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En San Pedro marcharon por el desalojo de la Comunidad Indio Colalao de Trancas
Por D 24 - Thursday, Feb. 19, 2015 at 8:51 PM

Denuncian que la justicia actúa en complicidad con una terrateniente y exigen la inmediata intervención de los organismos correspondientes.

En San Pedro marchar...
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La Comunidad Indio Colalao fue desalojada el 6 de febrero. Desde entonces vienen denunciando el violento desalojo en beneficio de Ana Alejandra García Mascoff y exigen justicia. Con este motivo, el martes realizaron una multitudinaria marcha acompañados por organizaciones sociales y políticas. Desde la comunidad se exige a los organismos nacionales responsables de la política indígena que intervengan de manera inmediata “para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial”.

“Solicitamos la urgente intervención del ReTeCI para culminar el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, iniciado en el año 2010, nuestra emergencia territorial los hace responsables de este incumplimiento. Convocamos a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de Nación a velar por cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestro territorio”, señalaron en un comunicado los miembros de la comunidad

En ese comunicado la Comunidad Indio Colalao, Valle Choromoro, Pueblo Nación Diaguita de Trancas expresó que se encuentran en asamblea permanente denunciando públicamente “el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de Tucumán el 6 de febrero pasado”.

La movilización del día martes, a 11 días del brutal desalojo, contó con el acompañamiento de la Autoridades, delegados y miembros de la Comunidad del Pueblo Tolombón Nación Diaguita, de comuneros de la comunidad del Pueblo Chuschagasta, de autoridades y delegados de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, de referentes de La ONPIA, Referentes de la Red del Pueblo Atacama de Salta, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND Salta, referentes de la Comunidad Aukajkuna del Pueblo tonokoté de Santiago del Estero, Werken de la Confederación Mapuce de Neuquén. Además contaron con la presencia del referente del movimiento Evita y secretario de la Agricultura Familiar Emilio Pérsico, técnicos de la Agricultura Familiar Tucumán, junto a medios locales y sociedad en general, para denunciar el violento atropello sufrido en nuestro territorio ancestral”, indicaron.

El desalojo ordenado por una resolución del juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, a cargo Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, se efectivizó el viernes 6 de febrero a las 7 de la mañana. En ese momento llegaron a Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al grupo cero, grupo de la regional norte, infantería y agentes locales.

En el comunicado se resalta, además, que “los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales. Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de España en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados”.

De este modo para la comunidad, y ante la decisión judicial, “está más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios”.

Los comuneros indicaron que “en Colalao, luego del desalojo, la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodó en el mejor hotel de San Pedro (Los Arcos) y montó su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazó con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción”.

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