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Continúa la persecución a las comunidades Mapuches en Neuquén
Por Juan Manuel Boccacci – Red Eco -
Friday, Apr. 03, 2015 at 2:09 PM
2 de Abril de 2015 | Se llevará a cabo una nueva audiencia por el procesamiento de los representares de la comunidad Mapuche “WinkulNewen” de Neuquén. Entre otros cargos se acusa a su líder por “tentativa de homicidio” y a Martín Maliqueo y Mauricio Raín por “delito de daño agravado”. Los hechos por los que se los acusa remiten a diciembre de 2012, cuando la comunidad respondió frente al intento de desalojo llevado adelante por autoridades policiales con el aval de la justicia, para que se instalen allí explotaciones petroleras “no convencionales”. Verónica Pelayes, trabajadora del Poder Judicial, recibió un piedrazo durante el operativo. Red Eco Alternativo.
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(Juan Manuel Boccacci – Red Eco) Argentina - Los medios tradicionales, tanto nacionales como provinciales, centraron sus coberturas en las lesiones sufridas por la trabajadora judicial, respondiendo a los intereses de las compañías petroleras y del gobierno provincial. De esta manera representan a la comunidad mapuche como bárbaros y violentos. Sin embargo, la lucha de esta comunidad, junto con otras de la zona, es mucho más amplia. Una cronología breve pero descriptiva nos permitirá dar cuenta de la situación de desesperación y hostigamiento en que se encuentran los pueblos originarios de la zona.
Desde el año 2000 las comunidades mapuches denunciaron a las empresa Apache
(de capitales estadounidenses) por los avances sobre su territorio y la contaminación
del medio ambiente. En la zona de Zapala, provincia de Neuquén, se encuentra
el Yacimiento Portezuelo Norte. Allí existen 10 pozos de petróleo y gas que
hoy en día son explotados por la Empresa Yacimientos del Sur, de la cual es
dueña YPF. La empresa Apache tenía planeada la explotación de 40 pozos, pero
la lucha de la comunidad desde hace más de una década sólo hizo posible la instalación
de 10. Durante todo este tiempo los pueblos originarios reclamaron que se cumpla
Ley Nacional 26.160, que prohíbe los desalojos en territorios indígenas, así
como el Convenio 169 de la OIT, que prevé la consulta previa obligatoria e informada
a las comunidades. Nada de esto se llevó a cabo.
En junio del 2012 la comunidad Gelay Ko fue duramente reprimida, mientras realizaban
cortes para impedir el avance de la multinacional. La empresa planeaba instalar
pozos petroleros que funcionarían mediante las conocidas técnicas no convencionales
de explotación, altamente contaminantes.
En octubre de ese mismo año ocurrió un derrame de petróleo en Portezuelo, que la comunidad Winkul Newen denunció oportunamente. El oleoducto roto pertenecía a la empresa Apache. En ese momento, la comunidad se manifestó denunciando el avance petrolero y los daños ambientales irreversibles: “Tenemos mucha preocupación por la cantidad de crudo que se ha esparcido por el campo y debido a la lluvia tememos que el petróleo se expanda. No sabemos qué profundidad tenga y nos preocupa”, explicó la lonco, la autoridad mapuche hoy procesada.
En diciembre, también de ese año, las autoridades judiciales y policiales resolvieron llevar adelante el desalojo de la comunidad. La fecha no es casual: como se replica en todo el territorio nacional, se aprovechan las festividades para emplear mano dura contra los pueblos originarios. De esta manera buscaron invisibilizar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, y en este caso del gobierno neuquino. Allí se hicieron presentes topadoras y autoridades policiales para permitir el avance de la multinacional.
La comunidad denunció que en repetidas ocasiones el gobierno buscó emparentar
las medidas de fuerza de estas comunidades con el desabastecimiento en las zonas
cercanas, “en una intentona de fustigar el reclamo y enfrentar al pueblo contra
la comunidad originaria. Es que en sí, las tierras ricas en hidrocarburos, se
encuentran bajo manejo de la industria petrolera desde fines de la década del
´50, primando el negocio (estatal o devenido en privado) por sobre los derechos
del pueblo neuquino/mapuche”.
Durante este intento de desalojo se produjo el piedrazo en el rostro de Verónica Pelayes, con el que se avanzó en el procesamiento de los líderes mapuches. Frente a esto la comunidad mapuche denuncia “la complicidad del Ministerio Público Fiscal a la hora de garantizar la explotación a las Empresas Petrolera”. Mencionan para sostener esto “la calificación jurídica que no refleja las circunstancias que ‘rodearon’ a los hechos imputados”, así como la existencia de “un cambio de ‘caratula’ de lesiones graves a homicidio agravado en grado de tentativa, sin existir nuevos elementos incorporados al expediente que justifiquen dicho cambio”. A su vez denuncian “la falta de un intérprete designado por la Confederación Mapuche en la audiencia en la cual se han formulado los cargos”. También dan cuenta de la “distinta vara judicial que se utiliza, ya que la comunidad meses antes de lo acontecido denunció una golpiza de una patota enviada por la petrolera Apache”.
Desde la comunidad continúan con la lucha y denuncian: “Hacemos responsable
al Poder Judicial por no haber dado respuestas a las demandas de nuestra comunidad
que datan desde el año 2000. Sostenemos que esta causa que nos han armado no
responde al ámbito privado sino que se enmarca en la criminalización hacia las
demandas del pueblo mapuche. Por eso exigimos: se nos retiren inmediatamente
los cargos formulados, juicio político a la jueza Ivonne San Martín y al fiscal
Marcelo Jofré, que se retiren las petroleras de nuestros territorios ancestrales
y se respeten los derechos indígenas tal cual lo prevé nuestra constitución”.
Documento: "Desprocesamiento
de la Comunidad Winkul Newen"
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de desalojo
Derrame
de petróleo
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Continúa la persecución a las comunidades Mapuches en Neuquén
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