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Continúa el trabajo para declarar la Emergencia en Niñez y Juventud
Por Martín Stoianovich - enREDando - Friday, May. 16, 2014 at 11:23 AM

Se afirma el debate | Distintos representantes de organizaciones sociales, trabajadores del Estado y periodistas, le dieron forma a una discusión que cada día toma más fuerza. Los jóvenes como víctimas de cada uno de los entramados del sistema y el cuestionamiento al rol del Estado.

Continúa el trabajo ...
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Foto: Cooperativa de Comunicación La Brújula

“Pibxs, políticas y territorio”. Así se tituló la jornada que tuvo lugar el jueves último en el Centro Cultural La Toma. Un panel debate organizado por CTA Rosario y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que tuvo como exponentes al pastor Eduardo Trasante, a Oscar Lupori del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a Facundo Peralta como representante de la Asamblea, a Laura Rodríguez Costello como delegada de ATE, y a los periodistas Carlos del Frade y Sonia Tessa. La actividad estuvo impulsada por la necesidad colectiva de poner sobre la mesa un debate profundo acerca de la situación actual de los niños y jóvenes, principalmente de los barrios populares de la ciudad, en vistas de la formulación y consolidación del pedido de declaración de emergencia en esta materia, a fin de elevarlo al plano de la política municipal y provincial.

L a falta de oportunidades y el arrebato de derechos a los habitantes de los barrios humildes, visible en la desigualdad sufrida por trabajadores adultos y nuevos jóvenes, construyen el panorama actual que hoy se observa en Rosario, pero que viene consolidándose a nivel global desde hace décadas. Ante esta situación, comienzan a surgir interrogantes en sectores de la sociedad vinculados a la militancia barrial, a la educación, a los gremios, y al trabajo estatal en áreas de juventud, e incluso en ciudadanos comunes. Interrogantes que tienen su origen y su respuesta en el trabajo diario. Por qué la pobreza y la desigualdad se sostiene, por qué son los jóvenes los que resultan como principales perjudicados, por qué las supuestas políticas destinadas a solucionar las problemáticas sociales no apuntan hacia donde deberían y, en fin, por qué todo parece seguir igual con el paso del tiempo.

Las estadísticas hablan de un amplio número de jóvenes alejados de la escolarización, así como de adultos desempleados u obligados a la precarización laboral. Los barrios muestran su más desgarradora imagen en personas que encuentran un modo de sobrevivir en las manos del narcotráfico, complejo negocio que llegó a la ciudad, se acomodó y creció a dimensiones gigantescas. En la agenda política nadie lo vio y nadie lo cuestionó, hasta que las cifras de asesinatos en la ciudad comenzaron a rozar el crimen diario. Investigaciones que dan cuenta del asentamiento de este negocio gracias a la complicidad, directa o indirecta, de las instituciones del Estado, no fueron tenidas en cuenta a la hora de pensar en cómo frenar este escenario que parecía irse de las manos de quienes lo manejan.

De repente, los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal, se unieron con el propósito de dar fin al gran flagelo. Surgió a nivel político la necesidad de invertir económicamente en una profunda lucha contra el narcotráfico, que no es más que la inversión en grandes operativos en materia de seguridad, leída por ciertos sectores como una militarización innegable de las zonas populares. Allí van en búsqueda de culpables, donde otros ven víctimas y buscan, a pesar de las dificultades, lograr un acompañamiento sobre estas personas a fin de reconocer que el derecho a la vida digna también les pertenece a ellos. Y aquí nace otra arista: no hay presupuesto para los trabajadores de la niñez y juventud, no hay condiciones dignas de empleo, y sus reclamos, como los de las organizaciones barriales, descansan en los archivos y las listas de espera de los gobiernos.

Quienes plantean estos interrogantes y visibilizan esta situación, parecen entender cómo viene la mano. La desigualdad histórica, los negocios clandestinos como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de armas, y la falta de respuestas concretas y certeras desde el ámbito político, no son errores de los gobiernos ni mucho menos organizaciones ajenas a los mismos. Pareciera ser que ya no hay manera de ocultar que este panorama no es más que el reflejo fiel de los objetivos de un violento sistema económico, cumplidos a rajatabla por la complicidad de los gobiernos y aplaudido por quienes eligen reconocer algunos pocos progresos partidarios y continuar en la competencia política de cámaras y gabinetes.

Algo de esto se construyó en la jornada de debate desarrollada en La Toma, que sirvió para visibilizar colectivamente un complejo presente, y dejar en claro que la declaración de emergencia en niñez y juventud no puede esperar mucho tiempo más. A continuación, algunos de las reflexiones que enREDando registró en la enriquecedora tarde del jueves 8 de mayo.

