Panamá: ¿Despojo o seguridad jurídica?
Por Prensa Latina / Cuba - Thursday, Jun. 04, 2015 at 2:41 PM

Por Osvaldo Rodríguez Martínez*

Panamá, (PL) El conflicto indígena en Panamá por la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, guarda relación con los otros despojos protagonizados en el país, y cuyas luchas tienen el modelo neoliberal en su matriz.
La aseveración es del profesor Juan Jované, excandidato presidencial, quien además ve en el enfrentamiento actual en desarrollo un escenario donde están probando fuerzas la clase dominante y los pueblos originarios respaldados, al menos en el discurso, por sectores populares.

Al gobierno de Juan Carlos Varela le corresponde pronunciarse ante un problema que se arrastra de administraciones anteriores, y que a punto de concluir la obra vuelve a ser foco de tensión, con amenazas de escalar a un conflicto social de impredecibles consecuencias.

Jované es de la opinión que pudiera convertirse en el mecanismo de acción para crear un contrapoder con tintes sociales, que favorezca a los pueblos originarios, pero extensible a otros como los agricultores, quienes sienten como el modelo económico los excluye, dijo a Prensa Latina.

La batalla de quienes en Panamá velan por la Madre Tierra desde territorios ancestralmente ocupados por sus antepasados, no se circunscribe a una hidroeléctrica, sino al desarrollo de todas ellas, la explotación minera y la tala indiscriminada de los bosques.

LOS HECHOS RECIENTES

Barro Blanco, un intrincado paraje en el oeste del país, centró en los últimos meses la atención mediática porque las presiones de vecinos por la cancelación de la obra, obligaron al Gobierno a crear una comisión de alto nivel encabezada por la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo.

Pero después de varios meses de difíciles negociaciones, tratando de poner de acuerdo a indígenas y la constructora Generadora del Istmo S. A. (Genisa), todo volvió al punto de origen, porque la etnia NgÃñbe Buglé, que se auto valora como principal perjudicada con la hidroeléctrica, solo admite su cancelación.

Autoridades comarcales refieren 36 mil afectados, más de 500 de ellos directamente por la inundación de la represa, además de tierras de cultivo y sitios patrimoniales.

Las discrepancias entre las partes remontaron desde las posiciones antagónicas, hasta acusaciones de soborno por la entidad, como denunció el alcalde de Müna, Rolando Carpintero, en declaraciones a Prensa Latina.

Tengo los documentos los cuales demuestran que Genisa pagó 60 mil dólares a una cooperativa que supuestamente representaba los intereses de los nativos, pero realmente no es así.

Desde el inicio del diálogo, los sectores que actúan a nombre de los afectados presentaron argumentos de las violaciones cometidas por la constructora en lo legal, medioambiental e irrespeto a la cultura aborigen, lo cual encontró oídos receptivos en la comisión gubernamental.

Tras una primera decisión de detener la obra provisionalmente hasta que la empresa resolviera las violaciones de lo establecido en las leyes panameñas, el Gobierno resolvió recientemente suspender la concesión y pasarla a otra entidad interesada.

Las reacciones de los indígenas de la Mesa de Diálogo fueron de frustración y acusaron a las autoridades de traición a sus intereses, e incluso aseguraron no volver a las negociaciones, porque solo admiten la cancelación definitiva de la hidroeléctrica.

Pero en lo que algunos consideran una maniobra externa de división de las posiciones de los líderes tribales para su debilitamiento, el Congreso General NgÃñbe Buglé, máxima autoridad creada mediante leyes panameñas, reaccionó con firmeza al desconocer el diálogo y a sus representantes en el mismo.

En un comunicado enviado a Prensa Latina, los indígenas manifestaron que el Estado reconoce la existencia del Congreso como máximo organismo de expresión, decisión étnica y cultural de ese pueblo originario.

Sin embargo, el vocero de esa autoridad, Liborio Miranda, aseguró a esta agencia de noticias que quienes dialogan hoy con el Gobierno, lo hacen al margen de la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, e incluso hasta las propias autoridades violan lo legislado.

El Código establece que cualquier decisión importante debe consultarse de manera colectiva con el Congreso y su pueblo, el cual aglutina a las tres regiones NgÃñbe Buglé, y no con una autoridad individual.

Con respecto a obras del tipo de la hidroeléctrica, el artículo 48 del texto señala que los proyectos deben "garantizar los derechos de la población en beneficio y cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y protección ecológica, procurando su participación".

También refiere que "en los casos en que sea factible la explotación, se requerirá un estudio de impacto ambiental previo, que incluya el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada" y establece a la Comarca 30 días para presentar sus observaciones.

Consta en la Defensoría del Pueblo, que datan desde 1997 los desacuerdos de los pueblos originarios con los proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará, donde se encuentra Barro Blanco.

Sin embargo, la "seguridad jurídica" también es enarbolada por su contraparte Genisa, la cual recibió el espaldarazo de la empresa privada panameña a través de sus gremios, que exigieron al Gobierno Nacional el cumplimiento de lo pactado con la constructora transnacional.

En igual sentido se pronunciaron los bancos que otorgaron el crédito, y según el diario La Estrella de Panamá, entregaron un documento con amenazas de que la suspensión de este proyecto podría pesar en contra del país en futuras decisiones de inversión y perjudicar el flujo de capitales.

Según el rotativo, el documento fue firmado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, y los germanos FMO y el KFW.

En la nota ponen en duda los argumentos gubernamentales esgrimidos para detener el proyecto de Barro Blanco, porque un sistema de control interno de los financistas, aseguró no considerar que la empresa incumpliera lo establecido.

EL DESENLACE

En este punto donde se encuentra ahora el conflicto, el economista Jované analiza que los sectores que no piensan como la clase dominante están un tanto desconectados y no logran hacer un contrapeso, por lo que es predecible que el Gobierno apoyará a los de mayor fuerza y afinidad: la empresa privada.

No obstante, el académico no descarta que las fuerzas progresistas del país reaccionen y logren juntar todas esas partes de la actual crisis social, que tiene una misma matriz, para conformar un contrapeso.

Si ocurriera una derrota contundente de la población en Barro Blanco, y si bajo la "seguridad jurídica" la clase dominante logra que el Gobierno ceda a su favor, entonces podremos decir que ya encontraron el camino y el "daño al modelo" será la excusa para debates mediatos como el salario mínimo y el seguro social, agregó.

Y sentenció: "En la ruta de los sectores dominantes, como en la de quienes no los apoyamos, evidentemente este es un enfrentamiento importantísimo".

*Corresponsal de Prensa Latina en Panamá

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