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Discursos sobre la lucha contra la violencia a la Mujer
Por Nelson Vilca - Sunday, Dec. 14, 2014 at 10:26 PM
vilca.nelson@gmail.com 00591-61204011 Bolivia

análisis sobre la situación de violencia en Bolivia

Discursos sobre la l...
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Al entrevistar a muchas víctimas de violencia, varias coinciden en que los discursos cansan y no satisfacen, debido a que se habla mucho, y se hacen muchas actividades, pero solo para salir en la tele, pero después se sigue con lo mismo. Las mujeres víctimas de violencia y sus familiares se quejan que son muchos los discursos que se realizan en las campañas contra la violencia a la Mujer, pero son muchos más los casos de feminicidio, y esto prospera muchas veces por la impunidad y la insensibilidad que persiste en el sistema judicial y policial de Bolivia, y esto lo afirman las diferentes encuestas y entrevistas que dicen que la Policía de Bolivia es líder regional entre entidades con la peor imagen, y estos datos son del informe, realizado con 50.000 entrevistas en 28 países , la mitad de los encuestados expresa su insatisfacción con el cuerpo de seguridad. La Policía Boliviana ocupa el primer lugar en América Latina entre las instituciones con peor imagen ante la ciudadanía, según una de las conclusiones del Barómetro de las Américas de 2014, elaborado por el proyecto de Opinión Pública de AL de Vanderbilt University.

Bolivia, Venezuela, Perú, Haití y México son los países, en ese orden, donde las fuerzas de seguridad tienen la peor imagen. Uno de cada tres entrevistados informa que su Policía tarda al menos una hora en acudir a una denuncia de robo o, simplemente, no acude. El informe considera que la persistencia del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe conducen a una “democracias en riesgo”, en las que ganan terreno la centralización del poder y, en los casos más extremos, soluciones populistas, ilegales o violentas, como los grupos paramilitares, las patrullas ciudadanas o la condescendencia con los linchamientos.

Otro informe del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado en 2013, asegura que los bolivianos consideran a la Policía, a los partidos políticos y al Órgano Judicial como las instituciones más corruptas del país. El informe relativo a Bolivia revela que un 86% de la población cree que la institución policial está afectada por la corrupción. En segundo lugar, con un 78%, figuran los partidos políticos como los más corruptos y, en tercero, el Órgano Judicial, con un 76% de esta “lista negra”. Un 69% considera que luego se sitúan los funcionarios y servidores públicos, y el Órgano Legislativo con un 68%. En otro estudio, de Global Competitiviness Report, Bolivia ocupa el 117 en cuanto a la confiabilidad de la Policía.

Aunque después de estos datos tenemos que reconocer que se realizaron avances con la ley 348, igualmente con su reglamentación y los diferentes financiamientos para el cumplimiento de la ley.

Pero estos avances no son suficiente, si los operadores de justicia, y los operadores de seguridad y los operadores sanitarios siguen estando con las mismas prácticas insensibles a la situación de la víctima que denuncia y que estas no son atendidas debidamente, sumado a esto a que los operadores no mueven un dedo si no le pagan el refrigerio, la fotocopia de 30 bolivianos, el taxi, el cuaderno y muchos elementos más que las victimas de condición social pobre no pueden solventar.

Una de la mayor preocupación es el poco seguimiento de las denuncias y la poca atención posterior a la denuncia. Los operadores atienden el nuevo caso, pero se olvidan de los viejos y esto hace que se recarguen de casos y no sean efectivos, las personas que denuncian al ver esto se sienten olvidadas por el sistema y transita solitariamente todo el proceso de investigación y de enjuiciamiento, también se sienten manipuladas por el estado, más que nada por su inatención y por sus eternas promesas que no se cumplen, y que lleva a que las mujeres desistan de denunciar

En Bolivia por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre se realizaron diferentes actos y se escucharon varios discursos de autoridades de alcaldías, gobernación, y ministerios.

El más importante a mi parecer fue el de la ministra de Autonomías, Claudia Peña, que anunció que la reglamentación de la Ley 348, obliga a los gobiernos locales a invertir recursos para luchar contra la violencia hacia las mujeres, y ahora los municipios deben invertir 110 millones de bolivianos en la construcción de equipamiento y mantenimiento de casas de acogida, refugios temporales y Servicios Legales Integrales, esta inversión será fiscalizada por el Ministerio de Economía.

