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Crece la conflictividad laboral
Por Mario Hernández -
Monday, Nov. 24, 2014 at 1:31 PM
20-11-2014 | La semana pasada estuvo marcada por dos grandes huelgas: el paro docente en la provincia de Buenos Aires y la huelga bancaria.
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Imagen: Jornada de la CTA del 20 de noviembre. Luis Bañagasta.
El primero se cumplió con una altísima adhesión durante martes y miércoles y también tuvo impacto en el sector privado. Los docentes piden la liquidación de un plus de fin de año y adelantar las paritarias para 2015.
Al respecto, el pasado viernes el jefe de gabinete, Alberto Pérez, anunció que el gobierno de Scioli convocará anticipadamente a los gremios estatales para la negociación paritaria de 2015.
Por su parte, la Asociación Bancaria convocó a un paro nacional miércoles y jueves en reclamo de una “reparación” salarial para compensar “la pérdida del poder adquisitivo por la falta de actualización” del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
También los petroleros patagónicos habían convocado a un paro la semana anterior, pero levantaron la medida de fuerza luego que el Gobierno lograra que las empresas aceptasen pagar una compensación a los operarios por los descuentos que sufren mes a mes, no obstante el Ministerio de Trabajo advirtió que no homologará un acuerdo que involucre una cifra demasiado elevada. Mientras las empresas ofrecen un bono de $ 30.000 en varios pagos, los gremios quieren una bonificación de $ 50.000: $ 12.500 como compensación por los descuentos que sufrirán en noviembre y diciembre por Ganancias y una suma puente de $ 12.500 en enero, febrero y marzo a cuenta de la próxima paritaria.
El sur también existe
Como reflejo del malestar que se vive en el sur del país, donde según se desprende del relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (Sitravich) una familia tipo (matrimonio y dos hijos en edad escolar) que vive en Trelew o Rawson necesita $ 18.167 para llegar a fin de mes, los gremios nucleados en las CGT de Chubut, Santa Cruz y Río Negro resolvieron lanzar una medida de fuerza para el viernes pasado con el objetivo de reclamar la eliminación del Impuesto a las Ganancias, que fue suspendida tras el llamado de las autoridades a una mesa de negociación.
Además de los metalúrgicos, iban a participar de la medida los choferes de colectivos (UTA), portuarios (SUPA), empleados de comercio, trabajadores de la alimentación, Luz y Fuerza, y los maestros.
No es casual que el sur se haya convertido en un foco de conflicto. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores patagónicos son alcanzados por Ganancias, ya que según los datos del INDEC el sueldo inicial promedio supera el mínimo no imponible de $15.000 fijado el año pasado. Un ejemplo son los docentes que aunque parten de un básico más bajo que el de otras actividades, caen igual bajo la sombra del gravamen cuando cumplen dos turnos y poseen más de 5 años de antigüedad, lo que ocurre en la mayoría de los casos.
La protesta iba a coincidir con la que realizarían el mismo día los trabajadores de YPF y empleados de las estaciones de servicio (OPESSA) nucleados en la Federación de Sindicatos Unidos e Hidrocarburíferos (SUPEH). Reclaman la aplicación del convenio colectivo a todo el personal comprendido por ambas firmas, una compensación por el impuesto a las Ganancias, un plus por el desfasaje de los salarios por la inflación y sumas a cuenta para enero y febrero 2015.
“A ver Cristina, a ver si nos entendemos, con menos de tres mil pesos de básico no comemos. Pusiste millones para la Repsol, y solo monedas para educación”
El reclamo resonó en las calles de Paraná donde docentes nucleados en AGMER y AMET realizaron un paro el jueves 13 y se movilizaron a la sede de la gobernación.
Desde los gremios se destacó el acatamiento del 90% de la docencia a la medida de lucha, cuyo reclamo central fue la reapertura de paritarias, tal como se estipuló en la discusión de abril, ante un contexto de devaluación e inflación que castiga al salario y la vida de los trabajadores.
