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Piedra Blanca: Una toma de conciencia jurídica
Por republicado / ECOS Córdoba -
Wednesday, Sep. 17, 2014 at 11:23 PM
Hombres y mujeres inmigrantes, entran en la historia de las disputas por tierras con la seguridad de tener acceso a la vida digna, en un entramado vincular del “cordobesismo” que marca las diferencias de poder.
Ph: Vale Colectivo Indymedia Córdoba
Informe especial ECOS Córdoba
Por Melina Dassano | @Melidassano
Paulina Gómez Pascale | @Pauligpascale
Al recibir el comunicado del Encuentro de Organizaciones (EO)- organización social que acompaña la lucha de Piedra Blanca -, como debería hacer todo periodista al igual que un fiscal, comenzamos a seguir el caso de los habitantes de la comunidad en conflicto, ante la confusa situación en que se imputaron a 24 personas.
Fue el mismo 23 de Marzo del corriente año cuando nos anoticiaron que elevarían a juicio la causa por toma de tierras en Piedra Blanca: “El pasado viernes 21 de marzo, la fiscalía Distrito IV Turno 3° de la provincia de Córdoba, a cargo de la Dra. Romero Díaz, ha notificado la requisitoria de elevación a juicio por Usurpación a los habitantes de la comunidad de Piedra Blanca, al sur de la ciudad de Córdoba, quienes desde hace más de un año vienen resistiendo numerosas agresiones, persecuciones e injusticias por parte del sistema judicial de la provincia, la policía, los empresarios inmobiliarios y los gobiernos provincial y municipal, por “el terrible delito” de exigir tierra donde vivir dignamente” rezaba el comunicado de prensa enviado desde el Encuentro de Organizaciones.
PH: Vale Colectivo Indymedia Córdoba
A más de 10 km en las afueras de la ciudad de Córdoba vivían en el predio, once familias. En la tarde de un sábado del mes de enero del año 2013, en su resistencia cotidiana un grupo de inmigrantes bolivianos (trabajadores de los cortaderos), comenzaron de manera pacífica con la posesión de un pedazo de tierra, con el objetivo de construir en un futuro no muy lejano, un techo para poder vivir dignamente.
El terreno donde se sostuvo la toma, forma parte de 75 hectáreas que por un período de más de cuarenta años no registraron ingreso impositivo. Hugo Daniel Galetto, se presentó como único denunciante y poseedor de esas tierras junto a otro posible dueño – de apellido Mathov-, quien tenía los títulos, este último tan solo se encargó en este proceso, como bonaerense, de marcar la cancha y alambrar las parcelas. Alejandro Perez Moreno - defensor de los productores rurales en el juicio a la fumigaciones de 2011-, y abogado de Galetto, sostuvo en ese entonces que su cliente reclamó la posesión de la tierra y el urgente desalojo de esas familias.
Ph: Vale Colectivo Indymedia Córdoba
La comunidad afectada de Piedra Blanca trabaja en la fabricación de ladrillos de adobe y hace más de un año lograron un pequeño emprendimiento avícola. Aquí los trabajos están divididos, los hombres trabajan con la tierra y los ladrillos, mientras que las mujeres a veces ayudan a apilar y se encargan de la producción de pollos.
Marina, esposa de Raúl, cuenta que hace tiempo intentaron tener su huerta, pero necesitan agua para poder mantenerla. Sucede que en los últimos 20 años, la población de Piedra Blanca carece de agua y luz – solo cuentan con un pozo a 115 metros de profundidad y de agua salada – con la falta de participación de organismos públicos en la zona y la ausencia de escrituras que llevan el mismo tiempo, dos décadas.
“Nos quemaron la cabeza de la toma”
Una de esas noches silenciosas, alrededor de las cuatro de la madrugada, los policías llegaron y “nos quemaron todo”, relata Raúl describiendo su casita de ladrillos de adobe y techo de plástico. Recuerda que el pasado 9 de enero del 2013, realizaron una denuncia en la Unidad Judicial de la Comisaría Nº 4, de la ciudad de Córdoba, luego de que la policía les impidiera ingresar al predio -el día anterior-, al incendio de la vivienda. Marina insiste: “Nos quemaron la cabeza de la toma”. Y… “el cuerpo solo no pudo llegar”- continúa Raúl. “¿A dónde vamos ahora?”, se preguntó el hombre con acento andino.
