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Por Movimiento DDHH - Saturday, Jun. 27, 2015 at 6:41 AM
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ULTIMAS NOTICIAS SOBRE DDHH en ARGENTINA

ULTIMAS NOTICIAS de DDHH en ARGENTINA
27 de junio de 2015
EL JUEZ LUIS CABRAL, ACOMPAÑADO POR LA OPOSICION, INICIA UNA CAUSA POR SU REMOCION COMO JUEZ SUBROGANTE
En el laberinto de la sobrejudicialización
En Casación debaten si el proyecto de voto de Cabral sobre el memorándum es válido. Convocaron a las partes para que se expidan sobre el tema. Mientras, la oposición busca cuestionar el desplazamiento del subrogante, que había sido designado de forma irregular.
Por Irina Hauser
Luis Cabral es juez del Tribunal Oral Nº 9, pero fue “invitado” a subrogar en Casación sin pasar por el sorteo que establece la ley.

¿Vale el voto que el juez Luis Cabral dejó en una caja fuerte de la Cámara de Casación para la causa sobre el Memorándum con Irán? ¿Vale aunque se le haya terminado la subrogancia en el tribunal antes de firmar el fallo? ¿Es un voto o es un borrador? Esas preguntas se reprodujeron con fuerza por tribunales después de la decisión del Consejo de la Magistratura de dar por finalizada anteayer la suplencia que el juez tenía desde septiembre de 2011. La respuesta la tendrá que dar la propia Casación, donde tanto el fiscal Raúl Pleé como la AMIA y la DAIA argumentaron por escrito que es un voto válido y debería integrar la sentencia que estaba anunciada oficialmente para el martes próximo. Los abogados del Estado, en cambio, avalan el mecanismo utilizado y la designación del nuevo subrogante, Claudio Marcelo Vázquez, abogado de la lista de conjueces del Poder Ejecutivo. Cabral, por su lado, prepara un amparo contra su remoción. La Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra consejeros, jueces y hasta Cristina Kirchner y le tocó al juez Daniel Rafecas.

La Sala II de Casación había fijado como fecha para pronunciarse sobre el memorándum el lunes pasado. Cuando llegó el día, ninguno de los tres jueces asignados al caso había presentado una propuesta de fallo con antelación como hacen siempre: ni Ana María Figueroa, ni Juan Gemignani, ni Cabral. A las 12 llegaron a tribunales todos los abogados de las partes, que habían sido citados, pero les dijeron que se suspendía la lectura de la sentencia por cuestiones “internas” del tribunal. Casi tres horas más tarde, Gemignani presentaba su voto y Cabral una propuesta que dejaba sujeta a discusión. Luego informaron que el 30 de junio sería anunciado el fallo. En el ínterin, el Consejo de la Magistratura convocó a un plenario extraordinario para el jueves último y Cabral perdió el cargo transitorio en el que llevaba casi cuatro años por siete votos (del oficialismo y la jueza Gabriela Vázquez) contra cuatro, incluido el de Cabral, que es consejero.

¿Por qué ahora? Según explicó la titular del organismo, Vázquez, fue porque entró en vigencia la semana pasada una nueva ley que establece que a los subrogantes ya no los nombra la Casación sino el Consejo. En el plenario, el secretario de Justicia y consejero, Julián Alvarez, mostró estadísticas que revelaban que la sala que integraba Cabral fue en los últimos cinco años la más improductiva de todas. El cuerpo de consejeros designó a otros dos subrogantes externos: los abogados Norberto Frontini y Roberto Boico. A entender de la oposición parlamentaria y la Asociación de Magistrados, se debe a razones políticas: atribuyen al oficialismo la intención de sacar a Cabral de casos sensibles y designar a conjueces de la lista que confeccionó el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Cabral, cuyo verdadero cargo es el de juez del Tribunal Oral Nº 9, había sido denunciado casi desde el mismo día que desembarcó en Casación por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el fiscal Jorge Auat que advirtieron irregularidades en su incorporación. El ex juez Raúl Madueño lo había “invitado” a subrogar sin pasar por el sorteo que establece la ley, entre camaristas y jueces de tribunales orales. Mientras desempeñó el cargo fue presidente de la asociación tradicional de los jueces. Tuvo respaldo de algunos de sus colegas de Casación pero, por ejemplo, Alejandro Slokar, siempre lo cuestionó. “Lo habían puesto a dedo, el Consejo puso las cosas en su lugar”, dijo ayer Auat.

