Perú: La magistratura y la patria
Por Mauricio Quiroz Torres - Sunday, Apr. 05, 2015 at 10:56 AM
limaprovincias3@yahoo.es

MAGISTRADOS PERUANOS REFLEJAN EL ENVILECIMIENTO DEL PERU Y DEBEN SER PURGADOS RADICALMENTE. SON LOS MASTINES DEL ABUSO DE LAS CLASES DOMINANTES.

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PERU: MAGISTRADOS PERUANOS REFLEJAN EL ENVILECIMIENTO DEL PERU Y DEBEN SER PURGADOS RADICALMENTE. SON LOS MASTINES DEL ABUSO DE LAS CLASES DOMINANTES.


LA MAGISTRATURA Y LA PATRIA

Mauricio Quiróz*

"En los juicios intrincados se rebusca un juez
para que anule un sumario, frague otro nuevo
y pronuncie una sentencia donde quede absuelto
el culpable y salga crucificado el inocente. Si por
rarisima casualidad se topa con un juez íntegro
y rebelde a toda seducción...entonces se recurre a
una serie de recusaciones, hasta dar con el maleable
y venal... Casi siempre un alto puesto judicial
viene en remuneración de servicios prestados al
gobierno y como tales servicios suelen adolecer
de una limpieza sospechosa convendría que las
gentes observaran una medida higiénica:
después de dar la mano a ciertos jueces,
usar detersivos y desinfectantes."
MANUEL GONZALES PRADA



Preambulo

Hace algunos años escribimos este artículo y pese a lo transcurrido mantiene su vigencia- pese a los personajes allí expuestos o a la fecha en que transcurrían los hechos, durante el gobierno de Alejandro Toledo- no solo porque hay que seguir usando los detersivos y desinfectantes que reclamaba el Maestro Manuel Gonzales Prada sino porque la situación hoy se ha agravado.

Cual saltimbanquis hallamos magistrados que como los viles políticos criollos pretenden continuar medrando de la ubre pública pasándose del Congreso al Tribunal Constitucional y de este al Consejo Nacional de la Magistratura o de uno ú otro a la Defensoria del Pueblo o a cualquier otro cargo que le garantice seguir usufructuando el erario público.

Igualmente, los hallamos suscribiendo un si donde debe ir un no como la acaba de hacer un juez constitucional para amprar la dotación de mas de 6500 hectareas de tierras a un Municipio que ya no es dueño de casi nada (1) o extendiendo detenciones preventivas como pan caliente, al gusto del Poder Político o mediatico, como sucedió con el viudo de Edita de Corazón Serrano o lo que ha pasado con el hijo de un ex –Ministro de Humala o impidiéndola como sucede con la familia de la Congresista aprista Luciana León Romero o del ex Presidente Regional de Lima Javier Alvarado Gonzales del Valle.

O en la Fiscalía de la Nación donde se ha inaugurado el gobierno de un Fiscal de la Nación Preventivo ya que el Consejo Nacional de la Magistratura sin sentenciar al Fiscal de la Nación, elegido conforme a la Constitución lo ha suspendido de sus funciones sin prueba alguna que se haya actuado a la fecha.

Lo cierto es que como lo dijimos al final de este artículo, solo hay un camino para evitar la depredación del derecho que hacen los especialistas del mismo: la Revolución en el país que la reconstituya y la sanee de tanto maleado y malvado que la asola y hasta dirige en cuanta instancia aparecen conduciéndola quienes ostentan el título de Abogado.

Lima, Abril del 2015





1. LA RELAJACION DE LA MAGISTRATURA

Los Magistrados peruanos vienen dando que hablar nuevamente en el Perú.

Y no por su honradez o la brillantez doctrinal de sus fallos sino por su relajación frente al poder político y las clases dominantes; grupos de poder que en el fondo- pese al servilismo de la magistratura- les niega su cuota en el Poder como acaba de suceder con su exclusión manifiesta del Consejo de Estado anunciada por el Presidente Alejandro Toledo en su Mensaje Presidencial 2004.