A principios de marzo, con la intervención de topadoras, alambraron por primera vez las tierras del predio y sin ninguna orden judicial, demoliendo parte de las construcciones. En ese momento la toma estaba solo con los habitantes de guardia, el resto de las familias se encontraban en sus lugares de trabajo. Esta modalidad de acción ya se ha replicado en muchos casos de desalojos campesinos en la provincia, como el caso de la Familias Gonzáles- Bulchi del departamento Río Primero.
Para los habitantes -según los relatos vividos y denunciados-, la vivienda digna, es un derecho para algunxs y no para otrxs. Paulina (inmigrante) relata, entre llanto de madre, el dolor que le causa aún hoy el despojo de la tierra. Repite una y otra vez una de las frases que le produjo semejante sensación: “Regresen a sus cortaderos. Están haciendo sufrir a sus hijos”; mensaje (a modo de recordatorio) de los funcionarios del gobierno.
A su vez, Raúl, miembro de la comunidad de Piedra Blanca, nos confirmó que fue el mismo gobierno quien intentó negociar 
con ellos: “En un tiempo vinieron con cheques para pagarnos los alquileres -por tres meses- pero nunca llegó nada”. El seguimiento de la negociación continuó su curso. “Vuelvan a sus puestos, nosotros vamos a pagarle el alquiler”, les decían supuestas (escribanas), funcionarias públicas que no sólo llegaban para hacer su trabajo, además de negociar una posible salida del predio. Incluso se presentaron trabajadoras sociales con el objetivo de relevar nombres, pero ”nunca tomaron nada en serio”, expresó Raúl, y agregó que fueron amenazados “si no se van le quitamos a los niños”.
“Yo no soy quien manda, soy un vecino más que lucha por un terreno”. Y así el gobierno le decía “… que te doy veinte mil, sacame esa gente; en un tiempo me ofrecieron estufas, garrafas, chapas (tres por familia)”. En otra oportunidad lo trataron de empresario “…que yo tengo a la gente con engaños” comentó Raúl ironizando el contexto precario en el que vivían.
Hace 9 años viven en Argentina, con dos hijas bolivianas y dos argentinas, nacidas y criadas en Piedra Blanca. “Es una vida hecha, cambiarte a otro ambiente resulta difícil”, aclaraba Raúl en su resistencia a lo que implicaría un nuevo despojo en su vida. Al preguntarles cómo pasaron el invierno: “Así como estamos” declaró el jefe de hogar. Para las familias, fueron cuatro años de frío que trataron de superar en el territorio.
Construyendo Identidades
Las acciones sociales de organizaciones de base, fundaciones, llegaron para ayudar de buena fé. En el caso de la Fundación Gracia – cada 15 días se acercan a Piedra Blanca-, realizan atención a la salud, escolaridad, entretenimiento y sanidad animal. “Siempre están…hasta para charlar”, menciona Raúl, agradecido. Y así, varias organizaciones sociales, políticas, sindicales, en distintos tiempos les facilitaron el acceso a la documentación, al monotributo y subsidios para los niñxs. Así mismo no alcanza cuando un Estado sigue ausente y no solo la cultura los iguala, la memoria también los nivela en un estado de abandono y de gran sacrificio en todos estos años.
Manuel Rivera, Fundación Gracia, testigo de la causa que inició la Fiscalía Distrito IV Turno 3°, con respecto a las denuncias de usurpación de la toma, aclaró: “No existió nunca el alambrado. Además, yo tengo las fotos aéreas del momento, porque las saqué sobre las tierras. Esas fotos las tiene la justicia”.
Ph: Vale Colectivo Indymedia Córdoba
La toma de conciencia llega también a los sindicatos, en una forma de reclamo laboral con la intervención de momentos que contiene la cuestión de los cortaderos de ladrillos. Se enfoca este proceso de transformación desde la interacción de los actores sociales involucrados en ella y su relación con el Estado. Como interventor Leandro Vallejos nos relata: “Hemos encontrado trabajo infantil, trabajo de la mujer, en la acumulación de la parte empresarial de las herramientas del sindicato, con el beneficio de lograr en un 100% una actividad a destajo”. Significa hacer trabajar a todo el grupo familiar con la promesa de mayor ganancias económicas en el tiempo, y aquí se marca la situación de explotación, y ante estas grandes anomalías se logra la intervención del sindicato.
