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Originariamente (Neo)colonizados
Por republicado / ECOS Córdoba -
Monday, Oct. 13, 2014 at 2:16 AM
El devenir de los Pueblos Indígenas en la Argentina y Latinoamérica extractivista. Discursos y acciones más allá de la democracia.
@JavitoenRed
Por Débora Padilla
Vivimos una neocolonización, inserta en una sociedad de consumo tecnologizada y sustentada por un doble discurso de derechos conseguidos y políticas populistas parche. El intercambio de espejitos por oro cobra mayor vigencia ante Estados, asociados a grandes empresas y multinacionales, en los cuales la población deposita su voto, confianza y representatividad “democrática”.
Argentina y Latinoamérica vienen de siglos de opresión y violencia colonialistas, criollistas, populistas, militaristas, neoliberalistas y ahora progresistas… La misma chola con otra pollera (dirían en Bolivia).
@JavitoenRed
El racismo de Estado
A pesar de todos los esfuerzos estatales a lo largo de la historia, no se logró la construcción de una Argentina blanca y culturalmente homogénea. Muchos personajes de la historia trataron de menguar los efectos de la llegada de Europa en estas tierras naturalizando el genocidio y despojo con el nombre de “encuentro”. Estas interpretaciones, herederas del pensamiento colonial, devendrán en el racismo de Estado, perpetuado por los gobiernos argentinos desde la creación de la república hasta la actualidad y en un desconocimiento y rechazo por parte de la población argentina de su indianidad.
A veces pareciera que en el presente se inaugurara la posibilidad de un país culturalmente plural con programaciones “multiculturales”, sin embargo opera un doble discurso que al querer correrse del “racismo” se cae en el exotismo, en la visión pintoresca y folklórica del indio con lenguas extrañas, vasijas, tejidos y lejanos parajes que se narran desligados de sus conflictos, sus muertes, desventuras e injusticias.
Ayer fueron las campañas militares frente a un desierto desprovisto de humanidad y derechos las que realizaron una avanzada territorial llena de muerte, sometimiento e invisibilización; hoy ese régimen continua sobre las comunidades con desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, enfermedad, discriminación y olvido. Poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, desmontes, inundaciones, sequías, pobreza. Poblaciones desalojadas, perseguidas y reprimidas y asesinadas por policías provinciales, por gendarmería nacional, por patotas, por guardias para-policiales armados, por terratenientes sojeros, por empresarios mineros, petroleros, y punteros políticos provincianos. Millones de Argentinos insertos en una avanzada extractivista sobre territorios campesinos e indígenas, donde el monocultivo de soja que abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 en diez años pasó a ocupar 20 millones de hectáreas y la minería avanzó de 40 a 600 proyectos (creció 1500 por ciento). Donde el 2% de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra y son expuestos a más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año. En los últimos diez años, más de 200 mil familias han sido expulsadas de su territorio y datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país, pero la Red Agroforestal (Redaf), precisa que sólo en la región del Chaco argentino se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Donde el nuevo Código Civil se contradice con toda la legislación indígena vigente, violando el derecho a consulta, evitando legislar sobre territorio, ignorando a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades), ubicando a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). (Veasé: Reforma del Código Civil: Cruz Diablo)
Son 5 millones de personas en 1.800 comunidades que integran 32 naciones indígenas, sufriendo criminalización, militarización, coacción física y psicológica por defender el territorio y sus propias vidas. Sólo en los últimos 5 años ocurrieron al menos 18 asesinatos contra miembros de comunidades originarias (hombres, mujeres, niño/as, ancianos/as), cientos de represiones y en la actualidad hay más de mil indígenas judicializados.
Amnistía Internacional difundió en su Informe anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que Argentina incumple los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y vulnera la Ley de Emergencia 26.160 (que prohíbe el desalojo de comunidades). Estas leyes parche no combaten un modelo que continúan reproduciendo la negación y exclusión de las comunidades; modifican algo para no cambiar nada. En la ya nombrada ley 26.160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial, la misma no garantiza títulos de propiedad ni se ha cumplido en su concreción, a esto se suma la información brindada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) la cual viene siendo contradictoria, incompleta y, en algunos casos, falsa. Por omisión y/o por acción el etnocidio y el genocidio continúan en la llamada democracia, bajo el costo social, sanitario, ambiental y económico del modelo extractivo como la nueva bandera de un estado moderno progresista: el avance minero y la alianza gubernamental con Barrick Gold, la extracción de gas no convencional (conocido como “fracking”) y los acuerdos con la cuestionada Chevron, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) y el orgullo presidencial por las inversiones de Monsanto. Estos acuerdos, entre otros tantos, tienen consecuencias inmensas sobre las comunidades, violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. No es menor recalcar la recomendación presidencial a las comunidades indígenas de ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad, actitud que muestra la diferencia de cosmovisión sobre el territorio y la vida. Por un lado el modelo extractivo, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios a costa de todo y por el otro la visión indígena/campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida para compartir y cuidar.