Relajación que se expresa en el servilismo al poder político, el añejo prevaricato, el inexistente uso del criterio de conciencia, la reiterada conducta inmoral, en fin, todas las inconductas habidas y por haber que merecen una solución radical de parte de las clases populares como soberano del Perú para reformar la magistratura del país.

Ninguna de las instancias en que se desarrollan los magistrados se salva: Fiscalías, Juzgados, Corte Suprema o Superiores, Control de la Magistratura, Procuradurías Públicas, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, etc. pues todas tienen blandas sentencias para los fascinerosos y mano implacable contra los pobres, niños, mujeres, jubilados, maestros, obreros, indios, negros y mestizos.

Empero, "no negaremos- como diría el Maestro Gonzáles Prada- que por cada tribunal haya unos dos magistrados honorables y rectos, dignos de quedar en su puesto; mas no les nombramos para que todos, sí leen estas líneas, gocen del placer de creerse las ovejas sanas en el rebaño enfermo. Jueces hay justos: no todas las serpientes ni todos los hongos encierran ponzoña mortal".

A todas estas instituciones cabría calificarlas como viles siguiendo a Gonzáles Prada ya que exponen diariamente- pese a mas de un siglo de transcurrido- la calificación hiriente del inglés Salazar y Mazarredo sobre nuestras cortes, contada por dicho Maestro: "El infrascrito no calificará lo que son los tribunales del Perú, limitándose tan sólo a recordar que el actual subsecretario de negocios extranjeros de la Gran Bretaña...Mr. Layard, dijo- hace poco en la Cámara de los Comunes, al discutirse la reclamación del capitán White-, que este súbdito británico [había sido] tratado de un modo cruel como otros muchos, [y que] había tenido la desgracia de caer en las garras de lo que sólo por cortesía puede llamarse Corte de Justicia".



2. CASOS CONTRA TODA CORDURA Y QUE VICIAN EL ESTADO DE DERECHO

Allí están para festín de los criticos de la civilización y justicia burguesa, las hirientes garras de los magistrados en el caso de la ínfima pensión alimenticia a Zaraí, la hija negada de Alejandro Toledo; la protección a un funcionario fujimontesinista acusado de atentar contra la libertad sexual en la Corte Superior de Huaura; el no tan lejano fallo del Tribunal Constitucional sobre la libertad de Luis Bedoya de Vivanco; la sentencia para inhibir a la fuerza a una Corte porque lo ha pedido el dueño del Banco de Crédito, Dionisio Romero Seminario, acusado de corrupción por su asociación con el mafioso Vladimiro Montesinos.

También hallamos abusos como la anulación de la semilibertad de Ernesto Gamarra porque lo exigió la "opinión pública"- leáse el gobierno del corrupto Alejandro Toledo-; el arresto domiciliario dorado de los hermanos Winter- copropietarios del Canal 2-Frecuencia Latina- que recibieron dinero de la mafia fujimontesinista para poner dicho Canal al servicio del poder político; la prisión domiciliaria del capitán de América Héctor Chumpitaz donde no se aplica el criterio de conciencia para permitirle trabajar dada su condición de no ser un político contumaz; la exculpación de Genaro Delgado Parker- otro fugaz socio del fujimontesinismo- por lo avanzado de su edad (O sea, en la tercera edad podemos delinquir sabiendo que no iremos a la cárcel?); y el reciente servicio a Cesar Almeyda, asesor del Presidente Toledo, que ha sido remitido desde la cárcel a una clínica particular para tratarse de una supuesta dolencia en la pierna mientras miles de presos están con mayores malos médicos reales purgando cárcel en prisiones sin médicos ni asistencia sanitaria.

Hay otras causas mas dolorosas para la dignidad nacional y popular pero quedémonos aquí para exponer una ligera radiografía de algunos de ellos que acontecen no sólo en las cortes limeñas sino en las cortes costeñas y de la sierra y selva donde poderoso caballero no sólo es ya don dinero sino don magistrado.

El caso de Zaraí es un primer escándalo que queremos hacer notar por involucrar a la hija del Presidente Alejandro Toledo.

