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A seis meses de la desaparición de Franco Casco, basta de represión en democracia
Por Asamblea Derechos Niñez y Juventud -
Monday, Apr. 06, 2015 at 2:54 PM
Hoy, 6 de abril de 2015, se cumplen los primeros seis meses de la última vez que Franco Casco fue visto con vida por un familiar. Era un 6 de octubre, cuando el pibe de veinte años se fue desde la casa de su tía en barrio Empalme Graneros hasta la estación de trenes de Rosario para volver a Florencio Varela, donde lo esperaba su familia. Pero aquel día fue detenido por la policía de la Comisaría 7ma rosarina y nada más se supo de él hasta que fue hallado sin vida, flotando en el río Paraná. Como todos los meses, insistimos en recordar a Franco como una víctima más de la represión estigmatizadora que recae sobre la pibada de las barriadas populares.
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Cuando todavía no era conocida la noticia del fatal desenlace y había esperanzas de encontrar a Franco con vida, conocíamos a Elsa Godoy, su madre. Estaba en la plaza Pocho Lepratti de barrio Ludueña, en un acto por el aniversario del asesinato de otro pibe, Gabriel Aguirrez. Empuñaba una foto de su hijo apretándola en su pecho, y con lágrimas en los ojos buscaba novedades. Desde aquel momento, organizaciones sociales y políticas, junto a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, venimos denunciando que a Franco lo secuestró, torturó y mató la policía. Por su parte, por aquellos días el poder judicial de la provincia de Santa Fe protegía a esta fuerza estancando la investigación y desestimando la hipótesis de desaparición forzada de persona.
Hoy la causa judicial está en la Justicia Federal, y la investigación está avanzando gracias a la insistencia de las querellas (de la cual forma parte el equipo jurídico de la Asamblea) y el compromiso de la fiscalía. Sin embargo no se deja de repudiar el escaso accionar de la justicia provincial que permitió, mientras la causa estaba en sus manos, que la investigación no avanzara.
En esta oportunidad, el cumplimiento de los primeros seis meses de la desaparición de Franco se acerca a la fecha del primer aniversario del arribo de las Fuerzas Federales a la ciudad de Rosario, todo esto cuando todavía está latente un aniversario más del Golpe de Estado de 1976 y el primer año transcurrido desde el brutal linchamiento del joven David Moreira. Son fechas tristemente relacionadas, que hablan de la vigencia de los aparatos represivos del estado, de la prevalencia de reclamos de mano dura en la sociedad, como así también de la ausencia de respuestas a nuestros pedidos por políticas para la vida.
El linchamiento de David Moreira se dio en un contexto de desborde social a causa de la constante violencia que vive Rosario. Lejos de entender esta situación como un producto de la desigualdad social, responsabilidad del Estado en sus tres niveles, un grupo de cobardes vecinos de barrio Azcuénaga decidió condenar a muerte a un pibe de 18 años. Como respuesta a esta insostenible violencia, el Estado provincial junto al nacional coordinaron el arribo de dos mil efectivos de Gendarmería y Prefectura a los barrios rosarinos el 9 de abril de 2014. Desde entonces, sostenemos que la intervención estatal, siempre que sea desde la profundización de políticas represivas, seguirá ampliando la criminalización de la juventud de los barrios y la desigualdad social y discriminación que surge como resultado. Las decenas de denuncias por apremios ilegales por parte de gendarmes y prefectos, y la ínfima disminución de muertes violentas desde el 2013 a 2014, nos dieron la razón en nuestra postura.
Pero la estrategia represiva de las fuerzas de seguridad no se limitan a las Federales, sino que comprende también, por lo menos en nuestra región, a todas las dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Prueba de esto son las más de 300 denuncias por torturas y abusos que registró en 2014 el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Entre estos casos de abuso se inscribe la detención arbitraria, desaparición y muerte de Franco casco a manos de la policía de la Comisaría 7ma de Rosario.
Cumpliéndose un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la más cruel y represiva dictadura militar en el país, consideramos que la existencia de este tipo de hechos hoy en día, es la demostración de que continúa vigente la idea de utilizar a las fuerzas de seguridad como aparato represivo del Estado. Continuamos reclamando juicio y castigo a los artífices del terrorismo de Estado, junto a sus cómplices económicos y civiles. Pero también somos conscientes que continúa presente la histórica deuda interna, en la cual se enmarca la violación de los derechos humanos en años de democracia. Así, la lucha por Franco Casco se abraza a la de Walter Bulacio, Pocho Lepratti, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Rubén Carballo, Ismael Sosa y todas las víctimas del gatillo fácil y violencia policial de cualquier tipo, que desde la vuelta de la democracia hasta hoy superan las 4.300 muertes.
Desde nuestra conformación como Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, venimos reclamando la Declaración de Emergencia, proyecto que fue presentado en el Concejo Municipal durante 2014, y rechazado por quienes dicen representar las demandas del pueblo. La negativa a la Declaración, que busca priorizar la utilización del presupuesto municipal en políticas de inclusión como salud, ocio, educación para niños, niñas, y adolescentes, es la prueba de que en Rosario los pibes y las pibas no son prioridad. Por el contrario, la destinación del presupuesto municipal y provincial a nuevas políticas represivas – punto que también critica el proyecto de Declaración de Emergencia – da cuenta de que continúa prevaleciendo la lógica represiva por sobre las necesidades integras de la sociedad. Así, a fines de 2014 se presentó la Policía de Acción Táctica, fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia que llegó a los barrios para continuar el trabajo de la ya retirada Gendarmería y Prefectura. Tanta fidelidad se tradujo en los repudiables resultados de la flamante fuerza en su corto tiempo de existencia: la muerte por gatillo fácil de Jonathan Herrera, y decenas de denuncias públicas sobre casos de tortura, abuso de poder y violencia física y verbal con pibes, pibas y madres de las barriadas populares.
A un año de la desaparición de Franco Casco, hecho paradigmático de la represión policial en democracia, exigimos esclarecimiento, juicio y castigo, y el desmantelamiento de los aparatos represivos de todas las fuerzas de seguridad. Como bien dice Eduardo Galeano “la memoria del dolor nos está obligando a luchar para que la democracia sea democracia de verdad, en vez de ser apenas la decorativa careta de un sistema que al derecho de propiedad sacrifica los demás derechos”. Seguiremos denunciando la vigencia de prácticas represivas y la violación a los derechos humanos en democracia. Seguiremos trabajando día a día por la dignidad de nuestrxs pibxs. Además, continuamos exigiendo una audiencia pública con los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto y de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, para exponer nuestra postura sobre el plan de abordaje territorial para la garantización de los derechos de las infancias y las juventudes, y comprometerlos a que cumplan su deber de acuerdo a las necesidades y derechos de toda la población.
Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud
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