Julio López
está desaparecido
hace 6402 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Buitreando
Por Fuente: Notas - Monday, Jun. 23, 2014 at 3:50 PM

Junio 23, 2014

Buitreando...
fondos-buitres-argentina-680x365.jpg, image/jpeg, 680x365

Por Ulises Bosia. El gobierno argentino hizo todos los deberes que le exigía el capital financiero pero aún así no logró un fallo favorable en la justicia norteamericana. Es una oportunidad para cuestionar las cesiones de soberanía de la legislación neoliberal.

Un juez neoyorquino de 84 años de edad, nombrado por el ex presidente Nixon, descarga ofuscado sobre la presidenta argentina palabras como “el discurso de la presidenta es un problema” y “sería mejor si ella no se hubiera referido al pari passu como extorsivo”.

La versión taquigráfica de la audiencia entre los abogados del fondo buitre NML y los representantes de nuestro país con el juez Griesa, deja en evidencia de manera tranparente la telaraña en la que nos encontramos. Como en la época de la colonia, los intereses del pueblo argentino se deciden en un tribunal extranjero y, para peor, ante un juez que responde a las presiones del sector más especulativo del capital financiero internacional.

Dos discusiones

Existe una distinción de tipo moral, que diferencia a “inversores legítimos” de “fondos buitres”. O sea, no estamos frente a ahorristas honestos que reclaman una deuda que Argentina nunca les pagó, sino ante inversores millonarios que compraron los bonos argentinos en default a precios muy baratos y ahora pretenden cobrarlos a su valor nominal original, sumando intereses y punitorios.

Según la solicitada publicada el sábado por el gobierno argentino en el diario The Wall Street Journal, por ejemplo, el fondo NML propiedad de Paul Singer compró sus bonos en 2008 (seis años después de la declaración de default de Rodríguez Saá) por 48,7 millones de dólares y ahora pretende cobrar 832 millones de dólares. Esta operación redundaría en un beneficio nada menos que del 1608%. Al juez Griesa esta cuestión no le pareció relevante.

En segundo lugar, se da el debate sobre con qué porcentaje de bonistas puede considerarse que la reestructuración de la deuda de un país puede considerarse como exitosa. En nuestro caso fueron el 92,4% los acreedores que consideraron razonable ingresar a los dos canjes abiertos en 2005 y 2010. Pero en el vacío legal generado por la inexistencia de un ordenamiento jurídico internacional que establezca algún parámetro, todo queda librado a la interpretación de la justicia norteamericana (y naturalmente, al poder de lobby de personajes como Singer, quien no casualmente es el mayor aportante de la última campaña presidencial republicana en los Estados Unidos).

Para el juez, con que solamente un bonista no acepte las condiciones del canje, alcanza para impugnar las condiciones del acuerdo con el 92% restante. Por esa razón, la decisión de Griesa confirmada en segunda instancia y también por la propia Corte Suprema de Justicia norteamericana por omisión, es una amenaza para cualquier proceso de reestructuración de deuda de cualquier país del mundo. Esto hizo que hasta el propio FMI la cuestionara.

Cesiones de soberanía

Puede parecer raro que un Estado acceda a que sus decisiones sean juzgadas por una legislación extranjera. De hecho, ese asombro es un buen síntoma, porque expresa un reflejo de dignidad y soberanía nacional que los argentinos conservamos. Sin embargo, hasta el momento la realidad no acompaña esos sentimientos populares.

Hay un pecado original que es la llamada cláusula “Martínez de Hoz” del Código de Procedimientos Civil y Comercial. En abril de 1976, es decir el mes siguiente al último golpe militar, el ministro de Economía modificó esta normativa para permitir la actuación de jueces extranjeros en asuntos patrimoniales. Formó parte de esa suerte de formación originaria de un entramado legal neoliberal que construyó la Junta Militar para las siguientes décadas.

Así como la Ley de Entidades Financieras o la Ley de Inversiones Extranjeras, también esta cláusula permanece vigente, lo que conlleva una clara responsabilidad de los gobiernos posteriores. La situación límite en la que estamos, junto con la apertura del debate sobre la aprobación de un nuevo Código Civil, planteado desde el año pasado, son una oportunidad para dar vuelta esta pesada página de la legislación nacional.

Pero la cesión de soberanía no se circunscribe únicamente a este punto, sino que existen 59 Tratados Bilaterales de Inversión vigentes que también acceden a que cualquier conflicto con posibles inversores sean resuelto en los tribunales del CIADI, pertenecientes al Banco Mundial. Esa es la razón por la que Repsol nos demandó en ese tribunal a partir de la expropiación parcial de YPF, y también de que las negociaciones con la petrolera española para llegar al acuerdo también se realizaran en el marco de esa institución.

Hicimos todos los deberes pero nos fue mal

Tras las elecciones legislativas del año pasado, el gobierno definió marcadamente un nuevo rumbo para su política económica, orientado a lograr la vuelta al mercado de capitales, es decir, al endeudamiento externo. Para ello logró arreglar con cinco multinacionales que nos habían demandado en el CIADI, presentó un nuevo índice de inflación en cooperación con los técnicos del FMI, acordó una indemnización con Repsol y cerró el acuerdo con el Club de París, entre otras medidas.

Esa agenda era la que le venía exigiendo el poder financiero internacional para volver a prestar dinero a tasas razonables y como tal llevarla adelante implicaba pagar un costo político para un gobierno que construyó su discurso desde sus primeros tiempos en fuerte oposición con este sector del capital global. Además, esta estrategia económica implicó hipotecar cualquier perspectiva de “profundizar el modelo”, entendiendo por esto la posibilidad de afectar intereses del capital concentrado en la Argentina. Así y todo, la presidenta decidió ese camino.

El último paso que faltaba era la resolución del diferendo con los buitres, los bonistas que quedaron fuera de los dos canjes de deuda. Pero con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el plan se derrumbó y la perspectiva de un nuevo default volvió a instalarse como una posibilidad.

Nadie sabe ahora cómo sigue la cosa. El gobierno apuesta a una negociación con los buitres y a sumar todo el acompañamiento posible, tanto en el frente interno como de gobiernos amigos y aliados, así como también de instituciones internacionales. Es lógico, teniendo en cuenta que no es fácil percibir por qué razón los buitres accederían a una negociación si tienen una sentencia firme claramente favorable. Y por otro lado, esta decisión es coherente con su política: el kirchnerismo siempre afirmó que la deuda debía ser pagada, por lo que sería raro esperar otra cosa.

Por lo menos, como primera lección, es evidente que cambiar toda la legislación neoliberal en la que estamos enredados es una condición de posibilidad para ser un país soberano.

 

agrega un comentario