Siempre con la misma cantinela: las acusaciones a través de los gobiernos
Por Leonidas Noni Ceruti - Tuesday, Jun. 09, 2015 at 10:40 PM
ceruti_leonidas@hotmail.com

A propósito del paro de hoy, el historiador Leonidas Noni Ceruti realiza un breve racconto de cómo los distintos gobiernos en Argentina intentaron desacreditar las huelgas, en beneficio de la clase capitalista.

Siempre con la misma cantinela:
las acusaciones a través de los gobiernos

A propósito del paro de hoy, el historiador Leonidas Noni Ceruti realiza un breve racconto de cómo los distintos gobiernos en Argentina intentaron desacreditar las huelgas, en beneficio de la clase capitalista. Leónidas Ceruti Historiador

“Marchemos, gritemos, protestemos... Que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo...” (Raúl González Tuñón).

Primero fue Edgardo Depetri, lenguaraz del gobierno, quien advirtió que durante el paro nacional del 9 de junio, pueden ocurrir “hechos de violencia” para generar “una situación de crisis”. “Si quieren hacer paro, que haya paro, pero que no nos armen otros escenarios. Tengamos cuidado, no sea cosa que aparezca de nuevo una situación de crisis y que se instale un caso similar al de Mariano Ferreyra, que ya sufrimos los argentinos”.

Y hoy fue el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien en una conferencia de prensa en la que reveló “algunos datos” que el Gobierno pudo recabar sobre el choque que protagonizaron anoche un tren de la línea Roca y una locomotora que se encontraba realizando maniobras en la estación Temperley. Casi fuera de sí, declaró “No creo en casualidades, este es el tercer siniestro que me toca afrontar a mí”. Y detalló que el primero fue en junio de 2013, 8 días antes del cierre de listas de diputados. El segundo fue el mismo año, 8 días antes de las elecciones generales. “Ahora estamos a 12 días del cierre de listas (para las elecciones presidenciales). No creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Consideró que este último choque fue “un sabotaje, sin ninguna duda”.

Y faltaba el tenor de esta opereta, Aníbal Fernández, quien aseguró que: “Es un paro político, no tiene otro objetivo que generar un conflicto político. El paro no tiene ningún valor, lo que busca es un objetivo político. Es un paro sin sentido, no tiene pies ni cabeza”.

Al escucharlos y verlos, la memoria hace click, y uno recorre declaraciones de muchos funcionarios de distintas épocas, en vísperas y luego de huelgas, manifestaciones y grandes acontecimientos protagonizados por los trabajadores y el pueblo.

Es el mismo libreto, con algunos cambios semánticos, pero el concepto es el mismo: descalificar, denunciar, desprestigiar, desmerecer, difamar, reprobar, excluir, inhabilitar, vaciar de contenido, etc.

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Vamos a hacer un breve repaso de algunas de esas expresiones, leyes, proyectos, de ministros, presidentes, legisladores, jefes de policías; como del contexto en que se dieron. Así veremos desde opiniones ridículas, otras más cuidadas, leyes redactadas con desprecio hacia los trabajadores, discursos con impunidad para desacreditar.

En 1890, semanas antes de lo que sería el primer 1° de Mayo, cuando el reclamo central era por las 8 horas de trabajo, en Rosario, se reunían anarquistas y socialistas en el bar La Bastilla. La policía que vigilaba a quienes asistían a las tertulias, en uno de sus informes al gobernador, advirtió y trató de ridiculizarlos con estas palabras: “que se habían incrementado las reuniones de los gringos extravagantes que usan corbata negra y moño volador”. El día previo al gran acto fue detenida la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, por distribuir el manifiesto del Comité Internacional de Buenos Aires, y el sumario policial destacó “que fue demorada una peligrosa agitadora por distribuir propaganda anarquista ante los trabajadores de la Refinería Argentina, atentando contra el orden social existente”.

La clase obrera continuó con sus reclamos. Las clases dominantes respondieron con represión. Fue en esas circunstancias cuando el Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero: la Ley de Residencia (ley 4144), que autorizaba a expulsar del país a cualquier “extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. El senador Pérez informante del oficialismo, sostuvo que “la finalidad de la ley era de evitar que ciertos elementos extraños vengan a perturbar el orden público, a comprometer la seguridad nacional, y salvar a la sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses en un país debidamente constituido”.

