3.687 hechos de malos tratos y/o torturas en 2013
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 07, 2014 at 9:10 AM

El dato surge del registro nacional presentado hace unos días por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Allí no solo se relevaron casos de tortura en lugares de encierro, sino también hechos de violencia policial en su accionar territorial. “Las cárceles y comisarías no pueden ser depósitos humanos”, sostuvo en este marco el premio Nobel de la Paz, Adolfo, Pérez Esquivel.Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – El informe se llevó adelante en 26 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en cuatro institutos de menores, una comisaría, un hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires, y ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal.
En estos sitios, 1.151 víctimas describieron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas. Las agresiones físicas siguen siendo la práctica violenta de mayor frecuencia (expresada en modalidades de tortura como golpes y golpizas, pata-pata, puente chino, chanchito, picana) con un 84,4% de víctimas, mientras que el 62,3% de los entrevistados padeció la práctica del aislamiento. Luego, siguen la falta de asistencia a la salud (38,3%), las malas condiciones materiales de detención (33,7%) y las amenazas (31,7%).
El 95,7% de las víctimas fueron varones, pero también se relevaron 46 casos de mujeres y 4 de personas trans. A su vez, ocho de cada diez víctimas tienen entre 18 y 34 años de edad.
Específicamente en la Provincia de Buenos Aires se registraron casos en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en lugares de detención para personas menores de edad que dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en comisarías de la Policía Bonaerense, y en hospitales neuropsiquiátricos que dependen del Ministerio de Salud de la provincia.
En promedio, en los dos meses previos a la entrevista efectuada para el informe, cada víctima sufrió casi cinco de los once tipos de tortura y/o malos tratos que se toman en cuenta en el registro, lo que amplifica los efectos de cada agresión. Por ejemplo, se producen aislamientos durante los que se ejercen agresiones físicas que provocan lesiones que no son curadas, traslados gravosos que implican requisas vejatorias y pésimas condiciones materiales y alimentarias, golpizas y robos seguidos de amenazas para evitar denuncias, desvinculación familiar y traslados constantes pasando también por distintas situaciones de aislamiento.
Durante la presentación del informe, realizada en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta bonaerense, Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, afirmó: “La palabra de lxs detenidxs es la que nos permite develar las prácticas violentas del Estado. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) hacen visible lo que otros quieren ocultar. Por eso, el registro no es un conjunto de casos, ni tampoco reduce la tortura a las agresiones físicas, sino que comprende la multidimensionalidad de la tortura”.
En el mismo marco, Francisco Mugnolo, titular de la PPN, señaló: “Nadie puede negar que en este país se tortura. Falta una acción concreta del Estado para superar la impunidad que se opera en estos ámbitos. Resulta que mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, hay gente en las cárceles que está sufriendo enormemente”.

Hacer visible la multidimensionalidad de la tortura
El 27 de octubre comenzó el primer juicio a agentes del Servicio Penitenciaria Bonaerense por torturas estando con vida la víctima.
En junio de 2006, Fabián Sampietro, que venía siendo hostigado y trasladado de una cárcel a otra como forma de castigo por haber sido parte de una huelga de hambre y por sus denuncias de corrupción dentro del sistema penitenciario, fue trasladado desde la unidad penal 34 a la 45 de Melchor Romero. Durante varias semanas, sus allegados no supieron dónde se encontraba, pero cuando finalmente lo hallaron, Sampietro estaba en condiciones inhumanas, violentado, abusado sexualmente, y con múltiples heridas. Ocho años después, los penitenciarios Raúl Alberto Rojas, Martín Ernesto Marcos y Diego Demola están siendo juzgados por esas torturas.
En 2006 se inició la causa penal por lo sucedido ante un juzgado de Garantías, luego pasó a un juzgado Correccional bajo la figura de vejámenes. En 2010 se dio inicio al juicio oral, pero a pedido del abogado de la víctima la carátula cambió a torturas, por lo que la causa pasó al Tribunal Oral Criminal 5. La jueza entonces se declaró incompetente y con el cambio de magistrados se determinó una nueva fecha de inicio del proceso para mediados de octubre de este año. Sin embargo, se produjo una nueva postergación por falta de fiscal y el proceso estuvo a punto de reprogramarse para el año 2016; finalmente comenzó hace dos semanas.
Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, es el abogado de Fabián Sampietro, y advirtió que en las primeras audiencias del juicio los defensores de los penitenciarios hostigaron permanentemente tanto a la víctima como a los testigos, intentando dar vuelta los testimonios. Además, el propio Sampietro declaró: “hasta ahora, siendo la víctima, me han tratado como si fuera un imputado”.
De todos modos, el juicio continúa y por primera vez en el ámbito de la provincia de Buenos Aires agentes penitenciarios son juzgados por las torturas cometidas contra un preso que pudo sobrevivir a los tormentos. Organizaciones de derechos humanos, como La Cantora, la APDH-La Plata y la Comisión por la Memoria, señalaron que una condena a los penitenciarios representaría un importante avance para la visibilización de una práctica sistemática de vulneración de derechos que ocurre de manera permanente en las cárceles bonaerenses y cuyos autores nunca son juzgados, al menos hasta ahora.

