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Estado e Iglesia intervinieron para que indígenas acepten un desmonte
Por Nuevo Diario de Salta - Monday, Aug. 25, 2014 at 6:57 PM

La Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia y el Obispado de Orán intervinieron en una 'negociación' entre empresarios que quieren desmontar más de 1400 hectáreas en Finca Tonono, para que acepten el desmonte a cambio de 150 hectáreas para dos de las comunidades que serán directamente afectadas.

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El vocal del pueblo wichí en el IPPIS, Indalecio Calermo, aseguró que "es un ejemplo", el convenio firmado. No obstante, y por lo que surge del expediente de desmonte, existe en la zona un conflicto anunciado. Así surge del acta que aparece en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS), que se presentó para disponer el desmonte neto de 1417 hectáreas.

El hecho es que algunos reconocen a la zona como "el corazón del territorio wichí", que por tal característica, se encontraba en zona amarilla.

En el acta se indica que en una reunión que se hizo en octubre del 2012, se hizo una reunión entre el titular de la Secretaría estatal, Enrique Rojo, y el referente de la Pastoral del Obispado de Orán, Pablo Macarón, estuvieron presentes a fin de avalar el compromiso de Martín Morales y Federico Romero de donar "300 hectáreas, en 150 hectáreas para cada comunidad en el sector que establezca el señor Martin Morales, reservándose una servidumbre de paso y de acueducto desde el rio". El acta indica que "la entrega es a condición de que: las comunidades de Pozo Nuevo, El Paraíso, Tonono, y ninguna otra comunidad indígena en forma individual ni otra persona reclame a Morales o Romero derecho alguno sobre el inmueble". Las 300 hectáreas son para las comunidades de El Paraíso y Pozo Nuevo. Se firmó que el terreno donado se tome "como parte del porcentaje que debe dejarse como monte dentro de la superficie total del desmonte", es decir, encerrarlos en un lugar donde poco o nada podrán hacer por ser una reserva.

Un conflicto anunciado

El expediente demuestra el involucramiento del juez Federal de Orán, Raúl Reynoso, que accedió a hacer una inspección ocular en el lugar por pedido de Morales. El mismo juez es el que se declaró en 2008 incompetente en un amparo colectivo presentado por las comunidades ante el rumor de que se iba a hacer un desmonte en donde se encuentran asentadas.

Agentes subalternos de Ambiente, además de haber detectado la paupérrima situación de viviendas mal hechas por el IPPIS para la comunidad, sostiene que las comunidades indicaban que precisaban 300 hectáreas y no 150 hectáreas, pese a que reconocieron firmar el acta de compromiso. Los empresarios cuestionaron a los agentes que hicieron el informe, presentaron la inspección ordenada por Reynoso, y aseguraron que con la actitud de tener presente que las comunidades quieren más hectáreas, era ir contra su seguridad jurídica. A ello agregaron que tienen el ex lote fiscal 4 para poder recorrer territorio. Las observaciones de los subalternos fueron así superadas.

Fuente: Nuevo Diario

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