Las distintas seccionales departamentales y la conducción central de AGMER, recientemente reelecta, confluyeron en la consigna de luchar para que no sean los trabajadores quienes paguen los costos de la crisis económica.
También se plantearon demandas contra la precarización laboral (plan FINES y Mejoras) y el deterioro estructural de las escuelas, algunas de ellas sin agua. Con un mínimo que se ubica cerca del fondo de la lista salarial de todas las provincias, el gobierno del precandidato Urribarri se ha mostrado duro, con una línea profundamente antidemocrática a través de conciliaciones obligatorias, medidas de persecución y apriete, y finalmente este jueves anunció que descontará a los docentes el día de paro.
Movilizaciones en Rosario
Una muy importante cantidad de delegados de Amsafe Rosario y trabajadores de ATE marcharon el pasado jueves 6 hasta la Plaza San Martín para hacer oír el reclamo de un aumento de emergencia de $ 2000. En el acto realizado en Plaza San Martín, María Elena Molina afirmó que el bono era un paliativo que no alcanzaba y que en las grandes empresas de la provincia de Santa Fe estaban las riquezas necesarias para pagar un aumento a todos los estatales. Adriana Chesseux denunció el nuevo ataque a las trabajadoras y trabajadores estatales que significó el veto dispuesto por Bonfatti a la ley que establece la ampliación de la licencia por maternidad a 180 días. Gustavo Martínez desarrolló los reclamos de los compañeros de ATE, a la vez que denunció la responsabilidad policial en el asesinato de Franco Casco. Cerró el acto Gustavo Terés denunciando las políticas oficiales que buscan que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Rechazó el impuesto a las ganancias sobre los salarios y remarcó la necesidad del aumento de emergencia. Finalizó su intervención reclamando a la conducción de la Ctera y a la Amsafe Provincial que terminen con su política de subordinación a los gobiernos.
Dos multitudinarias movilizaciones de trabajadores bancarios recorrieron el miércoles y jueves pasados las calles rosarinas, en el marco de la jornada nacional de paro de 48 horas. La Asociación Bancaria reclama un bono compensatorio por la pérdida salarial para fin de año, la modificación de las alícuotas y escalas del tributo de ganancias y una “reforma tributaria y financiera”.
Pero como los trabajadores saben que el salario no es ganancia, en oposición a lo que promueve la conducción de La Bancaria, que es reformar el impuesto actual, muchos delegados y trabajadores proponen eliminar este impuesto y gravar a los especuladores financieros, aumentar los impuestos a las empresas, a las entidades financieras y a quienes obtienen grandes fortunas. Mientras los trabajadores pagan el IVA, el Gobierno otorga exenciones de aportes patronales y desgravaciones impositivas a cientos de empresarios por $ 200.000 millones. Es el caso de las entidades financieras que han obtenido ganancias millonarias como también ciertas prerrogativas por parte del Gobierno nacional, como la impunidad para no cumplir con los acuerdos firmados y el mantenimiento de leyes menemistas que avalan un gran fraude laboral como son las tercerizaciones.
A este cuadro se suman las siete provincias que ya empezaron a pagar bonos de fin de año a empleados del Estado, docentes, personal de salud, judiciales y policías.
Ante la escalada de conflictos, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia que busca que las empresas se hagan cargo del costo económico de negociar sumas compensatorias para los trabajadores, al mismo tiempo advirtió que Nación no asistirá financieramente a las provincias que otorguen bonos de fin de año.
Más reclamos
Pero el tiempo se acaba para el Gobierno. De hecho, en las últimas horas más gremios se sumaron a la lista de los que amenazan con tomar medidas de fuerza.
Luego que los camioneros se declararan en estado de alerta y movilización y este lunes fracasaran las gestiones con los gremios del transporte, este martes hubo una reunión clave en el Ministerio de Trabajo, donde los petroleros se reunieron con las cámaras del sector.
La negociación es seguida muy de cerca por otros gremios, ya que en caso de cerrarse un acuerdo será el primero de fin de año que incluye sumas no remunerativas y un alivio con respecto al Impuesto a las Ganancias, en medio de una generalización de los reclamos salariales y del creciente malestar por el impacto que tendrá el tributo sobre el aguinaldo de fin de año.
