Mendoza. Una nueva vulneración de derechos
Por Red Eco Alternativo - Friday, Feb. 27, 2015 at 8:30 AM

A través de un comunicado la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Provincia de Mendoza (CPPT) explica los motivos por los que rechaza la instalación de un establecimiento destinado a la privación de libertad de jóvenes en la localidad de Cacheuta. Consideran que implica un retroceso en materia de derechos humanos y en la implementación de políticas públicas respecto a esta temática. Red Eco Alternativo.

carcel.jpg, image/jpeg, 450x300

(Red Eco) Mendoza – Según explican desde la Comisión, la cárcel o centro cerrado será construida en el distrito de Cacheuta de Luján de Cuyo, para alojar a jóvenes de entre 16 y 18 años de edad que actualmente se encuentran privados de libertad en las dependencias de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, en el departamento de Godoy Cruz.
“Con la construcción de esta nueva cárcel podemos evidenciar que lejos de ser una excepción, la privación de libertad parece transformarse en regla para el fuero penal de menores que bajo la excusa de ‘única alternativa posible’ es dispuesta de manera indiscriminada”, afirman, al mismo tiempo que remarcan que esta iniciativa no fue tratada en la Comisión Bicameral de Seguridad, ni en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado provincial.
A su vez destacan que la actual normativa nacional e internacional considera que la privación de libertad para niños, niñas y adolescentes debe ser utilizada solo como una medida de último recurso y durante el período más breve posible, teniendo como objetivo su integración o inserción social.
Para explicar su rechazo, la Comisión enumera fundamentos legales; basados en convenciones; criminológicos; estructurales, de acceso y recursos como el transporte público (imprescindible para que familiares puedan concurrir a las visitas), la presencia de un basural en las cercanías de la prisión, la distancia que se encuentra de juzgados y defensorías y de servicios de emergencias; la inexistencia de espacios destinados a educación, deportes, oficios, talleres, entre otras actividades, y la seguridad – por su ubicación – del lugar. También incluyeron fundamentos respecto al personal y los recursos humanos, en cuanto a la falta de capacitación.
Fueron varios los funcionarios provinciales que salieron a defender la instalación de este centro en Cacheuta. En junio de 2013. Dolores Alfonso, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, afirmaba que “la posición geográfica no implica una vulneración de los derechos de los jóvenes”, que “los jóvenes tienen tres visitas permitidas por semanas y van a ser respetadas”, “Hemos trabajado con varios organismos de Derechos Humanos y ninguno nos había planteado algo en contra del nuevo proyecto”, y que “se trata de un terreno provincial de 1.229 metros cuadrados que se ubica sobre el costado derecho de la Ruta 7, unos kilómetros antes del penal de Almafuerte. La empresa ganadora de la licitación es Corporación Sur – Aquapark y el presupuesto oficial es de 11.694.480 pesos”. Al respecto, desde la Comisión respondieron: “De la propia argumentación de la funcionaria, surge que en lugar de construir centros alejados de toda población, se debería haber optado por la regionalización. La posición geográfica sí puede configurarse como un agravamiento de las condiciones de detención. El respeto de las tres visitas semanales va a ser imposible. Ésta CPPT desconoce cuál o cuáles organismos de derechos humanos han avalado el proyecto y solicitamos mayor información al respecto. La construcción del establecimiento no ha previsto talleres ni escolarización. El presupuesto inicial de 11 millones, como veremos, terminó en más de 30 millones”.
El 11 de febrero de este año, Eduardo Ruíz, jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza, manifestó: “Lejos de ser una cárcel, se trata de un complejo cerrado”; además aclaró que solo serán trasladados a este lugar 15 chicos, que son quienes tendrían mayores problemas de conducta. La Comisión, en tanto, le respondió: “No llegamos e entender la diferencia sustancial entre cárcel y centro cerrado. El fin de ambos tipos de instituciones es idéntico: la privación de libertad. La afirmación lisa y llana del criterio estigmatizante para determinar a los jóvenes que serán alojados en Cacheuta, deja a las claras la finalidad de la medida. Lo mismo respecto de la ponderación de derechos: se ha elegido la ‘seguridad de los mendocinos’ en lugar de los derechos de los jóvenes, y ello a través de una medida extremadamente onerosa, lenta, vejatoria y retrógrada. Por último, la ‘integración’ o ‘inclusión’ a través de la exclusión que supone el alojamiento en la cárcel de Cacheuta, nos parece un criterio no sólo desatinado, sino hasta irónico”.
Finalmente, desde la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Mendoza afirman que tras este proyecto, la provincia se coloca “nuevamente en la vanguardia de la vulneración sistemática de derechos humanos de las personas privadas de libertad. En éste caso de niños, niñas y adolescentes”.
“Estamos convencidos que seguir construyendo cárceles no es la solución a ninguna problemática que atraviese nuestra sociedad, solo fomenta que los jóvenes que transiten por estos espacios sean etiquetados de peligrosos y sean excluidos de otros espacios que podrían ser inclusivos como el educativo y el del trabajo”, agregan.

www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=15380&Itemid=130

agrega un comentario