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Dulcinea: Siete condenados por delito de trata y explotación de personas
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, May. 17, 2014 at 12:19 PM

En el primer juicio por trata de personas en la ciudad de Mar del Plata, el Tribunal condenó a siete de las ocho personas acusadas de integrar la red que explotaba a mujeres de República Dominicana. Las penas van de uno a siete años. Red Eco Alternativo.

(Giselle Scardilli - Red Eco)- Con condenas de entre uno y siete años de prisión y una absolución finalizó el pasado martes 13 el primer juicio por trata de personas con fines de explotación sexual en Mar del Plata. A su vez, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó decomisar los bienes muebles e inmuebles de los principales imputados por “explotación económica del ejercicio de la prostitución”. De esta manera, se confiscó el inmueble ubicado en la calle San Salvador 7274, donde funcionaba el prostíbulo, además de un rodado y dinero en efectivo por ser “instrumento y producto del delito” que llevaba a cabo la red.

El Tribunal, compuesto por los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Eduardo Pablo Jiménez, condenó a siete años de prisión a Jorge Daniel Sánchez, líder de la organización y dueño del prostíbulo Dulcinea, por el delito de “trata de personas doblemente agravado por haberse cometido entre tres o más personas en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas, en concurso con el delito de explotación económica en el ejercicio de la prostitución”. Su esposa Orfelina Valdez Montero, de nacionalidad dominicana, fue condenada a cinco años por ser coautora del mismo delito. La misma pena recayó sobre Fernando Manuel Sánchez, hijo del matrimonio y encargado del local.
El policía Claudio Marcelo Campo, de la División Drogas Ilícitas, recibió una condena de cuatro años y medio de prisión y la inhabilitación por el doble de tiempo en su función pública por ser cómplice necesario del delito. El funcionario concurría habitualmente a Dulcinea y cobraba una suma de dinero a cada una de las víctimas, dándole su cobertura institucional a la organización.
El Fiscal Juan Manuel Pettigiani había solicitado la pena de ocho años de prisión para Sánchez, seis para su esposa y el hijo de ambos, y cinco años para el funcionario policial implicado.
En tanto, Angel Hernández Cabral y Carmen Concepción Colas, al frente de la seguridad y la barra del local, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso en calidad de partícipes secundarios.
Por su parte, Reinaldo Eugenio Iacovone recibió la pena de un año de prisión en suspenso como partícipe del delito de presentación de documentación falsa, por ser “cómplice necesario en la petición fraudulenta del proceso migratorio”. Sin embargo, los jueces lo absolvieron de la imputación inicial que lo vinculaba a la estructura de la red de trata. Otros dos acusados de violar la Ley de Migraciones y facilitar la regularización de la situación migratoria de algunas víctimas de Dulcinea quedaron al margen de las condenas. Uno de ellos, el abogado Roberto Montecchia, no llegó al juicio por problemas de salud, mientras que Rubén Mormando, gestor de residencias precarias ante la autoridad migratoria, falleció antes de iniciarse el juicio.
Finalmente, Rosa Anyolina Adames Cruceta, señalada como colaboradora de la organización y para quien el Doctor Pettigiani había pedido tres años de cárcel, fue absuelta por el Tribunal por considerarla “objeto del delito de trata”. De este modo, los jueces hicieron lugar al pedido de la defensora oficial Ana María Gil, quien había solicitado la absolución por tratarse de una víctima de trata en estado de vulnerabilidad agravada por su condición de mujer pobre y migrante, y de su historia personal enmarcada en la violencia de género.

Repercusiones
El fallo fue bien recibido tanto por el Fiscal Juan Manuel Pettigiani como por algunas organizaciones sociales que acompañaron a las víctimas de la red.
Red Eco Alternativo dialogó con el legislador porteño Gustavo Vera, quien declaró en la cuarta audiencia del juicio por haber acompañado a una de las víctimas que logró escapar de la organización.
“Considerando que lamentablemente todavía no está reglamentada la nueva Ley de Trata y se juzgó a estos delincuentes según la vieja ley, la pena es importante”, señaló el fundador de La Alameda. Además, destacó el decomiso, la inutilización social de los bienes y consideró auspicioso “que un alto funcionario de la brigada de narcóticos bonaerense también vaya preso”.
Por el contrario, Noelia Barbas, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) Mar del Plata expresó a Red Eco que las penas han sido muy bajas debido a la gravedad del delito: “sobre todo la pena de tan solo un año al funcionario de migraciones, y la pena bajísima para el policía Campo que cobraba sus coimas y amenazaba psicológicamente a las víctimas”. Y agregó: “teniendo en cuenta que él ya está preso hace un tiempo, en aproximadamente 5 o 6 años podría volver a ejercer como policía, cosa que desde MuMaLá nos parece totalmente repudiable”.
Ambos coincidieron en la necesidad de reglamentación de la Ley de Trata, sancionada en diciembre de 2012.
“Considerando el lugar desde donde partimos es un buen comienzo, en este contexto en el que Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Trata, siete condenas con prisión efectiva no es un mal dato”, manifestó Vera.

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