El crecimiento y la consolidación de organizaciones indígenas ha sido una respuesta al avance de este modelo. Pero también está la sombra de aquellos sujetos y organizaciones que dejan de reclamar por sus derechos, (eligiendo ser) coptados por los subsidios y regalos estatales, abandonando así la denuncia de la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional. La realidad de las comunidades indígenas desmiente la publicidad empresarial y estatal: ni reconocimiento, ni reparación de la injustica perpetuada en más de dos siglos de república democrática. Para los pueblos indígenas argentinos, nunca dejaron de existir décadas ensangrentadas y llenas de dolor.
@LeandroRoss
¿Democracia indígena?
La democracia representativa demanda al sistema asumir su responsabilidad con los desfavorecidos a través de políticas sociales que funcionan como parches sin interpelar el cambio estructural de sistema. Es evidente que tampoco importa si las clases desfavorecidas pasan a conformar el gobierno, ya que son reabsorbidas y pasan a ser parte del mismo sistema, que domina, reprime y mantiene las relaciones de explotación y de desigualdad casi intactas. Entonces surge la problemática: ¿Qué sucede con los países que, a través de gobiernos progresistas, parecieran cuestionar al modo de producción capitalista, como ha venido ocurriendo en países de América Latina, cuando en los actos hay una clara mercantilización de la vida? ¿Cómo se garantiza una vida digna para toda la población indígena, mestiza, criolla y migrante, frente a una realidad que trasciende cuestiones étnicas, culturales, de género o etáreas y que no esté relacionada sólo a una sociedad de consumo? La democracia en este momento de la humanidad se conforma en la herida por la que supura la realidad de un modelo extractivo, justificando la injusticia y la destrucción en nombre del supuesto progreso sigue siendo la historia de 500 años. Es entonces que la pregunta resuena democracia: ¿para qué?, ¿para quiénes?
La democracia, al igual que los estados y los diferentes sistema sociales que se fueron dando a lo largo de la historia, son creaciones humanas que hemos aceptado resignadamente como si fueran el sol o el agua, como si siempre hubieran estado ahí y de los cuales necesitamos para sobrevivir. Frente a la naturalización de las instituciones es entonces tal vez el gran desafío de nuestras generaciones recrear algo nuevo, empezar a repensarnos como sujetos responsables de nuestros propios devenires, donde cada uno pueda representarse y dejar de esperar que otros lo hagan, reencontrarnos y construir algo nuevo más allá de nuestra condición étnica, cultural, de género o etaria, donde lo que nos una sea principalmente el respeto por la vida.
Espejitos para Abya Yala
El extractivismo permite explicar el saqueo, la acumulación, la concentración, la destrucción y la devastación colonial y neocolonial, así como la evolución del capitalismo hasta nuestros días. El Estado moderno surge a la par del Modo de Producción Capitalista: unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas, normalmente utilizando los recursos naturales de países empobrecidos. Con la globalización, esta relación se complejizó. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un ejemplo dramático de estas nuevas tendencias, la misma consiste en la combinación de inversiones para la construcción de mega proyectos de alto riesgo (carreteras, hidrovías, represas, centrales nucleares), con grandes inversiones del sector privado en la extracción de recursos (megaminería, fracking y la agroindustria). Es un modelo que acentuará el endeudamiento y acelerará a gran escala alteraciones a los paisajes y a las formas de vida en la región, donde los bosques, los ríos, los humedales y las montañas se ven como barreras al desarrollo económico y las vías de comunicación se vuelven medios para extraer los recursos naturales. La iniciativa está coordinada por 12 gobiernos sudamericanos (entre ellos Argentina y Bolivia), con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros dudosos organismos.
