La cuestión indígena y la provincialización del Chaco
Por Diario Norte - Wednesday, Apr. 22, 2015 at 9:07 PM

El acceso a la posesión de la tierra. Los proyectos de reducciones y colonias indígenas suponían una entrega de tierras. Este derecho, que se apoyaba para algunos en la idea de que eran sus primitivos dueños, colisionaba en alguna medida con los proyectos de poblamiento del Chaco.

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El acceso a la posesión de la tierra. Los proyectos de reducciones y colonias indígenas suponían una entrega de tierras. Este derecho, que se apoyaba para algunos en la idea de que eran sus primitivos dueños, colisionaba en alguna medida con los proyectos de poblamiento del Chaco.

Sin embargo estaba con­templado en la legislación vigente. La Ley de Colonización, promul­gada en 1876, sostenía que

En el Museo Ichoalay también se documenta parte del registro de las comunidades indígenas a finales de la época territorial.
el Eje­cutivo debía procurar por todos los medios posibles el establecimiento de las tribus en lotes de 100 hectá­reas por familia. El objetivo tendía a establecer colonias originarias en los mismos lugares en donde se ha­bían asentado grupos extranjeros. En 1890, un decreto del gobernador Antonio Dónovan, disponía que administradores y encargados de colonias debían proveer a cada cabeza de familia de un solar y lote, entre otros elementos que acordaba la ley.

Otros instrumentos legales ya contenían la idea. Con anterioridad, la ley 215, de 1867, preveía el sometimiento voluntario o forzoso de los indígenas y estipulaba que en el primer caso se les otorgaría territorios cuya extensión y límites serían fijados por convenios por el Ejecutivo. La creación de la reduc­ción de Napalpí ponía en práctica la ley 215. Pero la reglamentación de chacras, dictada posteriormente por la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, cercena­ba o limitaba en alguna medida la libertad de trabajo, e imponía numerosas y estrictas condiciones, desde físicas hasta la determina­ción de los productos a cultivar para mantener el usufructo de la tierra y podían ser desalojados si no las cumplían.

Hasta la segunda década del siglo XX, los reclamos de los aborígenes, se realizaron tímidamente y por ca­nales inadecuados. En los últimos meses de 1917, el periódico El Colono de Resistencia, publicaba que varios caciques tobas viajaron a Buenos Aires a solicitar tierras para agricultura. Según la nota, el gobierno de Hipólito Yrigoyen les prometió 53 mil hectáreas próxi­mas al río Bermejo.

Las gestiones fueron un impor­tante antecedente del decreto que el presidente Alvear dictó en 1924, para crear una reserva de 150 mil hectáreas con una colonia pas­toril, que se denominaría Teuco. Al año siguiente se dio la partida necesaria para el trazado del límite noroeste y se dispuso que una comisión que se encargaría de realizarlo.

La idea del acceso a la posesión de la tierra parecía con­cretarse. Pero no fue así. Siete años más tarde, en 1931, el gobernador Juan S. Mac Lean pidió al Ministerio del Inte­rior que cumpliera el decreto de 1924. Una disposición del director General de Tierras y Colonias se oponía a la norma y promovía la radicación de otros colonos.

El gobierno territoriano señaló que el único destino de esas tierras era el asentamiento de indígenas y desestimaba que quien se introdu­jera, ya fuera con miras a poblar u otro propósito, no fuera un intruso sujeto a desalojo. Sin embargo no tuvo respuesta del gobierno nacional.

La entrega de las 150.000 hec­táreas no registró adelantos en los años siguientes, a pesar de que los jefes de las tribus eran interlocuto­res válidos ante las autoridades lo­cales y de que formularon cada vez con más frecuencia sus reclamos.

Desde las esferas oficiales na­cionales parecía ignorarse esta realidad, esbozándose aún nuevos proyectos que no tendrían con­creción. En 1939 otro decreto del gobierno federal destinaba 200 mil hectáreas para instalar una villa rural indígena dedicada a la agricultura y que se denominaría La Florida. Esa disposición quedó en los papeles y no se avanzó en nada para cumplirla.

En el momento de crearse la pro­vincia, tampoco se había registrado avance alguno en la entrega de tierras a los indios.

La educación como factor de integración

Desde el momento en que los primeros gobiernos del territorio plantearon el problema indígena, se consideró a la acción educativa, incorporada o no a la estructura de la reducción, como un medio de asimilar al aborigen a la civili­zación. La educación les daría los instrumentos para mantenerse en el desarrollo de una vida sedentaria, a la vez que les proporcionaría los necesarios medios para protegerse de la explotación laboral.

