Carlos Propato era trabajador de la Ford en 1976. Era
delegado y miembro de la comisión interna. Se desempeñaba en el área de
pintura como primer oficial. El martes 13 de abril de ese año a las 11
de la mañana, fue detenido y pasado a la clandestinidad. En el quincho
de la planta de la automotriz en Pacheco fue torturado junto a otros compañeros.
Durante cincuenta días estuvo desaparecido y luego pasado a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional.
Treinta y ocho años más tarde, el próximo mes de julio el Tribunal
Oral Federal 1 de San Martín tramitará los casos de unas 40 víctimas,
en su mayoría obreros de la Ford y otras fábricas de la Zona Norte del
Gran Buenos Aires. El juicio oral y público debatirá cuatro grupos
de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los
de los establecimientos ceramistas Cattaneo y Lozadur, los de la metalúrgica
Bopavi y los de la automotriz.
En este último caso los imputados son el ex gerente general Pedro Müller,
el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe
de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, acusados de haber facilitado
datos para el secuestro de 24 obreros de la automotriz en 1976 y permitido
que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro
de la fábrica. El entonces presidente del Directorio de Ford Argentina,
Nicolás Courard, no está entre los acusados porque ya falleció. Propato
es querellante en el juicio contra la empresa por delitos de Lesa
Humanidad.
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Acto
frente a la Ford. Carlos (con boina) y otros trabajadores sobrevivientes.
En el diálogo con Carlos Propato quedan manifiestas varias complicidades
que se conjugaron en la desaparición de estos trabajadores. “Nadie puede
decir que la empresa no era partícipe. Cuando a nosotros nos estaban tomando
declaraciones venían con las fichas de la empresa”. “La Ford no colaboró
con el Ejército, el Ejército colaboró con la Ford. Gracias a ellos se
licuaron muchísimos millones de dólares que los terminó pagando el país,
que los terminamos pagando todos”. También el ex delegado señala
la complicidad de la burocracia del SMATA: “Jósé Rodríguez (secretario
General del gremio metalmecánico durante la dictadura) metía patotas dentro
de las empresas por eso nosotros luchamos y por eso terminamos presos”.
Propato es parte del SERPAJ y de la Comisión por la Memoria de Campo
de Mayo quienes han aportado y colaborado en la acusación de lo que se
llama “la causa de los obreros” de la Zona Norte y de la megacausa Campo
de Mayo.
38 años más tarde, Gestamp
Amparados en la merma en las ventas, las automotrices y las autopartistas
luego de tener años de ventas récord quieren rápidamente reducir costos
echando mano a las suspensiones y los despidos. Es el caso de los trabajadores
de la autopartista Gestamp. 67 de ellos fueron suspendidos, entre ellos
varios con militancia gremial pero una minoría. Al cumplirse los 30 días
de suspensión con cobro del 75% del salario y presentarse a retomar las
tareas fueron nuevamente suspendidos. Allí se inicia el conflicto que
se agudizó en los últimos días con la toma de la planta y la paralización
de la producción, que trajo como consecuencia la parálisis de las automotrices.
La
Presidenta Fernández y Pignanelli del SMATA, en consonancia con las
patronales
Nuevamente, como hace 38 años, con la excusa del costo laboral, de que
un pequeño grupo de “revolucionarios o no, de izquierda o no”
no puede impedir a miles “trabajar en paz y libertad” (cita de
la solicitada
del SMATA), de que “nueve o diez obreros, no sé si son activistas,
tomaron una planta que emplea a miles de trabajadores” (palabras
de la Presidenta en Río Gallegos, 31/5/2014), se estigmatiza a trabajadores
que luchan por sus derechos, se los criminaliza, se los ilegaliza.
Propato señala “siempre los que reclaman sus derechos terminan acusados
de revoltosos, terroristas, revolucionarios. El sindicato (el SMATA) los
sienta en el banquillo de los acusados y los acusa de anarquismo”. “Estos
tipos están metiendo patotas dentro de las empresas, a la policía, para
eso no están hechos los sindicatos”. “Ahora los sindicatos se sientan
en las mesas directivas de las grandes empresas”. Maximizar ganancias
a pesar de la devaluación y disciplinar a la tropa laboral es la consigna
de las multinacionales en este momento.
Mientras estas cosas suceden y sucedían, el gobierno nacional y el establishment
celebran el arreglo con el Club de París, para pagar una deuda contraída
por la dictadura (el 42% de esta deuda fue originada durante el
gobierno militar > ver
nota) al servicio de las grandes empresas que acompañaron al
gobierno actual para “lograr” el acuerdo parisino, deuda que debería declararse
odiosa, deuda fabricada para disciplinar al pueblo mientras en el quincho
de la Ford, en Pacheco, se torturaba a trabajadores.
Sí, son activistas…
Corolario 1 – Gestamp María del Carmen Verdú, abogada de los obreros de Gestamp, sostuvo
a ANRED:
“Después de tres días de maratón con el juez de garantías y el fiscal
logramos que el 31 de mayo convocaran (y trajeran en helicóptero) al ministro
de Trabajo y al ministro de la Producción bonaerense y para las 16 horas
conseguimos que la provincia firme la conciliación obligatoria con reinstalación
de despedidos y suspendidos y que el juez y el fiscal garanticen que no
haya consecuencias penales ni para los nueve que estuvieron adentro ni
los que estuvieron en los cortes de acceso solidarios con los obreros
de la autopartistas”. Este martes 3 de junio la mitad de los despedidos
no pudo ingresar a la planta a quienes se les pidió que se realicen
exámenes médicos para eventualmente ingresar al día siguiente a la fábrica.
Corolario 2 – Levantan la conciliación obligatoria. El Ministerio
de Trabajo de la provincia revoca la conciliación obligatoria porque considera
que se trata de un conflicto “pluripersonal” y no sindical, ya que no contaba
con el apoyo del gremio SMATA. De los 69 despedidos, 30 trabajadores aún no
han sido reincorporados y continúan en litigio.