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Malos tratos carcelarios
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 07, 2014 at 9:11 AM

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que un joven no falleció por muerte súbita en 2008 en la Unidad 9 de Neuquén, como indicaba la versión “oficial”, sino como consecuencia de la tortura recibida dentro de su celda. Los presos de la cárcel de Bouwer en Córdoba, denuncian las condiciones de detención en las que se encuentran y la complicidad judicial que permite irregularidades en sus causas. Dos casos que no son excepción sino regla, tal como lo demuestra el registro de casos 2013 que la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires acaba de presentar. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - El 8 de agosto del año 2008, Argentino Pelozo Iturri fue brutalmente golpeado en su celda de la Unidad Penitenciaria 9 de Neuquén. Luego lo llevaron a la enfermería, pero en el traslado le siguieron pegando hasta que se desmayó. Pocos días después el joven falleció en el Hospital Castro Rendón. Los médicos forenses que le realizaron la autopsia manifestaron que Iturri había fallecido por “muerte súbita”.
A pesar de esto la causa siguió, aunque muy lentamente. Recién a principios de setiembre de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuko, General Roca, confirmó el procesamiento de 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturar hasta la muerte a Iturri. A partir de este fallo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que actúa como querellante en esta causa, pidió un nuevo peritaje médico para determinar el verdadero motivo de la muerte de Iturri. El examen del Departamento de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el joven “padeció una hemorragia meníngea y edema cerebral de origen traumático, todos signos que permiten descartar de plano que su muerte se haya producido por un hecho fortuito”.
Desde la PPN adelantaron que pedirán que los penitenciarios sean imputados por el delito de “tortura seguida de muerte” y afirmaron que se investigará también “la labor de los médicos forenses que intervinieron anteriormente en la autopsia de la víctima”.
Este jueves 30 de octubre, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó el informe 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que realizó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). A la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, este año sumaron también casos de violencia policial, tanto de la Policía Bonaerense como la Federal y Metropolitana en su despliegue territorial.
En el informe de este año se registra un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos. En este sentido, Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, explicó: “estamos relevando no sólo lo que tradicionalmente el Poder Judicial entiende como tortura que es la violencia física, el golpe que marca, sino también distintos aspectos que van configurando la tortura también psicológica, situaciones de aislamiento extremo, situaciones de salud que no se atienden y que lleva a que la persona fallezca”.
El registro se llevó adelante en 26 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuatro institutos de menores, una comisaría y un hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El relevamiento en campo aportó 227 víctimas en el ámbito bonaerense y 174 casos en el ámbito federal y nacional. A lo que suman 43 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones de la CPM y 707 casos aportados por el procedimiento de investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos de la PPN.
Entre las conclusiones del registro se encuentra que el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande del país, ya que en estos momentos aloja a 34.000 personas en cárceles y comisarías, hay más de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos y más de 500 jóvenes en institutos de menores. En tanto, el Sistema Penitenciario Federal aloja a 10.300 personas.
Sin embargo, desde la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba advierten que en esa provincia hay alrededor de 7.000 personas privadas de la libertad. Es decir, 428 presxs por cada 100.000 habitantes, el doble de lo que tiene Buenos Aires que es de 235. En este sentido, denuncian que el hacinamiento en Córdoba supera nueve veces la media nacional. Ante esta situación, los detenidos de la cárcel de Bouwer realizaron una denuncia colectiva por incumplimiento además del accionar del Poder Judicial.
Allí explican que la gran mayoría de los privados de libertad en Córdoba sufren “un adelantamiento de pena o condena anticipada” en los casos en que el cautiverio carcelario es preventivo. Señalan que los pedidos de cese de prisión son sistemáticamente denegados con el argumento de “peligrosidad procesal”.
“Es evidente, que no solo la dupla: Policía-Fiscal, son los que adelantan la pena sino que existe una deliberada intención en unicidad y complicidad con el Juez de Control. Esta comunión conforma de alguna manera, una comisión especial, que ya nos han juzgado y condenado. No interesa lo que pasa procesalmente, se eleva a juicio y por ende los Jueces – sin el mínimo atisbo de revisión de investigación que nadie realiza condenan, para justificar la cárcel aplicada de antemano. Todo éste sistema perverso, coloca al ciudadano castigado, además de preso en una situación de opresión y ablande, con cientos de nuestras familias destruidas ‘por si acaso’ con irreversibles y agravados daños sociales, morales, psico-físicos sin que organismo alguno se inquiete por dar migajas de solución”.
Este tipo de testimonios deja de lado las reiteradas argumentaciones que hablan de cárceles con “puertas giratorias” para los presos, de modificaciones de leyes y códigos para combatir la “inseguridad”, permitiendo – por el contrario – la agresión y tortura permanente de las personas privadas de su libertad, que a su vez se encuentran detenidas en condiciones inhumanas.

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