De hecho, el plan colonizador del territorio -según el Informe de la Comisión Exploradora del Chaco de 1875- consideraba como base del futuro desarrollo de la región, en principio, al aprendizaje de técnicas de la producción agríco­la. Ello explica que los primeros pobladores de Resistencia y alre­dedores fueran colonos friulanos, reconocidos agricultores que tra­bajaban en un medio montañoso, de rigor climático y en general adverso, con buenos resultados. Se suponía que esos inmigrantes se convertirían en los primeros instructores.

La educación en el trabajo evi­dentemente dio buenos resultados. Por ello es frecuente que en los informes oficiales se reconociera la eficiencia con que se desempe­ñaron como hacheros o cosecheros y se llegara a afirmar que sin ellos, el progreso del Chaco no hubiera sido posible.

El destino laboral del indígena era, sin lugar a dudas, la actividad forestal o la agrícola y si en algún proyecto se habló de instituir becas en establecimientos de otras espe­cialidades, inclusive científicas o culturales, no se concretó. Tam­poco se pensó suficientemente en aprovechar sus reconocidas aptitu­des para algunas tareas artesanales.

Desde la óptica oficial, la falta de instrucción obraba en forma negativa: dejaba libres sus instintos salvajes, los hacía

Con un paño blanco en el brazo diferenciaban los estancieros del algodón a los ‘indios amigos’ de los ‘sublevados’. La fotografía fue tomada por el alemán Robert Lehmann Nitsche en Napalpí, en el fatídico 1924. La imagen integra el libro Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970, de Mariana Giordano, 2012.
pasibles de ex­plotación por parte de sus patrones y dificultaba la comunicación de las ideas y la incorporación de las prácticas civilizadas. La educación representaba entonces, además de una forma de integración, un recurso de protección.

Uno de los interrogantes fue la determinación del caudal de inte­ligencia que tenían, siendo negado en oportunidades, admitido en otras y exagerado algunas veces. En in­formes oficiales y de supervisores se pondera el grado de inteligencia de niños aborígenes y su notable capacidad de adaptación al ritmo y contenido de los planes educativos.

La educación de los alumnos en las reducciones fue precaria y mu­chas veces considerada deficiente en esos informes oficiales, esa calificación también alcanzaba a numerosas escuelas primarias co­munes. Durante los comienzos del período territoriano se registraron varios proyectos de creación de instituciones educativas fuera del ámbito reduccional, pero ninguno de ellos prosperó. En paralelo, muchos insistían en crear escue­las para indígenas, no sólo por las características peculiares de su formación, sino también para evitar la discriminación de que a veces eran objeto en las escuelas primarias comunes.

En la tercera década del siglo XX, para solucionar el problema de 600 niños que se trasladaban desde las tolderías para trabajar en la zafra y luego volvían, sin poder completar el ciclo lectivo la Compañía Las Palmas del Chaco Austral ofreció un lugar para crear una escuela. En total se abrieron cuatro, dos fijas en Presidencia Roca y dos ambulantes, una en la misma localidad y otra en Las Palmas. Las ambulantes preveían las migraciones por trabajo y en la práctica se las denominó “escuelas de cuatro estaciones”. Se preveía la entrega a los niños de ropas, útiles y comida diaria y se agrupaban los contenidos de la enseñanza en dos cursos, con adaptaciones acordes con las características y conveniencia del lugar.

En la resolución de creación se reconocía que hasta ese momento las acciones del Consejo Nacional de Educación habían sido deficien­tes en ese aspecto y ni siquiera medianamente eficaces los medios empleados. Las escuelas ambulan­tes subsistieron hasta comienzos de la década del treinta, funcionaban sin contar con el necesario apoyo oficial. Las fijas existieron hasta fines de esa década; con posterio­ridad se transformaron en escuelas primarias comunes.

Luego del fracaso del funciona­miento de las escuelas aborígenes, que en buena medida se debió a la desatención oficial, surgió la iniciativa del gobernador Alberto Castro de una escuela granja, de las mismas características de otra en Formosa. Las gestiones avanzaron y hasta se obtuvo el presupuesto, pero la burocracia administrativa frustró el intento.

En los años finales del territorio nacional, el Consejo Nacional de Educación creó una comisión es­pecial para resolver el “complejo y vasto problema de la educación primaria en los núcleos indígenas” pero no se hizo sentir en el Chaco.

