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Los juicios en América
Por Movimiento DDHH -
Wednesday, Jul. 23, 2014 at 6:54 AM
JORGELUISALTAMIRANO@GMAIL.COM
VERDAD,JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL POR los GENOCIDIOS en AMERICA¡¡¡¡
ARGENTINA a la VANGUARDIA en DDHH
23 de julio de 2014
Análisis sobre los procesos de justicia en Argentina, Uruguay y Brasil
La transición en el Cono Sur
Especialistas de distintos países comentaron experiencias sobre la posibilidad de enjuiciar a los represores de las dictaduras. Grandes trabas y dificultades en Uruguay y Brasil. Los desafíos de la Argentina.
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El debate en la Universidad de Palermo fue organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Si en Argentina, desde 2005, prosperan los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura esto no sucedió en otros países de la región, donde apenas se constituyeron comisiones para investigar las violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Brasil o incluso se cuestiona la anulación de una ley de amnistía, como en Uruguay. Esta comparación entre las luchas contra la impunidad en Latinoamérica fue el centro de la conferencia La Justicia frente a crímenes contra la humanidad. Experiencias comparadas, que organizaron ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
Las violaciones masivas a los derechos humanos fueron un denominador común en todas las dictaduras del Cono Sur. Al finalizar los gobiernos de facto, también fue común que aparecieran leyes de amnistía que prohibían enjuiciar a los militares y funcionarios que encabezaron cada período. Para comparar los casos de Argentina, Uruguay y Brasil, un panel compuesto por investigadores, abogados y activistas de derechos humanos debatió ayer en la Universidad de Palermo. Buscaban analizar las posibilidades de una “Justicia de transición” entre las dictaduras y las democracias que vinieron luego. El debate estuvo moderado por el profesor de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Leonardo Filippini.
En Uruguay, sostuvo la investigadora de la Universidad de Oxford Francesca Lessa, fue la propia sociedad civil la que impulsó la lucha para dejar atrás ese “santuario de la impunidad”, como lo llamó el escritor Eduardo Galeano, para seguir el camino de toda la región.
“Las élites políticas frenaron, con éxito, la movilización popular contra la impunidad”, sostuvo la especialista en el caso uruguayo, al menos hasta la llegada de los gobiernos del Frente Amplio que introdujo algunas oportunidades como la eliminación en 2011 de la Ley de Caducidad, que establecía el fin del “ejercicio de la pretensión punitiva” del Estado uruguayo “respecto de los delitos cometidos” por funcionarios militares y policiales que actuaron durante el “período de facto”.
Sin embargo, Lessa cuestionó la “jurisprudencia conservadora” que sentó la propia Corte Suprema uruguaya, que consideró inconstitucional la anulación de esa ley. No obstante, también destacó que algunos jueces de primera instancia “hayan tomado distancia y decidieran continuar con las investigaciones a pesar del silencio y la impunidad”.
Brasil, según expuso la directora ejecutiva de la ONG Conectas, Lucía Nader, “no tuvo justicia ni transición”. Allí no hay siquiera un número consensuado de desaparecidos, que oscilan entre los 360 oficiales, los 600 de denunciados por los organismos de derechos humanos y los 1200 que calcula la Comisión Nacional de la Verdad creada en 2011 por el gobierno de Dilma Rousseff. Además se señala que hubo unos 20 mil torturados en el período entre 1964, tras el golpe de Estado al gobierno de Joao Goulart, y 1985, subrayó Nader, es “sólo de la verdad, no de justicia”.
“¿Por qué no hablan de la dictadura?”, dice que le preguntan a la activista de derechos humanos. Los gobiernos de facto que se sucedieron después de 1964 no constituyen una temática que se nombre en Brasil. Allá, relató Nader, no hay Madres de Plaza de Mayo que visibilicen el tema. “Los medios no hablan de eso, las ONG, tampoco”, añadió.
En cuanto al gobierno brasileño, la directora de Conectas sostuvo que, pese a la constitución de la comisión en 2011 y que en estos días, por ejemplo, obtendrá documentos de una comisión provincial bonaerense, tuvo una actuación un tanto decepcionante. “Esperábamos más de Dilma en esa área”, remarcó.
Actualmente, en Brasil persiste “una cultura de la tortura porque no se ha lidiado con el pasado”, agregó Nader. En ese sentido, señaló el crecimiento poblacional en las cárceles, que subió un 370 por ciento en los últimos 20 años, mientras que la población brasileña avanzó sólo el 30 por ciento en el mismo período. La ONG, que encabeza y trabaja en las prisiones del país, denuncia asimismo una “tortura sistemática” dentro de esos establecimientos, así como el accionar de la policía militar, donde no hubo una transición ni una reforma.
Esos panoramas parecen haber quedado atrás para Argentina, donde desde 2005 y 2006 se llevaron adelante unos 123 juicios por crímenes de lesa humanidad y en el que hubo 520 condenados (aunque sólo 108 de ellos tienen condena firme). Actualmente, hay 14 juicios en curso en el país con 268 imputados por delitos y unas 2100 víctimas. Estos procesos incluyen megacausas como las de la ESMA y La Perla.
Pese a ello, Argentina todavía enfrenta algunos desafíos, según indicó el abogado del Cels Diego Morales. “Empezamos a encontrar procesos que no avanzaban, son las investigaciones referidas a aquellas sobre jueces que tuvieron participación en la dictadura y las responsabilidades posibles de empresarios”, explicó. En ese sentido instó a recuperar el proceso de verdad y justicia en torno de estos dos tipos de actores. “Se abre un escenario relevante, pero hay desafíos muy serios”, agregó Morales y, respecto de los trabajadores entregados por los propios empresarios para limitar su actividad sindical, concluyó: “Hay que debatir las respuestas vinculadas con el tipo de reparación para las familias pensando en el derecho laboral”.
Informe: Aldana Vales.
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A la Vanguardia?
Por HIJOS La Plata -
Wednesday, Jul. 23, 2014 at 11:34 AM
Claro que esto no es Brasil, donde se beneficia a los genocidas arrepentidos con rebaja de penas, ni Chile, donde se juzga por caso y con suerte, ni Uruguay, donde se reafirmó en plebiscito 2 veces la lay de caducidad, pero decir que nuestra vanguardia es excelente es lo mismo que comparar datos económicos de 2013 con 2001. Siempre serán mejores.
Con 7 juicios parciales concluidos y 22 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
Comparar lo que hicieorn los milicos en Argentina
Por avivol -
Wednesday, Jul. 23, 2014 at 11:45 AM
con lo que hicieron en Uruguay o Brasil creo que no da, hubieron mas desaparecidos uruguayos en Argentina que en Uruguay lo que habla a las claras que la represión Argentina fue mucho mas salada, en Brasil también hubo desparecidos pero ni cerca de la cifra de 30.000 de Argentina cuando la población brasilera es 5 veces mayor, en fin eso de que estan a la "vanguardia" me parece que es mas propagnada K que algo real ...