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Relatos Civiles
Por Ramiro Giganti -
Friday, Sep. 05, 2014 at 8:07 PM
Jueves 4 de septiembre de 2014 | Esto no es ficción. Son historias reales que tuvieron su desarrollo, principio o final, en las últimas dos semanas. En todas hay “civiles”: ciudadanos que, inocentes o no, impunes o carentes de derechos, forman parte de la “vida civilizada”. En todas ellas hay presencia institucional. El salvajismo o la barbarie es, según algunos, lo opuesto a la vida en la ciudad, es decir, lo opuesto a la “civilización”. Quien escribe no comparte esta última apreciación. Por Ramiro Giganti, para ANRed.
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“Toda la propaganda de guerra, todos los gritos, mentiras y odio, provienen
invariablemente de gente que no está luchando” George Orwell Horacio Augusto Ruiz era abogado egresado de la Pontificia
Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, especializado
en Derecho Penal. Apoderado del Estudio Jurídico “Ruiz & Asociados”.
En su cuenta de la elitista red de “gente bien” LinkedIn, se jactaba
sin problemas de defender a narcos y barras bravas. En ella Ruiz se
definía como “abogado defensor particular de los principales narcotraficantes
que actuaron en las villas de emergencias del Conurbano noroeste, como así también
de ciudadanos colombianos, tanto en causas nacionales como en procesos de extradición
a EE. UU. Causas de narcotráfico, lavado de dinero, penal tributario y derecho
penal en general”. El sábado 30 de agosto por la noche, Horacio Augusto Ruiz, de 52 años,
fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando salía de su casa
en el barrio de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Su esposa y su hija bebé
lo esperaban en el auto mientras esto sucedía. Su esposa, en estado de shock
declaró que se trató de un robo y que lo mataron por resistirse ya que Horacio
solo quiso preservar la vida de su beba. Noelia, la esposa del “abogado defensor
de los principales narcotraficantes” como él mismo se autoproclamaba en las
redes sociales, acusó de “rata” frente a las cámaras de televisión a quien cometió
el crimen. Si bien no está descartada la posibilidad de que se haya tratado de un intento
de robo, las principales sospechas apuntan a un “ajuste de cuentas”.
Por un lado, por la manera de matarlo y por el otro, porque no se robaron nada.
El crimen fue demasiado prolijo, como suelen desenvolverse en ese tipo de crímenes,
más que en un intento de robo. Más allá del motivo concreto de ese asesinato, de la relación directa o no
de su actividad como abogado con el crimen en sí, la historia resulta interesante
como análisis social para muchos debates pertinentes: por un lado se
trata de la muerte de un civil, un abogado matriculado, un profesional que cumplía
sus funciones en el marco de la ley. Un ciudadano. Para sumar adjetivos,
“un ciudadano bien”, egresado de una universidad privada y
religiosa, padre y esposo. Llama la atención el hecho de que esta vez la víctima es alguien que públicamente
se asume como “defensor de victimarios”. Su esposa insiste en que son “chorros”
o “ratas” quienes lo asesinaron, como para desviar a los asesinos de cuello
blanco. También se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ese que dice
que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales,
o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de
orden escrita de autoridad competente. (…) Quedan abolidos para siempre la pena
de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles
de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca
a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que
la autorice.” No hubo artículo 18 para las víctimas de linchamientos hace unos meses.
Tampoco hubo artículo 18 (ni 14bis) para los habitantes del barrio “Papa Francisco”,
muchos de ellos niños, la mayoría inocentes, pero que las topadoras les pasaron
por encima a sus casas ante la “posibilidad de que haya narcos en el barrio”.
Tampoco hay artículo 18 para los chicos que mueren por el consumo de paco abandonados
por las instituciones. De ninguna manera la ausencia de este artículo justifica ninguna muerte. Ni
la de una víctima ni la de un “delincuente”. Lo llamativo en este caso es el
rol de la víctima y su relación, directa o no, con el crimen que terminó con
su vida. Las apreciaciones al respecto quedan para cada lector/a. Para
la ley, la víctima fue un civil, un abogado, un profesional que “hacía su trabajo”
dentro del marco legal, con la matrícula pertinente. Queda a reflexión de quien
lea esta nota distinguir entre lo legal y lo legítimo, entre lo permitido y
lo que “está bien”, entre lo prohibido y lo que “está mal”, entre el trabajo
y la dignidad, la moral y la ética, la legalidad y la honestidad. Queda también
a libre interpretación la posibilidad de reflexionar sobre cuán distinta puede
ser la civilidad del salvajismo o mejor dicho de la violencia (ya que no necesariamente
salvaje significa lo mismo que violento). Ezequiel Castagnari tenía 25 años, era hincha
de River. El fútbol, como a tantos otros, le apasionaba. Cuenta María
Angélica, su madre, que Ezequiel había llorado el día que River perdió la categoría.