El fiscal Pleé –exponente de la marcha del 18F derivada de la muerte de Alberto Nisman– y los abogados de AMIA-DAIA cuentan con que Gemignani habría hecho un voto declarando la inconstitucionalidad del pacto con Irán y que el de Cabral iría en el mismo sentido. El memorándum estaba destinado a lograr la indagatoria de los iraníes sospechosos del atentado a la mutual judía, pero nunca entró en vigencia porque si bien Argentina lo ratificó en el Congreso, Irán no dio ese paso. Pleé presentó un escrito donde pide “mantener la composición de la sala como juez natural” y que se adelante la audiencia prevista para el martes porque dos jueces ya se expidieron y faltaría Figueroa. A su entender el desplazamiento de Cabral viola la Constitución. Las entidades de la colectividad judía plantearon algo similar. Los abogados del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro todavía no fueron convocados a opinar, pero sostendrán que el procedimiento del Consejo fue adecuado y debe actuar el conjuez Vázquez. Que puede ver la audiencia oral que ya se hizo o convocarlos nuevamente para escuchar posiciones antes de resolver. También recuerdan que la última vez que se fueron subrogantes (Guillermo Jacobucci, Mariano González Palazzo y Luis García) la Casación firmó una acordada que decía que las causas las continuarían sus reemplazantes.

Gemignani y Figueroa están en pésimas relaciones; ayer a la tarde todavía no se habían puesto de acuerdo en qué hacer, porque no habían conversado. El primero, que preside la sala, tiene posición tomada. A sus colaboradores les dijo que en realidad cuando ya se celebró la audiencia oral, como ocurrió en este caso, los jueces que participaron de ella son los que deben fallar según resolvió el tribunal en un plenario de diciembre de 2012. Aun así, consideraría que la designación de Vázquez es válida en el contexto de la nueva ley de subrogancias. Gemignani no descartaría apurar el fallo. Figueroa, al parecer, quiere escuchar a todas las partes del caso sobre esta discusión. Si entre ellos dos no logran destrabar el conflicto, tendrán que convocar a un juez de otra sala.

Cabral, por su lado, se muestra reacio a cualquier nueva intervención ahora. Ayer trabajaba en la presentación de un amparo que concretaría el lunes donde cuestionará el mecanismo que utilizó el Consejo para desplazarlo y podría plantear la inconstitucionalidad de algún tramo de la nueva ley de subrogancias. En declaraciones radiales ayer protestó: “Mi remoción es ilegal e inconstitucional porque el Consejo no tiene las atribuciones para remover a un subrogante. La Magistratura tiene ciertas atribuciones para designar subrogantes pero no para removerlos”. “Sería bueno que explicaran las motivaciones (...) “Estoy sorprendido con la forma en la que se conduce el Consejo de la Magistratura, que está a cargo de garantizarles la independencia a los jueces, de asegurarles su jurisdicción, y lejos de ello lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia”, sentenció.

Cabral interpreta que su nombramiento se hizo hasta que se nombre el titular definitivo del cargo. “Según el sistema institucional”, decía la resolución que prolongó su mandato. “En una decisión adaptada por los representantes del oficialismo, hicieron una interpretación en particular de la ley para disponer mi remoción”, sostuvo. Para los consejeros del oficialismo, el sistema institucional es el nuevo mecanismo de designación. El concurso para las cuatro vacantes que hay en la Casación está en la recta final, ya terminaron los exámenes y las entrevistas. Las otras tres subrogancias las cubrían jueces de la propia Casación, y vencían el 30, día que asumirán otros conjueces y que continuará el camarista Mariano Borinsky, según aprobó el plenario.

La denuncia de la Coalición Cívica fue presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto: abarca la Presidenta, a los miembros del oficialismo del Consejo y también implicó a la jueza de Casación Figueroa, y les atribuye abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Así, todos los flancos posible han sido judicializados.

27 de junio de 2015
JUSTICIA LEGITIMA PIDE DEFINICIONES A LOS CANDIDATOS NACIONALES Y LOCALES
Una campaña sobre la Justicia
Las reformas de los códigos, la oralidad de los procesos, la restitución del control de los fondos al Consejo de la Magistratura y la integración de la Corte Suprema son algunos de los ejes sobre los que los miembros del colectivo reclaman pronunciamientos.
Justicia Legítima pide que los candidatos expliquen qué entienden por democratizar el Poder Judicial.

