Avances en la investigación judicial por la Masacre de Napalpí
Por Chaco día por día - Monday, Jul. 20, 2015 at 1:03 PM

18/07/2015 La Unidad de DDHH de la Fiscalía Federal de Resistencia inició hace poco más de un año una investigación preliminar para determinar si la Masacre de Napalpí y la de El Zapallar pueden ser considerados delitos de lesa humanidad y abrir una instancia de “juicio por la verdad”. El fiscal de DDHH, Diego Vigay, reveló los avances.

nota_dde2cfaa43f573e3004fbc6495c5c4f5.jpg, image/jpeg, 650x432

Hace poco más de un año, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia inició una investigación preliminar de oficio para tratar de determinar si las masacres perpetradas en el por entonces Territorio nacional contra comunidades indígenas –qom y moqoit- y criollas en Napalpí y El Zapallar constituían crímenes de lesa humanidad y promover lo que se conoce como “juicios por la verdad”. Ese tipo de procesos fue aplicado en varios casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar en la Argentina, cuando aún se encontraban vigentes las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y que fueron avalados a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este sería el primer caso en la Argentina en que se aplicaría este tipo de proceso a un asesinato en masa contra comunidades indígenas.

“Se avanzó significativamente en reconstruir lo sucedido en la Masacre de Napalpí, como así también en las razones económicas y culturales que la provocaron”, aseguró Vigay, en diálogo con CHACODIAPORDIA.COM. “Faltan llegar documentales, pero una vez que culminemos con eso, que puede demandar de tres a seis meses, tenemos que hacer un escrito desde la Fiscalía, un requerimiento que es bastante grande y complejo”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Sobre los hechos investigados, el fiscal ad hoc de DDHH aclaró que “como falta producirse algún elemento probatorio, no podemos dar aún un relato oficial integral de la Fiscalía”. No obstante, subrayó que “si podríamos decir que la versión histórica revisionista -de distintos historiadores y escritores publicada en diferentes libros y trabajos- que reconstruye la Masacre de Nalpalpí, se condice absolutamente con todos los testimonios y documentos. Y que la versión oficial pierde credibilidad y queda reducida a la palabra del gobernador interventor (Fernando) Centeno y de los responsables directos que dieron un relato calcado en el expediente judicial y que hablan de una supuesta pelea entre etnias”.

Los testimonios

En primer lugar, el fiscal ad hoc de DDHH, Diego Vigay, se trasladó a una zona rural cercana a la ciudad de Charata –en el sudoeste de la provincia del Chaco- donde tomó declaración testimonial a Pedro Valquinta, un anciano de la etnia moqoit de aproximadamente 108 años de edad, único sobreviviente de ambas masacres perpetradas en los años 1924 y 1933, respectivamente. Posteriormente, quién aportó datos a la investigación fue Pedro Solans, periodista e historiador radicado en la ciudad cordobesa de Carlos Paz, quién escribió el libro “Crímenes en Sangre” basado en la Masacre de Napalpí y quién entrevistó en vida a la última sobreviviente mujer: Melitona Enrique. El relato de Solans, sumado a documentales agregadas a la causa, permitió reconstruir el contexto en el que se produjeron ambas matanzas, fundamentalmente como modo de disciplinar los reclamos de las comunidades indígenas y criollas por mejores condiciones laborales en la cosecha de algodón y en la explotación forestal. Además del libro de Solans, también fueron útiles en ese sentido las obras dedicadas al tema por Carlos Díaz, Graciela Elizabeth Bergallo y Hugo Trinchero.

Los últimos testimonios incorporados a la pesquisa que lleva adelante la Unidad de DDHH fueron los de tres hijos de sobrevivientes de la masacre que recordaron que sus padres eran tratados como “esclavos” que aportaban la mano de obra para el desarrollo de las compañías algodoneras y forestales.

Los documentos

Además de los testimonios, Vigay comentó que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco aportó la investigación que se llevó adelante en la justicia provincial donde se consignó la “versión oficial” que fue utilizada por el interventor del Territorio, Fernando Centeno, para enmascarar la masacre en la por entonces Reducción Napalpí –hoy Colonia Aborigen-. Además, el Aeroclub Chaco suministró detalles sobre el avión que habría sido utilizado por el gobierno de la época para realizar tareas de inteligencia en el lugar y que, según se conjetura desde la Unidad de DDHH, también podrían haberse utilizado para disparar sobre la protesta de las comunidades indígenas y criollas.

Entre la profusa documentación incorporada al expediente se encuentran también Informes de la “Comisión de Reducciones de Indios” sobre el funcionamiento de la Reducción Napalpí, las Memorias del Ministerio del Interior de la Nación, el libro de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la interpelación realizada por diputados socialistas al ministro del Interior de la Nación del gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, legajos de agentes policiales y hasta fotografías tomadas por el antropólogo Lehman Nietsche, quién fuera testigo de la masacre.

Cómo sigue

“Deben incorporarse una serie de documentos pendientes, entre ellos los referidos a estudios sobre las Reducciones Indígenas y sobre el Genocidio a los pueblos originarios en todo el país y debe analizarse la factibilidad de realizarse exhumaciones con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), si se pueden identificar fosas comunes en el lugar, esto requerirá de la debida autorización de las comunidades Qom y Moqoit”, adelantó Vigay. En ese contexto, precisó que “luego la Fiscalía debería requerir la apertura de un juicio por la verdad, al no existir imputados con vida, y que pretendemos pueda ser oral y público donde se reproduzcan todos los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, de los historiadores e investigadores, los videos documentales con entrevistas a sobrevivientes y de reconstrucción de los hechos”.

Memoria, Verdad, Justicia

Consultado sobre cuáles serían los objetivos para el Ministerio Público Fiscal de juzgar hechos que ocurrieron hace 91 años atrás, el fiscal ad hoc de DDHH explicó que “nosotros hacemos una valoración del daño padecido por las víctimas de estos delitos y los efectos en las generaciones sucesivas, por lo que este proceso de juzgamiento implica una experiencia subjetivante, que apunta a restituir la dignidad de los sujetos o comunidades, como parte fundamental del proceso de reparación integral”.

“Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas”, se explayó Vigay.

Así, concluyó: “pensamos que la reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”.

www.chacodiapordia.com/judiciales/noticia/99394/avances-en-la-investigacion-j...

agrega un comentario