SanCor despidió para evitar la elección de delegados
por Indymedia Rosario • Monday, Feb. 23, 2015 at 4:03 PM
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La semana pasada, se dio a conocer el fallo de primera instancia en el marco de los cinco despidos en SanCor CUL en 2010. El Juzgado Laboral de la 6° Nominación a cargo de la Dra. Patricia Otegui, resolvió declarar la nulidad de todos los despidos, la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo “en las mismas condiciones que existían antes de los despidos declarados nulos en el término de diez días”, y condenó además a la empresa a pagar los salarios caídos y una indemnización en concepto de daño moral equivalente a un año de sueldos. La magistrada consideró que los despidos fueron una estrategia patronal para evitar que los activistas participaran de la elección a delegados convocada por la CTA.

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Tras cinco años de juicio, con una treintena de declaraciones testimoniales y profusa presentación de pruebas informativas y documentales, el Juzgado de la 6° nominación resolvió declarar la nulidad de todos los despidos  perpetrados por SanCor CUL en 2010, por considerarlos discriminatorios, contrarios a ley antidiscrimiantoria 23.592, contrarios a la convención interamericana de derechos humanos y diversos pactos que tienen jerarquía constitucional. Además de eso ordenó la reinstalación de los 5 despedidos, el pago de salarios caídos y daño moral por un monto equivalente a trece meses de sueldo para cada uno de los trabajadores.

“La sentencia valora adecuadamente la prueba producida, como demostrativa de que lo que hubo fue una discriminación por la militancia gremial de los trabajadores, algunos fueron miembros de la extinguida Seccional Rosario de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), y activistas de la Agrupación 7 de Febrero”, ponderó Jorge Elizondo, representante legal de Ariel Chávez, Pedro Estrada, Leonardo Rivello, Federico Chappel y Lucas Machuca.
El letrado destacó que el fallo es producto de la lucha de los obreros despedidos, quienes en 2009 ya empezaban a denunciar que SanCor quería cerrar su Centro de Distribución Rosario, en connivencia con el Consejo Directivo Nacional de ATILRA  para realizar una suerte de “limpieza ideológica”. Denuncia que se corroboró cuando la gran empresa láctea trasladó las tareas locales a la ciudad de Gálvez, a 140 kilómetros.

Uno de los elementos destacados del fallo respecto a otros es que dispone la reincorporación bajo apercibimiento de multas en caso de que se desacate, equivalente al día del salario actual del trabajador hasta que se acate.“Hay fallos que con criterio salomónico y a nuestro criterio inadecuado, establecen que  si la empresa no accede a reintegrar a los trabajadores puede sustituir esa obligación por el pago de una indemnización agravada. Ese es el criterio de algunos jueces, pero evidentemente la jueza de la 6ª nominación entiende que si hay discriminación corresponde nulificar el despido y retrotraer la situación al momento del acto discriminatorio. Eso revela una coherencia jurídica e ideológica del fallo en relación con la defensa de los derechos de los trabajadores”, valoró Elizondo.

Argumentos fuertes

Los cinco despedidos de Sancor el 15 de mayo de 2010 tenían hasta 22 años de antigüedad en la planta. Todos habían ocupado cargos gremiales en la intervenida y disuelta Seccional Rosario de ATILRA o eran reconocidos activistas de la Agrupación 7 de Febrero, conformada cuando las autoridades nacionales del gremio desguazaron la seccional rebelde.

La empresa reiteró en todos los telegramas de despido una misma imputación: “alterar de manera constante el clima laboral dentro de la Sucursal Rosario creando de esta manera y con esta actitud una inaceptable división dentro del establecimiento”. Luego desacató la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo y aceleró el traslado del Centro de Distribución Rosario, generando una sangría de casi 20 obreros que fueron despedidos o no soportaron la jornada, el hostigamiento y el traslado diario.

Lo que recoge el fallo como elemento es el reconocimiento del desarrollo de las elecciones del 10 de junio de 2010, convocadas por la Central de Trabajadores de la Argentina.  Dice el fallo que SanCor aclara “que ninguno de los actores ejercía cargo gremial alguno en la época de los despidos”, intentando desconocer elecciones de CTA y aduciendo que la única organización gremial existente, es ATILRA.

Pese a que la empresa lo negó en el expediente, la jueza consideró que la prueba informativa remitida por el correo oficial avala la versión de los denunciantes respecto a que  las misivas de convocatoria a la elección de delegados tanto al Consejo Directivo Nacional de ATILRA, como la Seccional El Trébol y a la empresa, fueron enviadas “con anterioridad al acaecimiento del distracto de los cinco trabajadores”.

“Lo expuesto revela que tanto el consejo Directivo nacional ATILRA como ATILRA Seccional El Trébol (líneas oficiales opuestas a las de los actores y, conjuntamente con la patronal, tal como detallaré ut infra), tenía pleno conocimiento de la intención que manifestaba el grupo de trabajadores dentro de los cuales militaban los actores de convocar a elecciones y conformar listas para presentarse como candidatos para ejercer cargos gremiales”, prosigue el dictamen.

