Julio López
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Documento leído en Puente Pueyrredón a 12 años de la Masacre
Por LG - Thursday, Jun. 26, 2014 at 6:36 PM

2002 - 26 de junio - 2014. Documento unitario leído hoy en Puente Pueyrredón, a 12 años de la Masacre.

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2002 - 26 de junio - 2014. Documento unitario leído en Puente Pueyrredón a 12 años de la Masacre.

Compañeras y compañeros.

Hoy volvemos a este histórico puente para reclamar por la sangre de nuestros mártires, los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y para exigir una vez más juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de sus muertes.

Volvemos a este puente, doce años después, para recordar a Maxi y Darío y para denunciar que la impunidad continuó del gobierno de Duhalde al de los Kirchner y perdura hasta hoy.

La masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada desde la cúpula del gobierno Duhalde. Los crímenes cometidos en estas calles –dos muertos, más de 30 heridos de bala de plomo, una cacería que se extendió por más de veinte cuadras a la redonda- pretendían acallar al gigantesco movimiento popular que desató el 19 y 20 de diciembre, luego de una década de puebladas y luchas piqueteras, en el marco de una crisis capitalista sin precedentes.

Varios de los responsables continúan activos en la arena política, repartidos entre las filas del oficialismo (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich) y las de la oposición, como Felipe Solá, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi. Otros, como José Genoud y Carlos Soria -jefe de la SIDE en aquel entonces y luego gobernador de Rio Negro por el Frente para la Victoria- murieron en la impunidad.

La masacre de Avellaneda contó con la complicidad de los medios de comunicación, los empresarios y el imperialismo. Los gobernadores –incluido Néstor Kirchner- e intendentes que fogoneaban un giro represivo. Delegados y militantes de las organizaciones populares sufrieron atentados y amenazas en todo el país. En los meses previos, fue asesinado Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría y, poco después balearon a Juan Arredondo en Lanús.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado contra el movimiento de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y fábricas recuperadas que enfrentó a los gobiernos de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la destrucción de la salud y la educación públicas. La represión de los poderosos se ensañó con el movimiento piquetero porque éste le disputó –y disputa- terreno a sus aparatos de punteros en base a un planteo de independencia de la clase trabajadora.

En la masacre de Avellaneda participaron las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE. Apostaron francotiradores, infiltraron agentes de civil, reclutaron policías retirados para que participaran de la cacería, asaltaron e incendiaron un colectivo de línea para culpar a los manifestantes.

Durante la noche de aquel 26 de junio, los medios amplificaban las mentiras del gobierno. Aseguraban que los piqueteros se habían matado entre ellos. Clarín –beneficiado por Duhalde con la licuación de sus deudas- tituló al día siguiente “La crisis causó dos nuevas muertes”, a pesar de contar en su poder con las fotografías que demostraban -sin dejar ningún lugar a dudas- la responsabilidad de los policías Fanchiotti y Acosta en los crímenes de Darío y Maxi. Esa infamia fue desbaratada por la movilización popular y las organizaciones de lucha y por los trabajadores de prensa que sacaron a la luz las pruebas y testimonios de la masacre.

La respuesta del pueblo fue contundente. Al día siguiente, una enorme movilización ganó la Plaza de Mayo para denunciar la salvaje represión y reclamar justicia. El repudio se multiplicó en todas las plazas del interior del país y volvió a ganar las calles durante las semanas siguientes. Finalmente, Duhalde anticipó las elecciones presidenciales, y el viejo aparato del PJ bonaerense ungió a Néstor Kirchner para administrar la quiebra nacional, rescatar las privatizaciones del menemismo y pagar la deuda externa a costa de la devaluación de los salarios y el empobrecimiento de la clase trabajadora. Luego de una década de gobiernos K, la mitad de la clase trabajadora está precarizada y sin derechos laborales, la cuarta parte de la población vive en la pobreza y centenares de miles de trabajadores aún revisten en las filas de la desocupación.

La crisis del 2001-2002 hoy retorna por sus fueros. Se expresa en la bancarrota del Estado, en crecientes despidos y suspensiones, en la licuación de los salarios y la ayuda social y en los próximos tarifazos. El gobierno K, que se pretendía nacional y popular, mendiga ante el capital internacional financiamiento para pagar los intereses de la deuda externa con más deuda. Cuenta para ello con el apoyo de la oposición tradicional, dentro y fuera del PJ. Como ya ocurrió con la entrega al CIADI –la corte del Banco Mundial-, Repsol y el Club de Paris y ahora ocurre con los fondos buitre. Pero el pueblo sabe que el pago de la deuda externa significará más hambre, desocupación y hundimiento de la salud y de la educación. Como parte del ajuste, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y Nación han recortado la asistencia social a los comedores populares, empujando a familias enteras de los barrios al hambre. Lo enfrentamos con unidad y organización y así recuperamos las reivindicaciones para sostener los comedores.