El problema quedó sin resolver, aún cuando se reiteraron las pro­puestas y reclamos de gobernantes territorianos. Tal vez ello ocurrió en mayor medida por la poca asistencia o interés evidenciado en las esferas del gobierno nacional, que por la resistencia natural de los grupos a la acción educadora.

Una nueva etapa

El fracaso de las políticas in­digenistas implementadas en el período territoriano, deficientes, incumplidas o inexistentes, llevó a los aborígenes chaqueños hacia la mitad del siglo XX a un estado lamentable de miseria, desprotec­ción, indefensión y deterioro de la salud. A lo largo de casi un siglo de vigencia de un problema que se consideraba debía resolverse con urgencia, se originaron leyes y decretos que ordenaban, entre otras cosas, la entrega de tierras para lo­grar una radicación fija, la entrega de elementos de trabajo, animales, alimentos y ropas y la instrucción necesaria para permitirle velar por sí mismo. La mayoría de estas disposiciones no se concretaron y no variaron fundamentalmente la situación porque lo que se hizo fue insignificante.

En la provincialización del Cha­co, se presentó al indio chaqueño como a un ser humano vencido rei­teradamente. Es el indio del dolor silencioso, que vive en un estado de humillación permanente, en al­gunos casos convertido en víctima de la explotación. Embrutecido por el alcohol, que le hicieron conocer algunos patrones y comerciantes blancos, sumido en la ignorancia, arrastra su miseria, su desnudez y la amargura del despojo de las tierras que ocuparon sus antepasa­dos. Vive como puede, sin amparo y sin derechos.

Ya abandonó el nomadismo porque el avance de las poblaciones criollas, le quitó los reservorios naturales de los que obtenía el alimento. También porque el contacto con los elemen­tos que le mostraba la civilización, le había generado la apetencia de esos bienes y comprendió que los únicos medios para alcanzarlos eran el sometimiento y el trabajo. Entró en la literatura chaqueña como destinatario de graves daños causados por las injusticias de los blancos. En diversas situaciones es el mendigo o el que ofrece sus artesanías casa por casa en la ciudad, es el peón de campo o el cosechero, es, en casos extremos, el delincuente que atenta contra la sociedad organizada.

Pero es también, en algunas ocasiones, el hombre que a través del adoctrina­miento de particulares o de agrupa­ciones políticas, progresivamente asume sus derechos, se nuclea con sus iguales y se atreve a reclamar lo que estima le corresponde, además del cumplimiento de las disposiciones constitucionales que lo amparan. En ese estado lo encuentra la provincialización del Chaco que, aunque tardíamente y sin que él lo advirtiera, cambiará profundamente la visión y la even­tual solución de los problemas que lo afectan.

Para las nuevas esferas oficiales

La primera Constitución Provin­cial no contemplaba expresamente en ninguno de sus artículos la cuestión indígena, aunque es po­sible suponer que se aludía en los derechos humanos y del trabajador. Declaraba a todos los habitantes iguales ante la ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que su idoneidad a la vez que se afirma­ba que no se admitían diferencias raciales prerrogativas de sangre ni de nacionalidad. Su vigencia duró hasta el momento de producirse la denominada Revolución Liberta­dora, en 1955.

Dos años más tarde se sancionó una nueva Constitución, que en el capítulo Pueblos Indígenas fijaba nuevos lineamientos. Se reconocía la preexistencia de las comunidades, su identidad étnica y cultural y la personería jurídica. Correspondía al Estado provincial promover su protagonismo a través de sus instituciones y asegurar la propiedad comunitaria de la tierra, lo que era considerado una “reparación histórica”. También debía asegurarles la educación bi­lingüe intercultural, la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afectaban, como la promoción de un desarrollo sustentable de sus comunidades y su elevación socioeconómica. Esas disposiciones significaban, en la letra, un adelanto significativo y algunas constituyeron objetivos perseguidos por los primeros gobiernos provinciales. Los dos primeros gobernadores constitu­cionales de la provincia, Felipe Gallardo(1953-1955) y Anselmo Z. Duca (1958-1962), fueron hombres del interior, que conocían de cerca el problema indígena y en el tiempo en que gobernaron encararon políticas para el sector.

Una de las primeras medidas de Gallardo, fue adherir al Segundo Plan Quinquenal nacional -titula­do de protección al aborigen- y que establecía acción directa del Estado. En 1954 la Legislatura creó la Dirección Provincial de Acción Agraria y Colonización para Readaptación del Indígena, institución que más tarde daría origen al Instituto del Aborigen Chaqueño y finalmente a la Direc­ción del Aborigen. El hecho de que la Revolución Libertadora inte­rrumpiera el mandato de Gallardo -a menos de la mitad de la gestión-, frustró otras realizaciones.

