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Ultimas de derechos humanos del 26 de junio
Por Movimiento DDHH - Friday, Jun. 26, 2015 at 8:59 AM
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ULTIMAS NOTICIAS de DDHH

ULTIMAS NOTICIAS de DDHH en ARGENTINA
26 de junio de 2015
DOCE REPRESORES FUERON CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL AREA MILITAR 132
Justicia y Memoria en San Nicolás
Concluyó el juicio Saint Amant II, que abarcó las violaciones a los derechos humanos cometidas en las localidades de San Nicolás, Baradero, Pergamino y San Pedro. Hubo prisión perpetua para los principales imputados, penas más bajas y un sobreseído.
Por Martín Stoianovich
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario escuchó testimonios en este caso durante 14 meses.

Desde San Nicolás

La ciudad de San Nicolás vivió un capítulo inédito en su historia al ser por primera vez sede de una sentencia en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario dio el veredicto sobre los quince imputados que tuvo esta segunda etapa de la megacausa Saint Amant, titulada así en referencia al teniente coronel con dicho apellido a cargo del Area Militar 132 entre 1976 y 1977. En este período se llevó a cabo la mayoría de los delitos investigados en la causa, que además de San Nicolás, comprende hechos perpetrados en las localidades de Pergamino, Baradero y San Pedro. Hubo cuatro condenas a prisión perpetua, penas de tres a veinte años para ocho imputados y una absolución que dejó el sabor amargo entre víctimas y familiares.

Sobre la avenida Presidente Perón, apenas a unos kilómetros del principal acceso a San Nicolás, se encuentra el Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar, que en su auditorio Macacha Güemes albergó al tribunal rosarino, integrado por los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, que dictó la sentencia de la megacausa Saint Amant II. Acompañaron la jornada jóvenes de distintas escuelas, organizaciones políticas, sindicales y músicos de la ciudad, que colmaron tanto el interior del auditorio como su exterior en compañía de los familiares y testigos que luego de catorce meses de juicio pudieron escuchar el veredicto.

Las condenas de prisión perpetua fueron para el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, su par Norberto Ferrero, el mayor Antonio Bossié y el suboficial mayor Daniel Fernando Quintana. Mientras tanto, el ex comisario Edgardo Mastandrea recibió la pena de veinte años, el ex policía bonaerense Carlos Enrique Rocca fue sentenciado a doce años, el ex oficial principal Roberto Guerrina obtuvo la pena de seis años, al ex comisario Clementino Rojas se le dictaron cuatro años y a Juan Alberto González, tres años y medio. Los otros imputados, Julio Almada, Miguel Angel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia, fueron condenados a tres años. El sobreseimiento benefició al ex policía bonaerense Guillermo Miguel Adrover, a pesar que la fiscalía a cargo de Federico Reynares Solari había solicitado dieciocho años de prisión.

Salvando las cuatro condenas a prisión perpetua, el resto de los imputados recibió penas más bajas de las solicitadas por la fiscalía. De todos los condenados, sólo Bossié se encuentra detenido en cárcel común arrastrando la condena por la primera etapa de la causa Saint Amant, concluida a fines de 2012. Sobre el resto de los imputados se deberá revisar la situación particular de cada uno teniendo en cuenta los problemas de salud que argumentan sus defensas.

Más allá del aspecto estrictamente penal, los allegados a la causa destacaron que este proceso dejó en claro el actuar represivo del Area Militar 132 como un precedente para la reparación histórica de la memoria y la verdad contra el terrorismo de Estado. “Lo importante es que se comprobó la ocurrencia de todos los hechos que habían sido traídos a juicio. Cuantitativamente el resultado es importante. En esta causa se vio la represión del Area Militar 132, y todos esos hechos fueron probados”, analizó luego de la sentencia el fiscal Reynares Solari. Por su parte, Juliana Girolimo, como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, destacó: “Es un gran triunfo porque el tribunal recibió la idea de que las fuerzas actuaron en conjunto, y por más que algunas víctimas hayan caído en Capital Federal, se respondía a la lógica militar del área porque la persecución empezaba acá”. En este sentido, Girolimo hizo referencia a víctimas que fueron asesinadas en Capital Federal, pero como consecuencia del trabajo de Inteligencia montado por el área en cuestión.

El tribunal, además, falló a favor de dos solicitudes de la querella cargadas de importante contenido simbólico, más allá de los aspectos penales de la causa. Por un lado, declaró que se reparen los legajos personales de los soldados conscriptos desaparecidos, Gerardo Cámpora, Carlos Farayi y Luis Ceccon, que hasta el momento figuran como “desertores”. Y confirmó la señalización de la Unidad Regional VII, sede de la Delegación San Nicolás de Dipba, y del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, tarea que estará a cargo de la Red Federal de Sitios de memoria.

