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Salta, emergencia por violencia de género y después
Por reenvío red eco alternativo -
Friday, Oct. 31, 2014 at 9:10 AM
Se están por cumplir dos meses desde la declaración de emergencia por violencia de género en una de las provincias más conservadoras y machistas de nuestro país, donde la iglesia católica continúa siendo un obstáculo para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. Red Eco Alternativo
(Giselle Scardilli - Red Eco) Salta - El 8 de septiembre pasado el gobierno salteño, encabezado por Juan Manuel Urtubey, declaró la “emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio de la provincia de Salta” mediante el Decreto 2654, publicado el 10 de septiembre en el Boletín Oficial.
Tal como reveló el ministro de Gobierno Eduardo Sylvester en la conferencia de prensa, la emergencia responde en parte a un reclamo que venían realizando desde hace tiempo instituciones y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, otras organizaciones que trabajan en pos de la construcción de una sociedad libre de violencia machista, como la Multisectorial de Mujeres de Salta, cuestionan la iniciativa y reclaman “políticas sostenidas en el tiempo con perspectiva de género y un presupuesto adecuado”.
El Decreto, firmado por el gobernador de la provincia en acuerdo general de ministros y en carácter de necesidad y urgencia, faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante todas las acciones que considere necesarias para enfrentar y solucionar la situación crítica que viven las mujeres en la provincia. La emergencia pública queda establecida por el plazo de dos años y prevé algunas medidas orientadas a la puesta en marcha de políticas públicas que tengan como objetivo implementar la Ley 26.485, de prevención, sanción y erradicación de todo acto de violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La declaración de emergencia llegó tarde. Quizás las autoridades reaccionaron luego de conocerse las noticias de dos femicidios en la misma semana: el de Abigaíl Antelo, de 17 años, y el de Evelyn Beatriz Rivero, de 38. Ambas fueron brutalmente golpeadas y asesinadas. El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, que expresa la desigualdad estructural sobre la que se asienta la sociedad patriarcal. Y Salta, donde la violencia hacia las mujeres está completamente naturalizada, es una de las provincias del país con mayor tasa de femicidios. En lo que va de 2014, acumula la alarmante cifra de 12 mujeres asesinadas. Otro dato que evidencia la situación crítica en dicha provincia se desprende de un informe mensual que realiza la Corte de Justicia de salteña: entre enero y agosto de este año se abrieron 8417 causas por violencia doméstica.
Según datos del Programa “Las Víctimas contra la Violencia”, creado y coordinado por la Dra. Eva Giberti, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una gran cantidad de denuncias de esta índole proviene particularmente de las provincias del norte argentino, a pesar de que el Programa sólo tiene jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“La declaración de emergencia es el punto culmine en una escalada que los que trabajamos en esto veníamos viendo y llegó cuando existió una decisión política de llevar a cabo acciones integrales concretas contra este problema”, sostiene la Dra. Matilde Alonso, directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC), dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.
Para Alonso, la iniciativa resulta positiva ya que forma parte de un primer paso fundamental: “reconocer el problema para poder llevar adelante acciones integrales que aborden una problemática tan compleja”. Para ella, las tres patas para erradicar definitivamente la violencia de género son el trabajo en “prevención, asistencia y acciones que tengan que ver con respuestas desde el sistema judicial”.
A pesar de que tan sólo pasaron 52 días desde la declaración de emergencia, la Dra. Alonso cree que desde la gran difusión que tuvo el anuncio ha aumentado la concurrencia al Servicio de Asistencia a la Víctima con la finalidad de requerir orientación y asistencia. “El solo hecho de que una persona se pregunte si está en una situación de violencia es positivo”, y agrega: “visibilizar temas como éstos hace que las personas recurran, tomen conocimiento de los recursos que tienen y de las modalidades de abordaje para salir de una situación de violencia”.
Marta César es vicepresidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años en la provincia. “La violencia hacia las mujeres es una cuestión estructural, profundamente cultural, histórica, enraizada en mitos, generalizaciones, prejuicios, estereotipos, sobre los que se han edificado las formas en que la cultura percibe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, con la sobrevaloración de un género sobre otro siempre en desmedro de las mujeres y como soportes de las relaciones desiguales de poder y la subordinación de las mujeres. Frente a esto, la declaración de la Emergencia en Violencia de Género – por dos años- aparece pobre e insuficiente”, sentencia César, que además es integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista).