Luego en 1932, en la 33ª sesión ordinaria del Senado realizada el 1° de septiembre de 1932, Sánchez Sorondo había presentado dos proyectos de ley. Uno sobre “Asociaciones gremiales y patronales”, para regular las relaciones entre obreros y patrones, que, entre otras disposiciones, obligaba a todos los obreros a tener un carnet con sus antecedentes personales y laborales, fijaba las condiciones para que pudiera existir un sindicato y para la declaración de una huelga, y creaba “jurados paritarios”.

El segundo sobre “Represión de actividades comunistas”, que se fundó en “la defensa en la paz, del conglomerado social, el conjunto de leyes y de procedimientos administrativos que todo país bien organizado debe adoptar para cuidar de su tranquilidad (...) dentro de una civilización de la que participa y a la que colabora” frente al “(...) comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, fuerzas que aspiran por distintos procedimientos a arrasar con el orden social existente, por su organización internacional, por su poder doctrinario y financiero, por sus métodos que lo mismo emplean el libro, el folleto, el discurso, la tribuna, la bomba, el revólver o el puñal, y sobre todo por la aparición en el escenario mundial de un estado poderoso, que ha oficializado, centralizado y financiado la propaganda subversiva y que hoy tiene en jaque económicamente a la civilización occidental, constituyen un peligro formidable contra el cual tenemos urgentemente que defendernos”. La fundamentación fue acompañada de un “cuadro de las organizaciones obreras de la República Argentina”, donde “están las de tendencia netamente revolucionaria y las otras que no lo son todavía, pero que se encuentran en la zona de contagio”; la lista abarcaba a anarquistas, sindicalistas, comunistas y socialistas, incluyendo a la CGT. Girados ambos proyectos a las respectivas comisiones, el Poder Ejecutivo los incluyó, bajo el título de Ley de Defensa Social, en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Durante la presidencia de Frondizi. El 16 de marzo de 1960, el ministro de Interior Alfredo Vitólo, manifestaba que "los tribunales castrenses pueden declarar zona de guerra y la autoridad militar, puede tomar determinaciones serias y graves cuando la situación lo requiera". En esa ocasión, agregó además que "los responsables de la agitación eran los peronistas y comunistas especialmente". Los trabajadores se habían puesto en pie de lucha contra el plan económico del superministro de Economía de ese entonces, el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.

El 1º de Mayo de 1960, ante el Congreso, Frondizi, analizó la situación del movimiento obrero y su relación con el gobierno nacional, destacando que “En lugar de canalizar sus esfuerzos a la normalización de los sindicatos, ciertos dirigentes obreros respondiendo a consignas políticas extra sindicales, cometiendo el error de lanzar a los trabajadores a huelgas y movimientos de diverso carácter. Algunos tuvieron franca fisonomía insurreccional con el evidente objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones y crear el clima para un golpe de estado. Otros, se basan en reclamos económicos, sabiendo que el país no está en condiciones de satisfacerlos. Al quebrar la disciplina del trabajo se socavaron también gravemente las fuentes que provenían a la economía familiar. Tales conflictos gremiales significaron en 1959 una pérdida de 5.000 millones de pesos en jornales y una merma en la actividad económica de 27 mil millones de pesos”.
El viernes 29 de julio de 1966, el gobierno del dictador gral. Juan C. Onganía, a través del decreto ley 16.912 anulaba el gobierno tripartito y subordinaba a las autoridades de las Universidades, al Ministerio de Educación. Luego vendría la “Noche de los bastones largos” con la represión para docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. El interventor, Luís Botet, declaró: “Hay algo que es superior a la enseñanza, a la ciencia, a la investigación, a la renuncia de 100 profesores, ese algo es el principio de autoridad”.

El 7 de septiembre de 1966 cuando fue asesinado por la policía en Córdoba el estudiante-obrero Santiago Pampillón, el Secretario de Prensa del gobierno nacional declaraba “(...) el gobierno dispone de instrumentos legales y de fuerza para proceder. Y comienza a hacerlo con toda decisión. De lo que no dispone más es de paciencia”. Y finalizaba subrayando “la resolución del gobierno de obrar con la energía que requiere el deber de contener el desorden que se ha provocado. Lamenta las víctimas en la policía (que no las había) y las víctimas de los provocadores. Y lamenta las víctimas que vendrán, porque a partir de ahora no se admitirá ese desorden”.

Durante el Primer Rosariazo, en mayo de 1969, fueron asesinados dos estudiantes Bello y Blanco. El Ministro del Interior, Borda, expresó el mensaje de siempre tras una manifestación y la posterior represión: "Resulta así muy claro que el clima de violencia ha sido provocado por elementos de extrema izquierda y por algunos políticos, que en estos días se han mostrado particularmente activos. No ha faltado tampoco algún dirigente gremial que, interesado más en satisfacer sus ambiciones personales que en el auténtico bien de los trabajadores, intenta aprovechar las circunstancias para inducirlos a servir a sus menguados propósitos”.