La comunidad boliviana – con trabajo a destajo- se incrementa con el beneficio de cambio económico de los años 90, donde le conviene ingresar al país, para trabajar por temporada – en la alta se llega a 8000 trabajadores, la mayoría en negro- en estas actividades donde según Vallejos “son explotados por una nueva figura creada por la patronal – los medieros- nombrado como “el patrón”, quien es socio solidario, bajo una figura de estafa. Nos comenta el sindicalista que citaron en su momento al dueño del lugar, un tal Marchetti, se presenta con un testaferro, se trata de Felipa Donata. Mientras, el verdadero dueño se encuentra oculto. ¿Será Marchetti familiar directo del fiscal de Carlos Paz, Gustavo Marchetti, quien llevaba la causa de desalojo en Cuesta Blanca?
La clase dominante de “medieros” en un 80% no cuenta con contrato por explotación en la tierra, llegando a pagar entre un 10 a un 20% de la producción- son salarios bajos-. En temporada habrá un 50, otros 60 a un 30% de trabajadores registrados. El sindicato, según el grado de explotación, los separa en dos sectores “zoológico – donde están los afiliados- y la jungla, “donde estamos trabajando” como nombres simbólicos según nos menciona el gremialista, pretendiendo darle un visto político a la cuestión, acompañando a los emprendimientos familiares y cooperativas en el marco del régimen legal.
“El Estado ayuda al desarrollismo, ya hay causas que demostraron que ellos son tan estafadores como otros. Los trabajadores de escasos recursos no tienen otra forma de acceder a la tierra, ante la falta de políticas de tierras”, en el cual confirma que faltan buenos suelos, además, para la producción.
Pilas de ladrillos que se asocian a una situación de pobreza, donde no pueden ni siquiera lograr construir su propia casa. Desde esta mirada el sindicato apoya la toma, considerando que no había nada construido en las parcelas ocupadas, eran solos yuyos, según testimonios de Leandro Vallejos, quien nos confirma que luego de la noticia de la toma aparece un posible dueño, con “emprendimientos armados y una vez más se posterga a la clase baja. Esa es la política de esta provincia, primero los capitalistas y empresas desarrollistas, después los demás. Nosotros tenemos que estar al lado de esta situación, es una decisión tomada: luchar por los derechos, a la tierra, al trabajo digno en una toma pacífica ”.
Conflicto de Tierras
Detrás de esos primeros y limitados protagonismos del Estado provincial, la justicia dejó en su momento a 24 imputados por la supuesta toma ilegal de tierras, de los cuales nueve familias necesitaban un espacio en el que vivir y trabajar. Dolores Romero Díaz, es la fiscal que participó en la causa y quien dictó el desalojo del predio el pasado 9 de enero, por una denuncia efectuada por supuestos dueños de las tierras. El cuestionado Galetto, quien además tiene demandas de usurpación por un nuevo emprendimiento desarrollista y denuncias por fumigaciones ilegales, por los viejos habitantes del lugar. Según registros de los vecinos, los trabajadores de la construcción que avanzaron en dicha obra, fueron retribuidos con cheques sin fondo. Al señor Galetto se le adjudica la construcción de un country de su propiedad, en una zona lindera a la toma, y desde donde provinieron las topadoras que arrasaron con la toma, donde supuestamente no se puede “innovar”.
Aviso publicado en Aula Maula
Según un estudio realizado por el equipo de investigación Llano en llamas, en nueve años (2001-2010) hubo un aumento de los asentamientos marginales en un 62%. Esto se debió a una prioridad del uso del suelo para la inversión y el desarrollo de carácter privado, además de un inminente atraso de infraestructura social, habilitación de servicios básicos, entre otros. Piedra Blanca encierra una larga problemática que tiene muchos actores con diferentes intereses sobre “la posesión de la tierra”, tanto para para vivirla como para trabajarla.