Ella cuestiona la matriz patriarcal y religiosa de la provincia, y descree de las acciones que puedan llevar a cabo los funcionarios de este gobierno, ya que “participan de ese esquema patriarcal, católico, reaccionario, con aristas medievales. Quienes nos gobiernan, quienes deben administrar justicia en un estado laico como el nuestro, se comportan como verdaderos vicarios y vicarias de la iglesia antes que como funcionarios y funcionarias que deben velar por el cumplimiento de la ley”. Es por ello que su reclamo se centra en la capacitación con perspectiva de género para los integrantes de los tres poderes. “En muchos funcionarios y funcionarias la ignorancia en cuestiones de género es alarmante. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden desarrollar con alguna seriedad desde esta perspectiva?”, advierte Marta.
El caso de la salteña Lorena Roca
A partir de conocer la historia de Lorena (ver 102 denuncias no alcanzan para una víctima de violencia de género), esta redactora se comunicó con el Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, que coordina la Dra. Eva Giberti. En este organismo, informaron que no podían actuar en la provincia de Salta porque sólo tienen jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero suministraron el contacto de la Secretaria de la Oficina de Violencia de Género provincial (OVIF). La respuesta de la Dra. Amalia Fuentes Marrupe tardó en llegar, y cuando lo hizo fue demoledora. Desde el comienzo del escueto e-mail, para el cual se tomó varios días en redactar, las propias palabras de la Secretaria evidenciaron la mentalidad patriarcal y conservadora de los funcionarios salteños y la ausencia de una perspectiva de género: “el caso de la señora Lorena Roca está debidamente atendido”. Sin embargo, a Lorena su ex pareja la seguía encontrando por la calle y agrediendo frecuentemente. Otro pasaje de la respuesta emitida por la Dra. Fuentes Marrupe terminó por convencer de que la violencia contra esta víctima no sólo la ejercía su ex pareja: “el único fin de la señora Roca es lograr el aumento de la cuota alimentaria que el señor Ledesma abona con regularidad”. El panorama era desolador. El día 6 de septiembre, en el marco del programa radial Fuera de Agenda, se llevó a cabo una entrevista a la Dra. Eva Giberti, quien premonitoriamente anunció: “son centenares las personas que viven en situaciones de violencia de esta índole, y ésto estalla cuando se produce el femicidio”. Pocos días después, el gobernador Juan Manuel Urtubey declaró la emergencia por violencia de género en la provincia. El 13 de septiembre, en el mismo programa radial se entrevistó al Dr. Martín García Caínzo, Secretario de Derechos Humanos de Salta. El funcionario habló de la intención de erradicar el machismo y la violencia hacia las mujeres naturalizada en su provincia, y con un discurso esperanzador se comprometió a ayudar en este caso particular. Días más tarde, Lorena empezó a recibir las respuestas que estuvo esperando durante diez años. Le asignaron una trabajadora social, la acompañaron a Fiscalías y Juzgados con el fin de acelerar las causas judiciales que estaban frenadas hace tiempo, la instaron a asistir a cursos y talleres para fortalecer su autoestima y prepararla para el juicio, que empieza en muy poco tiempo. A raíz de este caso, el interrogante que se abre es saber si la emergencia pública en violencia de género efectivamente se traducirá en políticas públicas que lleven adelante acciones integrales para afrontar el flagelo de la violencia de género, o si la respuesta que recibió Lorena se trata de un caso aislado que fue atendido por cierta resonancia mediática y por la insistencia de quien escribe.
