Julio López
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18F: Toman nuestro lugar
Por reenvío Razón y Revolución - Wednesday, Feb. 18, 2015 at 4:12 PM

La crisis política se va profundizando. Ahora la oposición consiguió la imputación de la propia presidente. La convocatoria de los fiscales federales, la oposición burguesa y la dirección sindical moyanista a la marcha del 18F tiene un objetivo netamente reaccionario: reivindicar a un fiscal, sobre el cual hay pruebas concluyentes de que ha operado con los servicios de inteligencia argentinos, a las órdenes de la inteligencia norteamericana.

Durante diez años, Nisman lo hizo en sintonía con este gobierno. Desde hace poco, para la oposición. Esa marcha va a constituir un apoyo no solo a la oposición de derecha, sino al bloque de la embajada yanqui e israelí.
La oposición burguesa, en especial el macrismo, está tomando la iniciativa: ganó servicios de inteligencia, infiltró a la Justicia, acusa a la presidente y hasta convoca a una marcha masiva. Una apelación a las masas que la izquierda se negó a realizar. El FIT sigue ausente: todavía estamos esperando, al menos, un simple comunicado. El PTS se ha negado sistemáticamente a movilizarse, constituyendo, en los hechos, una acción favorable al oficialismo. IS, por su parte, no está interesado en el esclarecimiento del atentado, que es el verdadero corazón del asunto. En su último comunicado en repudio a la marcha, no dice una sola palabra sobre esto. El PO llamó a una marcha, pero no puso fecha. Solo unos días después decidió hacerla efectiva, pero en realidad, se convoca a incluir los reclamos en la marcha por los derechos de la mujer (8 de marzo) y en la del 24 de marzo. Es decir, se posterga entre casi y más de un mes la convocatoria y se diluye en otros contenidos.
El Gobierno quiere mantener la impunidad de las fuerzas represivas del sistema y garantizar su propia salvación a futuro del huracán de denuncias que tendrá que soportar luego de dejar el poder. La oposición burguesa agita ahora a las masas para desgastar más al gobierno primero y ganar espacio de negociación después, cuando para esconder sus propios chanchullos pactará con el kirchnerismo derrotado un silencio general sobre todo lo que importa al pueblo. Si no intervenimos, participamos de la maniobra burguesa que garantizará la estabilidad capitalista luego de la muerte del bonapartismo. El nuevo gobierno absorberá los restos del viejo, su sistema punteril, su aparato de control de la población y su influencia sobre las masas. Reforzado de esta manera, el poder burgués tendrá las manos libres para atacar a las organizaciones revolucionarias y al proletariado.
La calificación de “golpismo” por el kirchnerismo en relación a la marcha, -calificación compartida por las fuerzas del FIT, en un esfuerzo mezquino por conquistar simpatías electorales entre las bases decepcionadas del kirchnerismo-, resulta particularmente grave y debe ser repudiada. Denunciando un golpe que no existe, porque la oposición no quiere que Cristina se vaya sin asumir los costos del ajuste que se viene, el oficialismo invalida cualquier forma de acción política que resulte en una crítica al gobierno. Si aceptamos que todo el que se moviliza es golpista, construimos el instrumento jurídico y político con el que se nos reprimirá a la primera de cambio. Ninguna fuerza popular puede convalidar esta prohibición lisa y llana de toda reacción contra el poder.
Por más que subraye y grite hasta el cansancio que se trata de una “crisis política”, la izquierda actúa como si no lo fuera. Una crisis política implica la ruptura de las masas con sus direcciones. Por lo tanto, la intervención requiere el llamado a la movilización, lo que estuvo ausente. La oposición burguesa tomó nota y cosecha los resultados. Un cierre reaccionario a la crisis no redundará en un avance, sino en un retroceso de las posiciones alcanzadas.
El FIT debe hacerse presente. Hay que convocar una movilización con consignas propias: el esclarecimiento del atentado a la AMIA, del encubrimiento y del crimen de Nisman. Que una comisión independiente, conformada por diputados de las organizaciones obreras y de las organizaciones de lucha (Apemia, Correpi, etc.), se encargue de la apertura de todos los archivos de inteligencia, diplomáticos y de todas las agencias represivas. Que esa misma comisión se encargue de juzgar todas las causas que broten del examen de los archivos desclasificados. Por la eliminación de los servicios de inteligencia.
A las calles, que tienen que ser nuestras.

Razón y Revolución


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