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Un año tras las rejas por protestar en Santa Cruz
Por Diego Rojas -
Monday, Oct. 13, 2014 at 1:18 PM
Un año. Ese es el tiempo de encierro que están a punto de cumplir cinco presos políticos, activistas del gremio de trabajadores estatales, en la provincia de Santa Cruz. Cuatro hombres que permanecen detenidos en varias comisarías y una mujer a la que se le concedió prisión domiciliaria debido a una enfermedad, acusados por un incendio que ellos niegan haber producido. Los hechos se sucedieron el 19 de octubre de 2013, mientras se desarrollaban las reuniones paritarias entre los gremios estatales y representantes del gobierno de Daniel Peralta. Luego de la manifestación que acompañaba el reclamo por aumentos salariales, el fuego copó el edificio de la subsecretaría de Planeamiento. La policía culpó y encarceló a varios de los manifestantes. Desde el campo de los trabajadores, denunciaron una zona liberada y el armado de una provocación que culminó con el fuego.(Por Diego Rojas (@zonarojas)
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“Nunca imaginé estar preso por reclamar por los salarios – dice a plazademayo.com Diego Reyes, de 31 años, detenido desde el 22 de octubre de 2013 -. Nosotros participamos de la protesta, pero no hicimos el incendio. Es más, cuando el incendio tuvo lugar, yo estaba en otro lado. Tanto es así que fui a trabajar como si fuera cualquier día las jornadas siguientes. Me detuvieron en la oficina donde trabajo”. Reyes cuenta que sufrió agresiones policiales ya detenido. “Apenas me encarcelaron hicieron una requisa. Nos golpearon a todos bruscamente. A mí me partieron el tabique, me cortaron la ceja y me volaron un diente, tuve fisuras en las costillas. El comisario mismo me amenazó con que si hacía la denuncia me llevaban a la celda de castigo”.
“Cuando se produjo el incendio yo estaba en la casa de mi vieja buscando un pescado que íbamos a hacer a la noche con unos amigos – dice Alberto Arteaga, de 27 años -. Yo había estado en la protesta. Estoy afiliado al gremio y estábamos reclamando por aumento de salarios. Nos están castigando por eso. Y por eso es que la causa es tan débil. Dicen que el incendio se produjo entre las cuatro y las seis de la tarde, sin precisión alguna, y es así que me encarcelan a mí sin ningún tipo de prueba. Somos el chivo expiatorio de la política del gobierno, a los que le sale más barato reconstruír un edificio quemado que dar respuesta a los reclamos de los manifestantes”.
“Hay cuatro detenidos en comisarías: Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez, que cumple prisión domiciliaria – explica el abogado Enrique Papa -. Se los acusa de estrago doloso agravado y lesiones. Son todos activistas de ATE, algunos incluso eran paritarios. Las penas podrían ir desde los tres a los quince años de prisión. Ellos niegan su culpabilidad. Varias veces planteamos la excarcelación de mis representados. Es más, si se los condenara a la pena mínima de tres años, deberían haber sido liberados a los ocho meses de prisión. Esta es una causa política, buscan chivos expiatorios y han elegido a esta gente”.
El dirigente del Partido Obrero Miguel del Pla explica: “Son presos políticos. Fueron detenidos en una situación de protesta social, en un cuadro de crisis política muy aguda y enfrentamiento entre distintas líneas del poder político. Había sectores que estaban dispuestos a generar hechos de violencia para atribuirlos a los trabajadores”.
-El kirchnerismo no gobierna la provincia, ¿qué clase de operación política se habría buscado?
-No. El kirchnerismo tiene el poder. Salvo el gobernador, las intendencias, la mayoría de la cámara de diputados, el poder judicial y la gran mayoría del aparato estatal está en manos del kirchnerismo. Los jueces que condenan a trabajadores son aquellos que nombró el kirchnerismo. Incluso la jueza López Leston, que detuvo a los trabajadores de ATE, era prima de Néstor Kirchner. La criminalización de la protesta social es una marca del kirchnerismo y en este caso se replica.
Mientras se desarrolla una campaña para exigir la liberación de los presos de ATE, la Camara de Casación anunció la elevación a juicio oral de la causa.
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