A los maestros, incontables venales magistrados obligan a entregar de sus cerca de S/. 700.00 mensuales que ganan alrededor de 500.00 soles (casi el 70%) para una hija y la madre de quien ya se ha separado. La pobre Zaraí sólo recibirá 2,000 soles mensuales o sea menos del 5% de lo que gana el Presidente peruano, quien tiene un ingreso superior a los 40,000 soles mensuales. Porqué esta injusta e ilegal discriminación?

Otro caso escandaloso es el de Eduardo Calmell del Solar, Director del Diario Expreso, quien recibió millones de dólares del fujimontesinismo, estuvo entre rejas por tan poco tiempo y en pleno gobierno de Alejandro Toledo, los magistrados cambiaron la cárcel por arresto domiciliario en lo que nadie se explica hasta hoy. Luego, como todos sabemos, se fugó y los magistrados que lo liberaron, bien gracias.

Pero mientras liberan a fascinerosos y delincuentes como Calmell del Solar, recientemente hemos sido testigos como a jóvenes de Huamanga-Ayacucho- contestatarios a la brutal represión ocurrida en Huamanga el 30 de Junio 2004 en el marco de la Huelga de los maestros del SUTEP por la defensa de la Gratuidad de la enseñanza- tanto la Fiscalía como los Jueces los acusan como responsables de daños a la propiedad pública sin mayor prueba y de inmediato ordenan detención y se les lleva a un penal fuera del departamento de Ayacucho contraviniendo normas nacionales e internacionales expresas que prohiben llevar a presos fuera de los sitios donde habitualmente domicilian.

Ni que decir de la Fiscal Sonia Medina que acusa sin prueba alguna de terroristas a los dirigentes de la reciente Huelga Magisterial del SUTEP que se inició el 21 de Junio y culminó el 9 de Julio pero no acusa de difamación y calumnia al Ministro del Interior Javier Reátegui y al Premier Carlos Ferrero quienes, también, acusaron sin prueba alguna a los dirigentes del SUTEP en Huelga como terroristas.

En la Corte Superior de Huaura hace algunos años la sujeción al poder político fujimontesinista llegó hasta a una cuestión doméstica pero importante para salvar a un peón del gobierno de turno que fungía como Inspector Sanitario del Ministerio de Salud y de personero del movimiento Vamos Vecino.

Ante una denuncia de violación de la libertad sexual de una niña el “indubio pro reo” favoreció al hermano de un ex –Director de la Unidad de Servicios Educativos de Huacho de la etapa fujimontesinista (Expediente Nº 98-4245 del 29-03-2000) porque supuestamente nuestra Policia Nacional no hallaba al tío de la niña para que declare ante el Juzgado para confirmar la denuncia.

Si esto fue un escándalo que diríamos del otro caso que envolvió a este mismo funcionario en este tremendo distrito judicial pues el Segundo Juzgado Penal de dicha Corte sin probar que el seudónimo usado por un periodista pertenezca al periodista que propaló la denuncia de violación de la libertad sexual del Exp. 98-4245 acotado, lo haya sentenciado por difamación (Exp. 2000-3594. Secretaria L. Chilet) contra el honor de dicho funcionario; constituyendo este fallo una afrenta a la libertad de expresión.

Fallos que a todas luces deben merecer, de Oficio, una atención de la ODICMA y del Consejo Nacional de la Magistratura y sancionar a los tremendos jueces.

Puede pensarse que sólo el Poder Judicial está inmerso en el envilecimiento de la magistratura pero no sólo son ellos. Le salpicaba a todos y a todos los que está en la cúspide de la jerarquía de la magistratura.

El Consejo Nacional de la Magistratura, envilecido también

El Consejo Nacional de la Magistratura brinda otro caso clamoroso de conducta inmoral.

Uno de sus miembros, ha sido miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 por el APRA y militante aprista. Cabe recordar que el APRA ha sido gobierno en el Perú entre 1985-1990, con mayoría en el Parlamento, que ratificaba a los altos magistrados, y muchas leyes expedidas por el Congreso- que aplican los jueces que van a ser calificados por este Consejo- tienen autoría aprista en los últimos 70 años. Con qué independencia va a emitir sus fallos?.

