Operativo Independencia. A 40 años del inicio del genocidio en nuestro país.
Por Agencia Walsh - Thursday, Feb. 12, 2015 at 9:55 AM

(AW) El 9 de febrero de 1975, domingo de carnaval, llegaban a Tucumán los primeros contingentes de represores de las fuerzas armadas y de seguridad. Años después se sabría que fueron alrededor de 5000 los agentes enviados, por el Gobierno de Isabel Perón, para exterminar a los combatientes del Pueblo.

El Operativo Independencia no fue un simple antecedente represivo o una antesala del genocidio. Significó el inicio de un plan sistemático de exterminio durante un gobierno constitucional, plan que será extendido a todo el territorio argentino por la dictadura militar en 1976.

Los asesinatos y la exhibición de cuerpos realizados hasta entonces por la llamada AAA y sus versiones locales fueron reemplazados por una nueva y siniestra forma de exterminio de los luchadores populares ejecutada ahora de manera directa por el propio Estado: el secuestro y la desaparición forzada de personas en Centros Clandestinos de Detención, a través de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad (policias provinciales, federal y gendarmería).

El decreto secreto Nº261/75 del Poder Ejecutivo Nacional –firmado 4 días antes del lanzamiento del Operativo, por la presidente constitucional Isabel Martínez de Perón– expresaba la decisión política de comenzar la matanza sistemática: ordenaba al ejército del Estado argentino “ejecutar las operaciones que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

Ordenado por un gobierno constitucional, ejecutado por las fuerzas represivas y avalado por gran parte de la dirigencia política, por grandes grupos económicos, sectores conservadores de la iglesia católica, la burocracia sindical y medios de comunicación, el Operativo Independencia fue el primer paso de un proyecto de transformación de la sociedad a través del terror.

Los casi 10 centros clandestinos de detención que funcionaron durante el Operativo –siendo el principal la Escuelita de Famaillá– por donde pasaron cientos de luchadores populares de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy fueron el símbolo de ese intento dirigido por las clases dominantes de doblegar las lucha del campo popular. Es que la implementación de un proyecto político, económico y cultural que excluía a la mayoría del pueblo no podía imponerse sino con sangre y terror.

Después de 40 años de estos hechos, impulsados por la lucha durante décadas por Memoria, Verdad y Justicia, en Tucumán se han concluido 10 juicios en los que se condenaron a 65 represores por los delitos cometidos contra 289 compañeros. Se prevé para este año el inicio de la Mega Causa por el Operativo Independencia donde se acusará a 40 genocidas por 269 casos de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas.

Estos juicios han sido un paso fundamental pero insuficiente para revertir los 40 años de impunidad. Los condenados son una ínfima proporción de los que participaron en el genocidio y muchos de ellos continúan en funciones en las fuerzas armadas y de seguridad, como el general Milani. La lentitud en el avance de los juicios se convierte en una nueva forma de impunidad que aleja a los genocidas de la cárcel: la impunidad biológica, muchos de ellos mueren sin haber sido indagados ni juzgados.

A su vez, los avances en la justicia se han opacado por nuevas políticas de impunidad. La expresión más acabada de esto fue la decisión de la Cámara de Casación en noviembre pasado de dejar en libertad a los represores condenados en la Megacausa Jefatura II- Arsenales II hasta tanto no quede en firme la sentencia.

Los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y políticas no renunciamos a exigir justicia y a denunciar las políticas de impunidad. Por eso exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros. Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados. Exigimos al Gobierno su inmediata apertura y publicación!

En estos días, quienes seguimos luchando y continuamos la militancia de aquella generación que desapareció en el Operativo Independencia y en la dictadura militar, los honramos porque entregaron su vida por un mundo distinto, por una sociedad sin miserias ni privilegios, por un país sin dominación ni explotación. Para ellos nuestro homenaje eterno a sus luchas, a sus vidas, a todas sus formas revolucionarias de enfrentar la miseria, el cierre de los ingenios, la desnutrición.

Con toda esta historia acumulada de lucha, surge con fuerza el repudio constante a ese decreto del gobierno de Isabel Perón, a todos los ministros y funcionarios que firmaron y avalaron esa medida, a todos los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el exterminio. Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales que entregaron a los cuerpos de delegados, como a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

Denunciamos a los funcionarios judiciales cómplices de los genocidas que fragmentan, entorpecen y demoran las causas invisibilizando las dimensiones del genocidio y perpetuando la impunidad.



30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESPARECIDOS

¡PRESENTES!

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS

FIRMAN:



GIGET (Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán)

Fundación Memoria e Identidades del Tucumán

HIJOS Tucumán

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

www.agenciawalsh.org/index.php

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