Entregarán restos de 4 estudiantes identificados en La Perla
Por Movimiento DDHH - Thursday, Jun. 18, 2015 at 7:42 AM
JORGELUISALTAMIRANO@GMAIL.COM

POR PRIMERA VEZ SE ENTREGARAN LOS RESTOS de 4 COMPAÑEROS ASESINADOS e IDENTIFICADOS en el CAMPO de EXTERMINIO LA PERLA , CORDOBA, ARGENTINA.

ULTIMAS NOTICIAS de DDHH:
ENTREGARAN A SUS FAMILIARES RESTOS HUMANOS IDENTIFICADOS en el CAMPO de ESTERMINIO LA PERLA , CORDOBA, ARGENTINA.
Mañana viernes 19 de junio a las 11 hs. el Juez Federal Dr. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA, encabezará la entrega de los restos humanos identificados en La Perla , por el equipo de Antropologia Forense , a sus familiares.Se trata de 4 compañeros de la Resistencia Peronista contra la última tiranía genocida que militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Convocamos a los militantes de DDHH a Tribunales Federales de Córdoba , a las 11 hs.
MESA PROVINCIAL POR LOS DDHH de CORDOBA
18 de junio de 2015

Manifestación de organismos de DD.HH.
Los jueces denunciados en BAHIA BLANCA

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hijos y el Centro de Estudios Legales y Sociales se manifestarán esta mañana, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, frente al Consejo de la Magistratura para respaldar el tratamiento de la denuncia contra los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, que subrogan la magistratura federal de Bahía Blanca.

Ambos fueron denunciados por dos fiscales federales locales por irregularidades en sus designaciones y por mal desempeño en las causas que investigan la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Los organismos de derechos humanos no tienen dudas de que las irregularidades en los nombramientos de Martínez y Pontet al frente de la Justicia Federal de Bahía Blanca tienen que ver con el avance del proceso de memoria, verdad y justicia sobre los cómplices civiles de la dictadura. “Venimos denunciando la preocupante situación que atraviesa Bahía Blanca, en particular las causas en que se investiga la responsabilidad del poder mediático, eclesiástico y judicial”, apuntaron en un comunicado de convocatoria a la concentración de esta mañana. Martínez y Pontet fueron denunciados ante el organismo de contralor judicial entre fines de 2014 y abril pasado por Palazzani y Nebbia.

Entrevista a Raúl Zaffaroni después de su designación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
18 de junio de 2015

“Ellos brindaban y sonreían con Videla”
El ex juez de la Corte Suprema cargó contra el Grupo Clarín por la campaña en su contra y defendió su actividad durante la dictadura. Dijo que en la Corte Interamericana buscará “reforzar el sistema y hacerlo confiable para los países”.
Por Irina Hauser
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“Argentina ha sido uno de los países más respetuosos del sistema. Merecía tener un juez en la Corte Interamericana.”

Raúl Zaffaroni habla con más vehemencia de la habitual. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo eligió anteayer como uno de los cuatro nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras una intensa campaña que intentó desacreditarlo y ligarlo con la última dictadura. Ahora que ya no está en la Corte Suprema siente una gran “libertad” para explayarse. “Puedo decirle al monopolio (Clarín), por ejemplo, que mientras yo trataba de incorporar el Código Militar a las garantías del derecho penal, ellos brindaban y cambiaban sonrisas con Videla para hacerse de Papel Prensa, como parte de un plan económico sistemático que aún no se ha investigado del todo”, se despachó, en diálogo con Página/12.

La Corte Interamericana tiene la misión de proteger con sus fallos los derechos humanos en la región, ante posibles violaciones de los Estados parte al Pacto de San José de Costa Rica. “Su jurisprudencia es obligatoria para los países miembros”, dice Zaffaroni, a quien le espera un mandato de seis años. “Argentina ha sido uno de los países más respetuosos del sistema. Además, está llevando a cabo los juicios de lesa humanidad en forma que es ejemplar en el mundo. Merecía tener un juez en la Corte Interamericana”, celebra.

–¿Aceptó el cargo convencido?