Si los demás miembros de dicho Consejo consienten su presencia - incluyendo a quienes lo han elegido de buena fé- podríamos decir que tampoco tienen la entereza moral para estar en dicho Consejo; por lo que afuera con ellos.

Del Defensor del Pueblo no nos ocupamos pues notablemente Herbert Mujica lo ha retratado como un señor que le gusta la peliculina pero no los pobres del país.

La Fiscal de la Nación no se queda atrás en este mar de envilecimiento de la magistratura.

Tiene el Perú una Fiscal de la Nación un familiar trabajando en un Consulado peruano en el extranjero bajo este gobierno de Toledo y que encima está acusada de alteración de su edad. No tiene la dignidad de renunciar a su cargo existiendo ya una grave contradicción en el país: cómo la Fiscal de la Nación va a perseguir el delito si ella está comprometida en un caso de adulteración.

Lo mismo sucede con el actual Ministro de Justicia que tiene otra grave acusación, la de haber sido pescado infraganti cuando Concursaba para Notario y la de haber arreglado por debajo de la mesa con un "connotado" Constitucionalista como Ernesto Blume para que este delito quede impune; es decir, concertó que no lo denunciarían si se retiraba del referido Concurso. Pero el delito está allí latente, como un cuchillo contra el Estado de Derecho.

Pero el Tribunal Constitucional no se queda atrás en tanto legicidio e inmoralidad contra el Estado de Derecho y el país.

Su Presidente actual, Javier Alva Orlandini, ha accedido a esta magistratura pese a su comprobada la militancia política en el Partido Acción Popular- gobernante dos veces en el Perú entre 1963-1968 y 1980-1985). Y conste que ha sido dirigente nacional de dicho partido. También ha ocupado varios cargos públicos en el Poder Ejecutivo y Legislativo, poderes que en su accionar de gobierno pueden tener casos pendientes de resolver en el Tribunal Constitucional y que configuran conflicto de intereses permanente. Esto sin contar el cuestionamiento a su idoneidad moral para seguir en el Tribunal Constitucional por tener un vástago con una de sus subordinadas laborales en dicha entidad. Y a propósito qué han dicho sobre este caso- como en el caso Zaraí- las feministas peruanas?.

Pero aquí no juzgamos sólo al Presidente sino vamos a un caso irregular del accionar de dicho Tribunal. Es el fallo que concedieron en el caso del Alcalde miraflorino Luis Bedoya de Vivanco, hijo del pontífice ideológico de la alianza Unidad Nacional Luis Bedoya Reyes al disponer su libertad aplicándole el principio "indubio pro reo" (la duda favorece al reo).

Fallo que pone en entredicho la democracia burguesa peruana, denota el racismo que orienta la actuación de los miembros del Tribunal Constitucional y transgrede la jurisdicción penal pues dilucida sobre un caso eminentemente penal en una acción de garantías como es el hábeas corpus. Es un verdadero golpe contra la democracia y el Estado de Derecho en el Perú.

No sólo vamos a calificar dicha sentencia sólo como un ¡Horror Constitucional! tal como señaló el congresista aprista Mauricio Mulder y coincidimos con él que quienes expidieron dicho fallo son indignos de seguir como magistrados.

Puede pensarse que este caso de Bedoya no involucra a Javier Alva.

Es cierto, pero los demás integrantes no dicen nada sobre las anomalías morales descritas por lo que por asociación son también, por este caso, indignos de estar en el Tribunal. Pero para colmar a cualquier crítico veamos un expediente donde ha intervenido Alva Orlandini.

En el Expediente Nº 0632-2001-A/TC el susodicho Tribunal ha emitido tres fallos, todos contradictorios y donde si participa el connotado acciopopulista.

En el primero dicen que el despido de los trabajadores de la empresa judía Quimpac S.A. de Paramonga- propiedad de Marco Fishman- por haber formado un Sindicato es inconstitucional y ordena la reposición de 6 dirigentes sindicales.

En el segundo, en fallo aclaratorio por error material del 4 de Marzo del 2003 sacan otra Resolución excluyendo los nombres de los 6 despedidos porque dicen que todos cobraron sus beneficios sociales pese a que la aclaración solicitada por los trabajadores era solamente para ver el caso de remuneraciones pendientes de pago en el tiempo del despido (devengados), intereses y se ordene su reposición; fallo con el cual inutilizan su declaratoria de inconstitucional del despido.