Actualmente las alcaldías invierten 60 millones de bolivianos y los gobiernos departamentales 10 millones. (Aproximadamente)

Lo que más nos preocupa es que existen varias denuncias de maltrato, golpizas, violación, o asesinato de mujeres y las personas acusadas de ser las victimarias gozan con un alto nivel de impunidad, estas personas suelen ser militares, policías, y representantes ejecutivos del estado, que acosan, maltratan, violan o asesinan y por el hecho de pertenecer a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, o poder político, pero si cualquier ciudadano va a un restaurant, verá la leyenda que dice, todos somos iguales ante la ley, pero esa leyenda no se aplica a los hechos de feminicidio o de abuso y maltrato en Bolivia.

Un ejemplo de ello es Perci Fernandez, (alcalde de Santa Cruz de las Sierras)que manosea a periodistas o sus funcionarias, ya fuese públicamente o en privado, y nunca fue sancionado, otro hecho fue la violación en Chuquisaca en donde concejales del MAS violan a una empleada en el recinto legislativo de la ciudad de Sucre, y el encargado de hacer la denuncia fue despedido, y la victima la dejaron cesante, y los violadores solo se excusaron al decir que estaban borrachos, que no se acuerdan del hecho, esa violación fue captada por las cámaras de seguridad y transmitida en todos los noticieros y nunca fueron procesados por violación los agresores.

Los victimarios que pertenecen a las fuerzas armadas suelen ser ocultados o liberados por sus mismos camaradas o solo son detenidos algunos participantes y no los de rango mayor.

El caso más conocido es el de un funcionario del Ejecutivo, del partido del MAS, que violaba reiteradamente a su hija de 9 años, que fue ocultado el hecho y luego este se escapó cuando se conoció la información.

El último caso conocido es el del gobernador de La Paz, quien recibe la denuncia de que en los refugios de menores hay casos de violación y maltrato, y la oficina de gobernación oculta el hecho no hace caso de la denuncia, pero firma la carta denuncia, y después declara que no sabe nada de estos hechos cuando aparece un niño de 8 meses violado y que después muere en ese refugio.

Son muchos los casos de denuncias y declaraciones, pero lo cierto es que los mismos empleados del estado, no pueden denunciar situación de violencia, acoso, maltrato, o discriminación pues son amenazados de ser despedido, y sus denuncias se pierden en el papeleo, o son despedidos y todo acaba en la nada, pero si ustedes pasan por un edificio estatal verán la leyenda de que están en contra de violencia a la mujer.

Lo más triste fue el saber de las declaraciones en privado del presidente de Bolivia que justifica la situación de violencia, pero en ámbitos públicos dice estar en contra de la violencia a la Mujer.

Entonces volvemos a lo mismo, en Bolivia existen muchas declaraciones públicas que hablan de una lucha en contra la violencia a la mujer, y una realidad que nos muestra que el 48 % de las concejalas y alcaldesas (según ACOBOL) sufre situación de acoso, maltrato y violencia en su gestión, pero estas mujeres muchas veces prefieren no denunciar pues no encuentran justicia en el sistema penal ni apoyo de su partido o comunidad.

Y las 100.000 denuncias por año de violencia a la mujer que existe en Bolivia y la muerte por feminicidio cada dos días, nos demuestran que los discursos no son suficientes, y los proyectos que dicen que se van hacer, tampoco serán suficientes, pues están dirigidos para concentrar a las mujeres en los refugios, y en estos refugios las victimas podrán estar solo por tres meses, y en algún momento se llenaran por la cantidad de denuncias.

Las políticas no están dirigidas a convertir a los agresores en personas que no tengan respuestas violentas e insensibles, en la reglamentación de la ley 348 esta mencionada estas acciones, pero en los hechos no está efectivizada, tampoco los hechos nos demuestran que apuntan a un cambio de paradigma, un cambio de actitud, pues si caminas por las calles de la ciudad veras que pocos conductores tiene respeto a la vida, y pocos policías o fiscales no re victimizan a las denunciantes, todo lo contrario si lo hacen.

Esto demuestra que los discursos hablan de no violencia, pero la realidad nos demuestra que estamos en una constante lucha de poder, y una búsqueda de la señora impunidad para que ella se quede presente eternamente.

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