–No, la verdad que no. Tuve muchas dudas, pero lo acepté porque me dijeron que mis antecedentes podían facilitar la designación de un juez argentino. No fue una cuestión personal, pensé incluso que me podía quitar tiempo para la docencia y la investigación.

–¿Qué objetivo se propone como juez de este tribunal?

–Reforzar el sistema y hacerlo confiable para los países. Pulir desconfianzas, abrir canales de negociación cuando se pueda. Quisiera evitar una fragmentación que lo debilite. Nos ha sido muy útil y debe seguir siéndolo. ¿En qué? Por ejemplo, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos no podíamos sancionar leyes de amnistía.

–¿Por qué usted no fue a la votación que se hizo en la OEA, en Washington? Los demás candidatos estaban.

–Como tenía dudas sobre qué sería lo mejor, no quise forzar las circunstancias y dejé que una mano superior, el destino o lo que sea lo decida. Pensé que cualquier resultado sería el bueno. Ahora sé cuál es el bueno.

–¿Imaginaba una campaña de descrédito tan fuerte? ¿Cómo vivió estos últimos días?

–Sí, no tenía la menor duda de que el monopolio iba a querer cobrarme el voto sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Pero no viví estos días como en el 2003. Entonces tenía un interés personal en ser ministro de la Corte Suprema. Esto fue diferente, lo hacía por el país más que por mí, aunque el monopolio quiso bajarme suponiendo que ahora tenía un gran interés. El método para perseguirme mediáticamente fue el mismo de 2003: ONG fantasmas y sacar un libro de cuarenta años, que en ese entonces ya habían sacado a relucir.

–¿Cómo fue que escribió en 1980 ese libro que se cuestiona, Derecho penal militar?

–Lo que sucedía es que el viejo Código de Justicia Militar era una cuña de extraña madera en nuestra legislación y nadie le prestaba atención en el campo académico. Pero 200 mil ciudadanos argentinos sufrían reclutamiento forzoso cada año y eran sometidos a ese código, y el penalismo argentino se lo sacaba de encima diciendo que era “derecho administrativo”. Ese código preveía la pena de muerte, o sea, que para el penalismo académico argentino era posible matar como si se resolviese una exoneración en lo administrativo. Además, contenía un dispositivo trágico, que era la llamada “ley marcial”, invocada en nuestra historia para cualquier barbaridad. Entonces, afirmamos que era derecho penal y debía someterse a las garantías del derecho penal. Las previsiones extremas no eran más que los estados de necesidad como los del propio derecho penal y, como se sabe, éstos no funcionan porque alguien los invoca cuando quiere. Quedó claro en el libro que la famosa “ley marcial” no se podía imponer cuando a alguien se le antojaba, o sea que, en definitiva, se decía en el libro que no invocasen ese código para legitimar cualquier cosa, como venía sucediendo históricamente.

–¿A la larga tendría relación con la derogación del código de Justicia Militar?

–En aquel momento no nos ocupamos más que de la parte general material y no de su parte procesal, que era inconstitucional, como luego lo sostuve cuando, como abogado y en defensa de un afectado, lo llevé ante la Comisión Interamericana. Con eso dimos la patada inicial para la derogación, que culminó en 2008, por obra del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Le debo agradecer a mi decano, el doctor Atilio Alterini, a la ministra Nilda Garré y al destino, también el gusto de haber participado en el proyecto de derogación. Gracias a eso nuestras renovadas Fuerzas Armadas son hoy civilizadas y hemos erradicado la pena de muerte de nuestra legislación positiva. Pero valió la pena escribir ese libro, que nunca fue mirado con simpatía en las academias, pero explicó un texto que sobrevivió vigente treinta años al libro.

–Algunas organizaciones le cuestionaron haber ejercido como juez tras el golpe del ’76. ¿Por qué siguió en el cargo? ¿Pensó dejarlo?