Y en el tercero, con Resolución del 8 de Marzo del 2004, siguen aclarando; manifiestan que el fallo sólo comprende a 2 despedidos pues se ha demostrado que 4 cobraron sus beneficios sociales, que se les debe pagar sus devengados a los despedidos y recién reconocen que la empresa Quimpac S.A. los ha inducido a error (inducido?). !De ripley!.

Así se aclaran los errores materiales?. No era que en las Acciones de Amparo no había estación probatoria?. Puede aceptarse fallos inconsistentes donde se declara inconstitucional el despido pero que cómo 4 han cobrado sus beneficios a ellos no les beneficia la reposición?. Esto es seguridad jurídica?.

Lo camaleónico de los fallos del Tribunal Constitucional deja mucho que desear.

Pues mientras tienen manos libre para liberar a fascinerosos como Bedoya, niega este principio del indubio pro reo a casos allí presentados de tantos Quispes, Mamanis o miles de presos políticos en las cárceles del país; detenidos, acusados o sentenciados sin prueba válida, por tribunales militares, por acusaciones de arrepentidos a quienes se les liberaba con tal que acusen.

Porqué a éstos peruanos no se les aplica el indubio pro reo? ¿Será porque son peruanos pobres? ¿Será porque no pertenecen a la clase gobernante? Será porque osaron tomar el cielo por asalto?.


3. FALTA DE PRINCIPIOS: NINGUN MAGISTRADO DENUNCIA A LOS GOLPISTAS DE 1992 Y NO HACEN NADA POR RESTABLECER LA CONSTITUCION DE 1979

No pueda pretenderse tampoco que se debe juzgar solamente la relajación de la magistratura por los casos expuestos.

Donde ninguno queda en pié, jóvenes y antiguos magistrados de todas las instancias es en su posición principista y que los hace doble merecedores de una purga radical de sus puestos.

Y no hay mejor carta para conocerlos que su posición frente a la Constitución de 1979 y el Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992.

Ninguno de los magistrados se salva en este tipo envilecimiento que se extiende a quienes están en el Parlamento actual y a cuanto político de pacotilla aspira la Presidencia de la República.

Ninguno tiene el decoro y la dignidad de denunciar a quienes- desde el fujimontesinismo- rompieron las reglas de juego democráticos trazados por la Constitución Peruana de 1979 y cerraron el Congreso de la República y expulsaron a jueces, fiscales, diplomáticos y a cuanto funcionario y servidor del Estado le sea enemigo de la iniquidad que instalaron desde el 5 de Abril de 1992 con el Autogolpe que se dio la Autocracia en dicho día.

Y de nada les vale excusarse que el servil Baena Soares y la cortesana Organización de Estados Americanos legitimaron al Autócrata Fujimori; o que el pueblo eligió un Congreso Constituyente en 1993 con el cual nos reencont4ramos con la democracia o que estabamos en una frontal lucha antisubversiva contra Sendero Luminoso o el MRTA. Pamplinas.

Y su falta principista es doble pues tampoco hacen nada por restablecer la Constitución de 1979- firmada por uno de los peruanos mas insignes del siglo XX, el Dr. Victor Raúl Haya de la Torre- que fue fruto de una verdadera concertación de fuerzas políticas disímiles para que rigiera al Perú en el Siglo XXI, o sea ahora.

Como un baldón para ellos consignamos lo dicho en el artículo 307º de la Constitución de 1979:
"Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución.

El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le haya causado".


4. FUNDAMENTOS DEL ENVILECIMIENTO DE LA MAGISTRATURA

La actuación de la magistratura en los casos descritos revela la vigencia, en pleno siglo XXI, de la vieja concepción oligárquica sobre la democracia y el Estado de Derecho de determinados sectores mesocráticos y burgueses peruanos que actúan ambivalentemente para aplicar el Derecho: en casos que comprometen a políticos y empresarios de la clase gobernante actúan para favorecerlos mientras en casos menores y similares y que involucran a obreros, campesinos, intelectuales, etc. no aplican el mismo principio.

