“La justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno”
Por El Siglo Web - Thursday, Feb. 19, 2015 at 8:49 PM

Desde la Comunidad Indio Colalao exigen justicia luego del violento desalojo ocurrido a principio de enero en beneficio de Ana Alejandra García Mascoff. El martes realizaron un multitudinaria marcha acompañados por organizaciones sociales y políticas. Acusan a la justicia por la usurpación de sus tierras

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18/02/2015 11:14 PM | La Comunidad Indio Colalao, Valle Choromoro, Pueblo Nación Diaguita de Trancas reunidos en asamblea permanente, se encuentra movilizados denunciando públicamente “el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de Tucumán el 6 de febrero pasado”, informaron mediante un comunicado.
Este martes, a 11 días del brutal desalojo se movilizaron por el pueblo de Colalao “con el acompañamiento de la Autoridades, delegados y miembros de la Comunidad del Pueblo Tolombón Nación Diaguita, de comuneros de la comunidad del Pueblo Chuschagasta, de autoridades y delegados de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, de referentes de La ONPIA, Referentes de la Red del Pueblo Atacama de Salta, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND Salta, referentes de la Comunidad Aukajkuna del Pueblo tonokoté de Santiago del Estero, Werken de la Confederación Mapuce de Neuquén, con la presencia del referente del movimiento Evita y secretario de la Agricultura Familiar Emilio Pérsico, técnicos de la Agricultura Familiar Tucumán, junto a medios locales y sociedad en general, para denunciar el violento atropello sufrido en nuestro territorio ancestral”, indicaron.
El atropello a la comunidad se produjo el viernes 6 de febrero a las 7 de la mañana cuando llegaron a Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al grupo cero, grupo de la regional norte, infantería y agentes locales.
Según informaron los comuneros, la orden de entrega provisoria llegó por una resolución del juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, a cargo Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, quien pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre”.
Debido al despiadado desalojo, “como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece:
'Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas. Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas'”.
En este sentido resaltaron que “los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales. Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de España en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados”.
Por lo tanto “está más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios”.
Los comuneros indicaron que “en Colalao, luego del desalojo, la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodó en el mejor hotel de San Pedro (Los Arcos) y montó su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazó con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción”.
En definitiva la comunidad diaguita exige a los organismos nacionales responsables de la política indígena a “intervenir de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial. Solicitamos la urgente intervención del ReTeCI para culminar el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, iniciado en el año 2010, nuestra emergencia territorial los hace responsables de este incumplimiento. Convocamos a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de Nación a velar por cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestro territorio. Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales”.

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