–Antes de llegar a la Corte Suprema fui juez desde 1969. Pasé Onganía, Lanusse, Cámpora, Perón, Isabel, la dictadura, Alfonsín y Menem. Si alguien piensa que fui servil a todos esos momentos, sería un esquizofrénico. Nunca lo fui a ninguno. La dictadura me degradó de juez federal a juez de sentencia y nunca tuve un ascenso, ni lo podía tener, porque con los fallos sobre drogas y algunos hábeas corpus, mis conflictos con algunos camaristas y lo que les informaba “radio pasillo”, obviamente, no me tragaban.

–Cuando usted habla del Grupo Clarín deja la sensación de que es mucho más que una empresa, casi que puede gobernar. ¿Qué aspiraciones ve en ese “monopolio”?

–El monopolio no tiene ideología, como todo monopolio sólo tiene un insaciable interés de lucro, y el capital que maneja lo entrelaza con el capital financiero transnacional. Teje alianzas con quien le conviene en el momento en que le conviene y las rompe cuando lo considera conveniente. Así lo hizo con Raúl Alfonsín, hasta que lo desestabilizó, luego a Carlos Menem trató de sacarle lo que pudo y finalmente lo golpeó fuerte, a Néstor Kirchner quiso seducirlo al principio y después amenazarlo, pero allí chocó con una pared, por suerte. Guiado por su afán de lucro, sólo quiere imponer una realidad única, un discurso único. No es democrático, porque con sus empleados bien pagos y con los desahuciados de la política que van gratis trata de imponer un proyecto de sociedad excluyente, que sólo sirve a la concentración de riqueza y a los negociados de los concentrados. No nos olvidemos de que siempre, detrás del “discurso único”, se agazapa el “partido único”. No nos confundamos, eso es todo lo contrario de lo republicano y lo democrático. Conmigo se equivocan, creen que voy a responder en forma medida. Se olvidan de que ahora soy nada más ni nada menos que un ciudadano. No tengo togas en que enredarme. La de la Corte Suprema ya no la tengo, y la que acaban de darme no corre riesgo de callarme dentro de mi país, porque si hubiera una denuncia contra el Estado argentino, la propia ley me impide intervenir.

–¿Un juez no puede decir lo que piensa?

–Sí puede, pero no con la libertad del ciudadano común. No puede hacer apreciaciones políticas partidistas, pero también está bastante indefenso. Hay una imagen que no se puede contaminar, los difamadores son libres, el juez sólo hasta cierto punto. Es como cuando se ataca a un perro atado. Ahora soy nada menos que un ciudadano, no tengo cadena ni bozal, puedo decirle al monopolio, por ejemplo, que mientras yo trataba de incorporar el código militar a las garantías del derecho penal, ellos brindaban y cambiaban sonrisas con Videla para hacerse de Papel Prensa, como parte de un plan económico sistemático que aún no se ha investigado del todo. Puedo decirles que ellos trataban de ridiculizar a Néstor cuando defendía el matrimonio igualitario, y ahora me calumnian porque cuarenta años antes, en tiempos de Stornewall, yo no propusiese el matrimonio igualitario y la identidad de género en el Ejército argentino. Claro que hoy soy libre de decirles que tienen una cara de cemento increíble, que no tienen ningún límite ético.

–El canciller Héctor Timerman también implicó en la campaña en su contra a La Nación.

–No extiendo este juicio a La Nación. Ante todo, es un diario y no un monopolio. Es antipopular, reaccionario y pseudoliberal, nostálgico del gorilismo de la fusiladora. Sé que marca una línea: siempre debo andar por la acera opuesta. Si alguna vez me ponderase, tendría la sospecha de que me estoy equivocando. Pero, dentro de todo, la coherencia no es poco en nuestro país.

–Algunas ONG señalaron que falta debate público en la elección de jueces de la Corte Interamericana. ¿Coincide?

–Hubo ONG serias que hicieron un dictamen y dijeron que yo tenía idoneidad. Pero adhiero bastante al juicio de García Linera, acerca de que el “onegeísmo” es la enfermedad infantil de la derecha y sería conveniente saber de dónde obtiene su financiación cada una. Las hay serias, pero hay otras que son muy sospechosas y que pretenden meter por la ventana lo que los pueblos rechazaron con su voto mayoritario.



