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Un peldaño más hacia la justicia
Por Martín Stoianovich - enREDando.org.ar -
Thursday, Apr. 09, 2015 at 9:27 AM
Continúa avanzando la causa por la muerte de Franco Casco con fuerza en la hipótesis de que fue asesinado por la policía. Esta vez, a través de un análisis se comprobó que el pibe no murió ahogado en el río, duda que había sido instalada por la propia Fiscalía provincial.
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Por Martín Stoianovich
Franco Casco estuvo detenido en la Comisaría 7ma, desaparecido durante veintitrés días hasta que fue hallado sin vida flotando en el río Paraná. Su madre, luego de recibir la trágica noticia, aseguró que a su hijo lo había matado la policía. También lo hizo el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien representaba a la familia antes de que la causa judicial pasara a fuero federal. A esta versión, la apoyaron las miles de personas que por aquellos tristes días de octubre se movilizaron por las calles rosarinas exigiendo justicia por otro pibe muerto. Sin embargo, los paladines del poder judicial santafesino desestimaban esta hipótesis y se animaban a hablar de un accidente, de la posibilidad de que Franco haya muerto ahogado al caer por su cuenta al río, en la zona de uno de los parques más transitados de la ciudad, sin que nadie lo viera. Hasta hace algunas horas la falta de pruebas permitía la existencia de esta duda.
Según informó Gabriel Ganón, un estudio de la cátedra de Biología Marina de la Universidad de Buenos Aires realizado por un especialista, determinó que en la materia orgánica del cadáver de Franco Casco no se halló una sustancia determinante. Se trata de diatomeas, una especie de algas microscópicas que permanecen en los tejidos corporales en casos de ahogamientos en ríos como el Paraná. Si bien el informe indica que los resultados no son definitivos, es una prueba fundamental que acercaría a la hipótesis de que Franco fue arrojado al río sin vida. “Si hubiese muerto ahogado, hubiese ingerido agua y esa agua hubiera dejado restos de algas en el cuerpo como consecuencia de haberlas respirado. No es definitivo porque el cuerpo tenía poca materia orgánica, pero es un indicio más de lo que sostuvo la familia en un primer momento, que a Franco Casco lo mató la policía”, explicó el defensor general en contacto con enREDando.
A su vez, haciendo mención a las clásicas prácticas de tortura de las fuerzas de seguridad, Ganón sentenció: “Puede haber muerto ahogado, pero en un submarino con agua potable. Puede haber muerto asfixiado, ahorcado, de un paro cardíaco como consecuencia de la tortura, eso no se sabe, pero sí se sabe que lo mató la policía y lo encontraron muerto en el río”. Vale recordar que la falta de certezas sobre la causa de la muerte del joven es producto de las demoras que sufrió la investigación cuando estaba a manos del fiscal provincial Guillermo Apanowicz. A dos días de cumplirse los primeros seis meses de la desaparición de Franco, la noticia llegó para darle fuerza a la hipótesis de que el muchacho fue asesinado a manos del personal policial de la 7ma rosarina.
Por su parte, Nicolás Vallet, abogado que forma parte de la querella que representa a Elsa Godoy, madre de Franco, consideró de total importancia los resultados del análisis proveniente de la UBA. “Es una prueba más dentro del proceso de investigación, importantísima pero que requiere de otros análisis médicos para poder arribar a una conclusión”, explicó. A su vez adelantó que se comenzará a trabajar sobre esta prueba cuando sea incorporada al expediente. Vallet, junto a los abogados Guillermo Campana y Salvador Vera Roda, forman la querella por la madre de la víctima. Por parte de Ramón Casco, padre de Franco, actúa la querella de la Defensoría General de la Nación, representada por Matilde Bruera. Mientras, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también interviene como querellante a través del abogado Santiago Bereciartúa.
Desde que se conformaron las querellas, como parte fundamental del proceso judicial en el fuero federal, los avances en la investigación permiten que a seis meses del hecho prevalezca con fuerza la hipótesis de que a Franco Casco lo mató la policía. En esta misma línea también trabaja la Fiscalía federal a cargo de Marcelo Di Giovanni y Mabel Colalongo. Sobre la labor de estas partes, Ganón, impulsor de la investigación en la provincia de Santa Fe, sostuvo: “Se ve una voluntad que nunca antes había existido de querer investigar y aclarar qué fue lo qué pasó, una clara decisión de parte de la Fiscalía de averiguar la verdad. En la Fiscalía provincial lo único que encontramos fueron obstáculos al esclarecimiento del hecho”.