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102 denuncias no alcanzan para una víctima de violencia de género (14 de agosto de 2014)
Lorena Roca vive en Salta. Tiene 29 años y una muy temprana historia de abusos y maltratos. Desde los 19 es víctima de violencia de género por parte de su ex pareja. Aunque radicó 102 denuncias policiales contra la misma persona, jamás recibió asistencia integral por parte del Estado. Red Eco Alternativo
Contacto Lorena: 0387-156131081 / 0387-4951601
(Giselle Scardilli - Red Eco) Salta - Lorena vive con sus hijas de 11 y 8 años en el barrio Los Pinares de la localidad Cerrillo en la capital salteña. Al día de hoy, realizó más de cien denuncias en distintas dependencias de la ciudad de Salta en contra de Luis Ledesma, su ex pareja y padre de sus dos hijas. A pesar de este abultado expediente que acumula los abusos de la violencia machista que sufrió durante 10 años, hoy tiene moretones de los golpes que le dio su ex marido hace tan solo una semana y media cuando la encontró por la calle.
Las 102 denuncias realizadas por la víctima se radicaron en diferentes dependencias. Muchas de ellas en la Subcomisaría Los Pinares, del barrio donde vive. Otras tantas fueron efectuadas en la Oficina de Violencia Familar (OVIF) del Poder Judicial de Salta. “Yo no les creo más nada a los de OVIF, hice casi 50 denuncias ahí y solamente conseguí vivir durante años con la policía en la puerta, pero nada más. Ahora, por orden del juez, debería tener custodia policial pero no hay nadie. Si reclamás, quedás mal en el barrio, los oficiales te miran mal”, contó a Red Eco. Si bien Ledesma posee una orden de restricción, la vulnera frecuentemente ya que la pena por dicha transgresión es una multa de $500, según cuenta Lorena.
Consultada por si había recibido el botón de alerta, una de las herramientas para prevenir hechos de violencia, la joven explicó que a pesar de que le prometieron el dispositivo el año pasado nunca se lo entregaron.
La Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es de aplicación en todo el territorio nacional. Esta Ley fue reglamentada en julio de 2010, aunque en la práctica no siempre se corresponde con acciones concretas de prevención y atención a las víctimas de violencia de género. El caso de Lorena Roca es una muestra de ello.
Lorena recibió respuestas, pero éstas fueron precarias, parciales e inconexas. En diez años de maltratos, golpes, patadas, humillaciones y hasta un intento de estrangulamiento, nunca obtuvo una acción concreta global por parte del Estado. No recibió la protección integral que necesitaba, si existió una prevención falló, no se sancionó adecuadamente a su agresor ni se erradicó su situación de violencia. En tanto, el último episodio del cual fue víctima sucedió hace 10 días. Esta vez no lo denunció, “porque estoy tan cansada de ir a la policía, de ahí te derivan al médico, después al psicólogo, y la verdad es que estoy cansada de eso”, manifestó la joven.
“De todas las denuncias que hice nunca sentí que me daban la ayuda que necesitaba”, expresó Lorena en diálogo con Red Eco. Con resignación, confiesa creer en la “justicia de Dios más que en la de los hombres; para mí están esperando que él me mate, te hacen sentir que no valés nada”. Sin embargo, una y otra vez repite el mismo reclamo durante la charla: “quiero poder vivir en paz y sin miedo”.
“Los sueños me mantuvieron viva”
Lorena nació en San Juan pero cuando era muy chica su madre la llevó a Tartagal, provincia de Salta. Allí, un tío materno abusó sexualmente de ella: “me dejó en un estado deplorable, toda quebrada y desnutrida”. Desde los 4 años, Lorena se crió en un Hogar de niños, donde vivió hasta los 18 años. A su padre nunca lo conoció ni supo quién era. Según cuenta, tuvo que hacer un tratamiento psicológico para empezar a interactuar con otras niñas, porque tenía dificultades para hablar y relacionarse.
Ella recuerda esos años como los más felices de su vida. Dócil y de buena conducta, logró finalizar el secundario a pesar de las ausencias: “a veces me agarraba depresión, porque mi mamá nunca me vino a ver. A los 16 años fui y la enfrenté, le pregunté por qué no me quería, le dije que le perdonaba todos esos años pero que me dé un poquito de amor y me dijo que yo era un aborto mal hecho”.
El mismo año, en la enfermería del Hogar descubrió los expedientes de su ingreso a la institución: “vi fotos de cuando me encontraron, de la forma en que me encontraron. Después de eso me quise suicidar, pensé que nunca iba a tener una familia”. Lorena pasó medio año internada en el Hospital de Niños de la capital salteña.