Hubo dos amenazas de bomba en los espacios de la ex ESMA
Los dinosaurios de siempre
Los llamados fueron recibidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Espacio de la Memoria, que fueron desalojados en forma preventiva. El secretario de Derechos Humanos relacionó las amenazas con “el avance de los juicios” por delitos de lesa humanidad.
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Las actividades en la ex ESMA tuvieron que suspenderse ayer a la mañana.

“Hijos de puta. Va a volar todo a la mierda.” Un hombre “saludó” así, ayer por la mañana, a quien atendió el teléfono de la recepción del Espacio de la Memoria que funciona en la ex ESMA. Minutos antes, un mensaje similar había llegado al Centro Cultural Haroldo Conti, con sede en el mismo predio. Las autoridades de la organización desalojaron el lugar y llamaron a la Policía Federal que, luego de revisarlo, descartó la presencia de bomba alguna. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, relacionó las amenazas con “el avance de los juicios” por delitos de lesa humanidad y “la consolidación de las políticas de derechos humanos”. “Hay muchos motivos por los que pueden querer amedrentarnos, pero lo único que logran es confirmarnos que estamos en el camino correcto y obligarnos a redoblar la apuesta”, añadió la titular del Espacio de la Memoria, Paula Maroni.

El primer llamado llegó ayer por la mañana al Centro Cultural Haroldo Conti. “Se ve que como vieron que no armábamos gran escándalo con eso, al rato volvieron a llamar y amenazaron a todo el espacio”, reseñó Maroni. Entonces, se decidió evacuar a las más de tres mil personas que se encontraban realizando actividades en las diferentes áreas que funcionan dentro de la ex ESMA, que cuenta con 17 hectáreas y 32 edificios. “Había 500 alumnos en Museo Malvinas, 1200 cooperativistas del Ministerio de Desarrollo Social refaccionando las instalaciones, estaba por inaugurarse un espacio dentro de la Casa Nacional de la Militancia de Hijos, funcionaba la muestra permanente en la Casa de las Abuelas, el museo inaugurado recientemente por la Presidenta”, enumeró la titular del Espacio de la Memoria.

También se hallaba en el lugar Fresneda, quien acordó con la decisión de desalojar el predio y esperó a que llegaran miembros de las fuerzas de seguridad para revisar las instalaciones. Luego de casi tres horas de inspecciones, la Brigada de Bomberos y la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal confirmaron la inexistencia de elementos explosivos y las actividades retomaron su funcionamiento normal. Las investigaciones, no obstante, continúan para detectar el origen de las llamadas.

Fresneda atribuyó la amenaza a “los mismos grupos de siempre”. El Espacio para la Memoria de la ex ESMA había recibido amenazas del mismo estilo quince días atrás. “Son los mismos de siempre que intentan entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, y también los procesos democráticos, como las elecciones que tendrán lugar este año”, amplió el secretario de Derechos Humanos. Para Maroni, “seguramente sea un grupo minoritario” el responsable de las amenazas, aunque reflexionó más allá de las responsabilidades y los propósitos: “Hay muchos motivos por los que pueden amenazarnos de bomba, por suerte. Pero lo importante es que las políticas que rechazan están consolidadas y las amenazas lo único que logran es confirmar que estamos en el camino correcto y nos obligan a redoblar la apuesta. Desalojamos momentáneamente el predio, pero vamos a volver. Siempre volveremos”, concluyó la militante de Hijos.

“Allí donde hubo muerte, hoy hay vida”, sostuvo Fresneda. “No podemos permitir que se den este tipo de amenazas por parte de quienes buscan, pero no pueden ni podrán generar una cultura de violencia.” Además, pidió “a toda la sociedad y a todos los sectores políticos que se sumen a repudiar estas actitudes que no tienen lugar en un país de paz, con una democracia consolidada, como ya lo dijo la Presidenta”.

“Este tipo de sectores minoritarios generan al Estado una pérdida enorme de recursos, porque hoy en el Espacio Memoria se reúne un gran conjunto de distintas políticas públicas que apuntan a la promoción de los derechos humanos y a la inclusión social”, concluyó el secretario.

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