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Protesta nacional en México por la desaparición y masacre de 43 estudiantes
Por Internacionales - Indymedia Argentina - Thursday, Oct. 09, 2014 at 12:59 AM

Terrorismo de Estado en la ciudad mexicana de Iguala, Guerrero: gobierno utiliza al crimen organizado contra las organizaciones sociales

Protesta nacional en México por la desaparición y masacre de 43 estudiantes

El 4 de octubre fueron hallados restos de decenas de personas carbonizadas en fosas comunes en los alrededores de Iguala, en el estado de Guerrero. Serían estudiantes rurales de Ayotzinapa desaparecidos hace 15 días luego de brutales hechos de represión policial.

Organizaciones sociales mexicanas reportaron que en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, y sus inmediaciones, al caer la noche del 26 de septiembre, policías municipales, estatales y federales llevaron a cabo una serie de agresiones con extrema violencia, entre los que se contaron un ataque a disparos sobre autobuses que transportaban estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y un segundo ataque cuando los jóvenes realizaban la denuncia a los medios de la primera agresión, entre otros hechos, que dejaron un saldo de al menos 6 personas asesinadas -uno de ellos, un estudiante que apareció muerto con signos de tortura- y 43 estudiantes desaparecidos. Luego de largos días de búsqueda y denuncia, el 4 de octubre se informó el hallazgo de restos humanos de 28 personas en tres fosas clandestinas descubiertas a partir de la confesión de un policía detenido luego de los ataques.

Esto ocurre en el marco de la agudización en México de “una campaña sistemática de criminalización de la protesta social, particularmente en los temas de educación, y por otro lado, el clima de terror y confusión que se ha promovido, alimentado y auspiciado, alrededor del contrabando, el narcotráfico y las matanzas cotidianas relacionadas a estos hechos”, como ha señalado el sociólogo de la UNAM Andrés Avila Armella en el portal Rebelión.org. Los jóvenes “rebeldes, proletarios y campesinos” que vienen protagonizando las protestas por la educación se han convertido en uno de los objetivos principales de la represión gubernamental.

“Desde hace años, un sinnúmero de organizaciones políticas y sociales han venido alertando sobre la probabilidad de que el Estado mexicano utilizara el clima generado por el supuesto combate al narcotráfico, con la finalidad de reprimir al movimiento social. No es la primera vez que ocurre, aunque ahora el hecho es particularmente grave”.

Hoy a lo largo de México y en distintas partes del mundo se realizaron importantes movilizaciones y actividades solidarias, reclamando aparición con vida y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa.


Una madre muestra la foto de su hijo, uno de los estudiantes rurales desaparecidos por la policía.

Violencia policial, asesinatos y desapariciones

En el primero de los hechos de represión policial ocurridos en Iguala el 26 de septiembre, hacia las 21 horas fueron atacados a balazos, sin advertencia previa, tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que regresaban luego de haber realizado una colecta en la capital. Luego de salir de la central con dirección a Chilpancingo, patrullas policiales abrieron fuego y cerraron el paso a los autobuses, los cuales se detuvieron y los estudiantes empezaron a descender.

Sin mediar palabra los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien al día de hoy se encuentra en estado vegetativo.

Los estudiantes que se encontraban en el último autobús fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. Los testigos afirman que la balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos.

A las 24 horas, los estudiantes informaban sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar de los hechos, junto a diversas organizaciones sociales, cuando arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas que nuevamente empezaron a disparar indiscriminadamente. El saldo de los eventos fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo, y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además de cinco estudiantes heridos graves y dos de los profesores que se encontraban ahí. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos.

Los 43 estudiantes que se encuentran desaparecidos se cuentan entre los detenidos por la policía en los primeros hechos en la carretera, más varios de los que se dispersaron durante el segundo ataque.

Además, fueron reportados en la ciudad otros tres ataques llevados a cabo en las mismas horas de la noche del 26 de septiembre por la policía: el realizado a cargo de un grupo de choque contra estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero; el ataque a balazos contra un camión que transportaba al equipo de futbol de tercera división “Los Avispones”, que desbarrancó; y otro ataque más, en este caso contra un contigente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.

La fosa y el horror

El sábado 4 de octubre, el procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, informó que se habían hallado 28 cuerpos en fosas clandestinas, en diversos estados de descomposición, aunque todos habrían sido quemados antes de ser enterrados y su identidad se desconoce hasta el momento.

El hallazgo fue realizado con información obtenida de las declaraciones de policías municipales detenidos tras los hechos de violencia del 26 de septiembre.

El procurador aseguró también que las investigaciones revelaron que los policías de Iguala habrían entregado a 17 estudiantes al cártel “Guerreros Unidos”, una organización criminal local ligada al narcotráfico, para ser asesinados.

Esta información, según el procurador estatal, se desprende de las declaraciones de Martín Alejando Macedo Barreda, vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos Berver, sicario de “Guerreros Unidos”, ambos detenidos recientemente, quienes confesaron haber asesinado a 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde mantenían fosas clandestinas. Blanco explicó que con las declaraciones de estos dos detenidos se logró identificar a 30 miembros de la policía municipal preventiva de Iguala como integrantes de los Guerreros Unidos.

Algunos de los policías encargados de la seguridad de las fosas filtraron a la prensa que “los quemaron vivos”, según un cable de la agencia Reuters. “Pusieron todos los cuerpos en la fosa, les echaron diésel y les prendieron fuego”.


El EZLN expresó su solidaridad con los estudiantes normalistas.

El crimen organizado para matar luchadores sociales

Los movimientos sociales han denunciado que el gobierno utiliza indiscriminadamente a la policía y al crimen organizado como herramientas represivas.