La acción de Duca fue más efectiva. Muchos de los reclamos y pedidos de los caciques se cum­plieron (semillas, herramientas, ayuda económica, asesoramiento técnico y asistencia sanitaria). La excepción fue la posesión de tierras aptas para trabajar.

Entrevista del gobernador Gerónimo de Matorras y el cacique Payquín es una de las representaciones que refleja los primeros pobladores en la historia.
La concienciación

La alarmante situación de deca­dencia no fue advertida por el resto de la población hasta las últimas décadas de la gestión territoriana. Uno de los primeros síntomas de esa concienciación se registró en El Zapallar (hoy General San Martín) cuando los habitantes formaron una comisión de ayuda para reunir ropa, enseres varios y alimentos. Aunque esas ayudas no se oficia­lizaron, las hicieron también en oportunidades algunos habitantes a título personal. Eran esfuerzos de coyuntura, que en muy poco mejoraban la situación general.

Con la provincialización estas inquietudes particulares se evi­denciaron con más fuerza en la población. Comenzó a editarse en 1957 un periódico denominado Reivindicación, dirigido por Car­los López Piacentini. En sus pá­ginas se abordaba la problemática indígena y se sugerían soluciones. A mediados de 1958, se reunió en Resistencia la Primera Asamblea Indigenista Chaqueña, en la que estuvieron representados sectores de la comunidad, funcionarios del gobierno y delegados aborígenes. En todas las sesiones se analizaron los problemas que los afectaban y se reclamaban insistentemente medidas que aportaran soluciones. De la reunión surgieron numerosas propuestas para la posesión de la tierra y la asistencia del Estado para posibilitar el trabajo agríco­la, la asistencia integral de la ni­ñez y de la juventud (en proyectos de escuela-hogar-chacra-granja), y un sistema complementario de colonias mutuales.

Se insistió en la necesidad de capacitar a docentes y se sugirió a la Uni­versidad Nacional del Nordeste rescatar los elementos culturales. También se pidió rehabilitar la Dirección del Aborigen, que se concretó poco después, y la sanción de la Ley del Aborigen, que recién se promulgó en 1985. La aceptación oficial de las mociones se evidenció luego en algunas medidas realizadas por gobernantes o por instituciones educativas o de asistencia social.

Tres años más tarde, la delegación local de la Cruz Roja Argentina comenzó la organización de una comunidad toba cerca de Resis­tencia, un conglomerado en el cual se pusieron en práctica muchas de las acciones que se consideraban indispensables para la integración, en especial aquellas relacionadas con aspectos educativos y labora­les. Años más tarde se construyó la escuela, el centro sanitario, las ofi­cinas administrativas y viviendas. Así nació el Barrio Toba, que hoy alberga a una numerosa población con integración de ciudadanos criollos.

La organización

Desde la última década del territorio nacional se registró una nueva transformación en la situación: su nucleamiento en tribus, con reconocimiento de un cacique. Estos personajes, elegidos por la comunidad, se erigieron como interlocutores válidos ante las autoridades correspondientes e iniciaron una serie de reclamos de ayuda y de cumplimiento de los instrumentos legales que les otorgaban ciertos beneficios, es­pecialmente la entrega de tierras e instrumentos de labranza, medios de mejorar su situación económica y medidas educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Muchas veces sus reclamos no fueron atendidos, pero alertaron a los futuros funcionarios de la provincia acerca de la necesidad de abocarse a la solución de la cuestión indígena, la que fue mo­tivo de atención por gobernantes de la provincia.

La provincialización generó el inicio de un cambio positivo, aun­que tardío, del acuciante problema del estado de la población indígena, acción que los sucesivos gobier­nos, aún los de los últimos años, continúan intentando solucionar definitivamente.

Fuentes

-Ley 817. De Inmigración y colonización. Registro Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, 1847/1877, p. 491.

- Reglamentación de Chacras. Archivo Histórico del Chaco, Legislación Aborígenes 1, s/f.

-Ley 215 en el Registro Nacional de la República Ar­gentina, Buenos Aires, 1863/1869, p. 331.

- El Colono, Resistencia, 18 de octubre de 1917.

- Bialet Masée. Op. cit. p. 58.

- El Monitor de la Educación Común. Bs. As., Nº 596, 1922, p. 89ss.

- Memoria del gobernador Alberto Castro, 1943. Archivo Histórico del Chaco, Memorias de gobernadores.

www.diarionorte.com/article/121912/la-cuestion-indigena-y-la-provincializacio...

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