“En este año electoral la cuestión de la Justicia no puede ser ignorada por las agrupaciones políticas que participan de los comicios a nivel nacional y local y todas ellas deben explicitar qué entienden por democratizar el Poder Judicial, de qué y de quiénes deben ser independientes los jueces y cómo se asegura el acceso a la justicia.” La agrupación Justicia Legítima propone de esta manera incluir en la agenda las cuestiones que competen al modelo de justicia que cada candidato propone. “Históricamente este tema nunca se trata en las campañas electorales y eso demoró la democratización de la justicia, el Poder Judicial, de hecho, no se renovó con el regreso de la democracia”, señaló a Página/12 Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del colectivo que incluye a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados de tribunales de todo el país.

Los miembros de Justicia Legítima creen que si el modelo de Justicia nunca se incluyó en los debates de las campañas electorales es porque nadie estaba interesado en modificarlo. En cambio, el cuestionamiento de estas estructuras tradicionales fue casi la razón de ser de la irrupción de Justicia Legítima en diciembre de 2012. “Exhibir que el Poder Judicial no es una institución monolítica y uniforme fue y sigue siendo uno de los pilares de Justicia Legítima. Esa imagen que ha pretendido mostrar de sí mismo es, por el contrario, el resultado de la hegemonía de los sectores más corporativos que lo integran”, señalan sus miembros.

“Lo que no queremos es que se discutan fórmulas vacías de contenido”, explicó Ruiz, en alusión a quienes hablan de defender la “independencia judicial”, pero no explicitan a qué se refieren con esa frase. “No estamos dispuestos a conceder que estos temas se reduzcan a fórmulas efectistas, útiles para las campañas y aptas, a un tiempo, para evitar cualquier compromiso futuro. Es necesario que quienes aspiran a gobernar el país tomen posición respecto de cuál es la estructura, cuál es el papel y cuánta la importancia que le asignan a un poder del Estado de cuya conformación depende en buena medida que el orden democrático, el sistema de garantías y los derechos humanos se amplíen para asegurar más inclusión y más participación de todos y cada uno de nosotros”, afirma la agrupación.

En esa línea, Justicia Legítima enuncia temas concretos para poner sobre la mesa: las reformas de los códigos, la implementación de las leyes de organización de la Justicia y la oralidad de los procesos, la restitución del control de los fondos al Consejo de la Magistratura, son algunos de los ejes que propone, y que, según dice “no pueden ser dejados de lado ni reservados a los técnicos u obstruidas por quienes temen perder poder o privilegios”. Otro asunto de coyuntura importante es lo que llaman la “la ‘desintegración’ de la Corte Suprema” y la voluntad de algunos sectores de impedir su conformación plena, lo que afirman, “es una gravísima anomalía institucional que no puede persistir por la gravedad de sus consecuencias”.

“El imprescindible debate acerca de qué Corte queremos no puede obviar que aún debe completarse el número actual de sus miembros. Hay urgencia de cumplir con el diseño de la Constitución. La responsabilidad de aquellos que lo impidan no puede quedar impune. Las próximas elecciones habilitan al pueblo a decidir en las urnas qué modelo de Poder Judicial es más democrático, más plural y más preocupado por ampliar el marco de los derechos”, dicen. Ruiz destacó que la aparición de Justicia Legítima dio lugar al surgimiento de otras agrupaciones vinculadas a los tribunales y el derecho y que se revirtió la idea del Poder Judicial monolítico que representa a “la independencia”: “Hay muchos discutiendo de política desde el Poder Judicial y nos parece bien, no política partidaria, pero sí hay que decir que no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo, queremos distintas cosas, para el Poder Judicial y para la sociedad en que vivimos”.

27 de junio de 2015
EMPIEZAN LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR LOS CRIMENES de LESA HUMANIDAD, COMETIDOS EN EL CAMPO de EXTERMINIO de la MARINA
Las distintas etapas de la ESMA
Los testimonios y documentos expuestos en este juicio permitieron visibilizar aspectos menos conocidos del centro clandestino, como su estructura luego de la salida de El Tigre Acosta y el rol de los represores en las fronteras y el exterior.
Por Alejandra Dandan

Este juicio abarca los casos de 789 personas que pasaron por la ESMA como víctimas y 61 represores.