Los pibes, el Estado y los gobiernos

“El problema no es el Estado, el problema son los gobiernos. El Estado siempre está presente pero de forma corrupta a partir de los gobiernos que en distintos niveles tienen nichos de corrupción y de corresponsabilidad con la explotación de nuestros pibes”, declaró Carlos del Frade, que hace décadas investiga el origen y la reproducción de los negocios clandestinos y sus consecuencias.

Tal como lo afirman las estadísticas del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina que Carlos del Frade trae a colación, en 2013 las cifras indicaron que en Rosario 180 mil chicos de entre 0 y 17 años “viven en pésimas condiciones medioambientales, que incluye lo laboral en la familia”. Así como lo explicó el periodista, estas condiciones desembocan en la indirecta obligación de estas personas a recurrir a modos inhumanos de supervivencia, entre los que se encuentran trabajos esclavizantes vinculados al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades relacionadas al delito.

Otro punto abordado por el investigador es al que líneas arriba se hace referencia como las inversiones erradas en materia de seguridad. Todavía hace ruido el megaoperativo iniciado el 9 de abril con la llegada de las fuerzas federales a la ciudad. “Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales están juntos después de tratar al kirchnerismo como la síntesis de la corrupción o al socialismo como el narcosocialismo. Qué pasó allí, vino la orden del imperio, del verdadero patrón del mal, que es Estados Unidos. El Ejército Argentino le compró 35 camionetas Hummer al comando sur del Ejército nortamericano, que fue quien hizo posible todas las dictaduras militares de la década del 70. Después los viajes de los gobernadores provinciales a Estados Unidos para pedir convenios especiales con la DEA y el FBI para instruir a policías”, relató el periodista. Esto da cuenta de aquella mirada que afirma la complicidad política a nivel nacional e internacional y que sitúa a la mayoría de países latinoamericanos como grandes dependientes de la orden yanqui.

Aquí se deja explicar esto que relaciona al Estado como presente en los barrios, pero de manera corrupta. Sobre esto, y los operativos hollywoodenses de la gendarmería y sus aliados, Carlos del Frade cerró: “Lo que estamos viendo es algo reelaborado por el Comando Sur de Estados Unidos y la DEA. Una doctrina de seguridad ciudadana que refuerza el negocio, sacando a los antiguos gerentes y poniendo otros”. Un cierre coherente para este apartado podría ser la última crónica que llegó a los medios alertando la detención de dos gendarmes detenidos por aparente vínculo con la circulación de 400 kilos de cocaína que fueron arrojados desde una avioneta a un campo de la provincia de Salta.

Trabajo cotidiano y proyectos colectivos

Como representante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Facundo Peralta explicó que en la cotidianeidad del trabajo con los pibes, las estadísticas alarmantes sobre las problemáticas sociales en los barrios se traducen a historias propias de personas con nombre y apellido. Y con esas historias se codean desde hace un año como Asamblea, pero desde hace mucho tiempo más como militantes en otras organizaciones. “Lo que hacemos es acompañarlos en el intento de construir un proyecto de vida. Un intento por ahora frustrado que nos permite generar actividades como las de hoy, o juntar cien jóvenes en Puerto San Martín”, relató Peralta en relación a una actividad que juntó a jóvenes de distintos barrios en un campamento.

Cuando llega el momento de cuestionarse cómo trabajar con los jóvenes y sus historias de vida, muchas veces complejas, Peralta sostiene que ante todo se busca “construir un proyecto colectivo”. “Es imposible que un pibe pueda construir un proyecto de vida individual sin estar enmarcado en un proyecto colectivo. Los pibes son sujetos de derechos, y nosotros acompañándolos y compartiendo nuestra vida con ellos lo que vamos a hacer es darle el protagonismo necesario. Que pongan sobre la mesa su rebeldía y todo lo que los transforma en los pibes que son”, argumentó el integrante de la Asamblea y de la organización barrial Causa y Efecto.

De todas maneras, las organizaciones que trabajan diariamente en los barrios son conscientes que para profundizar su rol se debe contar con el apoyo y el trabajo comprometido de los gobiernos y sus representantes e instituciones a nivel estatal. Vale destacar en este sentido la intervención de Laura Rodríguez Costello en relación a la situación de los trabajadores del Estado. “Nuestros reclamos están atravesados por la precarización laboral en cuanto a modalidades de contratación, como pasantías, o monotributos. En la Dirección Provincial de Niñez los compañeros no tienen contrato, de 130 trabajadores hay 70 precarizados. En Promoción Social peleamos por el pase a planta”, sostuvo la representante de ATE en el panel.

Mientras tanto continúen estos reclamos y desde los gobiernos no se aborde al trabajo en áreas de niñez y juventud con la cobertura de todas las necesidades, las historias y los proyectos de vida individuales continuarán conglomerando fatídicas estadísticas. De allí, y con el fin de comenzar a transformar esta situación con políticas certeras, surge la necesidad imperiosa de elevar el pedido de declaración de emergencia.

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