Bolivia: Propuestas para las débiles fiscalías
Por Edgar Ramos Andrade - Wednesday, Apr. 09, 2014 at 8:06 PM
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Incorporar en la Ley procedimientos, rígidos y rápidos, para priorizar flagrancia en faltas y delitos para “limpiar” fiscalías y juzgados (“Ley 1008 anti-corrupción fiscal-judicial”) es una de las propuestas para enfrentar la lacra de la corrupción judicial en Bolivia...

LA PAZ Lunes 7-abril-2014
1. En 2013, la Fiscalía General desarrolló una intensa campaña publicitaria para decirnos, que las fiscalías dan servicio gratuito, que “no pagues ni un centavo… denuncia cualquier cobro…!” y que busca “recuperar la confianza” de los sufridos litigantes. ¿Resultados? A mediados de marzo 2014: 13 funcionarios de fiscalías destituidos: 9 fiscales de materia (uno departamental) uno fugado y muchas dudas. ¿De quiénes?

2. El Alto 14-enero-2014, el fiscal Juan Peñaloza fue detenido tras recibir Bs.3.500 de “coima” de una persona investigada por robo. El 29-enero-2014, la fiscal Susana Rodríguez fue destituida luego que en turno fin de semana, liberó a dos “cogoteros” (delincuentes “asfixiadores”).

3. Oruro 26-febrero-2014, destituidos, 7 fiscales: Patricio Pérez, Roberto Adrián, Roberto Arellano, Jimmy Rodríguez, César Terán, Ramiro Rufino y, Francisco Terán (Fiscal Departamental); 3 asistentes y un auxiliar.

4. La Paz 12-marzo-2014, Luis Ferrufino, que dirige el Caso 12080/13 por concusión y otros presuntos delitos de policías, se niega a informar; me pide solicitar “autorización del Fiscal General (en Sucre)”. ¿Qué oculta Ferrufino?

5. En fiscalías y juzgados uno ve: a) Cobros de Bs.15 por “entregar” un Requerimiento; b) Bs.50 de “cariño” para notificar a domicilio; c) una botella de refresco por “priorizar” un trámite; e) Bs.100 para redactar una Resolución para una desesperada persona. Estos abusos los cometen muchas autoridades, funcionarios y agresivos-malhumorados “pasantes” (estudiantes de Derecho, aprendices de abogados).

6. Otras faltas, poco visibles y nocivas: a) Favorecer a autoridades (ejemplo: oficiales policiales contra subalternos); b) actitudes patriarcales, o encubrimiento y auto-encubrimiento de investigadores policiales; c) Atemorizar, intimidar a victimas sin plata, especialmente mujeres; d) Macabra anécdota: En sus oficinas, muchos funcionarios y pasantes, se “mentalizan a fondo” con música chicha, de borrachos (desde computadoras o auriculares) y, desesperados esperan el viernes para… farrear y, claro necesitan dinero (¿o no?).

7. Ante un reclamo formal nuestro a la Fiscalia de La Paz (tras constatar varios cobros), Hernán Espinoza (El Alto) admite que “prescindió de la pasante antigua María Elena L.C.” pero omite el motivo; Félix Marín señala que su personal “recibió órdenes y capacitación directa de mi autoridad (…) sobre gratuidad y transparencia”. Ambos dicen estar “indignados”. ¿Cómo estarán las miles de víctimas de esos cobros y abusos? Otra constatación: En el Juzgado 4to de Instrucción Penal de El Alto, a una diputada le pidieron Bs.20 para oficiar la salida de un recluso del Penal San Pedro (ocurrió el viernes 28-marzo-2014 a hrs 17:00); en ese trámite, la audiencia fue suspendida 3 veces (Caso 3056/2012).

8. Más abusos: a) MP-LP 2234/2010, los fiscales Milene Alba, Marco A. Rodríguez y Aldo Ortiz parecen proteger a un juez y un abogado acusados de concusión o alianza delictiva ante la valiente denuncia del periódico “Larga Vista”; b) Los fiscales, Santos Valencia, Edgar Alarcón y Eva Mujica no pudieron (¿o no quisieron?) reconstruir el asesinato de los periodistas Peñasco; c) El 13-marzo-2014 Marcelo Soza –que dirigió el caso “Terrorismo” referido al grupo del boliviano-croata Eduardo Rozsa para “independizar a Santa Cruz” según confesión propia– se declaro perseguido político-judicial y pidió asilo en Brasil.

9. Tanta podredumbre, mental-funcional. ¿Qué hacer?: a) Incorporar en la Ley procedimientos, rígidos y rápidos, para priorizar flagrancia en faltas y delitos para “limpiar” fiscalías y juzgados ( “Ley 1008 anti-corrupción fiscal-judicial”). b) Ejercer mecanismos expeditivos y gratuitos de control social responsable, a jueces, fiscales y funcionarios; c) Autocrítica sincera y modificación de Planes de Estudio y mentalidad de estudiantes, docentes, dirigentes de ambos, Jefes de Carrera y Decanos de Derecho, Rectores y Vices, de universidades, públicas y privadas; d) Si los pasantes no quieren trabajar con honestidad, que dejen a otros que si quieren aprender…

10. Parece mucho pedir... En octubre 2003 el sanguinario Goni, nos amenazaba: “Yo no voy a renunciar…”.

(*)Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social.

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