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Censura y apriete en Radio General Belgrano
Por Red Eco Alternativo -
Friday, Feb. 06, 2015 at 9:22 AM
El programa “El show de open night” que se transmite por Radio General Belgrano (AM 840), tuvo que interrumpir una entrevista al historiador Fabian Harari por presiones de la dirección de la radio. Allí analizaban el crimen del Fiscal Nisman que el historiador calificó como “un crimen de estado”. El conductor del programa interpretó la censura como “temor a dejar de recibir la publicidad por parte del gobierno”. De esta manera vemos la relación promiscua entre política y medios, en este caso a través del manejo discrecional que se hace de la “pauta oficial”, un agujero que la “Ley de Medios” no cubrió. Red Eco Alternativo
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(Juan Manuel Boccacci – Red Eco) CABA – Un caso de censura tuvo lugar esta semana en Radio General Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la transmisión del programa “El show de Open Night Radio” se realizaba una entrevista al Doctor en Historia Fabián Harari, miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Allí analizaba la muerte del Fiscal Nisman sosteniendo que se trató de un “crimen de estado”. La conversación fue interrumpida por presiones desde la dirección de la radio. El conductor del programa Emiliano Rodríguez tuvo terminarla en manera abrupta y finalizar el programa de una forma no prevista.
En diálogo con el programa “Enredando las mañanas”, Rodríguez relató lo ocurrido: “No pudimos continuar con la entrevista debido a que recibíamos insistentes llamados de la directora de la radio, haciéndonos amenazas con que iban a venir hasta la radio para levantar el programa”.
Consultado sobre las motivaciones que pudieron llevar a la dirección de la radio a levantar la entrevista, el conductor del programa sostuvo: “Sabemos que en la radio se pasa publicidad del Gobierno y creemos que lo que motivó esa actitud amenazante fue un interés económico, de sentir temor por perder ese ingreso para la radio”. “Hasta el momento no hemos recibido ningún pedido de disculpa o llamado. Sino recibimos un llamado, nuestro abogado de se va a presentar en la radio. En el caso de que no haya pedido de disculpas o un retractarse por lo ocurrido, no continuaremos en la radio”.
Este acto de censura abierta debe sumarse a una serie dentro de la cual podemos dar cuenta de algunos casos resonantes.
La agencia Télam al producirse el asesinato del dirigente campesino Christian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), demoró la entrega de notas y eliminó párrafos de entrevistas en la se responsabilizaba a las autoridades provinciales por el hecho. Tampoco se incluyeron fotos.
En junio de 2012 fue despedida Marcela Pacheco, que se desempeñaba como presentadora del informativo de medianoche en La Tv Pública. La periodista realizó críticas sobre la concentración del 25 de Mayo del 2012 llevada a cabo por el gobierno. Inmediatamente la periodista fue cesanteada. A esto se suman los continuos reclamos que desde las organizaciones sindicales los trabajadores de la Tv Pública realizan por “las censuras y manipulaciones en el servicio informativo”.
En el diario Pagina 12, Darío Aranda, sufrió retrasos en la publicación de sus notas. En una de ellas se modificó el contenido y aun así fue publicada con su nombre. Aranda es especialista en pueblos originarios y viene denunciando la desidia del gobierno para con ellos desde hace años.
La ligazón promiscua entre política y medios puede verse en cada uno de estos casos de censura. El mantenimiento de una determinada línea ideológica y las presiones para recibir financiación a través de la pauta publicitaria (sea de nación o de las provincias), son algunos de los componentes que presionan sobre la labor de los periodistas, replicando casos de censura abierta así como indirecta.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) establece que “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”. A cinco años de sancionada la ley, aún no fueron determinados esos criterios para poder regular la “pauta oficial”.
Frente a estas situaciones se vuelve indispensable la comunión entre trabajadores de prensa para luchar por sus condiciones de trabajo y poder denunciar aprietes de las patronales.
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