Análisis del paro general del 31/3 y desafíos para el sindicalismo combativo
Por Armando Barrios - Resumen Latinoamericano - Tuesday, Apr. 14, 2015 at 6:30 PM

ARMANDO BARRIOS/Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2015 - El paro del pasado 31 de marzo cobró una relevancia notable por los altísimos niveles de adhesión y particularmente porque fue el primero de los cuatro paros realizados durante el ciclo de gobierno Kirchner no convocado directamente por las centrales sindicales opositoras, sino por un sector antes oficialista reunido en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Otro aspecto de relevancia fue el espectro de los reclamos. La demanda impulsada por las cúpulas de los sindicatos convocantes fue la elevación del piso del impuesto a las ganancias, aplicado a los asalariados que ganan más de 15.000 peros brutos al mes y afecta a 10% de los trabajadores o a más de 15% de ellos, según datos del Ministerio de Economía y de los propios gremios. Pero las organizaciones sindicales independientes y grupos de la izquierda y del campo popular sumaron otras demandas: la precarización laboral expresada en tercerización y trabajo en negro, los salarios que no alcanzan, los despidos en aumento, todas situaciones que representan problemas para la mayoría de los trabajadores.

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La decisión de los dirigentes sindicales afines al gobierno, como Antonio Caló, de dar libertad de acción a sus afiliados, da cuenta de que esos problemas afectan a importantes sectores de base.

A pesar del impacto de la medida en los sectores productivos y de servicios, la Presidente Cristina Fernández restó peso a la protesta: “Fue una huelga de transporte, no un paro general”, afirmó. Los motivos más profundos del conflicto parecen lejos de ser atendidos y plantean una serie desafíos al sindicalismo combativo.

“Los egoístas”

Respecto a los reclamos sobre ganancias, el gobierno realizó movimientos contradictorios. Un sector de ministros y funcionarios –entre ellos el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández– declaró antes del paro que los reclamos eran “justos” y que estaba dispuesto a discutir, en el marco de “las posibilidades”, cambios en la aplicación del tributo. Después del paro y con la medida de fuerza todavía caliente, la Presidenta cuestionó duramente su legitimidad: “Paran porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros”, dijo, enfatizando que la huelga era una acción desproporcionada surgida de una porción pequeña y “privilegiada” de la clase trabajadora.

Al acusar a los trabajadores de ser poco solidarios y egoístas por no aceptar el impuesto, el gobierno logró instalar un debate intenso entre sectores oficialistas y la izquierda. Según el Ejecutivo, el impuesto es progresivo ya que se aplica a los salarios más altos y constituye un factor de redistribución de la riqueza. Para la izquierda y el sindicalismo combativo, la posición es opuesta: el salario no es ganancia, por lo cual los trabajadores no deben pagar ningún tributo.

La distribución de la riqueza no debe discutirse mirando el interior de la clase trabajadora, sino la relación entre los capitalistas y los trabajadores. En efecto, mientras los altos directivos de las empresas privadas y públicas y los altos funcionarios estatales perciben ingresos que constituyen plusvalía bajo la forma de salario, los asalariados no reciben “ganancia” alguna por su trabajo.

En suma, la respuesta a las declaraciones presidenciales por parte de los sectores combativos que participaron del paro fue que los fondos para financiar las políticas sociales implementadas –con las que muchos están de acuerdo– no deben provenir del bolsillo de los trabajadores, sino de las ganancias de las empresas, el juego, la renta financiera y los sectores que sí obtienen ganancias millonarias.

Las discusiones planteadas desde el gobierno, por otra parte, pretendieron dejar de lado otra cara del reclamo, más seria aún: todos los trabajadores deben percibir salarios en blanco y salarios que permitan vivir dignamente. Y eso está lejos de ser una realidad: más del 33% de los trabajadores está “no registrado”, y el 50% de los trabajadores ganan menos de 5500 pesos –todo esto según datos del INDEC de fines de 2014-.

Respuestas y expectativas tradicionales

A pesar del alto impacto de la medida, las respuestas no fueron las esperadas por la mayoría trabajadora. A la tergiversación de la Presidenta se sumó la acción de los dirigentes sindicales, que se mantuvieron inmersos en la disputa por dirigir la futura central unificada y en demostrar su fuerza a los candidatos presidenciales. Por esta razón, los sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo se apresuraron en atribuirse el rédito por la contundencia del paro en una conferencia de prensa desde la Central opositora, y en convocar a una nueva medida de fuerza de 36 horas, que intenta marcarle la agenda a la mesa de sindicatos del transporte.

Mediante las negociaciones salariales paritarias, los sindicatos procuran suplantar la falta de modificaciones en el impuesto a las ganancias: los petroleros arreglaron una importante suma fija no imponible y que no tributará; los sindicatos de alimentación y choferes de micros pedirán un aumento superior al 40% -claramente por encima de la inflación- para compensar el impacto del impuesto a las ganancias sobre el salario. Es esperable que, si el gobierno persiste en mantener el impuesto, desde el sindicalismo se busquen alternativas para “saltar” su aplicación –como subir el piso de paritarias por encima de la inflación– y que, en paralelo, se sigan impulsando medidas de fuerza.

Las expectativas del sindicalismo tradicional están puestas en que el gobierno anuncie la elevación del piso del impuesto la semana próxima, ya que las centrales opositoras tendrán una reunión el 14 de abril, de la cual podría salir una nueva medida de fuerza a ejecutarse en el próximo mes. Otra posibilidad es que el gobierno intente aplacar al sector de los transportes específicamente, especulando con que, sin ellos, las centrales opositoras no son capaces de llevar adelante una medida contundente.

Lo que parece inevitable es que ante una mínima señal del gobierno hacia las direcciones sindicales, éstas abandonen las calles nuevamente tras haber cumplido el objetivo de demostrar su poder de incidir sobre la “gobernabilidad”. Las luchas de la mayoría de los trabajadores quedarán, una vez más, en manos de sus organizaciones de base.

El sindicalismo combativo ante la ofensiva capitalista

Mientras las cúpulas sindicales y el gobierno nacional discuten el impuesto al salario, la ofensiva empresaria arrecia –sustentada en la crisis económica internacional– intentando desgranar uno a uno los focos de resistencia que surgen en los lugares de trabajo: elecciones fraudulentas en Metalsa; despidos selectivos y discriminatorios como en Lear, World Color, Honda y muchas otras; suspensiones para “reducir costos” y disciplinar la mano de obra (Fate y Siderca anunciaron la suspensión de 5.000 trabajadores); amenazas y agresiones de la burocracia sindical (como las de la UOCRA Santa Cruz) y cierre de empresas y despidos masivos. En todas estas estrategias coinciden la burocracia sindical y los empresarios, puesto que comparten un mismo objetivo: barrer el sindicalismo combativo y a los compañeros luchadores de los lugares de trabajo.

En este contexto, las organizaciones independientes de trabajadores, los compañeros combativos y muchos que se solidarizan con sus luchas salieron el 31 de marzo a mostrar esta otra realidad, que es de lucha y resistencia. El movimiento obrero vive un momento difícil, fragmentado en extremo frente a una ofensiva del capital que promete incrementarse con el cambio de gobierno, sin importar cuál este sea. Sin embargo, como demostró la participación distintiva de los sectores combativos en el paro, la resistencia crece día a día y cada vez son más los compañeros comprometidos con la organización independiente de los trabajadores y la lucha por sus derechos.

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