Luego de dos años y medio, el juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada entra en etapa de alegatos la semana próxima. El juicio anterior permitió ver, sobre todo, la primera época del centro clandestino. La enorme cantidad de hechos, las 789 víctimas y los 61 acusados que continúan en juicio hicieron visible ahora toda la temporalidad. Aparecieron cosas poco conocidas, entre ellas, aspectos de la ESMA que comienzan con la salida de Jorge “El Tigre” Acosta, el señor de la vida y de la muerte, a partir de febrero de 1979. Este es uno de los hallazgos de los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele: la ESMA de la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN). Veinticuatro de los 61 imputados pertenecieron o estuvieron adscriptos a la JEIN que empezó a tallar de mano propia en el centro clandestino a partir de ese momento. Habían cambiado los tiempos y los objetivos frente a lo que ellos llamaron lucha contra la subversión. La intervención de la estructura de Inteligencia muestra un andamiaje que salió a la caza de militantes políticos y exiliados fronteras afuera del país.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas hablan desde hace tiempo, pero dicen lo que les conviene. Adolfo Donda se detuvo en la lectura de las estructuras enojado porque está acusado de pertenecer al GT3.3.2 durante 1978, mientras estaba asignado a la División de Seguridad, Vigilancia y Ceremonial de la ESMA. De acuerdo con su criterio, esa estructura no estaba adscripta a la Unidad de Combate, sin embargo desde hace tiempo se sabe gracias a los archivos desclasificados y el trabajo de investigación del Ministerio de Defensa, que esa División dependía del Departamento General de la ESMA y era un camuflaje institucional que nutría de recursos humanos y logísticos a los grupos operativos. Aún así y a través de un filoso intercambio con la fiscal, Donda, seguramente muy a su pesar, confirmó cadena de mandos. Admitió que tenían orden para perseguir específicamente a Montoneros. Señaló que la ESMA era un destacamento usado por otras fuerzas “porque tenía infraestructura”. Y que con la salida de Acosta la ESMA cambió completamente dado que los grupos operativos que hasta ese momento se dedicaban a la “detención” de los militantes tenían mucha información. Y pasaron de la “detención” a reforzar con la “detección” de cuadros o exiliados en el exterior.

Habló casi dos horas. Respondió bastante suelto de cuerpo. Tanto que asustó a su abogado, que frenó el debate y pidió a los jueces que le recordaran el artículo de la ley que garantiza el derecho a guardar silencio.

“¿Cuándo fue lo de Malvinas?”, preguntó la fiscal cuando entendió que Donda buscaba darse aires de héroe. Donda respondió con un fallido: “¿Cuándo? –se quedó pensando–. Creo que fue el 24 de marzo el desembarco, ¿no?”.

En varios momentos se burló de los sobrevivientes. “Soy tan memorioso como (Víctor) Basterra”, dijo.
El JEIN

De los 61 imputados, 24 pasaron por la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) o el Servicio de Inteligencia Naval, subordinado a ella. Entre ellos, están pesos pesados como Ricardo Cavallo, el propio Tigre Acosta que pasó a revistar allí luego de desechar un ascenso en 1976, cosa bastante inusual. También por ahí pasó Juan Carlos Rolón, el propio Donda, Raúl Enrique Scheller o Oscar Rubén Lazón. Muchos de ellos pasaron a integrar la estructura de Inteligencia a fines de 1978, tal vez como ascensos, pero al mismo tiempo el dato señala a la ESMA centrada en una especialidad.

La Armada tenía un Estado Mayor General compuesto, como todas sus unidades, por cuatro divisiones: Inteligencia, Operaciones, Personal y Logística. Inteligencia era el lugar de asiento de la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN). De ella dependía a su vez, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), encargado de recolectar información. A partir de 1975, esa estructura empieza a dialogar con la ESMA. Ese año, se publica el plan de operaciones secreto de la Armada conocido como Placintara/75 que prescribe una doble función para todas las unidades de la Armada. Una función para los tiempos de paz y otra para lo que ellos llamaron los tiempos de guerra. Una función institucional y otra operativa. El Placintara dividió a la Armada en once Fuerzas de Tareas, divididas a su vez en Grupos de Tareas. La Fuerza de Tareas 3 o Agrupación Buenos Aires tenía jurisdicción sobre la ESMA que era el GT 3. En ese encuadre, el Placintara también previó que el JEIN pasara a ser la agencia de recolección de información de la Fuerza de Tareas 3, es decir que debía ser la Inteligencia de la ESMA. Pero esta articulación no se vio con claridad o con armonía desde el comienzo sino que se hizo efectiva al parecer recién con la salida de Acosta.
La ESMA de Acosta