Ph: Vale Colectivo Indymedia Córdoba
En la zona de Piedra Blanca hay grandes extensiones de tierra, la mayoría sembrados con soja -donde hoy fumigan alrededor de las tres de la mañana-. Los terrenos del predio muestran indicios de haber sido tierras sembradas y trabajadas hasta dejarlas secar, y en otras no hay más que maleza. La mayoría sin alambrar. Cruzando la ruta nos encontramos con montañas de basura de Cormecor que han superado la cota de 1 metro, alcanzando los 8 metros de altura. Raúl nos recordó que éstas tierras no serían aptas para habitar porque sería difícil llevar los servicios hasta allá. Sin embargo. EPEC tenía que realizar una obra de 132 mil voltios en la zona del basural, según explicó en su momento Gabriela Faustinelli de ambiente de la municipalidad de Córdoba, al diario Día a Día.
Las cambios generaron distintos vínculos sociales. Durante el tiempo que la toma de tierras estuvo en pie, las familias de la comunidad de Piedra Blanca padecieron amenazas y hostigamientos, donde la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia intentaron de esta manera encontrar una solución de hábitat.
Durante noviembre y diciembre del 2013, el municipio de Córdoba, desde la Dirección de Hábitat, buscó generar un acuerdo, pero según Martín Hissa, abogado defensor, “nunca hubo una propuesta concreta, ésta no ofrecía un pedazo de tierra, sino que prometía una factibilidad, la posibilidad de gestionar la factibilidad de agua y cambiar el patrón de uso de suelo, pero nunca se llegó a nada”.
Fue a principios de marzo cuando Paulo Messori, de la Dirección de Escrituración de Vivienda Social de la Provincia, ofreció a las nueve familias que quedaban en el lugar, trasladarse a unos lotes de la provincia en barrio Villa Angelelli II y que se encuentran, según el conocimiento del funcionario, desocupados a 1km del predio.
Los vecinos del lugar, en un primer momento, rechazaron el traslado de las familias, y se generaron enfrentamientos. “Ellos no querían que se mudaran los de Piedra Blanca, porque son bolivianos”, comentó Dolores Arancio, militante del Encuentro de Organizaciones.
Las familias de ladrilleros tampoco vieron con buenos ojos el lugar, porque al llegar al barrio vieron que los terrenos no solo estaban alambrados, sino que había casas construídas y gente viviendo en ellas. “Nos querían poner encima de otros, enfrentar pobres contra pobres”, expresó Raúl, y siguió: “ellos van a voltear esas casas -en Angelelli-, para ponernos a nosotros”. Luego, Messori hizo una contrapropuesta a los vecinos del barrio, prometiendo que si hacían el loteo iban a poder llevar transformadores, luz, agua y otros servicios.
Pero si bien la articulación directa entre la problemática de tierras y el conflicto político se manifiesta de manera violenta, tampoco lo pueden establecer de otra manera, porque sería para la política tradicional perder el orden del mandato patriarcal, una disociación completa entre éstas dos problemáticas, como lo ha pretendido hacer la élite económica de cualquier país.
Fotografía > Vale Colectivo Indymedia Córdoba
Paulina, en declaración con nuestro medio, se dispone a contar el maltrato que han sufrido las mujeres por parte de la policía. “Bolivianas (…)”, y repite una y otra vez una palabra del lunfardo cordobés, que figura en policía judicial como un antecedente en el marco de la violencia psicológica hacia las mujeres. Por ésta razón hubo denuncias realizadas al INADI, pero no prosperó por falta de prueba sonora. Lo lamentable es que “no tenemos ni celular para grabar”, menciona Paulina. Siendo los mismos policías habituales de la guardia, quienes además recibían comida de la toma. “Por culpa de ustedes estamos acá”, acusaba la fuerza de seguridad al tiempo que aseguraban tener la orden judicial sin prueba alguna.
Y como aseguró el abogado del Encuentro de Organizaciones, Sergio Job: “Ya esta para clausurar la instancia, por eso piden la elevación a juicio, sin elementos de convicción, nos acusaron de un delito que no existió”.
Finalmente, el Juez de Control n° 8 afirma: “En síntesis, del material probatorio colectado en autos no surgen pruebas que permitan sostener, con grado de probabilidad, la calificación legal dada al hecho atribuído a los encartados – Usurpación – (art. 181 inc. 1° del Código Penal), por lo cual corresponde declarar que no existe mérito suficiente para elevar a Juicio las presentes actuaciones”. Siguen las investigaciones, seguiremos informando.
Escuchar entrevista con miembros de la comunidad
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