Nuevas muertes en cárceles argentinas
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 10, 2014 at 10:42 AM

Mientras se inicia el debate para reformar el código procesal penal, que apunta a juicios más ágiles e inmediatos, y se discute desde distintas posturas cuántas personas detenidas hay en el país, con o sin condena, y cuántas son liberadas, las condiciones de encierro y la violencia que se vive dentro de las cárceles son cada vez más inhumanas. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina - En las últimas semanas se produjeron al menos cinco muertes en distintas cárceles del país. Luis Gabriel García Camacho fue hallado ahorcado el 8 de setiembre dentro de la celda de aislamiento donde había sido ingresado minutos antes, en el Pabellón I, Unidad Residencial III, del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El 16 de setiembre Martín Gabriel Palacios murió como consecuencia de las heridas de arma blanca sufridas en el marco de una pelea entre detenidos en el interior del Pabellón F de la Unidad Residencial VI del CPF I de Ezeiza, que el personal penitenciario no evitó.
El 19 de setiembre Carlos Ángel Taborda falleció en el Hospital Tornú, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal, ya que antes de la internación estaba detenido en la Cárcel de Devoto. Aunque su fallecimiento fue asociado a una patología de origen oncológico, existe una investigación administrativa que indaga acerca de la adecuación de la asistencia médica brindada dentro del complejo penitenciario, además de evaluar el diagnóstico brindado.
El 20 de setiembre, Edison Rubén Heredia Davila falleció en el Instituto de Seguridad y Resocialización, de la Unidad Nº 6 de Rawson. Las primeras versiones indicaban que la muerte habría sido provocada por asfixia, luego de un conflicto entre detenidos en el Pabellón 10. El crimen tampoco fue evitado por el Servicio Penitenciario.
En tanto, un interno de la Unidad 5 de la Cárcel de General Roca, en Río Negro, murió luego de haber sido hospitalizado tras la golpiza recibida por agentes penitenciarios. Daniel Casas de 22 años había llamado unos días antes a su madre para pedirle el número de la Procuración Penitenciaria de la Nación para denunciar que tenía lastimado un brazo, la garganta, además de una costilla rota. Luego se sucedieron varias versiones como “incendio” y “ahorcamiento”. Lo cierto es que tras el fallecimiento del joven, su familia sospecha que fue asesinado para evitar que denuncie lo que estaba viviendo. Roxana Genovés, del servicio público de la Facultad de Derecho y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogada de confianza de la familia de Casas, hizo declaraciones para la Agencia para la Libertad en las que denunció: “el chico alertó sobre su propia muerte a la madre tres días antes de su internación y fallecimiento. Mientras que la jefa de Asistencia Social de la Unidad 5, Fabiana Fernández, informó a Norma (Quiroga, mamá de Casas) el viernes que a su hijo le darían de alta, que solo falta una evaluación psicológica. Y el sábado llamó a mi celular comunicándome la muerte. Yo descarto la hipótesis del suicidio, le faltaba un año para la libertad, tenía proyectos y nadie lo vio deprimido. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la que fue internado?, ¿cuál es la causa de su muerte cuando ya tenía el alta médico? Todo esto es muy dudoso, el joven estaba bajo custodia y esa muerte debió ser evitada”.
Por su parte, Adriana Revol, Coordinadora Anticarcelaria Regional Córdoba, también realizó denuncias acerca de los maltratos que reciben los detenidos en la cárcel de Bouwer.
Revol explicó que se reciben pocas denuncias por miedo a las represalias y porque en general estas presentaciones son cajoneadas por el Poder Judicial provincial. Sin embargo, algunas logran filtrarse: “como es el caso de un hombre que denuncia vejaciones, por parte de empleados del servicio penitenciario, y los estudios preliminares confirmaron que el preso sufrió abuso sexual, luego de ser estaqueado en una de las camillas de sujeción que se encuentran en las enfermerías. (…) Después de un mes y medio, y después de haber padecido todo tipo de malos tratos, y torturas, ya se encuentra en libertad luego de no ser identificado en rueda de reconocimiento por haber sido imputado de robo calificado”, detalló Revol.
Otro caso que se conoció es el de Francisco José Sayago, atacado por otros detenidos, que le perforaron un pulmón, además de sufrir graves quemaduras en su cuerpo. Revol señaló que lo que se comenta es que esto se debió a que Sayago se negaba a participar del negociado que tienen algunos integrantes del servicio penitenciario y algunos presos con la venta de drogas.
A estos hechos se debe sumar que a comienzos de octubre, los detenidos del modulo MX1 de la cárcel de Bouwer iniciaron una huelga de hambre que debieron suspender a la fuerza cuando fueron reprimidos por el servicio penitenciario. Esta acción incluyó el traslado de varios presos a otros módulos, en algunos casos sin permitirles llevar sus mínimas pertenencias y sin informar a sus familias sobre sus nuevos destinos.
“Los reclamos de estas personas privadas de la libertad, y de muchos derechos más, es la igualdad ante la ley, después del fallo de la Suprema Corte que obliga al Superior Tribunal de Justicia, flexibilizar los criterios para otorgar el cese de prisión preventiva, debido al alto porcentaje de personas procesadas que tiene la provincia (de Córdoba). De los 900 recursos de amparo presentados, obtuvieron respuesta favorable solo el 27%, y consecuentes con su política, el poder judicial, otorgó, en su mayoría, la libertad a las personas que cometieron delitos económicos”, aseveró Adriana Revol, de la Coordinadora Anticarcelaria Regional Córdoba. Un reclamo que se extiende a todo el país, junto con el pedido de mejoras en las condiciones de detención.

Fuente: Agencia para la Libertad

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