Desde la Mesa de la Memoria de San Nicolás y el Encuentro Regional por Memoria y Justicia, José María Budassi, víctima y querellante en la causa, analizó el resultado del proceso demostrando conformidad con las penas a prisión perpetua y algo de disgusto con las condenas más bajas y el sobreseimiento. Sin embargo, destacó los otros aspectos considerados por el tribunal en relación con el legajo de los soldados desaparecidos y la señalización del centro clandestino de detención. “Que la Justicia lo tome como propio y lo pida es importante y marca el camino que sigue. Es un día de justicia y reparación histórica”, analizó el referente nicoleño. En esta línea, remarcó: “A los fines generales después de diez años en que transcurrió este proceso y catorce meses de juicio oral, lo más importante no es sólo la condena por los delitos penales, sino el acompañamiento que ha tenido el conjunto de la sociedad”.

Juventud presente

Como parte del Programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, todo el transcurso de la megacausa Saint Amant II estuvo acompañado por jóvenes estudiantes de las escuelas secundarias de las distintas localidades en la que se llevó a cabo el juicio. Este jueves, mientras se esperaba la sentencia, decenas de jóvenes de escuelas nicoleñas esperaban a ingresar al auditorio para presenciar la sentencia. Los organizadores de la jornada habían decidido mirar desde afuera la lectura del veredicto priorizando el ingreso de los estudiantes.

Gabriela Romero, docente y coordinadora del Programa en la Escuela Nacional Justo José de Urquiza Nº 9, contó la experiencia de sus alumnos mientras pintaba junto a ellos una bandera con distintos mensajes alusivos a los juicios por delitos de lesa humanidad. “Buscamos acercarlos a la historia reciente para que valoren la democracia en la que vivimos hoy, hacemos la comparación de lo que pasaba en otras épocas con chicos de su edad”, explicó la docente. Pero, además, destacó la importancia de analizar los tiempos de dictadura militar vinculándolos al día a día de los alumnos. En este sentido señaló: “Hay vestigios que quedan de la dictadura, que hoy mismo lo siguen viviendo algunos chicos que son de barrios vulnerables y viven el tema de la estigmatización. Se aborda esto valorando que hoy podemos hablar, discutir y debatir”.


|Viernes, 26 de junio de 2015
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIO POR CONCLUIDA LA SUPLENCIA DEL JUEZ LUIS CABRAL EN CASACION
Final para el subrogante permanente
En reemplazo de Cabral ayer juró Claudio Marcelo Vázquez. Protestas del radicalismo y de la Asociación de Magistrados.
Por Irina Hauser

Cabral había sido nombrado en 2011, sin el sorteo previsto por la ley.

El Consejo de la Magistratura dio por terminada la subrogancia del juez Luis Cabral en la Cámara Federal de Casación Penal, donde había sido nombrado en 2011 a dedo, sin el sorteo entre integrantes de cámaras y tribunales orales que prevé la ley. La decisión –que no está relacionada con aquella irregularidad sino con una nueva legislación sobre las suplencias– entró ayer mismo en vigencia y como reemplazante juró Claudio Marcelo Vázquez, un abogado de la lista de conjueces del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue promovida por el secretario de Justicia y consejero, Julián Alvarez, y respaldada por el oficialismo junto con la titular del organismo, la camarista laboral Gabriela Vázquez. Todo indica que Cabral podría presentar un amparo para cuestionar la resolución, contra la cual él votó como consejero. La Asociación de Magistrados y el radicalismo protestaron y relacionaron el fin de su suplencia con el inminente fallo sobre la validez constitucional del Memorándum con Irán en Casación, del que debía participar el próximo martes.

En la Cámara de Casación hay cuatro vacantes en total (de trece cargos) y una jueza (Angela Ledesma) de licencia. Por eso el Consejo, además de reemplazar a Cabral por Vázquez, nombró como subrogantes a otros dos integrantes de la lista de conjueces del Ejecutivo con acuerdo del Senado, Norberto Frontini y Roberto Boico, y prolongó la suplencia de Mariano Borinsky, integrante de la propia cámara así como la de Liliana Catucci. Sólo en estos dos últimos casos la votación de los consejeros fue unánime. Los conjueces recibieron siete votos a favor y cuatro en contra. Vázquez es de la provincia de Buenos Aires y ya subrogó como juez de ejecución penal (el que debe controlar el cumplimiento de las sentencias); Frontini es asesor del Ministerio de Justicia y Boico es un constitucionalista socio de Eduardo Barcesat.