En caso de no haber un acuerdo, los petroleros definirán una protesta este jueves en Neuquén, donde el lunes los desocupados cortaron la ruta 17 para pedir trabajo en este sector.
En el caso del transporte, la comitiva gremial estuvo encabezada por el jefe de los maquinistas de La Fraternidad y de la oficialista Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), Omar Maturano y por el moyanista Juan Carlos Schmid, titular de Dragado y Balizamiento y de la opositora Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). También asistió un representante de los camioneros.
El ministro Carlos Tomada, acompañado por la viceministro de Trabajo, Noemí Rial, escuchó los reclamos de los gremialistas y puso reparos ante los reclamos al considerar "complejo" modificar las escalas del tributo. Y deslindó responsabilidades en los empresarios acerca del bono de fin de año, al sentenciar que "en ningún caso interviene ni intervendrá el ministerio" de Trabajo.
En respuesta, los sindicatos del transporte acordaron reunirse este jueves a las 10 en la sede de la UTA, donde definirán los pasos a seguir y podrían definir medidas de acción, tras retirarse de la reunión con una sensación de pesimismo.
En este sentido, el titular de la UTA, Roberto Fernández señaló que "aguardamos que el Gobierno haga algo que no sea discriminatorio, atento que sabemos que algunas provincias ya decidieron otorgar el bono de fin de año al igual que algunas empresas". Y advirtió: "Solamente esperamos respuestas porque no es posible que siempre sean los trabajadores los que paguen los platos rotos".
En medio de la creciente presión sindical por el pago de una compensación de fin de año por inflación y los descuentos en Ganancias, el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, reunirá el miércoles a la primera línea de la central para evaluar la posición de la entidad frente al complejo escenario laboral. Fuentes cegetistas mencionaron que la intención es aprovechar el encuentro, que se concretará en la sede de UPCN, para definir la estrategia con la que se buscará redoblar la presión sobre el Ejecutivo en reclamo de la excepción del medio aguinaldo de diciembre del pago Ganancias. Se trata de una medida que algunas versiones mencionan que el Gobierno tiene en estudio, pero cuya definición sigue sin resolverse.
También el miércoles el titular de la UOM, Antonio Caló, y los gremios patagónicos, que reclaman un plus salarial y la eliminación de Ganancias, serán recibidos por el Gobierno luego de convocar a un paro para el viernes pasado, que fue suspendido tras el llamado de las autoridades a una mesa de negociación.
El jueves será el turno de la central obrera conducida por Micheli y la Coordinadora Sindical Clasista, que realizarán a las 16:00 una medida de fuerza, con movilización a la Plaza de Mayo por una serie de mejoras laborales, como el pago de un bono salarial de fin de año de $4.000 a trabajadores y planes sociales.
La movilización se llevará a cabo en el marco de una "jornada de Lucha con paros y movilizaciones en distintos puntos del país". La CTA exige además un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $9.000 y aumento de emergencia para los jubilados y la excepción del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre.
El impuesto al salario es un chantaje del gobierno
Todos los años se repite la misma historia cuando se acercan las paritarias. El Gobierno utiliza como un chantaje el impuesto al salario para lograr un techo en el reclamo salarial y poner un tope al aumento de las asignaciones familiares y jubilaciones. Pero los trabajadores se cansaron de tanta farsa. Es imprescindible dar curso a esta nueva energía, haciendo asambleas, un congreso de base, democratizando la organización sindical. Lo que se necesita urgente es un plan de lucha unificado de todas las centrales sindicales, que puedan discutir en asambleas todos los trabajadores, para defender el salario y fijar un piso común para todos los acuerdos que partan de un mínimo igual a la canasta familiar. Universalizar y actualizar las asignaciones familiares, terminar con el trabajo precario, tercerizado o en negro. Que la plata para los salarios salga de los bolsillos de quienes día a día se enriquecen a costa de los trabajadores.
Fuentes: Argenpress.info, www.iprofesional.com, argentina.indymedia.org, Clarín.
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