Hoy la realidad de su equipo es otra: el miércoles 27 de Agosto, River le ganó
3 a 0 a Defensa y Justicia. Ezequiel, contento, salió a la vereda a festejar
y gritó uno de los goles. Un vecino de 18 años, de nombre Nicolás, no
soportó el festejo y salió a la vereda con un arma de fuego e increpó a Ezequiel
disparándole luego un tiro a pocos metros, en el suelo, y luego dándole un culatazo
con el arma y siguiendo la golpiza una vez que Ezequiel estaba caído.
Nicolás es hijo de un policía retirado, de nombre Néstor, que también estuvo
presente en el episodio y habría participado de las agresiones. Ezequiel fue
llevado al hospital, los golpes le habrían generado coágulos, murió
después de casi una semana de agonía. “Lo mataron entre el padre, que creo es un policía retirado, y el hijo. Uno
fue detenido y luego liberado. El otro creo que está detenido. Los quiero a
los dos presos", declaró la madre de Ezequiel, en los medios televisivos. También
dijo que luego de haber sido agredido su hijo, la policía no tomó la
denuncia hecha por los familiares de Ezequiel. Todo esto sucedió en un barrio del Partido de 3 de Febrero,
que tiene como intendente “vitalicio” a Hugo Curto. El mismo
Hugo Curto que hace pocos días había declarado en los medios comentarios
discriminatorios, por un lado hacia travestis y transexuales, pero también hacia
los inmigrantes, relacionándolos con el delito y manifestándose a favor de su
expulsión. Esas declaraciones xenófobas fueron en apoyo a las del Secretario
de Seguridad Sergio Berni, y también contaron con el respaldo del Gobernador
y máximo precandidato presidencial por el oficialismo Daniel Scioli.
Ni Nicolás, ni su padre, responsables de la muerte de Ezequiel en el Municipio
que gobierna Hugo Curto, son extranjeros, y además la educación de ambos está
atravesada por las “fuerzas de seguridad”. Tal vez para muchas personas Ezequiel no sea una víctima directa de la represión
institucional, ya que no fue asesinado por un policía mientras este estaba en
funciones, pero parecería ser que, en algunos casos, la cultura del
gatillo fácil trasciende las funciones laborales. En este caso, como
en muchos otros, queda en claro que ante la inseguridad y la violencia pedir
más policía puede significar pedir más inseguridad y muerte. Posiblemente en alguna carátula del caso figure la palabra “civil”. Quizás
hasta diga que “Ezequiel murió asesinado por un civil, o dos (padre
e hijo)”. Y, aunque parezca extraño, estaría en cierto. Roberto Angel Galeano tiene 55 años, estuvo
en Malvinas junto a Mohamed Alí Seineldín,
fue jefe de inteligencia en Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Luego de haber pasado
a retiro, fue incluido por el actual Secretario de Seguridad Sergio
Berni, como coordinador de fuerzas de seguridad. Durante la cuarta jornada de lucha en apoyo a la reincorporación de
los trabajadores de LEAR en el pasado mes de Julio, un provocador
vestido de civil rompió la cámara de uno de los manifestantes, pero
no pudo borrar sus fotos. Tampoco la de otros medios alternativos y militantes
que estaban registrando la jornada como Contraimagen y TVPTS.
Era canoso y de barba, estaba “vestido de civil”. Se trataba
de Roberto Angel Galeano, que en persona se había infiltrado en la manifestación
buscando desprestigiarla. No es un hecho aislado. Actualmente está vigente la denuncia sobre el Proyecto
X, y este hecho fue incluido en ella. El año pasado se supo que Américo
Balbuena, un supuesto corresponsal de medios alternativos, que se relacionaba
con muchos activistas, era un oficial de la policía, que se había infiltrado
en una organización durante más de 10 años. Tampoco es una novedad: desde
hace muchos años policías u otras fuerzas represivas se infiltran en manifestaciones
u organizaciones vestido de civil o disfrazados. Para solo recordar
un personaje de antaño, el comisario uruguayo Luis Pardeiro,
que sería vengado por anarquistas expropiadores en la década de 1930, recorría
el Rio de La Plata y las fronteras entre Argentina, Uruguay y Brasil, vestido
de “zaparrastroso” haciéndose pasan por inmigrante para infiltrarse y “cazar
anarquistas”. Todos ellos “vestidos de civil”. Cada pedido de “más policía” o mayores fuerzas represivas, en lugar de evitar
muertes como la de Ezequiel Castagnari, lo que sucede, muchas
veces sin que las víctimas de inseguridad lo sepan, es incrementar esas prácticas
espurias. Sabrina Olmos tenía 15 años. Iba a la escuela
Félix Burgos, en el Partido de Morón. En la
mañana del lunes 25 de agosto pasado, Sabrina estaba en el patio de
la escuela durante el recreo cuando una bala de calibre 9 milímetros impactó
en su cuerpo quitándole la vida. En las inmediaciones de la escuela,
la policía perseguía a presuntos delincuentes con quienes habrían tenido un
tiroteo. En el episodio capturaron a uno de ellos armado en quien recayeron
las principales sospechas reproducidas por los medios masivos. Ese mismo día,
vecinos se movilizaron hacia la escuela exigiendo seguridad. La noticia fue
el titular del día en todos los medios. Los noticieros y canales de noticias
lo repitieron una y otra vez durante toda la jornada. Por la tarde-noche de ese día, vecinos concentraron en la puerta de
la escuela reclamando justicia y “mayor seguridad”. El titular de la
Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, Claudio Oviedo,
esa tarde informó que en poder del delincuente detenido había un revólver del
calibre 32 largo y que la perito de Gendarmería Nacional que trabaja en las
pericias le dijo que "de esa arma secuestrada hay dos vainas servidas, hay otros
cartuchos intactos y en algunos hay signos de percusión sin que hubiere salido
el disparo". Al día siguiente las pericias indicaron que la bala era de calibre 9 milímetros,
lo que absuelve de esa muerte al detenido acusado que llevaba un revolver calibre
32. La munición que acabó con la vida de la joven Sabrina Olmos en el
patio de un colegio pertenece a una pistola 9 milímetros de la Bonaerense,
ya que los investigadores habían secuestrado 16 armas de ese calibre que pertenecían
a la policía provincial, además del arma calibre 32 del acusado. Unos pocos
medios regionales se animar a titular que la bala provenía de la policía, los
medios y cables más masivos solo utilizaron el viejo y conocido modo condicional:
“sería”, “habría sido” o simplemente “investigan si…”. Tres días después la noticia prácticamente había desaparecido de los medios,
aparentemente el mayor y más violento accionar de la policía que algunos agoreros
de la seguridad reclaman, habría sido el principal causal de otra muerte inocente.
