Estado de impunidad policial en Chubut
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, May. 17, 2014 at 12:21 PM

En Chubut denuncian la complicidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para favorecer las violentas y habituales prácticas de la policía de esa provincia, sumando en los últimos días la designación exprés como Defensor del Pueblo de un abogado directamente relacionado con la fuerza de seguridad local. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Chubut – A fines de abril, la Legislatura de Chubut designó como Defensor del Pueblo a Héctor Simionatti. A diferencia de otras elecciones, no hubo presentación de antecedentes, ni explicación del por qué de su postulación. El tratamiento en el recinto se llevó adelante casi sin publicidad y prácticamente en forma exprés. Desde la Comisión contra la Impunidad de Chubut señalaron que “Simionatti tiene como principal antecedente haber sido durante once años asesor legal de la policía”.
Para Lucas Krmpotic, integrante de la Comisión, con esta designación el Poder Legislativo termina de cerrar el Estado de impunidad. “Nosotros hablamos de Estado de impunidad a partir de la consolidación de una política que atraviesa los tres poderes y que busca garantizar que aquellos policías que han cometido abusos policiales, que van desde una golpiza hasta la propia muerte, sigan portando su arma y su placa y estén trabajando para la policía de la provincia de Chubut”, aseguró Krmpotik en declaraciones a Radio Kalewche de Esquel.
Esta afirmación va tanto por los diez efectivos involucrados en el caso de Iván Torres (desaparecido desde octubre de 2003 en la seccional primera de Comodoro Rivadavia) que están actualmente trabajando para la policía de Chubut; como para los cuatro oficiales involucrados en el caso de los hermanos Aballay que, a pesar de estar condenados por apremios ilegales, continúan trabajando en la fuerza, y a su vez están también acusados por el crimen de Julián Antillanca. Denis y Sergio Aballay fueron asesinados en la madrugada del 9 de marzo de este año, en el Barrio Tiro Federal. Los hermanos habían denunciado a policías de la Comisaría cuarta de Trelew por apremios ilegales, esto último ocurrió el 5 de setiembre de 2010, el mismo día que murió Antillanca como consecuencia de los golpes recibidos por un grupo de policías de esa seccional.
De los nueve imputados por el caso de Almonacid, tres reconocieron su participación en la violación de un menor de 16 años en una dependencia policial de Trelew y fueron condenados. Sin embargo, y a pesar de haber dado cuenta de su actuación en este hecho, siguen trabajando para la fuerza.
En conclusión, a la mayoría de los policías acusados, y muchas veces condenados, por delitos que van desde detenciones ilegales, torturas e incluso asesinatos se los pasa a disponibilidad, siguen cobrando sus sueldos pero se quedan en sus casas hasta la finalización del proceso de investigación, y luego se lo traslada a otro destino de la provincia para que continúen actuando.
“Estas decisiones judiciales de absolver a todos los policías se suman a las decisiones políticas de protegerlos y mantenerlos dentro de la fuerza, y a la decisión del Poder Legislativo de mirar para otro lado. Eso es lo que llamamos estado de impunidad, y en esta situación las violaciones a los derechos humanos se profundizan. (…) La consecuencia de todo esto es que la policía entiende que tiene vía libre para matar, torturar, golpear, desaparecer, esto se relaciona con la decisión del Ministerio de Seguridad de llenar de policías la calle. Esto lo que hace es consolidar una práctica”, señaló Krmpotik.
El integrante de la Comisión contra la Impunidad de Chubut se refiere a la implementación por parte del titular del área de seguridad de la provincia, José Glinski, de un sistema de seguridad por cuadrículas a partir del cual “cada vecino tendrá la tranquilidad de saber que siempre hay un móvil cerca, conocerá a los policías de su barrio y tendrá un número para llamarlos”, según explicó el funcionario.
Claro está que esta medida lejos está de ser una garantía para la población. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 se registraron en Chubut 51 casos de gatillo fácil; 43 de los cuales se reportaron a partir de 2003. Para Krmpotic, esta situación se consolidó a partir de 2009, ya que la cantidad de casos de abuso policial continúa en permanente aumento.
“Entendemos que de esta manera el Estado le está cerrando las puertas a la población, protegiendo a la policía, intentando que no quede ningún espacio por el que se pueda filtrar la justicia y el pedido de justicia”, cerró Krmpotic.

Fuentes: Radio Kalewche de Esquel / Prensa del Tercer Milenio

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