Además de advertir que “los actores operaban como referentes sindicales para un amplio sector de los trabajadores de la empresa demandada efectuando reclamos en pos de optimizar sus condiciones laborales y la de sus compañeros”, se comprueba la activa participación de los despedidos en reclamos de trabajadores de la sucursal, entre ellos, el pase a planta, la adecuada aplicación del convenio 2/88, considera probada la existencia de un conflicto gremial interno en la firma Sancor CUL e infiere que “el despido producido en fecha 15 de mayo de 2010, tuvo estrecha vinculación con la obstaculización de la celebración del mencionado acto eleccionario y la eventual participación en los mismos de las facciones opositoras a la conducción de ATILRA Nacional, en las cuales participaban activamente los accionantes”. Un dardo al centro de unicato que transparenta la connvivencia patronal – burocracia sindical.

Profundiza la magistrada en la situación, considerando que  “existe en autos abundante prueba que refleja la existencia de conductas persecutorias por parte de la conducción gremial oficial en contra de las facciones opositoras conformada en parte por los accionantes; destacándose entre ellas los episodios ocurridos en fecha 27 de noviembre de 2008 y 3 de diciembre de 2008”, dos fechas claves en la intervención de Rosario por parte del Secretario General de ATILRA Nacional Héctor Ponce.

Por los testimonios y el material probatorio “se genera la convicción en esta juzgadora de que se configuran en autos fuertes indicios acerca de conductas discriminatorias contra los actores en razón de su posición gremial, tanto de los representantes de la conducción oficial ATILRA Nacional como –y en lo que resulta relevante para la causa- de la empleadora demandada”.

Coincide con el criterio adoptado por reciente jurisprudencia que afirma que “si bien es cierto que no correspondería responsabilizar a la empresa demandada ante la existencia de una “interna gremial”, lo cierto es que emerge de la prueba testimonial brindada en la causa, que a los trabajadores que simpatizaban con la lista opositora a la oficial se los trataba de manera distinta a los que lo hacían con el gremio oficial; operando dicho accionar como un fuerte indicio –reitero- del ejercicio de conductas discriminatorias desempeñadas por la patronal”.

De este modo la magistrada no sólo considera discriminatorios los despidos. Los considera un acto contra las elecciones a representantes gremiales convocadas por la CTA, en la cual quienes también reconoce como activistas de la Agrupación 7 de Febrero, iban a presentarse y de hecho resultaron electos (Chávez, Estrada y Chappel) . Y va más allá, tomando dos testimonios que cita considerando que “reflejan la legitimidad que los trabajadores  reconocían a las elecciones convocadas por la CTA”.

“Cabe concluir que la desvinculación de los accionantes operada el 15 de Mayo de 2010 constituye un acto discriminatorio tipificado en el Art. 1 de la Ley 23.592, en tanto se produjo en el marco de un conflicto sindical y en forma previa al acto eleccionario del cual todos los actores participaron integrando listas como candidatos para ocupar cargos gremiales. Asimismo se advierte como antecedente de los distractos, el continuo trato desigual y persecutorio que impartía la conducción gremial oficial” (…)  “Prosiguiendo  con el análisis del debate central de la causa, considero que los despidos dispuestos por la patronal deben reputase ineficaces, por lesionar la libertad sindical de los trabajadores afectados con dicha medida, al responder como represalias al ejercicio de dicha actividad y con la finalidad de obstaculizar la participación de actores en el mencionado acto eleccionario y en las demás actividades relacionadas con el ejercicio de tal derecho de consagración constitucional”, sentencia el escrito.

Cabe mencionar que la jueza llega a desestimar de plano testimonios de entonces empleados de Sancor ligados a ATILRA Nacional por “su animadversión respecto de los actores y su intención de favorecer la posición asumida por la demandada” y hasta carga con las costas a la empresa.

Respecto a las implicancias de aquí en adelante Elizondo descartó la posibilidad de medias tintas. En caso de que Sancor apele (que es lo esperable), alguna de las tres salas de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral deberá ratificar o descartar este fallo de primera instancia.

Sin dudas, además de la implicancia judicial de este dictamen al que le queda camino por recorrer, es de destacar que a diferencia de otros conflictos, en éste los empleados continúan en pie por la reivindicación de origen: la reincorporación y la reinstalación de Sancor en Rosario con todos los puestos de trabajo. Algo que muestra un colectivo lleno no sólo de voluntad, firmeza, en unidad, sino los resabios sólidos de una organización gremial que supo hacer fuerte hincapié en la definición en asamblea, la defensa de los derechos de los trabajadores, con solidaridad de clase y una profunda militancia desde lo humano que supo sostener los vínculos aun en los momentos más difíciles.

“Muchos compañeros perdieron su puesto de trabajo en esta lucha. Y el orgullo y agradecimiento eterno para esos compañeros que tengo es saber que en el momento más difícil que vivimos, ellos nos apoyaron. La unidad que se va creando en los puestos de trabajo, es unirse hasta el final. Este es el principio de una historia que va a marcar  a muchos trabajadores y todos nuestros compañeros tomaron en su momento la definición de acompañarnos hasta el final. Esta lucha no fue en vano y el resultado es una victoria de todos, producto de la unidad que hizo que la fuerza colectiva diera resultados. Cuando dijimos que Sancor se quería llevar la sucursal rosario, era así. Hoy tenemos el apoyo de todos los compañeros. No vamos a claudicar, vamos por lo mismo que dijimos en un principio”, destacó emocionado Ariel Chávez.

Notas anteriores:
La justicia falló a favor de los despedidos de SanCor Rosario

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