La precarización del trabajo, del salario y de la vida; la reciente devaluación y la inflación golpean fuertemente el bolsillo del pueblo. Pero este pueblo rebelde sale a enfrentar el ajuste y la miseria que nos quieren imponer. La designación de Milani en el Ejército, la vigencia de la ley antiterrorista, el proyecto de una ley anti piquete, las condenas a los trabajadores de Las Heras, entre otros, ejemplos, son medidas represivas con las que pretenden atacar la luchas populares en ascenso.

Desde este puente histórico, reivindicamos las luchas obreras y populares que le hacen frente al ajuste, como las grandes huelgas de los docentes bonaerenses y salteños, el paro general del 10 de abril, la ocupación de Gestamp y las movilizaciones de Cables Lear, Shell, Calsa, Paty, entre muchísimas otras que revelan la disposición de lucha de los trabajadores y trabajadoras.

Repudiamos la manipulación oficial de la memoria de Darío y Maxi. Sobran los motivos. Darío y Maxi representan lo contrario a los políticos de carrera que se enriquecen en puestos de funcionarios. No importa que éstos voten el cambio del nombre de la estación Avellaneda, nos separa una frontera de sangre. La estación fue apropiada por el pueblo que lucha, que la rebautizó en los hechos Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Es en la movilización de los trabajadores y el pueblo que viven Darío y Maxi. Ellos están presentes en la juventud precarizada y sin derechos laborales que se organiza y lucha y le disputa a la burocracia la dirección de los sindicatos; en el movimiento de mujeres que se rebela contra el sometimiento a la Iglesia y la injerencia del Estado; en cada trabajador o trabajadora, ocupados o desocupado, que se levanta para defender sus derechos. Jamás quienes promovieron la sanción de la llamada ley antiterrorista y el nombramiento del genocida Milani en el Ejército; que son aliados de Pedraza y de Pignanelli, de Othacehé y de Gildo Insfrán, de Monsanto y de Chevron, podrán usurpar la memoria de nuestros compañeros mientras esta sea una tribuna de los luchadores.

El gobierno kirchnerista ha sido el garante de la impunidad durante estos doce años. Jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la SIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Néstor Kirchner puso como condición que abandonáramos las movilizaciones y nuestra independencia para llevar adelante una investigación. Justo él, que llegó al gobierno bajo el ala de Duhalde.

El juez Ariel Lijo archivó hace un año la causa iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la masacre sin haber adoptado ninguna medida de prueba. Nunca solicitó los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades policiales y de seguridad realizadas antes, durante y luego de la represión del 26 de junio del 2002, como le fue reclamado.

En diez años, Lijo no movió un dedo para investigar la masacre. En cambio, juzgó y condenó en tiempo record a Raúl “Boli” Lescano y Fernando Esteche, de Quebracho. Ambos se encuentran purgando una pena de cinco años en la cárcel de Ezeiza por escrachar un local de Jorge Sobisch mientras el asesino de Fuentealba permanece impune.

No se nos escapa que los alcahuetes del gobierno atacan a Lijo ahora porque investiga a Boudou por una estafa que involucra a buena parte del poder político, pero no olvidamos que Lijo fue también el juez que rechazó las denuncias contra Gerardo “Batallón 601” Martínez, de la Uocra, y que no investigó las listas desclasificadas de buchones de la dictadura militar como tenía encargado el tribunal a su cargo.

Con la lucha logramos la condena a prisión perpetua de los autores materiales del homicidio de Darío y Maxi, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Sin embargo, a la impunidad de los autores políticos de la masacre debe sumarse la de los policías y represores involucrados. Aparte de Fanchiotti y Acosta, apenas un puñado recibió otras penas por delitos menores menores. Como la Corte Suprema no ratificó aún esas condenas, se acercan a la prescripción.

Estamos convencidos de que si con la movilización popular logramos la condena de numerosos genocidas de la última dictadura militar y la de José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra, tenemos la seguridad de que con la movilización también alcanzaremos el castigo a los responsables de los asesinatos de Darío y Maxi.

Seguimos en la calle denunciando a los responsables de los asesinatos cometidos durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, de los cuales sólo una parte están siendo juzgados, no por la decisión política de reprimir brutalmente al pueblo trabajador, sino por actuación negligente, según jueces y fiscales.

Desde esta tribuna reclamamos una vez más el fin de la criminalización de la protesta. Reclamamos la absolución de los compañeros de Las Heras y la libertad de Lescano y Esteche y de los compañeros de Corral de Bustos y el cierre de las causas penales iniciadas contra más de cinco mil luchadores. Denunciamos que el gobierno negocia con la oposición la sanción de una ley llamada anti piquetes que otorgará al Estado nuevas herramientas para reprimir los reclamos. Pretende nuestro apoyo a cambio de una supuesta amnistía para los luchadores. Este chantaje no pasará: le decimos NO a la ley antipiquetes que servirán para reprimir al pueblo, SÍ al cese de la persecución contra los luchadores, SÍ a los reclamos laborales, sociales y políticos de los trabajadores.

