Julio López
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Crónica de la primera etapa del juicio por la toma del Indoamericano
Por reenvío red eco alternativo - Wednesday, Oct. 22, 2014 at 9:08 AM

La primera jornada del juicio contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli se caracterizó por la falta de solvencia de los testigos de la fiscalía, mayormente policías. Ninguno de ellos aportó ningún dato en contra de Pérez y Nardulli; acusados de instigar la toma en aquel diciembre de 2010. Personalidades de un amplio arco político así como una gran movilización popular acompañaron a los acusados de tomar el denominado parque Indoamericano, el predio de 116 hectáreas que sigue siendo mayormente un enorme terreno baldío situado frente a barrios humildes donde el hacinamiento y las pésimas condiciones habitacionales son moneda corriente. Por Frente Popular Darío Santillán


Este enorme terreno fue ocupado a fines del 2010: la policía Federal y la Metropolitana desalojaron asesinando a Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. A los dos días, el 9 de diciembre fue asesinado Emilio Canaviri Álvarez en manos de patotas de barra bravas. En vez de avanzar con la construcción de viviendas o con el juzgamiento de los policías que dispararon plomo a los vecinos, avanzó la causa contra dos referentes sociales. En un principio, estuvieron acusados también el puntero ex presidente de la junta vecinal Marcelo Chancalay y los dirigentes del Frente para la Victoria Alejandro “Pitu” Salvatierra” y Mónica Ruejas, quienes aceptaron una probation. En cambio, Pérez Ojeda y Nardulli no aceptaron en ningún momento su culpabilidad, por lo que se negaron a esta medida. Sobreseídos en dos oportunidades, llegaron a juicio ante la instancia del fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, a quien se lo recuerda por haberse manifestado en contra de los juicios de lesa humanidad por robo de bebes.
Los acusados no estuvieron solos en el inicio juicio en su contra. A primera hora de la mañana del jueves 16 realizaron una conferencia de prensa frente a los tribunales de la calle Tacuarí 138. En las dos esquinas se instaló un vallado y un desmedido operativo de la policía Metropolitana que impidió la libre circulación. Desde el Obelisco partió una nutrida marcha encabezada por la Corriente Clasista y Combativa, donde milita Nardulli, y el Frente Popular Darío Santillán, la organización de Pérez. Aguardaron el transcurso de la audiencia tan cerca como se podía llegar, en la esquina de Tacuarí e Hipólito Irigoyen, donde desde se levantó un escenario y un equipo de sonido donde se leyeron adhesiones. Estuvieron también en la movilización integrantes de Quebracho, de Los Pibes y de la Coordinadora de Organizaciones de Base - La Brecha.
A los tribunales se ingresaba mediante la pequeña puerta de una persiana cerrada ante la atenta mirada de policías metropolitanos. No estuvo permitido el ingreso de la prensa. Entre los militantes que se hicieron presentes en la sala para dar apoyo a los dirigentes sociales estuvieron Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y diputada provincial por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo; Itai Hagman ex candidato a legislador porteño y referente del movimiento popular Patria Grande; el jurista Rodolfo Gargarella; los diputados porteños Gustavo Vera y Pablo Bergel, el doctor Rodolfo Zambrano, de la Multisectorial Sudoeste; el dirigente del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive Gustavo Giménez, además de representantes del Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán y del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que se presentó como “amicus curiae” en esta causa. La pequeña sala de alfombra roja estuvo repleta. En el medio la jueza Penal y Contravencional Cristina Lara. A su izquierda, el fiscal Luis Cevasco y sus secretarios. Enfrente, la defensa, integrada por los abogados de la organización de derechos humanos Liberpueblo Nicolás Tauber, Paula Quinteros y Denis Turnes.
Ninguno de los testigos de la fiscalía situó a Pérez y a Nardulli en el lugar. El primer testigo fue el coordinador del área Legal y Técnica de la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, Ariel Solar Grillo, quien el 6 de diciembre de 2010 denunció a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Cristián Longobardi, la usurpación de algunos sectores del Parque Indoamericano. Solar Grillo tenía a su cargo la administración del predio. En su declaración resaltó que “las casas eran precarias”. El fiscal le preguntó si la disposición de las construcciones era “caótica u organizada”, lo que motivo una observación de la defensa ante lo que consideraron como una “pregunta indicativa”. La jueza solicitó que sea reformulada aunque la pregunta ya había sido hecha. “Acá atrás están diciendo a que me corrige el fiscal, quiero decir que a mi nadie me corrige”, se quejó el testigo ante los susurros de los presentes que fueron reprendidos por la jueza, que amenazó con desalojar la sala.
