Malos tratos carcelarios
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 31, 2014 at 9:40 AM

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que un joven no falleció por muerte súbita en 2008 en la Unidad 9 de Neuquén, como indicaba la versión “oficial”, sino como consecuencia de la tortura recibida dentro de su celda. Los presos de la cárcel de Bouwer en Córdoba, denuncian las condiciones de detención en las que se encuentran y la complicidad judicial que permite irregularidades en sus causas. Dos casos que no son excepción sino regla, tal como lo demuestra el registro de casos 2013 que la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires acaba de presentar. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - El 8 de agosto del año 2008, Argentino Pelozo Iturri fue brutalmente golpeado en su celda de la Unidad Penitenciaria 9 de Neuquén. Luego lo llevaron a la enfermería, pero en el traslado le siguieron pegando hasta que se desmayó. Pocos días después el joven falleció en el Hospital Castro Rendón. Los médicos forenses que le realizaron la autopsia manifestaron que Iturri había fallecido por “muerte súbita”.
A pesar de esto la causa siguió, aunque muy lentamente. Recién a principios de setiembre de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuko, General Roca, confirmó el procesamiento de 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturar hasta la muerte a Iturri. A partir de este fallo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que actúa como querellante en esta causa, pidió un nuevo peritaje médico para determinar el verdadero motivo de la muerte de Iturri. El examen del Departamento de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el joven “padeció una hemorragia meníngea y edema cerebral de origen traumático, todos signos que permiten descartar de plano que su muerte se haya producido por un hecho fortuito”.
Desde la PPN adelantaron que pedirán que los penitenciarios sean imputados por el delito de “tortura seguida de muerte” y afirmaron que se investigará también “la labor de los médicos forenses que intervinieron anteriormente en la autopsia de la víctima”.
Este jueves 30 de octubre, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó el informe 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que realizó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). A la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, este año sumaron también casos de violencia policial, tanto de la Policía Bonaerense como la Federal y Metropolitana en su despliegue territorial.
En el informe de este año se registra un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos. En este sentido, Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, explicó: “estamos relevando no sólo lo que tradicionalmente el Poder Judicial entiende como tortura que es la violencia física, el golpe que marca, sino también distintos aspectos que van configurando la tortura también psicológica, situaciones de aislamiento extremo, situaciones de salud que no se atienden y que lleva a que la persona fallezca”.
El registro se llevó adelante en 26 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuatro institutos de menores, una comisaría y un hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El relevamiento en campo aportó 227 víctimas en el ámbito bonaerense y 174 casos en el ámbito federal y nacional. A lo que suman 43 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones de la CPM y 707 casos aportados por el procedimiento de investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos de la PPN.
Entre las conclusiones del registro se encuentra que el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande del país, ya que en estos momentos aloja a 34.000 personas en cárceles y comisarías, hay más de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos y más de 500 jóvenes en institutos de menores. En tanto, el Sistema Penitenciario Federal aloja a 10.300 personas.
Sin embargo, desde la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba advierten que en esa provincia hay alrededor de 7.000 personas privadas de la libertad. Es decir, 428 presxs por cada 100.000 habitantes, el doble de lo que tiene Buenos Aires que es de 235. En este sentido, denuncian que el hacinamiento en Córdoba supera nueve veces la media nacional. Ante esta situación, los detenidos de la cárcel de Bouwer realizaron una denuncia colectiva por incumplimiento además del accionar del Poder Judicial.
Allí explican que la gran mayoría de los privados de libertad en Córdoba sufren “un adelantamiento de pena o condena anticipada” en los casos en que el cautiverio carcelario es preventivo. Señalan que los pedidos de cese de prisión son sistemáticamente denegados con el argumento de “peligrosidad procesal”.
“Es evidente, que no solo la dupla: Policía-Fiscal, son los que adelantan la pena sino que existe una deliberada intención en unicidad y complicidad con el Juez de Control. Esta comunión conforma de alguna manera, una comisión especial, que ya nos han juzgado y condenado. No interesa lo que pasa procesalmente, se eleva a juicio y por ende los Jueces – sin el mínimo atisbo de revisión de investigación que nadie realiza condenan, para justificar la cárcel aplicada de antemano. Todo éste sistema perverso, coloca al ciudadano castigado, además de preso en una situación de opresión y ablande, con cientos de nuestras familias destruidas ‘por si acaso’ con irreversibles y agravados daños sociales, morales, psico-físicos sin que organismo alguno se inquiete por dar migajas de solución”.
Este tipo de testimonios deja de lado las reiteradas argumentaciones que hablan de cárceles con “puertas giratorias” para los presos, de modificaciones de leyes y códigos para combatir la “inseguridad”, permitiendo – por el contrario – la agresión y tortura permanente de las personas privadas de su libertad, que a su vez se encuentran detenidas en condiciones inhumanas.

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