que le tomaran la presión. Fue atendido por un equipo médico. Luego de un cuarto intermedio se informó que Bellomo no se encontraba en condiciones para continuar con su declaración en esa audiencia. Bellomo es un ex policía que trabajó en la comisaría octava de La Plata. Se encuentra bajo el programa de protección de testigos, ya que en testimonios anteriores había señalado a militares, había reconocido que en esa comisaría había muchos detenidos a disposición del PEN, y que muchos “provenían de La Cacha” y eran trasladados por civiles.

Luego del testimonio de María Laura Bretal, secuestrada con un embarazo de cuatro meses y medio en mayo de 1978, declararon los sobrevivientes Viviana Rodríguez y Carlos Roesler, secuestrados en marzo de 1977. Viviana fue secuestrada junto a su hijo de 7 meses en la Escuela de Periodismo de la UNLP, luego de ser citada por el secretario académico. Esa misma noche fue secuestrado su esposo, Carlos Roesler, cuando regresaba a su casa. El hijo de ambos fue entregado a la familia al día siguiente. El matrimonio no supo, hasta que no fueron liberados, qué había pasado con su hijos. Los tres sobrevivientes reconocieron la presencia de embarazadas en “La Cacha”.

EL CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “LA CACHA”

El Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha” funcionó entre mediados de 1976 y fines de 1978 en la localidad de Lisandro Olmos, de la ciudad de La Plata. Fue instalado en la antigua planta transmisora de Radio Provincia (a pocos metros del complejo penitenciario de esa localidad), y funcionó bajo la órbita del área operacional 113 del Primer Cuerpo del Ejército. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, lo reconocen como uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación conjunta que tuvieron el Ejército, la Marina, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército).

Según los relatos de los sobrevivientes, el nombre “La Cacha”, elegido por los genocidas, hacía referencia a un personaje animado creado por Manuel García Ferré en la serie “Hijitus”, el de “la bruja cachavacha”, que “hacía desaparecer gente”.

Según el Trabajo de Recopilación de Datos (TRD) de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y al menos 9 niños nacieron durante el cautiverio de sus madres, muchos de ellos apropiados desde la maternidad clandestina de la Unidad Nº 8 del servicio penitenciario bonaerense, que funcionaba a pocos metros del CCD.

Los primeros relatos sobre el lugar, sobre su funcionamiento y sobre los represores que actuaron, están a disposición de la Justicia desde hace 30 años, y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil en el año 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo) y ante la CONADEP, así como también consta el reconocimiento del predio realizado en el año 1984.

LA CAUSA JUDICIAL

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de algunos imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según el juez Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”. Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 el juez Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo sólo a 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 (aunque sin incluir todos los casos, por lo que se crearon causas "residuales" de desaparecidos del '77) y dejaron para otro juicio a los desaparecidos que estuvieron en ese CCD durante el año 1978.

Hasta ese momento, el juicio incluía sólo a 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Los organismos de derechos humanos denuncian que “Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército”.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

En un comunicado de prensa, los organismos de derechos humanos integrantes de la querella unificada de Justicia Ya La Plata, señalaron: “Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012. En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores”.

LOS IMPUTADOS

1- Carlos Hidalgo Garzón (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
2- Jorge Di Pasquale (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
3- Gustavo Cacivio (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
4- Ricardo Fernández (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
5- Luis Perea (Destacamento 101): 124 secuestros y 124 casos de torturas.
6- Roberto Balmaceda (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
7- Emilio Herrero Anzorena (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
8- Carlos Romero Pavón (Destacamento 101): 113 secuestros y 113 casos de torturas.
9- Anselmo Palavezzati (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
10- Jaime Smart (ministro de Gobierno): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
11- Juan Carlos Herzberg (Fuerza de Tareas 5 - Armada): 3 secuestros y 3 casos de torturas.
12- Raúl Espinoza (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
13- Claudio Grande (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
14- Héctor Acuña (Servicio Penitenciario): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
15- Rufino Batalla (Destacamento 101): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
16- Isaac Miranda (Servicio Penitenciario): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
17- Miguel Angel Amigo (Destacamento 101): 20 casos de secuestros y torturas.
18- Miguel Osvaldo Etchecolatz (Director General de Investigaciones PBA): 2 homicidios.
19- Julio César Garachico (Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.
20- Eduardo Gargano (Director General de Seguridad PBA): 2 homicidios.
21- Horacio Elizardo Luján (Jefe Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.

Comunicados comienzo del juicio:
Comunicado: 2013 Un año más de impunidad, por Justicia Ya La Plata
Juicio por el CCD La Cacha: más fragmentación e impunidad, por HIJOS La Plata

Primeras audiencias del 2014:
Etchecolatz: "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo", por Juan Manuel Mannarino
La Plata | Etchecolatz aseguró que mató “terroristas”, por Martín Soler
El diario El Día habría colaborado con área de inteligencia de la dictadura, por andar

Artículos sobre las últimas audiencias:
La Plata | Próximas audiencias en el juicio por La Cacha, por Unión por los Derechos Humanos
Concluyó la indagatoria de Palavezzati y comenzaron a declarar los testigos, por andar
La Cacha: relatos de dos testigos que pueden ser claves, por Martín Soler
Hubo embarazadas y bebés en cautiverio dentro de La Cacha, por Pablo Roesler
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