Cuando el debate por la tracción a sangre tapa la problemática de fondo, aparece el grito de los trabajadores que reclaman mejores condiciones de vida. Los carreros de distintas zonas de la ciudad se movilizaron para pedir políticas públicas que garanticen el derecho al trabajo digno.
“Carreros reclaman la tracción a sangre con un piquete”, tituló hace unos días un portal de noticias de la ciudad de Rosario. Mientras tanto, otras crónicas de los medios masivos de comunicación hablaron de caos del tránsito. La intendenta Mónica Fein levantó la polvadera de un viejo debate cuando el pasado 19 de febrero presentó el Programa Integral para Recuperadores Urbanos y Eliminación de Tracción Animal “Andando”. Las ONG que trabajan por la salud de los animales festejan. Pero más allá, en lo profundo de los barrios rosarinos donde las propuestas laborales se vuelven nulas para convertirse en escasas alternativas, los carreros se organizan para reclamar por políticas públicas que prioricen un cambio estructural que tenga en cuenta sus condiciones de trabajo, pero también de vida. En la mañana de este martes 3 de marzo, se acercaron al palacio municipal bajo la insistente lluvia para entregar un petitorio y exigir una pronta audiencia con funcionarios locales.
El plan “Andando” impulsado por Fein, está a cargo de las secretarias de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de Control y Convivencia Ciudadana, de Promoción Social, y de Producción y Desarrollo Local. El proyecto plantea a los carreros la posibilidad de dirigirse al predio de la Rural a entregar sus caballos a cambio de algunas de las cinco propuestas que por ahora brinda el municipio. El fin primordial del gobierno municipal es acabar con la tracción a sangre, y no detenerse en la situación de las más de tres mil familias que tienen que transitar las calles de la ciudad recolectando las sobras y residuos de otras familias. Por eso la alternativa que más ruido hace es el cambio de caballo a bicicletas. Y por eso, la negativa de los trabajadores.
En asambleas interbarriales que agrupan carreros de todas las zonas de la ciudad, se decidió llevar el reclamo que hace hincapié en mejoras sustanciales para las familias. Mientras tanto, los caballos no serán entregados. “Hay muchas familias que tienen miedo de que les saquen el caballo entonces no salen a trabajar, lo que reduce la entrada de dinero”, explicó a enREDando Victoria Clerici, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que junto a la Cooperativa de Trabajo Cartoneros Unidos acompañan a los carreros en este proceso. “El municipio plantea una salida individual, y nosotros proponemos que se inicien políticas públicas para hacer ingresas al sistema de recolección urbana toda esta gente”, sostuvo Clerici.
En la movilización de este martes, los trabajadores fueron recibidos por el secretario de Control y Convivencia Ciudadana Pablo Seghezzo, quien se comprometió a no retirar los carros y caballos hasta que no exista una solución efectiva para cada una de las familias que sobreviven por esta actividad. “Fue un éxito porque se convocó toda la gente que fue a las asambleas, dejamos el petitorio, pusimos en alerta al municipio y quedamos en ir el viernes a la Rural a discutir las ofertas y cómo se van a instrumentar”, aseguró la referente de CTEP Rosario.
“Hemos logrado un gran avance, no porque se hayan comprometido a algo – dado que estamos acostumbrados a las promesas incumplidas – sino porque ha triunfado la organización y la exigencia de los y las protagonistas de esta historia que pudo ser volcada a viva a voz en las puertas de la Municipalidad y en los medios que cubrieron la jornada”, expresó por su parte la Cooperativa de Trabajo Cartoneros Unidos en un comunicado difundido por las redes sociales.
Según el censo del poder ejecutivo realizado en el año 2012, hay aproximadamente entre 1500 y 1800 familias que trabajan en la recolección con carros y caballos. Pero sólo se contemplan aquellos caballos que poseen el chip instalado por el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Según las organizaciones allegadas a los carreros, en estos dos años incrementó el número de personas que se vieron obligadas a recurrir a esta salida laboral y la cantidad de familias ya superó las tres mil.
Desde CTEP, según Clerici, trabajan por una propuesta que es “el reciclaje con inclusión social, con incorporación al sistema de higiene y reciclaje urbano de los compañeros que viven de eso”. Ademñas, asegura que el proyecto tiene una variedad de instrumentaciones “que buscan mejorar la calidad de vida de las familias”. A su vez, plantean la necesidad de priorizar la erradicación del trabajo infantil, en contraposición al prioritario objetivo del ejecutivo municipal de terminar con la tracción a sangre. “Tiene que existir una política que garantice a las familias que viven del reciclaje urbano, que lo hagan sin que los niños trabajen y que sí tengan una guardería para acceder a la educación y al juego”.
La postura del municipio evidencia la búsqueda de una solución a un problema estructural desde un punto de vista individual y particular. El cartoneo no sólo involucra a recolectores en carros y caballos, sino también a personas que lo hacen en bicicleta, a pie o de otras formas. Y aquí está la cuestión: lo que realmente se reclama es la urgente mejora en las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los sectores de las barriadas populares que deben trabajar bajo un total estado de precariedad. “La política del gobierno municipal es punitiva, de erradicación de todo aquello que molesta a parte de la opinión pública. No casualmente este anuncio es a un mes de las elecciones cuando la ordenanza (8.726) es del 2010”, declaró Clerici. En este sentido, continuó: “Es una situación estructural de la que el ejecutivo a nivel municipal, provincial y nacional es responsable. Sólo se erradica lo que está a la vista, pero hay un ocultamiento de los compañeros que viven en situaciones de precariedad absoluta, en viviendas que no son dignas, sin luz, sin agua, sin cloacas”.
