Julio López
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Represión y desalojo en el barrio Papa Francisco
Por Corriente Villera Independiente - Saturday, Aug. 23, 2014 at 2:00 PM
mpladignidad@gmail.com

Sábado 23 de Agosto |

Represión y Desalojo

En un operativo conjunto, la Policía Metropolitana, la Policía Federal y la Gendarmería reprimieron en el Barrio Papa Francisco y se llevaron detenido a todo el cuerpo de delegados del barrio y a referentes de la Corriente Villera Independiente.
Exigimos su inmediata liberación ¡Basta de criminalizar la pobreza! ¡Basta de Desalojos!

Contacto de prensa
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No damos ni un paso atrás - Vamos por la urbanización con radicación de todas las villas - Vivienda Digna - Basta de criminalizar la pobreza

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Aluvión de críticas al desalojo
Por de páginak12 - Monday, Aug. 25, 2014 at 9:16 AM



La política represiva en lugar de la política habitacional fue la principal crítica que se realizó al gobierno de Macri. También recibieron cuestionamientos los gendarmes y policías federales que acompañaron la acción de la Metropolitana.

El violento desalojo del barrio Papa Francisco, ubicado en el playón de autos decomisados de la Federal, a manos de la Metropolitana y con asistencia de la Gendarmería y la Policía Federal, provocó muy fuertes críticas y el regreso de la Carpa Villera al Obelisco. La Metropolitana cosechó buena parte de los repudios por su actuación. También el gobierno de Macri, que había prometido viviendas a quienes habían protagonizado la toma en febrero a la espera de que el macrismo cumpliera. La Gendarmería nacional y el propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvieron lo suyo en el reparto de cuestionamientos.

“La solución no es el desalojo –sostuvo Jorge Taiana, legislador porteño del Movimiento Evita Capital–. La constitución del barrio Papa Francisco no es un caso aislado. Expresa un problema transversal a toda la sociedad porteña: la falta de vivienda digna. En nuestra ciudad existen 16 villas de emergencia, en donde viven 240 mil personas aproximadamente. El panorama se complejiza contabilizando a las personas que viven en asentamientos precarios, en inmuebles ocupados, en los predios bajo las autopistas, a las familias alojadas en hoteles, conventillos, viviendas transitorias y a los que están en situación de calle. Medio millón de personas no tiene una vivienda digna en la ciudad con mayor presupuesto del país.”

También desde el Movimiento Evita y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el diputado nacional Leo Grosso, del FpV, sostuvo que “repudiamos el desalojo de los compañeros y la represión de la Policía Metropolitana. Nos da vergüenza que la Gendarmería Nacional se haya prestado a esa política de Macri, que parece que la única forma que tiene de solucionar el déficit habitacional en la Ciudad es con represión y desalojo. Está claro que el desalojo no es la solución para cientos de familias y mucho menos la represión a los vecinos, militantes y legisladores”.

“El Gobierno de la Ciudad nunca tiene soluciones para la gente –sostuvo María Rachid, legisladora porteña del FpV y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura–, el desalojo no puede ser la respuesta ante la falta de vivienda de cientos de familias que estaban en este predio. Hay una tendencia discriminatoria de relacionar migración o pobreza con delincuencia, que está generando mucha violencia. Y el secretario (de Seguridad nacional, Sergio) Berni tiene una gran responsabilidad en ese sentido”. Y agregó que “mientras desalojan a estas 500 familias otros juegan al golf justo enfrente, en 40 hectáreas que son de la ciudad de Buenos Aires. Un gran predio en la zona con mayor necesidad de vacantes escolares, centros de salud y viviendas que el PRO quiere donar por 20 años a un club de golf”.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio –dijo Cecilia Merchán, referente de la Corriente Político y Social La Colectiva– a la decisión de la Justicia porteña de ordenar el desalojo del barrio Papa Francisco, donde intervinieron la Policía Metropolitana, la Federal y la Gendarmería. Repudiamos absolutamente el uso de la fuerza.”

El legislador de NE-FpV José Cruz Campagnoli sostuvo que “nos preocupa profundamente que la política de vivienda del PRO sea justamente ésa, el desalojo. Estamos preocupados por las 500 familias que han quedado a la intemperie. También rechazamos profundamente las opiniones que vinculan el crimen repudiable de Melina con las 500 familias sin techo que vivían en el predio desalojado, asociando pobreza con delito. ¿A alguien se le hubiera ocurrido desalojar el country de Pilar cuando ocurrió el crimen de María Marta García Belsunce?”.