Por su parte los llamados gobiernos progresistas de América Latina, vienen siendo de los más agresivos a la hora de aplicar sus políticas extractivistas, aparte de la violencia ejercida, criminalizan la protesta tachando a las poblaciones y organizaciones de extremistas ecológicos, que no desean elprogreso y desarrollo de sus países, sin reconocer a ciudadanos que fundamentan su resistencia en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, en acciones enmarcadas en un estado de supuesto derecho. Es innegable un inminente Cambio Climático, Colapso Ecológico y Energético Mundial, provocado por el sistema que los gobiernos deploran en discursos, pero defienden en acciones, a pesar de la gravedad de sus efectos y donde las peores consecuencias hasta ahora se están manifestando sobre todo en los ecosistemas y territorios de los espacios más periféricos y las poblaciones más empobrecidas. América Latina exporta su naturaleza y su vida, dejando en los territorios sequías, inundaciones, aguas contaminadas, tierras empobrecidas, drenajes ácidos, extinción de especies, pérdida de soberanía alimentaria, poblaciones enfermas y empobrecidas.
Debo Padilla
El sistema trasvasa la condición étnica
A Bolivia se la percibe como el caso emblemático del triunfo de los pueblos, pero en la realidad está atravesada por desencantos. Un claro ejemplo de esto es el Tipnis, proyecto carretero donde no se consulto por la construcción del camino que partiría en dos una zona de reserva, ni por los contratos de explotación petrolera en ese territorio indígena llevados a cabo sin consulta. Allí, el Gobierno organizó grupos de choque para bloquear el paso de la marcha indígena que lo defendía, realizando cercos, privando al casi millar de indígenas (hombres, mujeres, niño/as, ancianos/as), el paso de alimentos, medicamentos e incluso agua y reprimiendo brutalmente. Hoy, uno de los autores de la represión y ex ministro de gobierno en ese momento, Sacha Llorenti fue premiado por el gobierno y es embajador de Bolivia ante la ONU.
Esta situación, entre muchas otras, muestra la continuación y profundización del modelo extractivo: millones de hectáreas del territorio puestas a disposición de las transnacionales, violación a los derechos humanos (indígena y no indígena), criminalización de la protesta, ataque y boicot a organizaciones indígenas que no acuerdan con los planes gubernamentales, entre otras muchas vejaciones.
En la Bolivia indígena mestiza actual, es un recurso retórico decir que se es indígena, cuando no hay una ruptura de los modelos hegemónicos que vinculan al país de los negociados con grandes transnacionales. Con la modalidad de pretendida nacionalización de los recursos, mediante la cual el Estado y las empresas comparten los mismos intereses dada su condición de asociados, se modifica el deber que el Estado tiene de ser garante de los derechos e intereses de la población, dando cuenta así de una tendencia a la manipulación donde el Estado Plurinacional, al igual que el Estado Colonial, esta despojando a los indígenas de sus derechos más elementales. Frente a esta situación las máximas organizaciones de indígenas rompieron el llamado Pacto de Unidad con el gobierno como protesta por vulneraciones a derechos colectivos indígenas y derechos humanos. El gobierno los calificó de “aliados de la derecha”, a través de una millonaria campaña de publicidad nacional e internacional. En el camino también muchas de las organizaciones y sujetos que se autodenominan indígenas (elijen) quedaron coaptadas por el entramado gubernamental/estatal, recayendo en sus lógicas y traicionando los preceptos más básicos de sus propias comunidades y cosmovisiones. Esto saca a la luz que una condición étnica no es garantía de que los sujetos salvaguarden los derechos e intereses elementales.
El discurso de la indianidad ha sido totalmente expropiado y manipulado, la cuestión indígena quedo como adorno multicultural al modelo extractivo. Dos cuestiones emergen en esta situación: Primero, desde la cosmovisión indígena no se pretende la apropiación de las estructuras moderno capitalista, como lo haría el proletariado. Más bien se procura evitar su expansión y todas sus nefastas consecuencias. Segundo, puede verse con claridad esta suerte de travestismo del Gobierno, que parece recoger de buen grado el desafío de la insurgencia indígena, pero que al cabo de un tiempo acabó expropiando y deformando sus demandas, hasta convertirlas en dispositivos de un nuevo modelo estatal, que en el fondo sigue viendo en las comunidades indígenas las pruebas del retraso y el salvajismo, y que con argumentos como el progreso y el desarrollo, pretende generar una inconformidad en los indígenas en relación a su cosmovisión, solapando la destrucción de sus territorios y la continuidad del modelo económico.
Artículo Presentado en REVISTA UMBRALES N° 27
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