Por los archivos desclasificados, hoy sabemos que la ESMA también tuvo una doble adscripción: una institucional y otra de combate. Desde el punto de vista institucional, continuó siendo una escuela. Desde el punto de vista operativo, en cambio, todas sus áreas estuvieron al servicio de la Unidad de Combate asentada en el GT. Acosta también tuvo una doble función: era jefe de la División de Vigilancia, Seguridad y Ceremonial y era jefe de Inteligencia del Estado Mayor del GT. Esas dos funciones estaban articuladas. Hasta comienzos de 1979, el GT funcionó, entonces, de esa manera. Muñido de un Estado Mayor dividido en cuatro áreas: operaciones, inteligencia, logística y personal. Los integrantes del SIN que según el Placintara debían ser los encargados de recolectar la información para los Operativos del GT, se tuvieron que armar espacios aparte porque el gobierno de la inteligencia y de la información no salía de manos de quienes manejaban de los integrantes del GT. Hay sobrevivientes que notaron conflictos y tensiones entre el GT y el SIN.
LA ESMA II: la Inteligencia táctica

Acosta se fue en febrero de 1979. Donda dijo que en ese momento la ESMA cambió. “A fines de 1978, se renuevan las compañías. Cambia el GT, no la UT. Se va Chamorro y viene (José Antonio) Supisich. Ese fue un momento de cambio desde todo punto de vista”. Donda asumió el cargo en la jefatura de Operaciones del GT, pero en esa época, dijo, Operaciones pasó a llamarse Inteligencia Táctica. “Operaciones cambia de nombre porque en ese momento había mucha mas información sobre los terroristas y se requería de la búsqueda de ciertos datos. En 1979 se produjo la Contraofensiva por ejemplo. Los controles que antes estaban concentrados dentro del país y eran internos, a partir de ese momento por los grupos TEI de Montoneros y las tropas que venían del exterior, lo que se podía detectar dentro del país era muy poco. El trabajo mas exhaustivo era otro: había que controlar las fronteras, los cargamentos, los aeropuertos, porque así como ahora se busca droga en ese momento se buscaban explosivos”. Siempre según Donda, los “integrantes de Operaciones o Inteligencia Táctica nos trasladábamos a lugares de ingresos como el norte del país, a Brasil o aeropuertos internacionales”.

En ese mismo momento, estaba pasando otra cosa: los integrantes de la primera época del GT eran destinados a lugares estratégicos en distintas agregadurías navales y militares dispersas por el mundo. Jorge Eduardo Acosta y Jorge Enrique Perrén pasaron a España hasta 1980 y luego ambos fueron a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Lo mismo que Jorge Vildoza, Chamorro y Alfredo Astiz en Sudáfrica. ¿De quién dependían las agregadurías?: de la Jefatura de Inteligencia de Naval (JEIN). Es el momento en el que prospera el Centro Piloto de París.
La ESMA III: el GOEA

En 1981, la ESMA vuelve a cambiar. Aparece una nueva estructura denominada Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA). Quien denunció originalmente esta estructura fue Víctor Basterra en un informe publicado en los primeros ochenta por el CELS. Basterra dijo que el centro del Campo de Concentración se amplió a otros espacios del predio de la ESMA. Y que el GT empezó a usar el Pabellón COY, ubicado frente a la enfermería.

En la planta baja del COY estaban las salas de armas, logística, la oficina de operaciones y la oficina del Grupo de Tareas. En la planta alta, la oficina de documentación, el laboratorio fotográfico, inteligencia y comunicaciones. Para ese entonces, el Grupo de Tareas utilizaba como lugar de reclusión otros espacios clandestinos anexos a la ESMA como una quinta ubicada en la localidad de Tortuguitas y otra en Del Viso.

Donda habló poco sobre esto. Pero a criterio de los fiscales fue revelador: “Desconozco por qué a partir de 1981 le dicen GOEA, deciden cambiarle el nombre. Me imagino que por el cambio en la vigencia de algún plan de la Armada. Pasó a llamarse GOEA pero –dijo– era lo mismo con otro nombre”. Esto es lo importante: era el mismo GT con otro nombre.
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