“Cuando ingresé al predio con la orden de allanamiento el día 7 se me acercaron mujeres con chicos que me manifestaron que habían comprado el lote. Les dije que no podía hacer nada, que eran lo mismo que hubiesen comprado un pedazo de una plaza. Por su acento parecían de nacionalidad boliviana. La mayoría con chicos”. Además, destacó que cuando se produjo el desalojo “tiraban piedras a la policía”. E informó que recibió el predio en manos de la policía metropolitana con un acta
Luego declaró el empleado municipal Roque Darío Maruglio quien dijo que tenía a su cargo de entre 3 y 4 personas de la limpieza del parque”. Consultado por el fiscal sobre “qué uso le daba la comunidad” contestó que se le daba “todo tipo de uso”, pero sobre todo los sábados y domingos se jugaba al fútbol. El fiscal consultó sobre los partidos: “¿Son espontáneos u organizados?”. Contestó: “No lo se, había campeonatos, gente que se quedaba todo el día”.
El testigo más polémico del día fue el comisario (R) Emilio Ramón Miragaya, quien está acusado por los asesinatos de Chura Puña y Salguerio, que estaba a cargo de la comisaría 36 de la Policía Federal. Si bien fue sobreseído junto a otros 44 efectivos, la querella, conformada por Liberpueblo y el CELS, apeló y sigue peleando por que haya justicia. La fiscalía llegó pedir su detención ya que se ausentó de las audiencias. Estaba vez no tuvo problemas para hacerse presente. Relató que estuvo en el desalojo como funcionario de la comisaría 36 de la PFA y que es usual que haya en “diciembre muchas ocupaciones”. El ex comisario rememoró que recibió la denuncia del hecho en boca del “Doctor Shoklender”, refiriéndose a Sergio, el procesado ex titular de la Fundación Sueños Compartidos. fue él quien hizo la “entrega definitiva al señor Solar Grillo”, de la Corporación Sur. Dijo que “en la madrugada del 6 de diciembre había focos ígneos, por lo que bomberos y patrulleros de la 36 fueron al lugar y vieron que no había peligro de que se propague el fuego, y que eran pequeños asentamientos”. Comentó que con el fiscal contravencional recorrieron el Parque. Sobre lo que vio dijo que “había estacas con hilos, todo era irregular”. Y graficó “las casas era como las de los indios en las películas, hechas con ramas”. Sobre la actitud de los desalojados señaló que “tenían las caras tapadas con pañuelos, palos, piedras y botellas con líquido adentro, tipo molotov”. Y que realizaron un “acompañamiento a las personas del programa Buenos Aires Presente para que tengan seguridad”. Según detalló “querían subsidio y una vivienda en cualquier lado”, mientra que “el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrecía hospedaje en la noche”. Respecto a la orden de desalojo dijo que nadie se la pidió y que la leyó con un megáfono. Sobre los referentes de la toma dijo que en la sala no reconocía a nadie. “No reconozco a nadie de los presentes, había una persona robusta arriba de los montículos que instigaba contra la policía, había una barricada”, describió. “Cuando avanzaron los hidrantes hubo una lluvia de piedras corrieron y se dispersaron. Algunos fueron a Los Piletones y el grupo mayor se fue a la Villa 20. El desalojo se logró por completo. Adelante iba la Policía Federal, atrás la Metropolitana y atrás funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, agregó. La defensa le consultó que función cumplió en el desalojo. “Acompañamos al personal designado a realizar el desalojo, estuve presente desde el inicio a la finalización y la entrega del predio. Todo el tiempo tuve conocimiento de lo que pasaba en el lugar”, respondió.
Lo siguieron Alexis Acevedo Arena, que cumplía funciones en la brigada de la Comisaría 36 de la PFA. También describió el asentamiento: “lo terrenos era de 3 metros por 5, delimitados con cinta de peligro, con chocitas de cartón muy precarias hechas con palos, cañas, cartón, plástico”. La fiscalía le preguntó en qué condiciones estaba el parque. “En las semanas previas al desalojo estaba sucio. Había basura, antes y después”. Consultado sobre qué usos se le daba dijo que “los domingos juegan al futbol los bolivianos” y que durante la semana es un “lugar de paso”. Resaltó que “no había eventos organizados por la Ciudad”. Sobre los acusados, dijo no recordarlos. Se sumaron más testigos. Claudio Marcelo Cardozo, oficial de la PFA de la comisaría 36 tampoco recordó nada sobre los acusados. “Hubo conversaciones con los referentes, no recuerdo nombres o rasgos fisionómicos, uno era alto de pelo negro”, pero no reconoció a los presentes. Siguieron otros policías: uno de ellos fue el comisionado Alfredo Omar Córdoba, quien según informó el periodista Werner Pertot de Página 12 es un ex subcomisario de la Federal a quien en 2004 le abrieron un sumario en Entre Ríos por no verificar los adicionales y fue pasado a retiro en junio de 2005. A continuación vendrían el oficial Luciano Farina y el comisionado Alfredo Ramón Armelo, también de la Dirección de Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana.

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