Sigue en democracia la desaparición sistemática de personas
Por reenvío agencia walsh - Wednesday, May. 28, 2014 at 9:24 AM

(AW) La policía chubutense, hizo desaparecer a un menor, sobrino de un testigo que declaró en contra de los uniformados. Dice la Camara Federal que son varios los casos.

“Regreso al peor pasado”: la violencia policial en Chubut reflejada por “Veintitrés”
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“La Cámara Federal estableció la desaparición forzada de César Adrián Monsalvez, de 13 años, sobrino de un testigo asesinado luego de declarar contra policías. Fuertes críticas a la Justicia provincial. Y dos nuevos casos de brutalidad con uniforme”, así comienza la nota publicada por la revista de tirada nacional
Fuente: Revista Veintitrés
En Chubut, la violencia institucional es sistemática. Así lo consideró la Cámara Federal al pronunciarse sobre el caso de César Adrián Monsalvez. Según establecieron los jueces, se trató de un caso de “desaparición forzada”, algo que la Justicia provincial negaba. Así, la provincia quedó nuevamente en la mira por la brutalidad de sus policías y la negligencia de sus jueces.
César, de 13 años, fue visto por última vez el 27 de mayo de 2013. A las 10 de la mañana salió de su casa en la localidad de Trelew hacia la de su tía: nunca llegó. El 9 de julio apareció un cuerpo, aunque no está establecido que sea el de César. Los antecedentes contra la policía son abrumadores, pero los jueces y fiscales chubutenses no los tuvieron en cuenta: César era sobrino de Bruno Rodríguez Monsalvez, asesinado luego de atestiguar sobre los apremios que sufrió Maximiliano Almonacid, el joven que a comienzos del 2012 fue violado y torturado en un calabozo de la comisaría 2ª de Trelew.
La Cámara hizo lugar al recurso de casación presentado por Cintia Verónica Monsalvez, madre del chico, pidiendo que se revoquen las resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson, que no tuvieron en cuenta un pedido de hábeas corpus y mantuvieron a la policía local en la investigación, pese a estar fuertemente sospechada.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Gustavo Hornos, presidente, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky– dictaminó que la “desaparición forzada de personas, como muchas prácticas de la dictadura, se repiten aún en democracia: específicamente en la provincia de Chubut”. Recordaron a Iván Torres, desaparecido en 2003, un caso que llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino. Además de cuestionar la actitud de la Justicia local: según el fallo, incurrió en “un menoscabo al derecho que asiste a las víctimas y sus familiares en su acceso a la justicia, desconociendo los estándares internacionales que rigen la materia, atento el juez competente se encontraba obligado a investigar las circunstancias de un hecho que podría tratarse de la desaparición forzada de un menor en manos de las fuerzas de seguridad locales”.
“El Estado reconoció que en la provincia del Chubut se cometían abusos policiales en perjuicio de jóvenes de escasos recursos”, recordaron los jueces. “El hecho de la desaparición del niño está vinculado con la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a la policía local, lo cual determinaba la asimilación del caso a la situación de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”, dictaminaron, en abierta crítica a la jueza Ana Laura Servent por no haber dado lugar al pedido de hábeas corpus.
La Cámara recordó que ante el caso de Torrés, la perito Sofía Tiscornia informó ante la Corte Interamericana que “en la provincia de Chubut los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la policía contra jóvenes de escasos recursos son una realidad; en la que las detenciones arbitrarias, que resultan en golpizas, abusos y torturas por parte de la policía, son comunes, y que el control judicial sobre dichas conductas es escaso, cuando no nulo; que es común que la policía incrimine tarde o temprano a los jóvenes con los que mantiene relaciones signadas por el hostigamiento”.
“El fallo confirma lo que venimos planteando: en Chubut sufrimos un estado de impunidad sistemático”, denunció Lucas Krmpotic, de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. “La situación es terrible, el gobierno no está haciendo nada, siguen tapando las cosas, sigue la impunidad, la policía amenaza, tortura y mata y nadie hace nada”, denunció Fernando Almonacid, padre de Maximiliano, quien participa de la Comisión, junto a otros familiares de víctimas de la violencia policial. “Los tres policías que fueron condenados por violar y torturar a mi hijo siguen trabajando. Lo único que quiero es una explicación”, pidió en diálogo con Veintitrés.
“El Poder Judicial absuelve a los policías acusados de casos de violencia. El Ejecutivo no exoneró ni a uno. Los policías involucrados en el caso de Torres siguen trabajando, mientras que siete testigos de su desaparición fueron asesinados. Otros casos también quedaron impunes, como el de los hermanos Aballay o el de Julián Antillanca. Y el Poder Legislativo acaba de designar al asesor legal de la policía, Héctor Omar Simionati, como Defensor del Pueblo”, detalló Krmpotic. Según dijo, de esta manera “se cierran los canales institucionales para las familias que necesitan denunciar la violencia institucional. Están vulneradas las más elementales garantías constitucionales. Si no, la policía no creería que tiene vía libre para seguir actuando violentamente con impunidad”.
Dos nuevos casos de brutalidad policial se suman a este preocupante panorama. El 3 de mayo pasado, policías de la comisaría 3ª de Trelew atacaron a tres hermanos de 10, 14 y 17 años que quedaron hospitalizados. Al del medio le arrancaron cuatro dientes a los golpes. Unas horas después, policías de esa misma dependencia agredieron brutalmente a otra familia, de apellido Antilef. Esta vez, las víctimas fueron tres hombres, una mujer y dos chicas de 17 y 15 años, a quienes los uniformados acusaron de estar robando. La menor cumplía años y estaban yendo a festejarlo. Los policías amenazaron con violarlas. Les sacaron fotografías de sus partes íntimas a la fuerza, amenazando con difundirlas en las redes sociales y diciéndoles todo tipo de insultos. A raíz de estos episodios fueron puestos en disponibilidad preventiva tres efectivos y el jefe de la comisaría 3ª, Néstor Ángel Vargas. “Es un mecanismo que no es nuevo: en tanto dure el proceso siguen cobrando sueldo sin ir a trabajar. Y después, simplemente se los traslada. Pese a que el jefe de policía Luis Butazzi y el ministro de Seguridad José Glinski dicen que no va a haber perdón para los policías que delincan, no se condice el discurso con los hechos: los diez policías involucrados en la desaparición de Torres siguen trabajando, así como los cuatro condenados en caso de golpizas de los hermanos Aballay, que a su vez están imputados por el asesinato de Antillanca. Todos siguen trabajando, portando armas y chapas”, se quejó

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