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Por Movimiento DDHH - Tuesday, Jun. 09, 2015 at 7:06 AM
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DOS JUICIOS SOBRE CRIMENES de LESA HUMANIDAD...

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9 de junio de 2015
Terminó el juicio por el caso de la nieta Florencia Laura Reinhold Siver
Tres condenas por una apropiación
El matrimonio que la anotó como propia recibió ocho años y seis años y medio. El médico que firmó el acta falsa, cinco. “Lo principal es que hubo justicia. Para nosotros esto era importante”, dijo la tía de la joven, Adriana Reinhold.
Por Ailín Bullentini

Adriana Reinhold, tía de la joven que recuperó su identidad en 2011, luego de escuchar la sentencia.

El presunto desconocimiento sobre el origen de Florencia Laura Reinhold Siver del que se valieron Juan Carlos Lavia; su esposa, Serafina Marchese, y el médico Francisco De Luca para insistir en su inocencia no fue suficiente: el Tribunal Oral Federal número cinco los declaró culpables de la apropiación de la joven, que nació mientras sus padres, aún hoy desaparecidos, estaban secuestrados en la ESMA. Lavia fue condenado a ocho años de cárcel. Su esposa, a seis años y seis meses. El médico, a otros cinco. Hasta que la condena no quede firme, ninguno quedará encerrado.

“Lo principal es que hubo justicia. Para nosotros esto era importante, no por años de cárcel, sino por escuchar la palabra ‘condena’ ahí adentro”, evaluó Adriana Reinhold, tía paterna de Florencia Laura. La sentencia se leyó en la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py. Los familiares de Florencia Laura Reinhold Siver y los que pertenecen al círculo de sus apropiadores comenzaron a llenar los lugares correspondientes: arriba los allegados a los acusados –hermanos, hijas y sobrinos del matrimonio de Lavia y Marchese; y también de De Luca–; abajo, los tíos y primos biológicos de la joven compartieron butacas con miembros de Abuelas de Plaza de Mayo. Más temprano, los acusados habían rechazado la posibilidad de dar su versión de los hechos antes de que los magistrados definieran su veredicto.

El TOF 5 consideró que los hechos debatidos en el juicio constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que rechazó de plano el pedido de prescripción que el abogado de los acusados había solicitado en sus alegatos de la semana pasada.

Susana Siver parió en el Hospital Naval de la ciudad de Buenos Aires, en enero de 1978, a la hija que tuvo con Marcelo Reinhold. Hasta allí la habían trasladado miembros de la patota que mandaba en la ESMA, en donde estaba secuestrada desde agosto de 1977. El mismo día en que los matones de la última dictadura la habían atrapado a ella, que estaba en una reunión de amigos en la casa de sus suegros en el oeste bonaerense, también llegaron a Marcelo, que caminaba por la ciudad de Buenos Aires. Ambos continúan desaparecidos. Susana volvió al chupadero con Laura –así la había llamado– y allí estuvo con ella algunos días hasta que el genocida Héctor Febres se llevó a la nena en un moisés muy coqueto, según el relato de varias sobrevivientes de aquel infierno que echaron luz sobre aquellos tiempos oscuros en la vida de los tres.

Laura la había nombrado su mamá, un nombre que Reinhold Siver recuperó 33 años después, cuando el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos reveló lo que ella ya sospechaba casi con rigor de verdad. A partir de entonces, sumó el Laura al Florencia, como la llamaron sus apropiadores. En febrero de 1978, Lavia y Marchese la recibieron en la calle, de manos del médico Aldo Chiappe, acusado de atender a mujeres embarazadas víctimas del terrorismo de Estado en la ESMA. Florencia Laura iba en aquel moisés coqueto en el que Febres la había colocado cuando la apartó para siempre de su mamá. Con la ayuda de De Luca, que puso su firma, falsificaron su certificado y su partida de nacimiento y la inscribieron como hija propia, nacida en la casa familiar. Desde entonces y hasta agosto de 2011, aquélla fue su identidad.

Para el TOF 5, quedó acreditada la responsabilidad de los tres acusados en la apropiación de Florencia Laura. A Lavia y a Marchese los condenó por haber ocultado y retenido a la hija de Marcelo Reinhold y Susana Siver, haber alterado su estado civil y haber falsificado ideológicamente los documentos que acreditaban su identidad. El castigo fue de ocho años de prisión para él y seis años y medio para ella. La conclusión del tribunal, integrado por los jueces Oscar Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, se acercó bastante a los pedidos realizados la semana anterior por la fiscalía y la querella, a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo. El fiscal Miguel Angel Palazzani y los abogados Alan Iud y Pablo Latchner habían solicitado diez años de cárcel para Lavia y ocho para Marchese.

En cuanto al obstetra, el fiscal había pedido siete y los letrados en representación del organismo de derechos humanos, seis y medio. Para los magistrados, De Luca resultó responsable de la falsificación ideológica del certificado de nacimiento de Florencia Laura, lo que lo volvió partícipe de la falsedad de su partida de nacimiento y su documento de identidad. Recibió una condena de cinco años de cárcel e inhabilitación para ejercer la profesión por la misma cantidad de tiempo. Ninguno quedará detenido hasta que la sentencia quede firme. De todos modos, se presume que cumplirán las condenas en sus hogares, ya que los tres están cerca o superan los 70 años.