Claves para entender las irregularidades del caso Casco (publicado el 13 de marzo en enREDando)
Franco estuvo de visita en Rosario desde principios de octubre pasado y tenía pensado volver el lunes 6 a su Florencio Varela natal. Había avisado a sus familiares de Buenos Aires que arribaría a la estación de Retiro en el amanecer del martes 7. Cuando sus padres notaron que no llegó, lo vinieron a buscar a Rosario, donde hicieron denuncia por desaparición en la Comisaría 20 y luego se enteraron que había estado detenido en la 7ma. Allí, el propio comisario Diego Álvarez le dijo a Ramón Casco que el pibe había sido detenido “por desacato”. La primera anomalía: según el comisario el procedimiento fue el 7 de octubre, mientras que la hipótesis que hoy se maneja dice que fue el día anterior. Asimismo, por aquellos días, mientras la familia buscaba al joven, desde la policía afirmaban que lo habían liberado en la misma noche de aquel día por falta de antecedentes.
En la audiencia pública de habeas corpus realizada luego de encontrado el cuerpo de Franco, el jefe de Sumarios de la seccional declaró que salió a patrullar junto a Álvarez por un llamado de un vecino de apellido Crespo que alertaba de un sospechoso. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, fueron las palabras textuales que acercaron a la idea de que Casco fue víctima de una detención arbitraria.
Pero antes de que el joven fuera hallado sin vida, sus familiares debieron atravesar distintas irregularidades que dejaron explícito el dudoso accionar policial. Cuando Elsa Godoy fue a la comisaría, el propio jefe le recomendó visitar morgues, hospitales y otros lugares de la ciudad. Dejaron a la madre del joven desaparecido hacerse cargo de la investigación mientras esperaban que pasaran las 48 horas para que se oficialice la búsqueda de paradero. Elsa recorrió la ciudad pegando carteles con el rostro de Franco, elementos que fueron retirados inmediatamente de la zona de la comisaría. Luego, en la misma seccional los oficiales no le permitieron ver a Elsa el cuaderno de acta donde supuestamente Franco había firmado su liberación. Cuando el caso llegó a la Fiscalía el 14 de octubre, Apanowicz le mostró el cuaderno y fue entonces que la madre del joven reconoció como falsa la supuesta firma de su hijo. Ese mismo día vería la foto de legajo de Franco dentro de la comisaría, donde se lo notaba visiblemente golpeado. Para ese entonces Elsa estaba convencida que la policía era la responsable de la desaparición de su hijo.
La llegada del caso a la fiscalía no implicó ningún esclarecimiento. Tanto Apanowicz como fiscal, y Leandro Trangoni como secretario de Gestión Penal, delegaron la investigación al área de Asuntos Internos de la policía. La fuerza investigándose a sí mismo por un hecho que luego sería caratulado como desaparición forzada de persona, significó una muestra más de la liviandad con la que la justicia provincial se tomó el caso. El registro de las cámaras de seguridad de la comisaría y la zona, fueron pruebas fundamentales que se perdieron como consecuencia de esas maniobras. Desde la Fiscalía se excusaron argumentando que el sistema de autoborrado de las cámaras había impedido recolectar dicha pista.
Luego de la intervención de Ganón como defensor general de Santa Fe, comenzó a cuestionarse con más firmeza el rol de la policía. El 30 de octubre se presentó un habeas corpus junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante el juez Vera Barros. El mismo día se realizó una masiva movilización a las puertas de la Comisaría 7ma, que luego el propio gobernador Antonio Bonfatti calificaría de “oportunismo militante”. Horas antes de aquella marcha, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, Ignacio Del Vecchio, aseguraba a los medios de comunicación que tres testigos habían visto a Franco mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Sin embargo, esa misma tarde la Prefectura admitía el hallazgo de un cuerpo flotando en el río Paraná, que un día después sería reconocido como Franco Casco. Los análisis del Instituto Médico Legal determinarían que el cuerpo llevaba en el agua alrededor de tres semanas.
El día en que fue confirmado el hallazgo del cadáver, se realizó una nueva audiencia en la que declararon otros integrantes del personal de la Comisaría 7ma. Lo hizo la doctora que supuestamente revisó a Franco cuando fue detenido y antes de ser liberado. La debilidad de su relato, que sólo se limitó a describir al joven en estado de desorientación, alimentó la hipótesis de que el pibe jamás fue revisado y ni siquiera abandonó la seccional. El relato policial en aquellas audiencias, sumada a las irregularidades relatadas por Elsa Godoy, junto al evidente precario rol de la justicia provincial y la cuestionada participación de Del Vecchio, sirvieron para que la familia Casco y las organizaciones que la acompañan insistan hasta hoy día que a Franco lo desapareció y asesinó la policía. Los primeros pasos de la causa en la justicia federal dejan ver un camino más claro en torno a esta hipótesis.
www.enredando.org.ar/2015/04/08/un-peldano-mas-hacia-la-justicia/