Entre ellos, autoridades indígenas y comunitarias del estado de Guerrero reclamaron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Le atribuyen hechos de corrupción al encubrir a los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes e incertidumbre sobre posibles asesinatos.

Desde la organización indígena comunitaria “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Policía Comunitaria (CRAC-PC)” denunciaron que “es indignante la manera tan cínica y perversa con la que los funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal se encubren, se acusan y tratan de lavarse las manos”, por el ataque cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa.

La organización señaló que el gobierno se mezcla con “delincuentes comunes” para silenciar la protesta social, y lo califica de “cínico” porque simula que investiga, mientras “asesina, desaparece y encarcela a luchadores sociales”.

Los portavoces indígenas sentenciaron que Aguirre es el autor de la represión contra diversas organizaciones: el Consejo de Ejidos, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y de la propia CRAC-PC porque hasta la fecha sigue respaldando al “criminal Eliseo Villar quien ha extorsionado a comunidades de la Costa Chica Montaña Alta”; y enfatizaron que la solución es fortalecer las organizaciones porque “ha llegado la hora de que se vaya Aguirre”.

Entre el amplio conjunto de organizaciones se ha pronunciado también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamando a actuar “en México y en el mundo”, “en apoyo a la comunidad de la escuela Normal de Ayotzinapa y por la demanda de justicia verdadera”. Los zapatistas se movilizaron hoy en Chiapas en el marco de la marcha nacional mexicana convocada por familiares y estudiantes.

En el ámbito internacional, el martes la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado norteamericano demandaron al gobierno mexicano el esclarecimiento de la masacre “cuanto antes”, según informó el periódico La Jornada. Antes, el pasado viernes 3 de octubre, la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dio a conocer una resolución en la que solicita al gobierno mexicano que adopte medidas para determinar la situación y el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

El Estado mexicano contra los jóvenes rebeldes, trabajadores y campesinos

Estos hechos, como ha señalado el sociólogo Andrés Avila Armella en Rebelión.org, se dan en el marco de la agudización en México de “una campaña sistemática de criminalización de la protesta social, particularmente en los temas de educación, y por otro lado, el clima de terror y confusión que se ha promovido, alimentado y auspiciado, alrededor del contrabando, el narcotráfico y las matanzas cotidianas relacionadas a estos hechos”.

“Desde hace años, un sinnúmero de organizaciones políticas y sociales han venido alertando sobre la probabilidad de que el Estado mexicano utilizara el clima generado por el supuesto combate al narcotráfico, con la finalidad de reprimir al movimiento social. No es la primera vez que ocurre, aunque ahora el hecho es particularmente grave”.

Agrega el sociólogo en su artículo el detalle preciso de que en la órbita del Estado mexicano, en los últimos 14 se ha encarcelado a casi 2.200 estudiantes normalistas, en operativos donde “no sólo se ha detenido a los mismos, sino también se les ha golpeado, disparado y torturado en distintas modalidades, incluso, el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados en un operativo”.

“El asunto es muy claro, la creciente represión contra los opositores, particularmente estudiantes de origen proletario-campesino, y particularmente contra los normalistas rurales, es contundente”.

Entretanto, el Estado mexicano promueve que se prolongue el período de confusión sobre los hechos de Iguala para así evadir su responsabilidad en los hechos. Un ejemplo de esto es que para el gobierno de Aguirre hay 43 desaparecidos, pero los estudiantes normalistas de Ayotzinapa reportan 38. Los estudiantes señalaron que desconocen la lista y las fotografías dadas a conocer por las autoridades estatales, pues indicaron que “no fue elaborada por los normalistas. No hay una lista definitiva y seguimos en la búsqueda de nuestros compañeros”.

Desde el lunes, el ejército y la gendarmería mexicanas se hicieron cargo del control de la ciudad, lo que algunos pobladores señalaron como “espectáculo mediático”, ya que el ejército cuenta con una base en Iguala y “nunca hizo nada”.


La marcha hoy en la capital mexicana. Foto: Roberto García, La Jornada.

Protestas y marcha nacional

Los estudiantes y familiares convocaron a una marcha nacional en México este miércoles 8 de octubre, que fue acompañada por actividades solidarias de denuncia y demanda de justicia en distintas ciudades de América y el mundo.

En el distrito federal de México se movilizaron al menos quince mil personas, con la participación de contingentes de Guerrero, de varias institutos de educación superior, como la UNAM y el IPN, y organizaciones de derechos humanos entre muchos otros. A lo largo de la marcha corearon frases como “¡No están solos!” y “Pedimos educación y recibimos balas”. Culminaron en un acto en el cual tomaron la palabra padres de alumnos desaparecidos y estudiantes, en tanto que el actor Daniel Giménez Cacho y el músico Rubén Albarrán, de Café Tacvba, leyeron un pronunciamiento firmado por numerosas organizaciones.

En San Cristóbal, Chiapas, el EZLN se manifestó en silencio por las calles bajo la consigna “Su dolor es nuestro dolor. Su rabia es nuestra rabia”.

Se realizaron actividades solidarias en ciudades de Argentina, el Reino Unido, Alemania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Canadá, Uruguay, Bolivia, España, Estados Unidos.

El día previo a la marcha nacional, en Iguala el martes cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), apoyados por padres de familia, tomaron dos emisoras de radio y las instalaciones de la Procuraduría del estado, en donde colocaron en las paredes de los pasillos y oficinas cientos de fotografías de sus compañeros desaparecidos. En otro acto, familiares de los normalistas desaparecidos, habían lanzado piedras a la residencia oficial del gobernador Ángel Aguirre y volcaron un auto frente a la residencia.

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Con información de Indymedia México, La Jornada, Rebelión.org, Desinformémonos, teleSUR, Animal Político, Agencia Russia Today, Agencia Reuters.

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