O, para quitarle dramatismo y reflejar la insensible frialdad del lenguaje institucional,
en lugar de “inocente” podríamos decir “civil”. El pasado 30 de agosto fue el “Día internacional de las víctimas
de desapariciones forzadas” declarado por la ONU en el año 2010.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir
el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica
genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta
a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido
en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
Entre los principales motivos de preocupación figura el acoso a parientes de
las víctimas y defensores de Derechos Humanos. Francisco Nuñez estuvo detenido entre el 1 de junio de 2013
hasta el 25 de agosto de 2014. Un año y dos meses. Estuvo en Devoto, en Ezeiza
y finalmente en Marcos Paz. Su hermano Diego Nuñez, había muerto asesinado
por la Policía Federal en Caballito, Ciudad de Buenos Aires el 19 de
abril de 2013 mientras salía a festejar su cumpleaños con amigos. Después de
que Francisco pase más de un año preso sin motivos, se pudo demostrar
que la causa había sido inventada. No es el único caso de un familiar
de una víctima de la represión institucional en ser hostigada. Pablo Pimentel es un conocido y destacado miembro de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. Entre muchas
otras causas, Pablo acompañó a los familiares de Luciano Arruga,
desaparecido en enero del 2009, cuando ninguna institución gubernamental ni
medios de prensa masivos abordaban el caso. Debido a su permanente acompañamiento
a las víctimas de abuso policial, se ha montado contra Pablo Pimentel y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza una campaña de estigmatización
por parte de los medios de comunicación adictos al poder y se ha llegado al
armado de una causa judicial por el supuesto delito de haber instigado falsas
denuncias de un grupo de jóvenes contra la Policía, a raíz del asesinato
del joven Gabriel Blanco en marzo de 2007, investigación fortalecida
por la denuncia que quienes compartieron con Blanco la detención. El pasado
viernes 29 de agosto, la APDH convocó a una conferencia de prensa para explicar
la situación. Los medios alternativos difundieron la convocatoria, pero los
medios masivos no se presentaron ni hicieron mención alguna de ella. Volviendo al “Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas”,
otra de las preocupaciones es “el uso por los Estados de la lucha contra el
terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones”. Menciones
de situaciones recientes que coinciden con esta preocupación hay de sobra. Desde
un ministro acusando a trabajadores ferroviarios por la existencia de
basura en un tren, cuando hubo una masacre hace poco tiempo en esos
mismos trenes, la existencia de la “Ley Antiterrorista”, o la “excusa
narco” para que una topadora pase por encima un asentamiento precario destruyendo
las precarias viviendas de más de 1000 personas, incluidos niños indefensos.
En relación a esto último, también en la declaración de este día se llama a
“prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente
vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.” (Fuente:
http://www.un.org/es/events/disappe...) Más allá del ya conocido rol decorativo y burocrático de la ONU, resulta pertinente
recordar la infinidad de veces que las instituciones no cumplen con
sus declaraciones. También resulta pertinente el uso de estas simbologías
para recordar a quienes pretenden hacernos olvidar: Luciano Arruga,
Julio Lopez, Daniel Solano, Facundo
Rivera, y muchos otros desaparecidos en estos últimos años. También
a Mariano Ferreyra, Diego Nuñez, Matias
Casas, Kevin Molina, Sergio Gabriel Vaca,
y tantos otros casos de gatillo fácil… PRESENTES! “Ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante.” George Orwell Notas relacionadas: - La
movilización que rompió un cerco: la historia de Luciano Arruga1) “Un hombre de leyes”
2) “La vida por un gol”
3) “Sin el uniforme”
4) “La bala perdida”
5) “Presentes”
www.anred.org/spip.php?article8437