Denunciamos la represión en Córdoba para aprobar la ley Monsanto, y las represiones en Tartagal y el Chaco; denunciamos la detención de delegados y trabajadores petroleros y municipales en Santa Cruz; denunciamos la militarización de Gestamp, Cables Lear, Paty y el Inti; reclamamos el cierre de las causas iniciadas contra los luchadores docentes y ambientales de Chilecito, provincia de La Rioja, y contra delegados y trabajadores de Ate Educación de La Plata, represaliados por el gobierno de Scioli y Nora De Lucía; reclamamos el cierre de las causas contra los trabajadores que sufrieron la represión macrista en el hospital Borda. Apoyamos todas las luchas de los trabajadores contra los despidos y las suspensiones, el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares, la precarización laboral, el trabajo en negro y la tercerización; contra la depredación ambiental y contra el despojo de los pueblos originarios a manos de los pooles de siembra y los pulpos agrarios.

Reclamamos la aparición con vida de Julio López, el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, la aparición de Luciano Arruga; reclamamos justicia para Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte, para Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas, de Bariloche; para Marita Verón, Paulina Lebbos y miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en las redes de trata y femicidios; para Juan Daniel Díaz Asijak, Roberto López , y Mario López, Celestina Jara y Lila Coyipé, de Formosa; para Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, del Parque Indoamericano; para Imer Flores, Mártires López y Florentín Díaz , de Chaco; para Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán, de Jujuy; para Cristian Ferreyra , Miguel Galván y Sandra Juárez , de Santiago del Estero; para Javier Chocobar , de Tucumán; para Jeremias Trasante, Claudio Suárez, Adrián Rodríguez y César Oviedo , de Rosario; para Noemí Condorí, de Escobar; para los más de 69 luchadores asesinados en protestas sociales y por los 215 desaparecidos en democracia; para los más de 4 mil muertos por el “gatillo fácil” desde 1983 y para los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.

A doce años de la masacre de Avellaneda, seguimos levantando las banderas y reivindicaciones por las

¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, presentes! La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA

DE DUHALDE A LOS KIRCHNER, 12 AÑOS DE IMPUNIDAD

CÁRCEL A EDUADO DUHALDE, FELIPE SOLÁ, JORGE VANOSSI, JUAN JOSÉ ALVAREZ, ALFREDO ATANASOF F, JOSÉ GENOUD, JORGE MATZKIN, OSCAR RODRIGUEZ Y ANÍBAL FERNÁNDEZ.

BASTA DE REPRESION, ESPIONAJE Y CRIMINALIZACIÓN. ABAJO EL PROYECTO X Y LA LEY ANTITERRORISTA. NO A LA LEY ANTI PIQUETE.

PERPETUA A PEDRAZA. CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA, POR LA MASACRE DE ONCE Y POR LOS MUERTOS DE CASTELAR. EXIGIMOS JUSTICIA POR EL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA, DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN FORMOSA Y CHACO, POR LOS ASESINADOS EN LAS TOMAS DE TIERRAS DEL INGENIO LEDESMA, EN EL INDOAMERICANO, EN SANTIAGO DEL ESTERO Y EN ROSARIO. LIBERTAD A ESTECHE Y “BOLI” LESCANO Y A LOS PRESOS POLÍTICOS DE CORRAL DE BUSTOS. ABSOLUCIÓN DE LOS COMPAÑEROS DE LAS HERAS, SANTA CRUZ.

APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA.

DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA. BASTA DE FEMICIDIOS Y DE TODO TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR LOS 30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS. FUERA MILANI DEL EJÉRCITO. QUE RESPONDA POR SU PAPEL EN EL GENOCIDIO.

BASTA DE GATILLO FÁCIL. BASTA DE MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES.

FUERA LA PATOTA Y LA MENTIRA DEL INDEC.

BASTA DE AJUSTE Y SAQUEO. QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS.

* POR TRABAJO GENUINO, BASTA DE DESOCUPACION.

* POR UN SEGURO AL DESOCUPADO.

* POR AUMENTO PARA TODOS EN EL ARGENTINA TRABAJA Y DEMÁS PLANES SOCIALES. NINGUN TRABAJDOR POR DEBAJO DE LA CANASTA FAMILIAR.

* TIERRA Y VIVIENDA PARA TODOS. BASTA DE PERSECUSIÓN CONTRA LOS COMPAÑEROS DE LA TOMA DE VILLA LUGANO. NO AL DESALOJO. URBANIZACIÓN DE LAS VILLAS YA.

* UNIVERSALIZACIÓN Y DUPLICACION DEL MONTO DE LA ASIGNACION POR HIJO.

* RESTITUCION DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES.

* PROHIBICION DE DESPIDOS Y SUSPENSICONES.

* ANULACION DEL IMPUESTO AL SALARIO.

* FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL.

* NO A LOS TARIFAZOS. NO AL PAGO DE LA ILEGÍTIMA Y FRAUDULENTA DEUDA EXTERNA.

* FUERA INGLESES DE MALVINAS. FUERA EL IMPERIALISMO DE AMERICA LATINA.

* VIVA LA REBELION DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA EL AJUSTE Y EL IMPERIALISMO.

HOY COMO SIEMPRE

¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!

¡¡¡¡ MAXIMILIANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!

Fuente: Apel Abogados
http://apelabogados.blogspot.com.ar/2014/06/2002-26-de-junio-2014-documento.html

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