Luego del golpe del ‘76, fue designado como Ministro de Trabajo, Llamil Reston, quien todos los 1° de Mayo daba encendidos discursos. En uno de ellos, dejó en claro cuál era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que: “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos".

Ya en democracia, el movimiento obrero resistió las políticas económicas del presidente Alfonsín con una serie de paros. En vísperas de la huelga general, en 1985, el presidente aprovechó un viaje al sur del país para inaugurar dos plantas industriales, para lanzar un ataque verbal visceral y frontal contra la CGT: "Los problemas que agobian a Argentina no vamos a resolverlos con llorones que se ponen frente al pueblo para decirle que hay que cambiar la economía o que el Gobierno se vaya. Alcanzaremos la solución de nuestros problemas aunque algunos mantequitas estén llorando y quejosos" (alusión personal al secretario de la CGT, Saúl Ubaldini).

Con los años, Menem y sus ministros, harían escuela en las descalificaciones y acusaciones a aquellos que enfrentaban sus políticas de hambre y exclusión. La lista es larga, pero tomemos como ejemplo, las declaraciones luego de la huelga general del 14 de agosto de 1997, convocada por la CTA y el MTA.

Menem, como bastonero de un discurso extremadamente homogéneo de todos los hombres del Gobierno, y con un eje electoral claro, acusó a los opositores de la "autoría intelectual" de los hechos de violencia producidos durante el paro general, convocado por el sindicalismo opositor. En un encendido discurso hecho en la ciudad chaqueña de Las Breñas, sostuvo sobre los dirigentes, que "muchos de ellos son los responsables de los hechos de violencia; fueron los autores intelectuales de todo lo que pasó". Acusó a quienes apoyaron el paro de "dañar la paz, la democracia, al pueblo argentino, y le hacen daño a la imagen argentina en el mundo". Y caracterizó el paro como "el menos exitoso y el más violento de la historia", sostuvo que los opositores políticos "hablan de paz y ayer apoyaron el paro del sector de los violentos; han apoyado la violencia que desataron a lo largo y a lo ancho del país, y ésta no es la forma de hacer política. Esto es obra de la oposición, no del Gobierno", sentenció Menem como una consigna de campaña, antes de sostener que "no queremos más salvajes, ni dañinos ni encapuchados, porque no son más que cobardes que no quieren dar la cara".

El presidente Fernando de la Rúa y sus ministros llevaron al paroxismo las declaraciones ante cada paro y acciones de protesta. Basta este ejemplo. Luego del paro del 9 de junio de 2000, el presidente hizo una enfática defensa del rumbo económico del Gobierno y cargó contra los dirigentes sindicales. “Durante estos diez años las cúpulas sindicales fueron cómplices silenciosos del abandono y la desprotección de los trabajadores”, dijo para desvirtuar el sentido del paro general, desconociendo la resistencia de muchas organizaciones sindicales a las políticas de Menem-Cavallo.

El jefe del Estado, pese a que el Gobierno había dejado trascender que convocaría al “diálogo social” para concertar soluciones para la crisis entre todos los sectores, no vaciló en cargar contra los convocantes a la huelga. Reiteró que “hacerle un paro al país no ayuda al país; llamar a la rebelión fiscal perjudica a los que menos tienen”. Y añadió que "no es bueno que se utilice el sufrimiento y la impaciencia de la gente para defender intereses sectoriales". La respuesta la tuvo con el pueblo en las calles en diciembre de 2001.

Y en los últimos años, se ven fantasmas en cada esquina, y hacia ellos van los dardos. Cristina Fernández de Kirchner, desde hace varios meses, se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Mientras tanto, tolera los negociados de las mineras, banqueros, multinacionales del agro y los popes de la UIA.

Durante y luego de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2012, desde Juan Manuel Abal Medina, Sergio Berni, hasta Yasky, Depetris y D´Elia, compitieron a ver cual lanzaba la acusación más dura, impactante y mejor direccionada. Y luego de una semana de silencio, siempre desde el púlpito, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó al coro señalando “un manual de operaciones políticas para el saqueo” y responsabilizó a organizaciones sindicales y políticas. Señaló también que sectores del PJ participaron en situaciones similares que vivió el país en 1989 y 2001. Se había completado el coro.