Se deduce, entonces, que en pleno siglo XXI la democracia peruana y su Estado de Derecho siguen siendo una farsa y una mentira para las clases populares.

Este tipo de Democracia y la forma como la concebían estos sectores oligárquicos en su momento fue cuestionada y explicada por dos de los grandes ideólogos de la política peruana en el siglo XX.

El Amauta José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista del Perú, señaló certeramente que en el país existía una burda falsificación de la democracia y que la ideología liberal era inválida en la etapa de los monopolios y del imperialismo; y Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, señalaba que nuestras clases gobernantes eran democráticas no por principio sino por “prejuicio” y llamaba a instaurar una nueva democracia, la democracia funcional.

Caracterización, que a la luz de los numerosos fallos de los magistrados peruanos revela que en más de 100 años de capitalismo en el Perú sus representantes no han aprendido de la historia y sigue anidando en sus fallos esa concepción oligárquica de justicia, de democracia y de estado de derecho que tiene que ser rechazada por la ciudadanía y el pueblo.

La ciudadanía y las clases populares tienen que luchar por una verdadera igualdad ante la ley como parte constitutiva de nuestra democracia y el estado de derecho.

Y los principios jurídicos que regulan a los Quispe, Mamani, Dionisio Romero o Bedoyas tienen que ser aplicados a todos por igual.

Magistrado que no lo hace tiene que ser expectorado para bien de la democracia y el Estado de Derecho.


5. REFORMA TOTAL DE LA MAGISTRATURA: NO SOLO DEL PODER JUDICIAL.

La clase dominante con sus criollos políticos plantean solamente la reforma del poder judicial.

Pero no dicen nada del resto de instancias donde actúan los magistrados (Fiscalías, Control Interno, Tribunal Constitucional, etc.) que le han restado autoridad moral y jurisdiccional. Tampoco plantean cuestiones de fondo: mientras algunos claman por mayor presupuesto otros creen que la sociedad civil debe participar en la misma.

Estas son medidas insuficientes.

En cuanto a presupuesto, es cierto hay que incrementarlas pero modernizando el gasto y disponiendo un presupuesto para el acceso a la información judicial y administrativa sumaria a través del Registro de las Resoluciones Judiciales en los Registros Públicos pues la cultura del secreto aquí es base de la corrupción de la magistratura y la obsecuencia al poder político.

Otro punto-eje en esta modernización del gasto tiene que ser los pagos a los magistrados.

La reforma no funciona si no se les otorga ingresos decorosos sujetos a los standares internacionales si fuera posible.

Y en cuanto a la presencia de la sociedad civil, esta no debe ser sólo para las Comisiones de reforma o reestructuración, debe ser para que sean parte de todas las instancias donde actúen los magistrados en sus instancias de gobierno administrativo: todas deben tener un sistema colegiado de gobierno donde participen delegados de la sociedad civil (una especie de Directorio).

Y en ellas no deben participar sólo los sectores mesocráticos de las Organizaciones No Gubernamentales-ONG o las Universidades sino el ciudadano de a pié, de los gremios sindicales y de las organizaciones de base para que el pueblo fiscalice la cosa pública desde dentro no sólo cuando hay elecciones donde castiga a quienes gobiernan mal.

Hay que apuntar a otras medidas que comienzan por establecer una verdadera carrera administrativa en la magistratura que garantice una independencia funcional-moral y suprimiendo cualquier terciarización de la magistratura en el país como acontece con las Procuradurías ad-hoc que heredamos de la Autocracia que se llevan pingues emolumentos mientras quienes están en la precaria carrera administrativa escuálidos salarios.

Sólo así se impedirá el relajamiento de la magistratura. No queremos medidas que la toleren ni que permitan la convivencia con algunas de sus expresiones.

Y la reestructuración tiene que pasar por una inmediata purga de magistrados pues de nada valen las buenas leyes o normas pues como enseñaba el Maestro González Prada, "por muy claras y sencillas que nos parezcan, entrañan oscuridades y complicaciones suficientes para servir al hombre honrado y al bribón, quien sabe más al bribón que al honrado; mas suponiendo que ellas fuesen dechados de justicia y equidad, qué valen leyes buenas con jueces malos?".

