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CNU La Plata: Amenazan a un testigo clave
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal - Thursday, Nov. 20, 2014 at 1:14 AM

Investigación exclusiva de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal (en Miradas al Sur)

CNU La Plata: Amenaz...
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Investigación Exclusiva. La CNU

Amenazan a un testigo clave

Las llamadas fueron realizadas desde un teléfono de la Municipalidad de La Plata, desde una cárcel y desde el Patronato de Liberados. Desidia en la investigación de la Bonaerense.

Luego de una investigación que demoró ocho meses, la Justicia Federal platense pudo determinar que varias de las llamadas amenazantes que recibió una persona cuyo testimonio será determinante para las condenas de dos de los más conspicuos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) fueron realizadas desde un teléfono de la Contaduría General de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. El testigo amenazado fue secuestrado por un grupo de tareas de la CNU junto con otros tres militantes de Montoneros en abril de 1976. Dos de ellos fueron ejecutados luego de ser torturados en la casa operativa que la banda tenía detrás de la Facultad de Agronomía de La Plata, en tanto que otros dos –entre los que se cuenta el testigo amenazado– fueron liberados por la patota a instancias de uno de sus integrantes, Patricio Errecalde Pueyrredón. Este sobreviviente reconoció a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y a Juan José Pomares (a) Pipi, como dos de sus secuestradores.

Causa y efecto. La inminente elevación a juicio de la llamada Causa Nº9, la primera relacionada con los crímenes cometidos por la CNU platense entre 1974 y 1976 que llega a esa instancia, ha causado un profundo revoltijo en el ambiente político donde se mueven o se han movido algunos de los antiguos integrantes de la patota, sus protectores políticos, sus deudores políticos, sus mandaderos y sus perejiles. En ese contexto, comenzaron a producirse las amenazas contra este testigo clave, cuya identidad los autores de esta investigación mantendrán por ahora en reserva.

Las primeras datan de marzo de este año, cuando el testigo comenzó a recibir recurrentes llamadas de un mismo teléfono, cuyo número pudo registrar y denunció a la Justicia. Al atender, sólo recibía como respuesta un ominoso silencio y luego el corte de la comunicación. Recién este mes –por negligencia, deliberada o no, de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, y por resistencia a colaborar de la Municipalidad de La Plata–, pudo establecerse que ese número pertenecía a la Contaduría General del municipio que conduce Pablo Bruera. Es un teléfono al que tienen fácil acceso un gran número de funcionarios y empleados de esa comuna.

El lugar de origen de las amenazas no resulta sorprendente a los autores de esta investigación. La Municipalidad platense es una de las instancias del Estado donde Juan José Pomares (a) Pipi ha tenido y conserva una fuerte red de relaciones. La otra es la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Los vínculos de Pomares con La comuna platense datan de 1991, cuando el justicialismo ganó por primera vez las elecciones en esa ciudad desde el retorno de la democracia. Fue entonces cuando Pipi fue convocado para trabajar en el área de Desarrollo Social de la municipalidad por el dirigente Alberto Delgado (a) El Cabezón, quien en aquel momento manifestó a algunos de sus colaboradores que necesitaba “un tipo pesado” para tratar con los punteros barriales del Partido de La Plata. Hoy, Delgado se postula como precandidato a intendente por el Frente para la Victoria.

De la mano de Pipi entraron a trabajar en el municipio –algunos como contratados y otros luegos como personal de planta– otros miembros periféricos de la patora de la CNU platense, a los que se sumaron algunos nuevos esbirros de Pomares en su nuevo papel de dirigente político y no pocos mandaderos y alcahuetes dispuestos a servirlo. Muchos de ellos –cuyos nombres darán a conocer próximamente los autores de esta investigación– permanecen aún hoy en la planta de la Comuna.

Pero la relación de mayor peso que tiene Pomares en la Municipalidad de La Plata ocupa un lugar mucho más elevado. Se trata de su ex mujer, Susana Gordillo, actual secretaria de Gobierno del intendente Pablo Bruera.

No sólo fue desde allí que se perpetraron las amenazas sino que el Municipio demoró meses en brindar la información que le requirió la Justicia Federal.

Más aprietes. Las llamadas intimidatorias continuaron periódicamente durante los últimos ocho meses. Otras provinieron de un número del Patronato de Liberados, y otras de un teléfono de un penal ublicado en la Provincia de Buenos Aires. Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi, están detenidos a la espera del juicio en el Penal de Marcos Paz, especializado en el alojamiento de genocidas.

Desde el senado. A principios de este mes, un abogado ligado al Justicialismo platense que se mueve como pez en el agua en el Senado bonaerense se comunicó con un amigo muy cercano al testigo amenazado. “Qué lástima este muchacho (por el testigo). Es un buen pibe, pero se metió en un quilombo bárbaro denunciando a Pipi”, le dijo, con la intención de que su comentario llegara a destino. Hace dos viernes, este mismo abogado llamó por primera en más de cuarenta años –desde que ambos pasaron por el Colegio Nacional de La Plata– para preguntarle si iba a ir a una comida de ex compañeros. “Me extrañó que me llamara, me sonó a intimidación, como haciéndome saber que era fácil saber dónde iba a estar”, dijo el testigo a Miradas al Sur.
El Senado bonaerense es desde donde, hace tres años, se motorizó una frustrada campaña por la liberación de Pomares. Ahora la mano viene un poco –bastante– más pesada.

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