Como siempre desde el atril y en su rol de hacer “docencia”, recomendó y sugirió: “Les pido que cuando protestemos lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda circular y llegue a la escuela, al trabajo, para que pueda llegar”. Su exhortación estuvo dirigida a los grupos sindicales y sociales para que revisen los métodos de protesta. Pidió “no complicar la vida a la gente, ni violar la ley ni utilizar métodos violentos”.

Posteriormente, cargó duro contra los trabajadores de los subterráneos, cuando los criticó por sus "actitudes egoístas, insolidarias, impropias" por negarse a recargar las tarjetas SUBE. Los trabajadores sostuvieron que, dada la elevada ubicación del dispositivo de carga, les provoca tendinitis. "Vi a mi viejo trabajar en el colectivo, tenía que sacar boleto por boleto. Laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. ¡La pucha! Lo que pasa es que era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos”, afirmó para desacreditar los argumentos del reclamo laboral. Y en otro pasaje pidió: “Pensemos un minuto no sólo en nosotros mismos, en pensamientos de tipo corporativo. Estos de la tendinitis son a los que les reconocimos la libertad sindical. Les pido a todos los argentinos que tienen responsabilidades, que trabajan, que estudian, que están arriba de un arado, que pensemos un minuto no sólo en nosotros mismos, son actitudes egoístas, insolidarias, impropias".

Dos meses después, el turno para las críticas fue para los gremios aeronáuticos y sus trabajadores. En un encendido discurso en el que “lloró tres veces, rió otras tantas y recordó a su marido”, Cristina K criticó duramente a dichos gremios, a los que acusó de “cínicos”, les enrostró los aumentos de sueldo que habían tenido desde que el Estado se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas y los exhortó a trabajar.

Las críticas no sólo fueron para los gremios en conflicto, como el de los mecánicos, y el de los pilotos, también hubo una referencia a Hugo Moyano, por haber bloqueado desde Camioneros a la empresa Gate Gourmet, encargada del catering a bordo, que se vio obligada a paralizar la actividad y amenazó con irse del país. Con ironía, Cristina se quejó de que los sindicatos esgrimían “colitis” para no trabajar, y advirtió que “estas cosas de boicot encubierto nos hacen perder millones de dólares. El último conflicto nos hizo perder 20 millones de dólares”.

Siguió con su parlamento y fue entonces cuando elevó el tono de voz y la emprendió contra los constantes paros aeronáuticos: “La cuestión no es enfrentar a nadie, la cuestión es convencerlos de que trabajen. Estoy vieja para las declaraciones de amor. Lo que les pido es que trabajen”.

Molesta, muy molesta, Cristina mostró todo su enojo por los conflictos gremiales. Lo que siguió fueron lágrimas, se le quebró la voz y dijo que “Me duele que te cuenten que en un vuelo de United o de American no habían podido subir el catering y el piloto dijo por altavoz a todo los pasajeros que la culpa de que no le dieran comida era del Estado argentino. Sentí mucha vergüenza”. Y continuó: “Más que una falta de cooperación, hay un ejercicio de cinismo inadmisible”. Hacia el final, largó su última advertencia: “El día que esto se acabe, a los primeros que se van a llevar puestos es a los trabajadores. Yo voy a seguir viviendo y comiendo pero se van a llevar puesto a los trabajadores”.

Posteriormente, en medio del discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2011, envió un duro mensaje a los sectores sindicales, hizo referencia al conflicto docente y petrolero que se generó ese año en Santa Cruz, y se refirió al nivel de ingresos de esos sectores. “Curiosamente el sector docente cobra el salario más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el de los petroleros es uno de los más importantes junto con el minero. Esa huelga que se prolongó por meses, en la que por primera vez sectores docentes tomaron yacimientos, le significó al país una pérdida por día de más de u$s 10 millones y, todo el conflicto, más de $ 800 millones de pesos”, aseveró.

Todo continuó con el inicio de clases complicado por paros docentes en muchas provincias. Cristina K aprovechó la apertura de sesiones en el Congreso para criticar a los docentes con una dureza inédita. Después de lamentarse por no haber podido garantizar el inicio de clases en todo el país, disparó: “Con trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases. Creo que han quedado atrapados en una lógica de otro país, la lógica de la Carpa Blanca”, sostuvo.

Y las agresiones siguieron cuando, CFK, en el 2012, descalificó el paro del 20 N, e hizo mención a determinados hechos históricos de la clase obrera, con varios errores: origen de los piquetes, las huelgas, la represión en Villa Constitución, etc.

Los ataques a los trabajadores continuarán, ya que la presidenta desde siempre se decidió a ser complaciente y socia con el capital y sus intereses.

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