El Consejo había convocado a un plenario extraordinario cuatro días antes, a raíz de una nota enviada por la presidenta de la Casación, Ana María Figueroa. Allí la jueza informaba la situación de las subrogancias teniendo en cuenta que el 17 de junio entró en vigencia una nueva ley (27.145), que le quitó a esa cámara la facultad de designar jueces transitorios para cubrir vacantes y se la dio al Consejo de la Magistratura. Todas las subrogancias, informó, vencían el 30 de junio. Sólo la designación de Cabral aparecía como más imprecisa: en lugar de ponerle fecha de vencimiento, sus propios colegas casadores dejaron por escrito que continuaría hasta que la vacante sea cubierta “según el sistema institucional”. “Interpretamos que el sistema institucional es lo que estableció la nueva ley de subrogancias: que el Consejo es el que designa”, dijo a Página/12 la jueza y consejera Vázquez, en respaldo a la propuesta del oficialismo. Incluso por esa razón, el nombramiento de Cabral caducó de inmediato, y el del resto caerá la semana próxima.

“La decisión que se pretende es irregular, ilegal y contradice el principio de inamovilidad de los jueces; es la pretensión de excluirme de un órgano jurisdiccional con otras motivaciones que me gustaría que se expresen”, regañó Cabral en la discusión en el Consejo. Alvarez justificó que recurría a la lista de conjueces para cubrir los tres lugares de la Sala I, que integraba Cabral, por ser la más ineficiente de todas en términos estadísticos. En medio de la reunión de la Comisión de Selección, dijo que resolvió el 19 por ciento de las causas en los últimos cinco años, mientras que la Sala II resolvió el 25 por ciento, la III, el 27, y la IV, el 29. “Me sorprende y lamento la forma en que se quiere interpretar la ley”, insistió Cabral, y el juez de Bariloche Leónidas Moldes saltó en su apoyo, al que se sumaron los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas. La mayoría estuvo integrada por Alvarez, Vázquez, los diputados Héctor Recalde y Anabel Fernández Sagasti, los senadores Pablo González y Ruperto Godoy y el académico Jorge Candis.

El efecto más inmediato de la salida de Cabral es que fue suspendida la audiencia prevista para hoy en la causa sobre los sobornos en el Senado. Casación debe revisar esa sentencia. Es una causa compleja que, a partir de esta situación, sufrirá una demora. Para hoy también estaba prevista una deliberación en la causa sobre el Memorándum con Irán. Sobre su constitucionalidad, cuestionada por AMIA-DAIA, Casación –con intervención de Cabral, Figueroa y Juan Carlos Gemignani– iba a resolver el martes que viene.

El cargo original de Cabral es el de juez del Tribunal Oral Nº 9, donde tenía licencia. En septiembre de 2011, el ex juez de Casación Raúl Madueño lo invitó a subrogar cuando acababan de desembarcar cuatro nuevos casadores designados por el kirchnerismo (Alejandro Slokar, Borinsky, Gemignani y Figueroa). Cabral era un exponente de la Asociación de Magistrados, que presidía, y solía mostrar gran habilidad negociadora. Fue denunciado por el fiscal Jorge Auat y el CELS, pero consiguió respaldo para seguir. Catucci le llegó a inventar la categoría de “subrogante permanente”. Firmó fallos como el sobreseimiento de Fernando de la Rúa por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y revocó la absolución de Carlos Menem por la venta ilegal de armas.

La Asociación dijo que el desplazamiento es “irregular” y que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (aunque allí se llega después de litigar en la Justicia local), Naciones Unidas y asociaciones internacionales de jueces. Asoció la decisión con los casos del Memorándum y de Hotesur (donde se investiga a Cristina Kirchner). En esa línea, difundió un comunicado el diputado radical y consejero Gustavo Valdés, quien faltó al plenario y también cuestionó la validez constitucional de la ley de subrogancias. Cabral tenía una placa dorada con su nombre en la puerta del despacho de subrogante, ayer cerró con llave y se fue pero podría presentar un amparo para que lo repongan. Figueroa le tomó juramento ayer mismo al reemplazante.

