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Salta: “Nosotros ya estábamos”
Por Redacción Cuarto Poder - Monday, Nov. 17, 2014 at 5:13 PM

Comunidades originarias fueron desalojadas y maltratadas en sus territorios ancestrales, mientras quienes tendrían que defenderlos, las autoridades del IPPIS, los trataron de usurpadores. (Andrea Sz)

Salta: “Nosotros ya ...
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El presidente del IPPIS, Indalecio Calermo fue consultado por el desalojo reciente a comunidades de Tartagal y respondió: “Convengamos que por más originarios que sean, aborígenes o criollos, si violan las leyes no se puede hacer absolutamente nada. Si la gente que recibió la casa después la vende, el gobierno ya no puede volver a darle una casa porque hay mucha gente que está esperando por una vivienda. Yo no estoy al lado de la gente dueña de las tierras, sino al lado de la injusticia que se está cometiendo. Usted parece que está apoyando a los delincuentes”, mencionó Calermo a la periodista que le preguntaba por qué el IPPIS no salía en defensa de las comunidades en un programa radial. El secretario de los Pueblos Originarios de Salta, Enrique Rojo, no desentonó y aseguró que las comunidades que reclaman por la devolución de sus terrenos son “meros expropiadores de tierras privadas”.

Mientras, pobladores de las comunidades desalojadas durante esta semana cortaron la ruta nacional 86 para reclamar por sus tierras, personal policial custodia la finca en disputa para evitar reingresos al lugar. Los caciques detallaron que se pusieron en contacto con las áreas de gestión del INAI, desde donde se articuló con los organismos involucrados (Ministerio Público de la Defensa, Comisaria 42 – Tartagal, Fiscalía en lo Penal Nro. 2) para detener dicha medida violatoria de los derechos fundamentales de los pueblos originarios y garantizar la vigencia de la Ley 26.160 y sus prorrogas Leyes 26.554/26.894.

Ya son 10 días que llevan resistiendo el corte en la ruta nacional 86; con carteles “La justicia niega los derechos indígenas. Ley 26160”, los pobladores siguen en pie intentando defender sus territorios con el apoyo de solo algunos medios alternativos y comunitarios quienes se están haciendo eco del reclamo.

Sin descargo

Según informó el abogado Hernán Mascietti, las cuatro comunidades fueron desalojadas por un trámite del nuevo Código Procesal Penal de Salta (llamado Reintegro de inmueble), el cual no se comunicó a los pobladores, ni se investigó previamente. Una de estas comunidades tenía la cartografía de la ley 26160 aprobada y el Relevamiento estaba en trámite avanzado en el ETO (equipo técnico territorial).

Para el abogado, Nación gasta mucha plata para ordenar el territorio suspendiendo los desalojos con la advertencia que es una suspensión de orden público (artículo 6) y la justicia salteña no acata los relevamientos y los procedimientos hechos. Se informó que tanto el fiscal Pablo Cabot como el juez Mariscal Astigueta -quienes ordenaron el desalojo- podrían ser denunciados por mal desempeño de sus cargos, por “desconocimiento de una ley nacional y todo con discriminación”, dijo Mascietti.

Un reciente comunicado del Instituto Nacional contra la Discriminación (INaDi), junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, dan cuenta de su preocupación sobre estos desalojos. En su escrito manifiestan inquietud con respecto a la integridad física y el respeto de los Derechos Humanos de los integrantes de las comunidades.

“Desde estos organismos nacionales estamos trabajando para que se garanticen los derechos de las comunidades y de la normativa vigente, así como reclamamos a las autoridades provinciales y municipales que actúen de manera urgente y como corresponde para garantizar su derecho al territorio, el acceso a la justicia y el pleno goce a sus derechos básicos para la subsistencia como agua, alimentos y vivienda ya que esta medida de desalojo arrojó como resultado 30 familias (100 personas) apostadas a la vera de la ruta, en condiciones extremadamente precarias, significando un atropello a sus necesidades básicas y que generó la pérdida de Documentos de Identidad y objetos personales al expulsarlos de su territorio dejando a todos los integrantes de las tres comunidades en una situación de alta vulnerabilidad social”, reflejan y hacen visible “su disgusto” en cuanto al accionar de la Justicia y el Ministerio Público de la Provincia de Salta, Distrito Judicial del Norte – Tartagál, con respecto a la medida dictada con fecha 15 de Agosto de 2014 la cual “ordena reintegro provisorio del inmueble sito en KM 6 entrando por KM 5 de Ruta Nacional 86, denominada ‘Finca Tarres’, lo que se tradujo en un desalojo violento avasallando derechos de las comunidades Originarias de Quebrada de Tartagal, Quebracho y Sarmiento”.

Sus tierras suyas

Las comunidades desalojadas son: Comunidad Arca Dos (conocida como comunidad TGN), Nación Guaraní; Comunidad Sarmiento, de la Nación Wichí, personería registrada por resolución 017/2012; El quebracho, de la Nación Weenhayek, con inscripción en trámite del paraje Los Horneros (del gaseoducto cerca de Lapacho); Comunidad Quebrada Tartagal de la Nación IOGYS, cuyo cacique es Simón Domínguez, (ocupan 60 has de la matrícula catastral 20760) en paraje Los Horneros.

Isaías Fernández, Cacique de la Comunidad El quebracho de la Nación Weenhayek, comentó como se originó el desalojo que comenzó en agosto de este año. “El sábado 23 de agosto de 2014 se presentó en la comunidad un oficial de policía de apellido Sandro Mamani, perteneciente al Comisaría Nº 42 de Tartagal, informando que el día domingo se llevaría adelante el desalojo de las familias originarias. La orden judicial emana del Juzgado Nominación Nº 2, a cargo Dr. Héctor Mariscal Astigueta y de la Fiscalía en lo Penal Nº 2, a cargo del Dr. Pablo Cabot, en el marco de la causa Nº 73821/14 por el delito de usurpación, a los fines de restituir el inmueble en forma provisoria a la Sra. María Monserrat Talesio”. Lo único que se supo de Monserrat Talesio es que se trata de una conocida empresaria tartagalense, dueña de una farmacia.

Isaías agregó: “No somos ocupantes ilegales, somos los herederos legítimos del territorio de uso ancestral”. Otra dirigente también desalojada comentó que la policía les quitó todas sus pertenencias, porque ellos pensaron que eran basura. Relató que “de todos lados nos fueron sacando y nos siguen sacando, necesitamos un lugar para vivir”.

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