“Estoy bastante conforme. Uno viene acá entregado, sin saber qué puede pasar. Pero hoy tuvimos justicia”, consideró la tía paterna de Florencia Laura, que la buscó junto a su familia, la de Susana y Abuelas de Plaza de Mayo desde que supo que había nacido. Ayer, tras la condena, se declaró en “estado de shock” y con los “sentimientos encontrados”. Su sobrina no estuvo presente en la lectura y tanto el proceso de recuperación de su identidad cuanto la puesta en marcha del juicio en contra de sus apropiadores son pasos que no le resultaron fáciles de dar. “La sensación de que fuera yo la que destapara la olla siempre me pareció muy pesada”, había declarado ante el tribunal durante la primera audiencia del debate. Cuando tenía 21 años, Lavia le aconsejó acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo porque “existían” posibilidades, le dijo, de que fuera hija de desaparecidos. “Le dejó la responsabilidad a ella”, consideró Reinhold. Para ella, la condena de ayer fue “el principio del fin”: “Ahora que está la verdad dicha, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con ella”, concluyó.
Comenzaron los alegatos en el juicio oral sobre la coordinación represiva en el Cono Sur
La etapa final en el juicio al PLAN CONDOR .
El juicio comenzó en marzo de 2013 e involucra a 18 acusados, entre ellos, a Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y el uruguayo Manuel Cordero. Durante el debate hubo cerca de 200 testimonios y se analizaron documentos gubernamentales.
Por Alejandra Dandan

En marzo de 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral por la causa del Plan Cóndor, el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen. Esa causa acaba de ingresar a la etapa de alegatos. Entre los 18 acusados, están los principales líderes militares argentinos que siguen con vida, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, pero también Manuel Cordero Piacentini, enlace con Argentina y uno de los integrantes más conocidos del ejército uruguayo. El debate tuvo una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del Cóndor, sino que busca probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos. Esa es una mirada que aportó Jaime Nuguer, representante de las querellas que abrieron la causa en 1999. Hoy concluye su alegato y hará el pedido de condenas.

“Quiero decir que los documentos y testimonios recabados en este juicio son únicos por su cantidad y su diversidad y porque fueron tratados en un juicio público. Y en conjunto muestran que aquí hubo una brutal operación de coordinación represiva en el marco de las dictaduras militares de los años ’70 en Latinoamérica. Y ése no es cualquier marco –señaló Nuguer– dado que ya estaba precedido por la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, impartida especialmente desde la escuela norteamericana del Canal de Panamá. Hubo enseñanzas de la doctrina francesa y estaba el antecedente de Vietnam. Ese cúmulo de pruebas muestran que esta operación estaba dirigida a reprimir a los exiliados, por eso la mayor parte de las víctimas cayeron en Argentina, porque fue el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de golpes de la región.”

Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en ese sentido también es una causa emblemática. Impulsada por un grupo entre los que estaban Emilio Mignone, Raúl Za-ffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú, se abrió en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear. El debate de estos años muestra los avances que hubo desde el origen hasta el presente.

“Nosotros teníamos un solo documento desclasificado cuando se inició la causa –dijo Nuguer–. Uno del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora muy conocido, que envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978. El informe es una síntesis completa sobre el PLAN CONDOR y dice centralmente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y eventualmente ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior. Esa es la esencia del memo que según expertos como Carlos Osorio o John Dinges fue el único documento conocido en los ’80 y el único que existía originalmente.” Con ese documento pasan dos cosas, continuó el abogado: “Llega muy tarde, pero además describe una operación en la que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce. Eso cambió a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasifica los documentos de Chile y Argentina. Eso permite conocer miles de documentos que muestran un rol distinto de los Estados Unidos, pero la causa original ya estaba iniciada”.
–¿A su criterio qué dejó de nuevo este debate?

–El juicio ha demostrado la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas. Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de el PLAN CONDOR . Pese a no haber sido un país –entre comillas– “integrante” o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló.

El juicio busca pruebas de la intervención del Cóndor en la persecución sobre 170 víctimas. Nuguer es querellante por cinco, tres argentinas: Alejandro José Logoluso, Dora Marta Landi y José Nell padre. Y dos uruguayos: Nelson Santana Scotto y Gustavo Edison Insaurralde, dirigente del Frente para la Victoria del Pueblo. Los cinco fueron secuestrados el 29 de marzo de 1977 en Paraguay, torturados e interrogados por uruguayos y por argentinos y trasladados por la marina argentina. Uno fue visto en el Atlético. Hoy están desaparecidos. El juicio examinó un cúmulo enorme de documentación de todo tipo. “Aquí tenemos muchos documentos que literalmente ocupan habitaciones enteras. Materiales desclasificados de distintas fuentes como de los archivos norteamericanos, del archivo del Terror de Paraguay. Documentos brasileños. Hay 35 libros sobre el tema. Muchos autores testimoniaron y acercaron documentación. Hubo mucha prueba de causas judiciales. Testimonios de causas anteriores. Y mas de 200 testigos. Todo esto conforma un plexo probatorio de una amplitud que me animo a decir que nunca se ha visto antes sobre el tema en ningún otro lado del mundo.”

El juicio tuvo tres líneas de análisis. La reconstrucción de cada víctima. El análisis de las coordinaciones “por binomios” integradas por los distintos países, que se dieron antes del comienzo formal del Cóndor y de las que participaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Un tercer tipo de análisis, habilitado por los anteriores, permitió observar el funcionamiento global de la región y al Cóndor no sólo como un hecho aislado, sino como un proceso con antecedentes y en evolución. Luego de Nuguer, alegará la querella de la secretaría de derechos humanos, luego el CELS. Por ultimo acusará la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña.

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