“Yo quería tener una familia para siempre”
Luis Ledesma apareció en su vida como su amigo cuando ambos tenían 15 años. Él la visitaba y llevaba de paseo los fines de semana. A los 17 años, Lorena se enamoró de él. Al año siguiente, quedó embarazada y fue emancipada de la institución. “En el Hogar a mí nunca me habían hablado del tema de quedarse embarazada, no nos hablaban de esas cosas”. Después de un lapso en que estuvieron separados, cuando estaba por nacer la primera de sus hijas “le agarró remordimiento, volvió conmigo y me llevó a su casa. Ahí comenzó el calvario”.
Lorena recuerda la primera golpiza cuando la beba tenía 9 meses y una vez más, como tantas otras veces durante el relato, se le quiebra la voz.
Al poco tiempo queda embarazada de su segundo hijo: “él no quería que nazca, me pateaba el vientre y me decía que no, que iba a ser una vergüenza para él, que se le iban a burlar en su familia”. El bebé nació prematuro y con problemas cardíacos. Al año falleció.
Los abusos reiterados provenían no sólo del hombre, sino también de su suegra y cuñadas: “un día de navidad me desnudó y me golpeó tanto, pero tanto, que no podía tragar agua. Todas las navidades me golpeaba, porque a la familia de él no le gustaba que yo pasara las navidades con ellos, entonces yo tenía que pasarla solita en una pieza, y mi hijita me traía un platito a escondidas”.
En su tercer embarazo, los golpes hicieron adelantar una vez más el parto que fue asistido por policías. La beba nació prematura y Ledesma fue arrestado durante un mes y medio.
Mientras vivieron juntos las agresiones eran moneda corriente y Lorena se acostumbró a convivir con la violencia física, verbal, psicológica, sexual, económica: “me llegó a hacer sentir que yo merecía ser golpeada, era tal la manipulación que él tenía sobre mí que yo llegué a sentir que él tenía derecho de golpearme. Aguanté porque yo lo quería mucho, fue la primera persona que amé. Yo quería tener una familia para siempre”.
“Tuve que agarrar y seguir con mi vida”
Una de las marcas más profundas que dejó Ledesma en el cuerpo de Lorena es una lesión a nivel neurológico que le proporciona convulsiones de tanto patearle la cabeza: “actualmente tengo el certificado de discapacidad porque soy convulsiva por todos los golpes que me dio, él me pateaba la cabeza”.
Hoy Lorena vive junto a sus dos hijas en una “casita” que es motivo de orgullo para ella. Hace un tiempo y después de mucha perseverancia consiguió que le entregaran la vivienda en el barrio Los Pinares, en la cual paga un alquiler mensual. Desde hace tres años espera el aumento de la cuota alimentaria que le embargan del sueldo a Ledesma por orden judicial. El trámite está trabado por apelación de la abogada del agresor.
Las hijas de Lorena y Luis nacieron con graves patologías: la mayor tiene una prótesis coclear porque nació sin aparato auditivo, mientras que la menor, de 8 años, tiene un By-Pass y la semana próxima será sometida a una cirugía compleja a nivel respiratorio. Ambas niñas concurren a una escuela privada especial de integración y hacen rehabilitación motora y neurológica diariamente. Lorena trabaja y se esfuerza día a día para cubrir las necesidades básicas de su familia, pero pide que la justicia falle a su favor y le otorgue el aumento de la cuota alimentaria. Pero lo que más urgente necesita es poder salir de su casa con la certeza de que su ex pareja no la esperará a la vuelta de la esquina, y tener garantizada una vida sin golpes, patadas y agresiones. Necesita urgente que la Ley reglamentada hace más de cuatro años se materialice y la proteja para ejercer su derecho a una vida sin violencia.
“Quiero que se haga justicia y vivir en paz, no tener miedo de salir a trabajar y no tener que vivir despertándome a los gritos por todos los golpes que me dio”. Cuando se le pregunta qué espera de la justicia en cuanto al hombre que la sometió durante tantos años, Lorena responde: “que dios lo perdone a él y a su familia por todo el daño que me hicieron”.