Viernes, 26 de junio de 2015
LA DESAPARICION DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA DESNUDA EL DESPRECIO POR LOS DD.HH. EN MEXICO
A nueve meses de la masacre reina la impunidad
El ex juez español Baltasar Garzón aseguró que la impunidad en torno del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, hace hoy justo nueve meses, “es una vergüenza para la humanidad”.
Por Gerardo Albarrán de Alba

Desde México, D. F.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos durante una manifestación en la capital mexicana en enero de 2015.
EFE.-
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 jóvenes se convirtieron en el símbolo de las víctimas de la barbarie en México y de la incapacidad e incluso complicidad gubernamental para garantizar la seguridad de cada individuo de la sociedad; de la impunidad como norma que anula la posibilidad de justicia y pone en tela de juicio el Estado democrático de derecho, y del desprecio de los derechos humanos como puntal del ejercicio del poder político.

No en balde, el ex juez español Baltasar Garzón aseguró el miércoles que la impunidad en torno del asesinato de seis personas y la de- saparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, hace hoy justo nueve meses, “es una vergüenza para la humanidad”.

El célebre jurista que llevó ante la Corte al dictador chileno Augusto Pinochet participó en un encuentro académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evaluar precisamente el estado de derecho, algo que “no puede decirse que existe en México ante desapariciones forzadas recurrentes”.

Una semana antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos era “soldado en activo”. En respuesta a una solicitud de información, la Sedena emitió el oficio 2433: “Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”. Firma el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, general David Córdova Campos. La versión fue negada por los padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (42 dice el gobierno, porque supuestamente identificó un cadáver encontrado en una fosa clandestina como uno de ellos). Aun así, consideraron significativo que la Sedena reconociera la participación del Ejército la noche en que los jóvenes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.

Para el jurista español Baltasar Garzón, “es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”.

Garzón fue expulsado del sistema judicial español por prevaricación e inhabilitado por once años en 2012. Actualmente asesora la defensa de Julian Assange, cabeza visible de Wikileaks, refugiado hace tres años en la embajada de Ecuador en Londres y cuenta con un documento de identidad que lo acredita como residente extranjero en Argentina.

La versión oficial (“verdad histórica”, la llamó la Procuraduría General de la República) sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías municipales de Iguala a bandas criminales, quienes los habrían asesinado y posteriormente incinerado, deshaciéndose de sus restos en un río cercano.

En México, casi nadie le cree al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al cumplirse nueve meses de impunidad, el llamado a movilizaciones cubren las principales ciudades de todo el país, así como una docena en Estados Unidos y Canadá, en varios países centroamericanos y buena parte de Sudamérica, Argentina incluida. En la Ciudad de México, más de un centenar de organizaciones civiles, sindicales, artísticas y defensoras de derechos humanos iniciará hoy una jornada de 43 horas ininterrumpidas de actos político-culturales en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, en el centro de la capital del país, apenas a unos 900 metros de Palacio Nacional y la pocas veces utilizada oficina presidencial.

Un grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trabajado en México desde febrero pasado. Hasta ahora han presentado tres informes que cuestionan la investigación de las autoridades y documentan una docena de quejas de las causas penales por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso. Además, el caso está fragmentado en 13 juicios que se siguen en seis juzgados. Lo que no ha cambiado es su recomendación a la administración de Peña Nieto para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada y no como secuestro, además de investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes. El lunes presentarán un nuevo reporte.

A finales de abril, Human Rights Watch (HRW) expresó directamente a la administración de Enrique Peña Nieto su preocupación por “la crisis de derechos humanos que actualmente enfrenta México” por casos sistemáticos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, todos agravados por la impunidad, como lo han señalado también informes de la ONU y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Precisamente en marzo, el relator especial de la ONU sobre Tortura Juan Méndez documentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la “tortura es generalizada en México” y que casi nadie es procesado por ello. La reacción del gobierno mexicano, a través de la cancillería, fue negar los hechos y acusar al relator de ser “muy irresponsable y muy poco ético”.

México cuenta con una unidad especial para investigar desapariciones, creada en la Procuraduría General de la República (PGR) en junio de 2013. Para enero de este año no había logrado una sola condena de los casos que se remontan a 2007, a pesar de que sólo entre 2006 y 2014 la CNDH emitió 57 recomendaciones sobre ejecución arbitraria, once recomendaciones sobre desaparición forzada y 79 recomendaciones por tortura contra las fuerzas del orden público, incluyendo el Ejército y la Marina.

En una carta enviada el pasado 28 de abril a la procuradora Arely Gómez González, el director para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, le exigió dar a conocer los nombres de los más de 22 mil personas desaparecidas en México, así como los de varios miles más que supuestamente han sido localizadas.

Wilkinson puso en tela de juicio a Arely Gómez González, quien sustituyó al procurador Jesús Murillo Karam tras su sonado y reiterado fracaso para conducir las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Aún está por verse si (la procuradora) está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la Justicia”, dijo el funcionario de HRW.

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