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Reubicaron a la mayoría de la gente, pero algunos resisten
Por Einat Rozenwasser / Clarín - Monday, Aug. 25, 2014 at 9:18 AM

La situación social Un día después del desalojo, ayer unas 50 personas continuaban acampando afuera del predio de Pola y Cruz. La policía cercó la zona para evitar que ingresara más gente. Quedaba un solo detenido.

Después del desalojo del predio tomado en Villa Lugano, ayer medio centenar de personas seguía acampando sobre el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz. Alrededor de las 11, la Policía Metropolitana cerró los ingresos a esa cuadra (por Pola y por la avenida Escalada) y la tensión fue creciendo durante la tarde: ni los que dejaron el lugar, ni los familiares, ni los militantes de organizaciones sociales que se acercaban a brindar asistencia ni la prensa pueden ingresar. Las familias que quedan se niegan a ir a los paradores del Gobierno de la Ciudad y piden una solución definitiva para su problema de vivienda.

Con algunas carpas, lonas y plásticos armaron los refugios para pasar la noche (y guarecerse de la tormenta). “Algunos fueron a los paradores y volvieron a la mañana porque era lo mismo estar allá que acá, amuchados con sus cosas, como acá”, cuenta María, pegada al cordón policial. Con el movimiento llegó la orden para “cercar” la zona y aquellos que habían salido para ir al baño o buscar comida no pudieron volver a ingresar. “Tampoco nos dejaron entrar nada. Los chicos están con poca ropa porque quedó en el galpón o se mojó con la tormenta, y hoy se puso frío. A la mañana los vecinos nos acercaron café caliente y leche, y nos están ayudando con la comida”, sigue la mujer.

Tras el crimen de Melina López, la Justicia porteña ejecutó la orden de desalojo que estaba pendiente desde fines de febrero, cuando comenzó la toma. El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del sábado y participaron dos mil efectivos de la Policía Metropolitana, la Federal y Gendarmería. En el asentamiento Papa Francisco, como lo habían bautizado, quedaban unas 350 personas: algunos pudieron rescatar sus pertenencias o parte de ellas, otros nada. Después ingresaron al predio grúas y topadoras que en pocas horas convirtieron todo en escombros.

“La mayoría se reubicó por sus propios medios en Buenos Aires, en otras villas de la Ciudad o en refugios habilitados por el Gobierno porteño”, dijo ayer a Radio Mitre María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno de la Ciudad. Los que se quedaron argumentan que el parador es temporal, y que los subsidios “no alcanzan ni para una pieza”.

Ayer volvieron las quejas sobre el accionar policial, que el sábado reprimió los desbordes con balas de goma y dejó varios heridos, entre ellos los legisladores porteños Pablo Ferreyra y José Campagnoli. Denunciaron golpes y agresiones que incluso alcanzaron a una mujer embarazada que habría sufrido complicaciones. “Hay videos de todo”, anunciaban. De los ocho detenidos por “usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad” solo quedaba uno a disposición de la Justicia (porque tiene tres condenas previas, explicaron).

En el predio lindero a la Villa 20 funcionaba un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. En 2005, una Ley dispuso incorporarlo al plan de urbanización de la villa y el Gobierno de la Ciudad lo “vació” en 2013. El Ministerio Público Fiscal porteño probó que la toma había sido impulsada por punteros políticos y desde hace meses denuncia que el lugar quedó en manos de bandas de delincuentes que intimidaban a los vecinos y presentaron denuncias ante el juzgado penal N° 14 por asociación ilícita, homicidio, abuso sexual, privación de la libertad, venta de drogas y otros delitos.

“No entiendo por qué tanto contra nosotros. Si ya nos sacaron, nos dejaron sin casa, sin materiales: ¿qué vamos a hacer ahora?”, se queja María. “Nosotros sabíamos en qué nos metíamos, pero no somos todos los delincuentes: el que mató a la chica es de la Villa 20, no de la toma.

Nos pusieron a todos en la misma bolsa”, apunta un hombre que la acompaña. ¿Qué van a hacer en los próximos días? “Nos quedamos acá, si no tenemos alternativa”, dicen.

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad ya comenzó con las tareas de caracterización de suelos para encarar la remediación y saneamiento.

Es el paso necesario para poder avanzar con el plan de urbanización de la Villa 20 dispuesto en la Ley 1.770.

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