Otra medida a tomar debe ser normar la carrera en cuanto a acceso, cese y suspensión pues las vigentes leyes no comprenden las medidas que proponemos.

El debido acceso a la magistratura con la finalidad de afirmar una carrera administrativa en la magistratura prohibiéndola para aquellos que son militantes de los Partidos Políticos o Grupos Independientes y para aquellos que han ocupado cargos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Igualmente el cese debe ser automático no sólo para los condenados judicialmente sino para aquéllos que tienen sanción administrativa.

Medida que debe completarse con la suspensión inmediata en sus funciones de todo magistrado sobre el cual haya una denuncia en curso en la instancia judicial o administrativa que impida que puedan ser chantajeados o usados por el poder político o económico


6. RACIONALIZACION ESPECIAL DE MAGISTRADOS

No habrá reforma de la magistratura, entonces, sin purga de magistrados.

De los venales y obsecuentes, de prevaricadores y de inmorales, de aquellos que no defienden principios y que no defienden la Constitución de 1979.

No hay aquí término medio.

El reemplazo de los magistrados purgados debe ser de inmediato con las nuevas promociones de juristas que existen en el país y que inclusive se hallan desempleados.

La designación de ellos ya debe implicar la aplicación de las prohibiciones arriba señaladas.

Ese es el fundamento de la racionalización especial de la magistratura.

En la purga incluimos a quienes han aplicado mañosamente principios judiciales al político miraflorino Luis Bedoya, que recibió dinero público, para impulsar su campaña en la Municipalidad de Miraflores en 1998, en una institución militar estatal (Base del Servicio de Inteligencia en Las Palmas, Lima) y de manos de Vladimiro Montesinos- siniestro asesor estatal- o al funcionario fujimontesinista de Huaura que contradicen los verdaderos principios de toda democracia y estado de derecho serio en el mundo y favorece la impunidad de las clases gobernantes peruanas que delinquieron durante la década de la Autocracia y que ahora han vuelto a las andadas con el gobierno de Toledo.

Igualmente merecen sanción quienes no aplican los principios jurídicos a miles de presos políticos en las cárceles del país; detenidos, acusados o sentenciados sin prueba válida, por tribunales militares, por acusaciones de arrepentidos a quienes se les libera con tal que acusen.

Porqué a éstos peruanos no se les aplica el indubio pro reo? ¿Será porque son peruanos pobres? ¿Será porque no pertenecen a la clase gobernante? Será porque osaron tomar el cielo por asalto?. Verdaderamente, si vamos a aplicar principios como el indubio pro reo apliquemos a la generalidad de casos.

Que todos los magistrados de cuanta instancia donde actúen sean consecuentes: que sus fallos no sirvan sólo a los ciudadanos blancos o de la clase gobernante como Bedoya, Dionisio Romero, Toledo, Almeyda, etc. sino que sirvan para liberar y no condenar a tantos inocentes, a quienes también les debe beneficiar los principios que aplican pues sino la democracia y el estado de derecho seguirán siendo una farsa y una mentira para el pueblo.

Los Congresistas, Colegios de Abogados y cuanto político criollo no debe quedarse en el lirismo y la crítica contra los magistrados o hablar generalidades de la corrupción en la magistratura sino deben asumir su rol histórico y presentar cuanta acusación constitucional y denuncia penal haya que hacer contra esta plaga de magistrados corruptos y obsecuentes. Y mientras estén acusados debe suspendérseles en sus funciones para evitar cualquier interferencia en las investigaciones valiéndose del poder que puedan tener en cualesquiera de las instituciones donde actúan.

La opinión pública debe movilizarse para pedir la inmediata renuncia de cuántos magistrados hayan sido cuestionados en su idoneidad moral y no garanticen independencia funcional en sus actos, como Alva Orlandini, Nelly Calderón, Jorge Lozada, etc.



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(*): Consultor y VicePresidente del Instituto Pueblo Continente.


Nota.

1. Ver: http://argentina.indymedia.org/news/2015/03/872909.php

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